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Una ley convencional para regular un modo de inversión diferente

No es la ley más propicia para facilitar la liquidez para pymes y proyectos de negocio pero, al menos, sirve para regular, al fin, el sector. Las plataformas de financiación alternativa cuentan desde el martes con una ley que normaliza su actividad dentro de la economía española. Un paso muy importante dado por el poder legislativo, pero que peca, una vez más, de ser excesivamente restrictiva

Actualizado 2 mayo 2015  
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Artur0 Cervera, fundador de Comunitae
  
Condiciona el crecimiento de un segmento de la actividad que ha demostrado su relevancia para fomentar el crédito a las empresas, en un momento crucial como el actual, donde resulta fundamental capitalizar el impulso positivo de la recuperación.
La principal novedad de la ley, en lo que a temas de crowdfunding se refiere, es que ha identificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como principal garante de la seguridad de nuestras plataformas.  Esto debería ser suficiente, como lo es para el resto de productos financieros, garantía de protección. Pero no parece así en este caso. Los escándalos que en los últimos años han provocado la indebida comercialización de preferentes y otros productos de riesgo, así como las salidas a bolsa que a la postre se ha demostrado que no reflejaban la realidad de las entidades, ha provocado un exceso de proteccionismo que hace que paguen justos por pecadores.

El resultado ha derivado en que el regulador ha desaprovechado una oportunidad histórica para apostar por una vía contrastada y directa de inyección de liquidez en las pymes, optando por establecer excesivos corsés y limitaciones, en vez de fomentar su implantación como ya se ha hecho, y con bastante éxito, en otras economías tan contrastadas como Reino Unido o Estados Unidos.
La ley no sólo impone limitaciones a la cuantía de los proyectos, sino, sobre todo, a los inversores, con una especial prevalencia sobre los particulares. Con la premisa de garantizar al máximo la transparencia, los proyectos dirigidos a profesionales podrán recaudar hasta cinco millones de euros mientras los de particulares tendrán un límite de dos millones.
De igual modo, el texto fija una excesiva diferenciación entre aquellos inversores denominados acreditados de los que no lo son. Los primeros no tendrán limitación alguna y serán en cualquier caso inversores institucionales, es decir, que deberán ser empresas con un activo superior al millón de euros, una cifra de negocio de, al menos, dos millones o recursos propios de trescientos mil euros. Si se desea entrar en esta categoría siendo persona física se habrá de demostrar contar con un patrimonio superior a los cien mil euros y unos ingresos anuales de cincuenta mil euros. Los no acreditados en cambio, apenas podrán participar con tres mil euros por proyecto y no superar en todo el año los diez mil euros de inversión.

Sólo en el último lustro, la virulencia de la crisis provocó que más de 250.000 empresas se vieran obligadas a echar el cierre en España. La dificultad en la captación de clientes y en el acceso al crédito fueron las dos principales razones que provocaron tal cataclismo. Desde la llegada hace unos meses de los incipientes atisbos de recuperación, la primera de estas adversidades parece haber mejorado, mientras el grifo de la liquidez continúa cerrado por parte de la banca comercial cuando se trata de financiar a pequeños empresarios, en un contexto adverso para los productos de ahorro. Un mayor apoyo a la financiación alternativa a través de, por ejemplo, beneficios fiscales, similares a lo que sí han llevado a cabo otros países de nuestro entorno, hubiera servido para impulsar la etapa de inercia positiva que están viviendo muchas empresas.
Reducir la excesiva bancarización debería erigirse como una de las moralejas de la recesión vivida, dados los abundantes y recientes ejemplos de la ineficiencia del sistema para canalizar al tejido productivo el flujo de dinero de los bancos centrales. En España, todavía el 95% de la financiación empresarial depende directamente de la banca comercial, según datos de la propia UE, limitando en gran medida su acceso para muchas pymes que no cumplan con los requisitos exigidos, si bien sí cuentan con proyectos de negocio con enormes posibilidades de éxito.
Países como Reino Unido ya han sabido calibrar las enormes posibilidades en este sentido que brinda el crowdlending, siendo el propio Gobierno el que está promoviendo las ayudas a las empresas a través de las plataformas online.

A la espera de que las instituciones europeas promuevan una Directiva que regule el sector en todo el continente, sólo cabe desear que la presente ley sirva, al menos, para afianzar la financiación alternativa en nuestro país, un fenómeno imparable que, en proyecciones del Banco Mundial, moverá más de 70.000 millones de euros en sólo una década. Una sólida realidad en la que están en juego la propia supervivencia de muchas empresas, de miles de puestos de trabajo y de la propia prosperidad de la economía española en el futuro, abriendo las finanzas a una nueva perspectiva global, donde lo importante es la generación de valor real, eliminando cualquier atisbo de especulación.
 
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