Crónica Económica

Hugo Garavito  |  19-04-2008

El juicio a Alberto Fujimori está permitiendo que el país tome conciencia muy clara de la forma ilegal, y con abierta violación de los derechos humanos, en que los militares peruanos respondieron a la violencia feroz de Sendero Luminoso; y finalmente lo derrotaron en medio de un baño de sangre.

Hasta ahora se solía hablar de la represión de las dictaduras del cono sur, Vilela o Pinochet: y en el caso del Perú de excesos. Pero  cada vez es más evidente que en el país andino, los militares –tolerados por gobiernos democráticos o estimulados por la dictadura de Fujimori- llevaron a cabo lo que técnicamente se conoce como una guerra de baja intensidad, cuyas dimensiones estremecen.

Los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde (1980-1985) y el primero de Alan García (1985-1990), dieron manos libres a los militares a partir de 1982 en los empobrecidos departamentos andinos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Andahuaylas, teatro central de la guerrilla senderista.

Los desaparecidos, los cadáveres tirados en las quebradas, los periodistas asesinados, comenzaron a incrementarse en la zona. Precisamente esta semana la fiscalía halló otros nueve cuerpos, atados, torturados y amordazados, en el cementerio clandestino del cuartel Los Cabitos de Ayacucho.

Con ellos suman 34 los cuerpos completos encontrados en la instalación militar por la justicia, asesinados en la década de los 80 del siglo pasado. Se sabe que gran parte de los cuerpos fueron incinerados por los militares, para no dejar huellas de los desaparecidos. Un punto culminante fue la masacre de los penales de Lima, donde las fuerzas armadas y policiales en 1986, en respuesta a una rebelión de los senderistas detenidos, los eliminaron prácticamente a todos de manera deliberada.

Mientras tanto Sendero también hacía correr la sangre a raudales. Sembrando la muerte y el terror entre las comunidades campesinas, alcaldes, profesores, etc. Los sacerdotes ya no oficiaban misa, los comerciantes cerraban sus negocios, los hacendados eran bárbaramente asesinados y el ganado muerto.

Las bombas senderistas destruían la infraestructura de las ciudades: torres de alta tensión voladas, locales públicos destruidos, las cárceles asaltadas para liberar a los presos.

Los militares respondieron ojo por ojo, golpeando senderistas, sospechosos de senderistas o simplemente inocentes. La potencia de fuego y la capacidad castrense, una vez que los militares comprendieron el enemigo que enfrentaban, hizo retroceder a Sendero; y la lucha se trasladó a la capital ensangrentando Lima.

Durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-200) la guerra sucia se volvió política de Estado; y es por eso que ahora enfrenta a los tribunales. Se creó un destacamento especial –conocido como el Grupo Colina- integrado por oficiales y sub oficiales, con dependencia del comando del Ejército, para asesinatos selectivos y exterminio. Actuó entre 1991 y 1992, cuando sus actividades criminales fueron descubiertas por la prensa. Hasta ahora hay identificados 53 asesinatos de los militares.

Cuando se hizo evidente las acciones criminales de Colina y su responsabilidad, en la muerte de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta, fueron llevados a juicio militar para protegerlos..Pero como si esto no fuera suficiente, el gobierno fujimorista les dio amnistía además de encubrirlos.

Pero ahora han juzgados, anulada la amnistía, por un tribunal civil. Por lo pronto, acaban de ser condenados a penas que van hasta 35 años de prisión. En su sentencia a los miembros de Colina, el Tribunal reconoce la existencia de una cúpula militar, que desde el año 1990, estuvo interesada en aplicar una guerra de baja intensidad en el país; y logró captar al entonces presidente Alberto Fujimori y comprometerlo en una acción planificada, para elaborar un plan y conformar del destacamento Colina.

 Todo lo cual sienta un precedente judicial para Fujimori. El ex presidente es acusado no sólo de haber conocido la existencia de Colina, sino haber autorizado su operación. Hecho que cada vez está más claro y lo puede mandar a prisión por varias décadas.

Pero los asesinatos –y esto complica la situación de Fujimori- no terminaron con la desaparición de Colina en 1992. Hubo más muertes en los años siguientes. Lo demuestran los casos de Martin Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa, entre junio y diciembre de 1993, luego de estar detenidos y ser torturados en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército. Hoy ya se sabe como los secuestrados y asesinados, eran incinerados en los sótanos de la Comandancia General del Ejército en Lima. Una historia de horror, por la que deberá responder Alberto Fujimori…