Crónica Económica

Hugo Garavito Amézaga  |  20-07-2007

Alberto Fujimori encontró, en primera instancia, el apoyo del Poder Judicial de Chile para no ser extraditado al Perú, para que responda por sus crímenes. Pese al contundente informe de la fiscal y de las pruebas aportadas por el Perú, el juez Orlando Álvarez desestimó las acusaciones y le ?creyó? a la defensa del ex mandatario.

El magistrado Álvarez, de 73 años, tiene en sus antecedentes haberse opuesto a condenar a Augusto Pinochet, por la flagrante violación de los derechos humanos en los casos de la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor.
Se conoce como ?caravana de la muerte? al comando militar enviao por las Fuerzas Armadas ?cuyo comandante en jefe era Augusto Pinochet- que en octubre de1973, durante algunos días, recorrió varias ciudades en las provincias del norte y del sur de Cile, desplazándose en un helicóptero Puma. Amados para la guerra, la unidad militar secuestró y dio muerte a decenas de opositores políticos al golpe militar de septiembre de ese año, de manera particular a los que estaban detenidos.
De la misma forma, Álvarez absolvió al ex dictador chileno de responsabilidad en la Operación Condor. El acuerdo que hicieron las dictaduras del cono sur, para entregar a sus aliados a los opositores que se hubieran refugiado en sus países, para que fueran eliminados.
Pero los escándalos de Álvarez no terminan allí. También absolvió a Pinochet, cuando se descubrieron sus millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de Estados Unidos, que ponían de relieve los robos cometidos durante su dictadura. Las cuales salieron a luz como consecuencia de una investigación del senado norteamericano.
Álvarez fue designado juez por el senado chileno, cuando este estaba dominado por el pinochetismo, a través de los senadores designados a dedo por el ex dictador que integraban la cámara, gracias a una ley ad hoc dada por los militares antes de dejar el poder.
Lo de Álvarez no es de asombrase si se conoce que pasa en la justicia en Chile. La podredumbre del Poder Judicial chileno, herencia de Pinochet, fue expuesta con toda su crudeza en 1999, por la periodista Alejanda Matus (El libro Negro de la Justicia en Chile. Planeta 1999). El mismo día del lanzamiento del libro, el juez Rafael Huerta ordenó la incautación de todos los ejemplares. Y la propia Corte Suprema impartió una orden de arresto contra Matus, por ?violar la seguridad nacional?. La periodista tuvo que asilarse en estados Unidos.
El libro desnudaba en la Corte Suprema los sobornos, los tráficos de influencia, ascensos reservados sólo para aquellos sumisos ante el sistema, y las listas negras con los nombres de quienes osaban procesar a los poderosos.
Ahora la decisión de extraditar a Fujimori está en manos de los 5 jueces de la Corte Suprema de Chile. Su Influyente Presidente, Alberto Chaigneau, es conocido por su cercanía a la derecha chilena y ha votado irregularmente en los casos contra Pinochet. Como Álvarez, se inclinó por el archivar el juicio de la ?caravana de la muerte?. Pero su voto también decidió que se continuara investigando al ex dictador, por el asesinato del general Carlos Prats y por las millonarias cuentas bancarias.
De los cuatro jueces restantes, quienes en toda oportunidad han votado a favor de Pinochet son los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros. Por el contrario, Hugo Dolmetchz y Jaime Rodríguez Espoz, siempre se expresaron en contra. Sin embargo, éste último fue el juez que más insitió en el caso contra la periodista Matus.
Este es la Corte Suprema que decidirá finalmente la suerte de Alberto Fujimori. Pero si la justicia chilena ha cuidado siempre la impunidad de Pinochet, ¿por qué habría de actuar distinto en el caso del dictador peruano?