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Semana del 7 al 14 de octubre de 2018

A pesar de la cosecha, necesitamos importar cereales

Según Cooperativas Agroalimentarias en esta campaña 2017-2018 se espera una cosecha record en la producción de cereales, más de 24,12 millones de t, con un rendimiento medio de más de 4t por h en casi 6 millones de h de siembra. Pero vean ustedes que al margen del "cosechón", record histórico, España necesitará importar más de 11 millones de t adicionales para cumplir sus necesidades agroalimentarias.

Actualizado 18 octubre 2018  
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Redacción Agrolibre
  
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¿Entienden ustedes el por qué de nuestra total oposición, que ha durado más de quince años, a la transformación de los cereales en la quimera de los biocombustibles?. Siempre hemos afirmado, en contra de todas las opiniones absolutamente generalizadas empezando por las ministeriales y el tiempo nos ha dado la razón, que en España la utilización de cereales o sus derivados para la producción de etanol por muy bio que fuera era una sinrazón. ¿Y ahora qué?, donde queda aquello tan reiteradamente repetido de que el futuro agrario pasaba por lograr el desarrollo que permitiera el slogan …."desde el campo al surtidor".
¿No creen que ya va siendo hora de reclamar alguna devolución a todos aquellos, políticos o no,  que sin recato alguno y sin el más mínimo sentido común, nos metieron en un desastre evaluado en más de 1.000 millones de euros durante más de una década?
En esta línea de sinrazones Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital.nos recuerda que los "calentólogos" nos han vuelto a perdonar la vida al menos durante doce años más, hasta nos dicen el año 2030 tenemos tiempo para evitar la catástrofe climática. Recordemos que no es ñla primera vez que se nos perdona la increencia, recuerdan: en 1989,
un funcionario medioambiental de la ONU, Noel Brown, advirtió de que países enteros serían arrasados por la subida del nivel del mar si no hacíamos nada antes del año 2000.
.en 2006 Al Gore triunfaba con su documental Una verdad incómoda cuando aseguró que sólo quedaban diez años para que el mundo llegara a un punto sin retorno.
.en 2007, tanto el jefe del IPCC como el WWF dijo que nos quedaban sólo cinco años para salvar el mundo, pero en 2012 nuestras preocupaciones catastróficas iban más por los mayas que por el cambio climático.
.el primer ministro británico Gordon Brown fue aún más exagerado, al declarar en 2009 que sólo teníamos 50 días "para salvar al mundo".
.ese mismo año, el Príncipe Carlos afirmó que nos quedaban 96 meses, es decir, 8 años, para cambiar el rumbo y abandonar el capitalismo y la era del consumo. .pero según se acercaba el plazo, en 2015, decidió darnos 35 años más de vida.
.también fueron cinco años los que la Agencia Internacional de la Energía aseguró en 2011 que nos quedaban, pero no el organismo no cerró en 2016 cuando no se cumplieron sus predicciones.
.el año pasado el plazo era sólo de tres años, según Christiana Figueres, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el organismo al que destina sus informes el IPCC.

En este tema y visto lo visto que estamos viviendo, pensamos como Fernando del Pino Calvo Sotelo y les decimos que, " no se dejen engañar porque ni el hombre controla el clima ni estamos abocados a un apocalipsis. Los datos contradicen la propaganda: ni rápido deshielo, ni aumento preocupante del nivel del mar o de los huracanes, ni demás cuentos de terror. Estamos ante una agresiva agenda de poder, basada en una ideología totalitaria, maltusiana y pagana y promovida por una poderosa y ruidosa minoría, en la que la amenaza apocalíptica es sólo un eficaz instrumento de manipulación de la opinión pública. La ciencia ha sido secuestrada y contaminada por la política. El planeta no corre peligro, pero nuestra libertad, sí.
¿Y que nos dicen sobre la futura PAC? Ahora resulta que tras miles de reuniones desde hace más de dos años, tras la llegada de nuevos ministros, tras… … vaya usted a saber, estamos como al principio. Toda autonomía que se precie y ya son más de siete, está vendiendo por su cuenta sus opiniones allá donde le dejan hacerlo sin atadura alguna, sin que el Ministerio ponga un poco de orden, sin que el Ministerio imponga un poco de silencio y ordene un poco el gallinero autonómico. ¡Qué vergüenza!
Terminemos reseñando que al parecer el trasvase Tajo Segura encierra en sí, no solo un expolio de agua para la autonomía cedente sino que , al parecer, y nadie lo ha negado, una estafa en las compensaciones económicas a Castilla la Mancha.
Al parecer la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que estaba aplicando mal las tarifas y le solicitó una revisión que supuso una subida de precio principalmente a los del Sindicato Central de Regantes del ATS (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente, “por tanto algún estudio bien hecho tendríamos si el entonces el Gobierno central gobernado por el PP lo quiso revisar”.

La aplicación de tarifas es errónea, el resultado es que las obras del ATS se están amortizando mucho más lentamente de lo que deberían. Y prueba de ello viene reflejada en el mismo documento de tarifas estudiado, pues la inversión total actualizada que figura en dicho documento es de 955,145 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento de la inversión asciende a 573,087 millones de euros y las amortizaciones actualizadas alcanzan los 361,482, un 37,85 por ciento de la inversión. “Es decir, tras más de 35 años de trasvase, se ha amortizado sólo ese 37,85 por ciento del coste de las obras, cuando ya debería haberse amortizado el 60”, ha recalcado.“Podría pensarse que tan sólo se está demorando en el tiempo la amortización y, con ello, la compensación económica que corresponde a las regiones damnificadas con el trasvase”. Por lo que cabe preguntarse “¿qué pasaría si el año que viene, o el siguiente, o dentro de cinco, el trasvase dejase de funcionar, aunque sólo fuera por algo tan simple como que la cabecera del Tajo no aporta más agua?, ¿quién va a pagar la deuda pendiente por el coste de inversión no recuperado?”.
Hay también una serie de bonificaciones encubiertas que supone el sistema del ATS como son los costes ambientales que supone el trasvase y que no se imputan en la tarifa; “como tampoco se imputan los costes de oportunidad o los costes sociales, refiriéndose a Toledo o Talavera, que han visto desaparecer su principal seña de identidad, al quedar el río Tajo convertido en una alcantarilla de Madrid desde que comenzó a funcionar el trasvase”, ha enfatizado.
Además las tarifas del ATS sólo contemplan las obras del trasvase y del post trasvase “cuando deberían incluirse las obras del pre trasvase como los embalses de cabecera, y las inversiones agrarias, que suman un importe igual o superior al de las primeras”. También se ha recordado que con las declaraciones de sequía, el Gobierno central exonera los gastos fijos y variables de la tarifa a los usuarios del trasvase.
Y… … Planas a ponerse las pilas y a explicarse con urgencia.
 
Noticias.
- Cooperativas Agro-alimentarias realizó su tercera estimación de la producción de cereales en España en la campaña de comercialización 2018/19, tras ajustar y actualizar datos de superficie y corregir rendimientos estimados en julio en algunas zonas. Esta revisión le ha llevado a estimar a primeros de octubre en sus grandes cifras una cosecha nacional de récord histórico de casi 24,12 millones de toneladas, con un rendimiento medio muy alto de 4.030 kilos/hectárea, en una superficie cosechada de 5,98 millones de hectáreas.
A falta de concluir aún la cosecha de maíz, la nueva estimación de Cooperativas supera por apenas 6.779 toneladas el récord del año 2013, en que se alcanzó 24.109.430 t y está también por encima de los 24,05 millones de 2016.
Aún así, esta organización agraria recalca que a pesar de superarse los 24 Mt, nuestro país continúa siendo “tremendamente deficitario”, como lo califica el director técnico del sector de Cultivos Herbáceos Extensivos, Antonio Catón, ya que para cubrir el balance de mercado, se necesitará importar alrededor de 11 millones de toneladas, necesarios para cubrir una demanda de consumo interno de estas materias primas, que está cerca de 35 Mt (casi 34,62 Mt), según se estima.
Por tipos de grano, unos 6,79 Mt (casi un 28,2% del total) serían de trigo blando; otros 1,35 Mt (5,6%) de trigo duro; otros 9,32 Mt (38,6%) de cebada; casi 3,7 Mt (15,3%) de maíz grano; 1,17 Mt (más de 4,8%) de avena; 420.000 t (1,74%) de centeno y 770.000 t (3,65%) de triticale y otros cereales.
Según Cooperativas, la cosecha de cereales de 2018/19 es un 24% superior a la media de las tres últimas y sumar 8,34 millones de toneladas más que la cosecha de la campaña anterior, muy afectada por la sequía y el exceso de calor, con un aumento respecto a la misma del 55,33%.
A pesar de que trigo y cebada son los cereales que más se producen en nuestro país, con un  77% de la cosecha total, el grano que más se consumirá será el maíz, con un 33% del total, seguido del trigo blando, con un 29,7% y de la cebada, con un 26%, según los cálculos realizados por Cooperativas, teniendo en cuenta la actual situación de precios de los cereales y la competencia entre estas materias primas para entrar en la formulación de los piensos.
cereales de nuestro país, seguido de Castilla-La Mancha, con 4,13 millones (17,13%) y Aragón, con 3,56 millones. Agronegocios.
 
- España defenderá que la próxima Política Agraria Común mantenga las autoridades de gestión autonómica en la aplicación del segundo pilar de la misma en el que se agrupan las medidas de desarrollo rural. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras asistir al Consejo Consultivo de Agricultura con nueve consejero autonómicos del área para preparar el próximo Consejo de Ministros europeos que tendrá lugar a partir del lunes en Luxemburgo.
El ministro ha recordado que ya se está trabajando a nivel europeo en el desarrollo de los reglamentos para esta nueva PAC, que regirá de 2021 a 2027, al tiempo que se defiende que al menos mantenga la dotación de la actual, sin el recorte planteado en la primera propuesta de la Comisión.
EL GOBIERNO QUIERE QUE LA CE ASUMA UN PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PERO TAMBIÉN QUE CADA CCAA TENGA EL SUYO PROPIO
En cuanto al contenido, el ministro ha recalcado su intención de “intentar convencer” a la Comisión para que se mantenga la gestión autonómica en la aplicación de los fondos de desarrollo rural, y que exista un plan estratégico nacional pero también que cada comunidad autónoma tenga el suyo propio, una postura que lleva ya tiempo defendiendo.
 “El problema de la Comisión es que en estos momentos tienen 118 planes de desarrollo rural por aprobar y quiere 27”, ha reconocido Planas, que también solicitará que la propuesta de la PAC cuente con especificidades para la mujer rural.
El ministro ha anunciado que para profundizar en todos aspectos celebrará una reunión de una jornada completa con todos los consejeros del área, una cita prevista “para finales de este año o inicios del que viene”. Los representantes autonómicos que han asistido a la cita han aplaudido esta medida de mantener la gestión autonómica.
LAS CCAA SIGUEN PLANTEANDO SUS PROPIAS REIVINDICACIONES PERO NO VEN QUE SE AVANCE MUCHO EN EL TEMA DE LA PAC
Antes de la reunión, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, pedía una PAC con medidas transversales para facilitar la incorporación de las mujeres y los jóvenes al campo ya que, a su juicio, “tienen que estar presentes en dicha política desde el primer momento y hasta la última decisión” que se adopte.
Por Aragón, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha insistido en la necesidad de avanzar en la concreción de las medidas de la PAC y en acabar con los derechos históricos.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que las comunidades quieren seguir tomando las decisiones en materia de desarrollo rural y que, en general, esta nueva programación esté enfocada a los pequeños y medianos agricultores.
“Estamos viendo que no se ha avanzado en el contenido”, ha expresado al consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, si bien ha puesto el acento en que se pueda garantizar el presupuesto, porque “si no tenemos fondos, de lo demás ni hablamos”.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha coincidido en pedir una “implicación absoluta” en la defensa de un presupuesto de la PAC que tiene que “impulsar a la mujer rural en incentivar a los jóvenes agricultores”.
Y la consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha asegurado que la “singularidad” de las producciones agrarias de su región les ha llevado a perder fondos, una medida que espera poder revertir en la próxima programación.
Agroinformación.
 
- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su disposición a modificar o derogar la Ley que regula el procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y ha admitido que “no cree” en ella pese a la petición de alguna organización, como Unión de Uniones, para convocar elecciones agrarias.
Ha sido uno de los asuntos que el ministro ha planteado este lunes en el consejo consultivo y en la conferencia sectorial que ha mantenido con las comunidades autónomas en Madrid y posteriormente en declaraciones a los periodistas ha lamentado que esta ley, que data de 2014, no tenga reglamento y además “no creo que sea un buen modelo” de representación para la OPAs, ha señalado.
SOLO APUESTA POR ABRIR UNA REFLEXIÓN SOBRE CÓMO MEJORAR” EL NIVEL DE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR AGRARIO” EN CONTRA DE LA POSTURA DE LAS CCAA
A su juicio, “ni las propias organizaciones” aceptan celebrar elecciones agrarias cada cinco años y supone un coste administrativo y presupuestario que “no es el adecuado”.
Su intención, según ha aclarado, “no es cambiar el modelo actual de interlocución” pero “hay que abrir una reflexión sobre cómo mejorar” el nivel de representación del sector agrario por ello ha admitido que está “abierto a la posibilidad de modificarla o derogarla”.
A preguntas de los periodistas, el ministro ha insistido en que se niega a desarrollar una ley de elecciones agrarias en la que no cree: “Yo no creía en este modelo -que propone la normativa- y la realidad es que no ha sido desarrollada”.
Desde las comunidades autónomas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, ha pedido que si se convocasen una elecciones para determinar esa representatividad de las OPAs a nivel nacional “sirvan” para trasladarla a nivel autonómico porque se lograría una gestión “más eficaz de los recursos”.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, ha admitido que en esta comunidad también “hay un problema” sobre este asunto por lo que ve conveniente aprovechar esta reflexión a nivel nacional para “buscar una solución lo más coordinada posible” que también integre a las regiones.
La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha indicado por su parte que la región “no tiene ningún problema” porque convoca elecciones cada cinco años y “es el Gobierno central el que tiene que decidir si avanza o no”.
Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha criticado la intención de Planas y cree que derogar la ley sería “retroceder en derechos” por lo que espera que el ministro “reflexione” y se lo “replantee”.
La consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha pedido que, aunque cada región pueda legislar al respecto -de hecho en su comunidad trabajan ya en un proyecto legislativo-, todas las comunidades se rijan por “principios comunes” para que no haya 17 normativas distintas.
Agroinformación
 
- La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla y León ha celebrado hoy en Valladolid una jornada sobre seguros agrarios, coincidiendo con el comienzo de la nueva campaña de contratación. Para el presidente de la organización agraria, Donaciano Dujo, “el seguro es una herramienta imprescindible, tan esencial para la explotación agraria como pueda ser el tractor, es nuestro paraguas para afrontar riesgos inevitables en el campo, al estar sometidos a un tiempo cada vez más extremo y variable”.
El alto grado de profesionalización de la agricultura de Castilla y León se demuestra en que sea la comunidad autónoma que apuesta de forma más decidida por el seguro, una contratación que alcanzó la pasada campaña un nuevo récord, pasando de las poco más de 1,1 millones de hectáreas aseguradas en 2016 a las cerca de dos millones (sumando 1.646.000 que suscribieron el seguro a todo riesgo de herbáceos más otras 335.000 por riesgo de pedrisco) de 2017. Esto significa que aproximadamente un 83 por ciento de las 2.400.555 hectáreas que se cultivaron en Castilla y León contaron con seguro la pasada campaña, un porcentaje muy alto y que apunta a que prácticamente el cien por cien de los profesionales del campo protegen su explotación con el seguro.
Así pues, en la campaña de contratación del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, que se extenderá hasta el 20 de diciembre, se marca como objetivo igualar y si es posible superar estas cifras de contratación. “En un año catastrófico como fue 2017 el seguro es la única tabla de salvación, pero también es fundamental en un año normal como este 2018, en el que han dado parte por siniestro cerca de 240.000 hectáreas de cereal; es decir, aun yendo bien el tiempo, al menos una de cada diez hectáreas tiene por sistema pérdidas”, recalcó Donaciano Dujo.
Por parte de Agroseguro han participado en la jornada José Ignacio García Barasoain y José Antonio González, director y coordinador, respectivamente, de la Zona Castilla de Agroseguro, quienes han trasladado a los responsables del área de Seguros Agrarios en las nueve organizaciones provinciales de ASAJA todas las novedades de la campaña 2018-2019. García Barasoain ha defendido “la eficacia del seguro, y también el precio, puesto que, como media y una vez descontadas las ayudas, el agricultor está asumiendo 19 euros por hectárea asegurada, un coste razonable, aunque eso no quiere decir que las condiciones no sean mejorables”. De hecho, tal como indicó el responsable de Agroseguro, esta campaña se han hecho adaptaciones en algunas líneas, atendiendo a las peticiones del sector.
En estos aspectos a mejorar insiste ASAJA, puesto que aunque es cierto que el seguro agrario español es un referente para el resto de países europeos, también es cierto que hay zonas y producciones determinadas en las que podrían mejorarse las condiciones. Una prueba de ello es que de las 1.646.000 hectáreas con seguro de herbáceos extensivos un total de 694.000, cerca del 40 por ciento, pidieron a mayores un seguro complementario. Eso quiere decir que los rendimientos que inicialmente les reconoce Agroseguro están muy por debajo de los reales”, apuntó Donaciano Dujo.
Igualmente, el presidente de ASAJA de Castilla y León ha apelado a las administraciones, “al ministerio para que mantenga y aumente el apoyo a la contratación, y también a la consejería, que dio un paso importante la pasada campaña al aplicar la ayuda directamente sobre el precio de la póliza, y que esperamos que siga incrementando el apoyo al seguro hasta recuperar el nivel que existía antes de la crisis”.
Hoy por hoy, a través de ASAJA se gestiona alrededor de la cuarta parte de las hectáreas aseguradas de Castilla y León, el mayor colectivo de la región. Un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que no son sólo las organizaciones agrarias las que hacen esta tarea, sino también cooperativas, entidades financieras, intermediarios y otros agentes externos al sector. Por eso es especialmente importante que detrás de la póliza haya alguien que verdaderamente sepa de campo y comprenda las coberturas y especificidades que los agricultores necesitan. ASAJA Castilla León.
 
- Como ha recalcado Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua en las Cortes, en esta región “como dice siempre el presidente García-Page, no queremos el dinero, queremos el agua, no se puede gestionar bien el Tajo sin al menos 800 hm3 en la cabecera. Y lo que no puede ser es que se incumpla sistemáticamente el principio de prioridad de la cuenca cedente y tampoco se haga efectiva la cuantía que nos corresponde legítimamente”.
El director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha asegurado hoy que “nuestra región ha dejado de percibir más de 106 millones de euros que le corresponderían como compensación económica si se hubieran aplicado correctamente las tarifas a los usuarios tanto del trasvase, como del postrasvase”.
Unos cálculos que, como ha dicho, se han estado aplicando incorrectamente al menos hasta el año 2016 inclusive, en concreto a la parte de la tarifa que corresponde a la amortización del coste de las obras, pues el cálculo se realiza a partir de los volúmenes concesionales o potenciales, pero la liquidación se practica con los volúmenes realmente consumidos por los usuarios. “Esto conlleva que las tres regiones que deben ser compensadas por el ATS, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, percibimos anualmente una cantidad muy inferior a la que nos correspondería de aplicarse de forma correcta la Ley 52/80 de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura”.
Según Antonio Luengo, “esta es la cuestión clave del error sobre el que llevamos trabajando desde esta región e insistiendo a la Comisión del ATS para que se haga correctamente, por el gran perjuicio económico que supone”. Pues, como ha explicado, para Castilla-La Mancha, a la que corresponde 4/9 partes de esta recaudación, sólo poniendo como ejemplo el caso del usuario ‘Riesgos del sudeste con aguas trasvasadas’, la tarifa aplicada al volumen potencial sería de 6,4 millones de euros, mientras que la tarifa aplicada al volumen consumido ha sido de 1,6 millones de euros. “Esa diferencia de 4,7 millones de euros en la recaudación, supone una pérdida sólo para nuestra región y en el caso de este usuario de 2,13 millones de euros”, ha enfatizado.
Así, se ha calculado que la diferencia de recaudación por este concepto en todos los usuarios, tanto del trasvase como del postrasvase, desde el 1 de enero de 1986 hasta diciembre de 2017, fecha a partir de la cual les corresponden a las comunidades autónomas los ingresos correspondientes al coste de las obras, se eleva a 106,486 millones si se aplican los mismos coeficientes de actualización empleados para las inversiones y las amortizaciones.
Aplicación de las tarifas

En este sentido, ha explicado que la Agencia del Agua comunicó hace dos años al Ministerio de Agricultura que estaba aplicando mal las tarifas y le solicitó una revisión que supuso una subida de precio principalmente a los del Sindicato Central de Regantes del ATS (SCRATS), que lo tiene recurrido judicialmente, “por tanto algún estudio bien hecho tendríamos si el entonces el Gobierno central gobernado por el PP lo quiso revisar”.
Asimismo Luengo ha recordado que ya de base, según marca esta misma Ley que rige la tarifa, “se está incumpliendo el requisito legal de que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias, algo que ha sido sistemáticamente incumplido desde el inicio del trasvase y por el que esta región ha luchado y lo seguirá haciendo frente a cualquier gobierno”. Por eso, ha insistido, que en esta región “como dice siempre el presidente García-Page, no queremos el dinero, queremos el agua, no, se puede gestionar bien el Tajo sin al menos 800 hm3 en la cabecera. Y lo que no puede ser es que se incumpla sistemáticamente el principio de prioridad de la cuenca cedente y tampoco se haga efectiva la cuantía que nos corresponde legítimamente año tras año”.
Así, ha indicado que Castilla-La Mancha tiene derechos reconocidos por la tarifa del ATS por valor de 123,742 millones de euros, y sin embargo en este tiempo el Gobierno regional ha realizado una inversión superior a 651,9 millones de euros en toda la zona de influencia de la cuenca del Tajo, a su paso por la región, que es la que debe beneficiarse de estas inversiones, es decir, en nuestro territorio podemos hablar de cuatro de las cinco provincias, todas excepto Ciudad Real. Un territorio muy grande para un cálculo que se hace insuficiente e injusto.
Amortización más lenta de lo que debería

Antonio Luengo ha señalado que, de la aplicación de esas tarifas erróneas, el resultado es que las obras del ATS se están amortizando mucho más lentamente de lo que deberían. Y prueba de ello, ha dicho, viene reflejada en el mismo documento de tarifas estudiado, pues la inversión total actualizada que figura en dicho documento es de 955,145 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento de la inversión asciende a 573,087 millones de euros y las amortizaciones actualizadas alcanzan los 361,482, un 37,85 por ciento de la inversión. “Es decir, tras más de 35 años de trasvase, se ha amortizado sólo ese 37,85 por ciento del coste de las obras, cuando ya debería haberse amortizado el 60”, ha recalcado.
Según Luengo, “podría pensarse que tan sólo se está demorando en el tiempo la amortización y, con ello, la compensación económica que corresponde a las regiones damnificadas con el trasvase”. Por lo que cabe preguntarse, ha apuntado, “¿qué pasaría si el año que viene, o el siguiente, o dentro de cinco, el trasvase dejase de funcionar, aunque sólo fuera por algo tan simple como que la cabecera del Tajo no aporta más agua?, ¿quién va a pagar la deuda pendiente por el coste de inversión no recuperado?”.
Subvenciones encubiertas
Además de la bonificación en el precio del agua a los usuarios de Alicante, Murcia y Almería principalmente, como ha explicado finalmente el responsable de la Agencia del Agua, hay una serie de bonificaciones encubiertas que supone el sistema del ATS como son los costes ambientales que supone el trasvase y que no se imputan en la tarifa; “como tampoco se imputan los costes de oportunidad o los costes sociales, refiriéndose a Toledo o Talavera, que han visto desaparecer su principal seña de identidad, al quedar el río Tajo convertido en una alcantarilla de Madrid desde que comenzó a funcionar el trasvase”, ha enfatizado.
Además las tarifas del ATS sólo contemplan las obras del trasvase y del postrasvase, ha dicho, “cuando deberían incluirse las obras del pretrasvase como los embalses de cabecera, y las inversiones agrarias, que suman un importe igual o superior al de las primeras”. También ha recordado que con las declaraciones de sequía, el Gobierno central exonera los gastos fijos y variables de la tarifa a los usuarios del trasvase.
Sin olvidar las indemnizaciones a las empresas hidroeléctricas de la cuenca del Tajo, “que solicitaron y recibieron indemnización por las pérdidas de energía asociada al agua derivada hacia el trasvase que no podrían turbinar ya en sus instalaciones”, ha remarcado Luengo.
LANZA. Diario de la Mancha.

- "Decía un dirigente agrario hace unos años que la agricultura “es como una madre cuando se es pequeño, se nos olvida que está ahí, lo que hace, lo que representa… hasta que ya no está y entonces es cuando nos acordamos de ella”. Y al parecer el actual Gobierno y Podemos, que han cerrado un principio de acuerdo para los Presupuestos, siguen siendo ‘niños’ y se olvidan de la Agricultura, ya que en su acuerdo no hay ni una referencia, ni una medida concreta que afecte al sector agrario.
Obviamente, todas las medidas alcanzadas, que se centran especialmente en la vivienda, el aumento del salario mínimo, la recuperación de las ayudas de la ley de dependencia o la subida de algunos impuestos, afectarán al sector agrario de la misma forma que al resto de los ciudadanos, pero sobre la mesa, ni una parte ni otra, ha planteado algún cambio que pueda afectar exclusivamente a la Agricultura. Y no será que no hay problemas que se deberían afrontar.
Por ejemplo, en este acuerdo para los Presupuestos no ha habido ni una palabra sobre si España debe aportar o no más dinero a los Presupuestos europeos para impedir que se rebajen las cuentas de la PAC a partir de 2020 o la necesidad de tomar medidas concretas para frenar la caída de los precios y de la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas o un reforzamiento de la Ley de Competencia para evitar la venta a pérdidas o la alteración de los precios de manera artificial en detrimento de los productores.
Da la impresión de que en este país la izquierda sigue pensando que la agricultura es cosa de la derecha (aunque tampoco el PP se haya caracterizado especialmente en defenderla y apoyarla con medidas concretas) y se le sigue dando la espalda o, quizás mejor, se sigue olvidando de ella. Cabe esperar que no venga otra crisis económica para que los políticos se vuelvan a acordar que existe la Agricultura y que necesita medidas específicas de apoyo." Agroinformación.
 
- El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón parece que se lo toma con calma y solo adelantará los pagos correspondientes a la Política Agracia Común (PAC) 2018 el 30 de noviembre, fecha en la que ejecutará un primer pago que incluirá el anticipo del 50% del importe de la solicitud, tal y como recoge la normativa europea, e incluirá el pago básico, pago verde, pequeños agricultores y complemento a jóvenes.
A diferencia de años anteriores, la Comisión Europea no ha autorizado a España el adelanto de 70%. La normativa establece que el anticipo de las ayudas directas puede alcanzar hasta el 50% salvo que, por circunstancias excepcionales y previa solicitud del Estado miembro, la Unión Europea autorice un porcentaje mayor, tal y como ocurrió el pasado año como consecuencia de los daños por inundaciones o la sequía. Lo que sí permite la CE es comenzar a pagar este adelanto desde el 16 de octubre, algo que sí harán CCAA como Andalucía, Castilla-La Mancha o Navarra.
Curiosamente, pese a que se lo toma con calma, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad insiste en que con este primer abono se dorará de liquidez al sector para que pueda afrontar las labores de la campaña 2018. El 28 de diciembre de este año se efectuará el segundo pago, cuyo porcentaje máximo a pagar lo fijará el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La información a los beneficiarios del todos sus pagos se comunicará mediante una carta y también lo pueden consultar a través de la Oficina virtual del Gobierno de Aragón, mediante el enlace https://aplicaciones.aragon.es/siciw/iniciarAction.do accediendo con su CIF/NIF y el código checksum de su solicitud de ayudas a la PAC, Solicitud conjunta.
EL PAGO DE LA SOLICITUD 2017 DE LAS AYUDAS DIRECTAS SE COMPLETARÁ ESTA SEMANA
Por otra parte, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón también ejecutará esta semana el pago del rembolso de la disciplina financiera que afecta a 26.020 beneficiarios con un importe total de 4,96 millones de euros. Además, también realizará un pago complementario al ovino y caprino por un importe de 1 millón de euros a 2.200 ganaderos.
Estos importes completan el pago de la solicitud 2017 de las ayudas directas de la PAC, que asciende a un total de 423 millones de euros. Este montante incluye el pago básico, el pago verde, pequeños agricultores, complemento de jóvenes y las ayudas asociadas de superficie y de ganadería. Agroinformación
 
- Tabaqueros extremeños defienden la sostenibilidad del cultivo, que usa principalmente la biomasa en el proceso de curado.
La Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab) ha defendido la sostenibilidad del cultivo de este producto tras las inversiones realizadas por el sector que han logrado reducir la utilización de combustibles fósiles en el proceso de curado.
En concreto, entre 2011 y 2015, los agricultores han invertido 60 millones de euros en sus instalaciones de curado para sustituir el empleo de combustibles fósiles, entre ellos el gasóleo o el propano, por biomasa. En la actualidad, un 70 por ciento del tabaco se cura con energía proveniente de la biomasa, y solo el 30 por ciento restante se hace con energía de combustibles fósiles.
Por este motivo, la Oitab afirma que la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "desconoce la realidad" del cultivo de tabaco porque "sistemáticamente se niega a escuchar" a los agricultores y, en consecuencia, los informes que realiza sobre el impacto medioambiental del cultivo contienen "importantes imprecisiones".
Este será uno de los puntos que los representantes de Oitab junto a sus homólogos europeos analizarán durante el 36 Congreso de la Unión de Cultivadores de Tabaco de Europa (UNITAB), que se celebrará en Bruselas del 15 al 17 de octubre. Durante la reunión, los productores europeos abordarán además los desafíos regulatorios en el marco del CMCT y la nueva Directiva de Productos del Tabaco, las perspectivas de evolución del mercado de tabaco crudo, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o la adaptación de la producción a las nuevas demandas del mercado, informa la Oitab en una nota de prensa.
El director general de Oitab, Ricardo Miranda, ha subrayado que todo el cultivo de hoja de tabaco en España se realiza con "estrictos controles" que facilitan que sea actividad agraria "sostenible" tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. La producción cuenta con dos verificaciones externas, una de las autoridades agrarias (Junta de Extremadura y Ministerio de Agricultura), y otra de los compradores (fabricantes), a través de sus programas de sostenibilidad (STP, Sustainable Tobacco Programme).
Con la implantación de la biomasa como principal fuente de energía para el curar, el cultivo de hoja de tabaco en Extremadura, que produce el 99% del total nacional, se realiza bajo criterios de producción integrada, es decir, mediante prácticas de cultivo que "respetan el medio ambiente y utilizan métodos que disminuyen el uso de productos químicos o de recursos hídricos". Los cultivadores que asumen el compromiso de realizar un manejo integrado de sus explotaciones lo hacen durante seis años y el cumplimiento de sus obligaciones es certificado anualmente por entidades de inspección, acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y autorizadas por la Junta de Extremadura.
España es el tercer país productor de la Unión Europea con una producción en la presente campaña 2018/19 de 29.273 toneladas y una superficie cultivada de 8.827 hectáreas. El cultivo de tabaco es además el "motor económico" del norte de Cáceres, donde genera un impacto económico de 120 millones de euros, y el "liderazgo" en las exportaciones agrícolas de la provincia de Cáceres. En su conjunto, las actividades ligadas al cultivo y primera transformación de hoja de tabaco generan en torno a 3.400 empleos anuales. Precisamente, el peso de esta producción agrícola y la "ausencia de alternativas económicamente viables exigen velar por su continuidad".
La OITAB integra a la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco (Asaja), Cooperativas Agro-alimentarias, la Asociación Provincial de Cultivadores de Tabaco de Granada, UPA y la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (ANETAB), que integra a su vez a Cetarsa, Deltafina y Agroexpansión.
20Minutos.
 
- Casi un millón de euros en ayudas agrarias para la nieta de Franco
Carmen Martínez Bordiú lleva beneficiándose más de 20 años de unas subvenciones de la Junta de Andalucía gracias a una finca de localidad hispalense de Cazalla de la Sierra.María del Carmen Martínez Bordiú, la nietísima del dictador Francisco Franco, ha estado recibiendo durante más de 20 años subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a cargo de la Política Agraria Común (PAC) destinada a los campos andaluces.
Según ha informado esta semana El Independiente, todo se remonta a hace poco menos de un cuarto de siglo, cuando la nieta de Franco adquirió la finca La Camocha de 306 hectáreas, situada en la localidad hispalense de Cazalla de la Sierra. Desde ese momento, desde 1996, la mayor de los siete nietos del dictador, ha recibido  971.000 euros por la explotación agrícola y ganadera de este lugar. La cifra que no ha trascendido es el precio que pagó la Martínez Bordiú por la finca a su anterior dueño, el entonces alcalde socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla.
Estos datos han sido facilitados al citado medio por el Portal de Transparencia de la Junta. No obstante, los datos de los fondos públicos que la empresa recibió en 1995 se desconocen, puesto que la Administración autonómica no dispone de información anterior a 1996. 
Asimismo, El Independiente también ha informado que las subvenciones han ido a parar a la empresa Triana Enterprises, inscrita en Panamá -considerada un paraíso fiscal- a nombre de un testaferro, desde el mismo momento en que Martínez Bordiú adquirió la finca. El Plural
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