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ACS y FCC aguardan el laudo por su arbitraje en Perú

ACS y FCC aguardan la resolución de la disputa que mantienen desde hace años con el Gobierno de Perú por uno de sus mayores contratos en el mundo, la construcción y explotación de la línea 2 del metro de Lima, cuyo presupuesto alcanzó los 4.500 millones de euros.

Actualizado 9 junio 2021  
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Redacción y Agencias
  
Las constructoras españolas reclamaron en su momento más de 700 millones de euros y la República del Perú contrademandó con un cantidad muy similar. El arbitraje, que se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, encara su recta final y el laudo es inminente.
Como muchas otras empresas españolas, ACS y FCC observan con atención el desenlace de las elecciones generales en el país andino que enfrenta, con acusaciones de fraude en el recuento incluidas, a Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Aunque el resultado tendrá ya poca incidencia en el devenir del arbitraje al hallarse en la Corte Internacional y en su fase final, los intereses de ambas compañías en el país van más allá, con presencia en actividades de agua, transporte, infraestructuras sociales o industrial.

El conflicto de la línea 2 del Metro de Lima se remonta a 2017, cuando la concesionaria Metro de Lima Línea 2 presentó una solicitud de arbitraje
El conflicto de la línea 2 del Metro de Lima se remonta a 2017, cuando la concesionaria Metro de Lima Línea 2 presentó una solicitud de arbitraje contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ante el Ciadi por "graves incumplimientos del contrato de concesión". La compañía, participada en un 25% por ACS y en un 19% por FCC, solicita una ampliación del plazo de ejecución de las obras del proyecto y una indemnización por daños y perjuicios por un importe superior a 700 millones de euros. El Gobierno de Perú ha rechazado todas las demandas y, muy al contrario, reclama una cantidad superior a 700 millones de euros por los daños socioeconómicos y ambientales causados por el retraso en puesta en marcha de la infraestructura.

Según las estimaciones oficiales de ACS, de mayo, "el laudo arbitral podría emitirse durante el primer semestre de 2021", es decir, antes del próximo 30 de junio.
 
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