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Aguirre niega que ordenara espiar a cargos del PP rivales suyos

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado este lunes como testigo en el juicio del "caso espías" y ha negado que ordenara en 2008 realizar seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados con ella.

Actualizado 11 febrero 2019  
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Redacción y Agencias
  
La Audiencia de Madrid ha reanudado este lunes la vista del caso seguido contra el ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la administración regional acusados de un supuesto espionaje en 2008 a políticos como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid  Cobo.
Culpan a Aguirre de organizar el espionaje para tapar la Gürtel
Esperanza Aguirre ha asegurado que se enteró de este caso por lo que publicó en 2009 el diario El País y ha recordado que se abrió una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en la que no se probó que se hubieran producido esos seguimientos.
Preguntada sobre Alfredo Prada ha recordado que en la fecha de los hechos él era vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y que tenían entre ellos "una excelente relación". Y ha apostillado: "Era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas".
Aguirre ha comentado que Prada no le dijo nunca que estuviera siendo espiado ni los seguimientos ni daños a su familia que este manifestó la semana pasada en el juicio en su declaración testifical, y que Cobo tampoco le dijo que le estuvieran siguiendo.
No habló con Granados
La expresidenta regional ha mantenido que ella no habló de seguimientos ni de espionaje de ningún tipo ni con el entonces consejero Francisco Granados ni con los acusados Sergio Gamón y Miguel Castaño. En todo caso ha manifestado que no le consta que los acusados espiaran a miembros de su partido.
En el calendario de la Sala para hoy figuraba como primer testigo el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pero como a las diez y media de la mañana no había comparecido la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha decidido que siguiera el juicio con el resto de citados, entre ellos Esperanza Aguirre, y que si no llegaba ordenaría a la Policía localizarle.
Sin embargo al final de la sesión de hoy el tribunal se ha percatado de que por un "error de trasvase de datos" en las notificaciones a los testigos en el calendario de la Sala figura González para hoy pero en su citación está fijada la fecha de mañana.
Aclarada esta circunstancia ha quedado sin efecto la advertencia anunciada por la presidenta del tribunal de que ordenaría a la Policía localizarle y la citación para González -actualmente investigado en el caso de corrupción Lezo- queda para mañana martes.
Uno de los guardias civiles acusados en este caso declaró la semana pasada que "por especial interés" de Ignacio González recibieron en 2008 "órdenes ilegales" de realizar "seguimientos" a políticos del PP como la exdelegada del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo.
Hoy ha testificado la ex secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior Mar Pérez Merino, que ha corroborado que la investigación que se abrió a raíz de la publicación del diario El País concluyó que no había constancia de que se hubiera producido tal espionaje ni malversación de caudales públicos por gastos irregulares.
Otra de las personas que debía declarar como testigo hoy en la vista es la exesposa de Sergio Gamón. La Sala ha comunicado por videoconferencia con una mujer que tiene el mismo nombre y el primer apellido de la anterior que había sido citada para declarar. La mujer ha manifestado que debía tratarse de un error ya que ella no es la exesposa de Gamón pues de hecho su segundo apellido es otro. Ante esta circunstancia las partes han renunciado al testimonio de la exesposa de Gamón.
Los acusados se enfrentan a peticiones de la acusación ejercida por el PSOE de entre dos y cuatro años de prisión, así como a diversas multas solicitadas por la Comunidad de Madrid por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.
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