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Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre

Ahora se trata de evaluar, medir, … para luego presumir

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto con la directora de la Comisión Europea para los programas de desarrollo rural de España han presidido hoy, 30 de noviembre, en la sede del Departamento, la sesión plenaria del fondo FEADER, para analizar el avance general de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), 2014-2010, españoles.

Actualizado 7 diciembre 2017  
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Redacción Agrolibre
  
Una sesión plenaria que reúne anualmente a representantes de la Comisión Europea,  de las Autoridades de Gestión de los PDR y del Ministerio.
Recordemos nosotros que, tras el esperado varapalo del TCE a los programas PDR, desarrollado en Agrolibre la semana pasada, la Comisión decidió que "para el periodo de programación 2014-2020 el Sistema de Seguimiento y Evaluación se reforzase y lo estableció, por primera vez, para el conjunto de la PAC, desarrollando el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1306/201330.
Su objetivo es mostrar el progreso y los logros alcanzados, así como evaluar el impacto, la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las intervenciones de la política de desarrollo rural. El seguimiento y la evaluación son ejercicios complementarios pero diferentes. El seguimiento es una tarea continua de revisión de la información aportando información valiosa sobre la gestión del programa.
Por su parte, la evaluación consiste en un juicio de las intervenciones acorde con los resultados, con los impactos y con las necesidades que se pretende satisfacer, permitiendo extraer enseñanzas para el futuro sobre qué decisiones funcionan, en qué circunstancias y por qué.
En 2018, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un primer informe sobre el seguimiento y la evaluación de la PAC 2014-2020. Dicho informe se centrará en la aplicación de la política y en sus primeros resultados. En lo que se refiere específicamente al desarrollo rural, los Estados miembros presentarán anualmente, a partir de 2016 y hasta 2024, un informe anual de ejecución del PDR referido al año civil anterior. En 2017 y 2019, estos informes deben ser ampliados con tareas de evaluación.
¡Al fin parece que se quiere implantar un poco de orden en el desastre de los programas de PDR!

El Consejo de Ministros ha ratificado hoy las autorizaciones provisionales para la suscripción de Convenios de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y 10 Comunidades Autónomas, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies con regímenes de ayuda comunitaria incluidos en la solicitud única realizada en 2017.
En estos convenios, que se suscribirán con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, se definen las condiciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la financiación de los trabajos de control, por el sistema de teledetección-satélite, de las superficies afectadas en las Comunidades Autónomas que se detallan en cada convenio.
Para ello el FEGA aportará 3.669.477,71 euros, cofinanciando las Comunidades Autónomas los trabajos con 2.446.318,47 euros. 
¿Alguien nos quiere explicar cómo se controlan las declaraciones PAC de Galicia, Cantabria, Aragón, Baleares, País Vasco, Canarias y Cataluña?
Y en esta misma línea de falta de colaboración, de las CCAA con el Estado, nos encontramos con que, las Comunidades de Cataluña, Castilla León, País Vasco, Canarias y Extremadura, se mantienen al margen del sistema denominada Sistema de Gestión de Ayudas (SGA).
Recordemos que, con el SGA, se pretende la aplicación uniforme de la Política Agraria Común (PAC) en todas las CC.AA,  el desarrollo de un sistema común para que el coste de mantenimiento sea menor que el coste de mantener un sistema diferente por Comunidad Autónoma y aprovechar la experiencia de las distintas CC.AA. para lograr un sistema más completo que nos permita reducir errores y de esa manera reducir las correcciones financieras.
¿Entienden ustedes que cada CCAA siga haciendo e interpretando las normas como le da la gana? ¡Así nos va! ¿Por qué tenemos que seguir soportando los contribuyentes españoles la existencia de servicios agrarios duplicados?

Cinco instituciones financieras públicas europeas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzaron ayer el fondo Marguerite II, dotado con un mínimo de 700 millones de euros. El fondo tiene una vigencia de 10 años -ampliables un año adicional en dos ocasiones-, aunque se pretende que se complete la inversión en cinco años. Por cierto que nuestro ICO participa con 100 millones de euros en esta actividad que, al parecer, persigue los mismos objetivos que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas,-más conocido como Plan Juncker, esto es, reducir el CO2 con renovables y eficiencia energética, potenciar Internet, las conexiones de transporte y la seguridad energética. ¿Alguien conoce los resultados del primer Marguerite I, fondo ya amortizado?

Y por lo demás, será capaz el MAPAMA de resolver el problema generado por la cerrazón del la D.O Cava negándose a aceptar la, cada vez más importante y necesaria, presencia de cavas de origen no catalán en el panorama español. Muchos estamos ya hasta el gorro de situaciones monopolísticas mantenidas a lo largo de los años sin causa alguna que lo justifique.
Celebremos, junto con todas las organizaciones profesionales europeas, aunque haya sido tan solo por cinco años, la prórroga de la utilización del glifosato en nuestras producciones. En este caso y aunque no se explique bien, la cerrazón ha seguido siendo la nota más señalada, en las manifestaciones del actual presidente francés Macrón. Nadie dude de que ponerse en contra de sus agricultores obedece a razones muy difíciles de explicar… …tendremos que esperar unos meses.
¡Ah! y para terminar pidamos al PSOE, que su actual presidenta, la nefasta Narbona, se mantenga al margen de cualquier acción o manifestación relacionada con el sector. Decimos nefasta por su catastrófica gestión, quizás la más negativa de los últimos 50 años  el Sector Agrario, en la época de Zapatero, al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Lean el artículo de esta semana "Váyase de una vez y déjenos en paz Sra. Narbona", donde comprobarán el cariño que Agrolibre tiene a la gestión de esta Señora .
 

26 de noviembre.
- La consejera de Fomento de CLM ha abogado por “poner fin al trasvase y, una vez que esto suceda y que tengamos el convencimiento y el compromiso del Gobierno nacional de que no se puede seguir mirándose siempre al mismo sitio, a la cuenca del Tajo, cada vez que en la zona de Levante se necesite agua; necesitamos que el Pacto Nacional del Agua del Gobierno central también contemple las desaladoras, ahí está la clave para el desarrollo de las comunidades del Levante y para Castilla-La Mancha”. 
Ha reiterado que “hay algo básico, ya no hay agua y hay que fijarse en otras alternativas en las que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar”. Ha hablado de “la imagen del Tajo y la difícil situación por la pasa la cuenca del Tajo y su cabecera, algo que el Gobierno regional viene denunciando”, al tiempo que ha recordado que “no es cosa de ahora, estamos hablando de que tenemos menos agua en los pantanos de cabecera que la que se ha trasvasado en esta legislatura”.
Igualmente, ha manifestado que “el Gobierno de García-Page ha denunciado todos y cada uno de los trasvases y cesiones de agua que se han hecho desde los embalses de cabecera a otra cuenca para otro uso que no es el abastecimiento”. La consejera de Fomento ha incidido en la necesidad de usar las desaladoras, “porque no es de recibo que Europa apueste por ellas y se haya puesto dinero para su construcción y en la zona de Levante aún no estén en plena producción o no se destine dinero para tal fin”.
“El Gobierno de García-Page está dispuesto a hablar, sentarse y dialogar con los gobiernos murciano o valenciano para buscar un punto de entendimiento, porque no entendemos ni creemos que el problema sea el precio; de hecho, no nos gusta hablar de precio, porque queremos agua, que se quede en nuestras ciudades porque el agua es desarrollo, crecimiento y riqueza”, ha continuado la titular de Fomento del Gobierno regional. CLM.
 
- Por su parte, el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, defiende que para satisfacer las diferentes demandas de agua y mejorar la gestión de la escasez de las cuencas, que lo necesiten, es necesario avanzar en la construcción de obras hidráulicas teniendo en cuenta los objetivos medioambientales.
Para FIDEX, los planes especiales de sequía, que están siendo revisados actualmente en colaboración con el sector de la ingeniería, son una herramienta básica de gestión cuando los efectos de la sequía ya se han producido, pero hacen faltas soluciones estructurales para anticiparse a los problemas de escasez de agua.
Así, un país como el nuestro donde la pluviometría es tan irregular, las grandes ingenierías piden avanzar en la construcción de infraestructuras que aumenten las reservas y por tanto incrementen las garantías de abastecimiento, anticipándose así a las pérdidas económicas derivadas de la sequía.
Recordemos que España cuenta con unas 3,7 millones de hectáreas de regadío y que la mayoría recibe el agua de los embalses, solo unas 20.000 hectáreas se riegan con agua desalada, ya que su alto precio hace casi inviable su uso en agricultura. El coste del agua desalada es de 0,8 euros el metro cúbico, mientras que el agua proveniente de embalses (que pagan los regantes y proviene de embalses) es de 0,1 euros el m3. La agricultura no tiene capacidad de pagar este alto precio. 
Junto con la inversión en infraestructuras pendientes, FIDEX considera necesaria una mayor inversión en mantenimiento y conservación de las obras hidráulicas ya existentes, en las que los usuarios deberán también inevitablemente asumir parte del coste.
Además de poner el foco en la regulación, las ingenierías llaman la atención sobre la necesidad de avanzar también en medidas complementarias de gestión de la demanda a través del aprovechamiento de recursos no convencionales, como es el caso de la reutilización de aguas depuradas, lo que pasa por el desarrollo de infraestructuras de depuración, con una necesidad de inversión de 5.000 millones de euros para ponerse al día con la normativa de Bruselas y evitar nuevos expedientes sancionadores.
Según Fernando Argüello, director general de FIDEX, “no basta con abordar los efectos cuando el daño ya se ha producido sino que hace falta anticiparse con planes estructurales de prevención, que tan familiares resultan en otros ámbitos”.
FIDEX.
 
27 de noviembre.
- El secretario general de Agricultura y Alimentación, Cabanas,  ha resaltado hoy la trascendencia del Plan de Actuación Forestal, una iniciativa que se enmarca en la Estrategia Forestal que desarrolla el Ministerio,  cuyo objetivo es  incentivar la gestión forestal a nivel nacional,  consolidar una actividad económica básica en el medio rural, así como potenciar el efecto sumidero de nuestros montes, como herramienta esencial para la prevención de incendios y para lograr una mejor adaptación de estos ecosistemas a los nuevos escenarios climáticos.
Un Plan, ha subrayado el secretario general, que refleja el compromiso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) con el sector forestal español y con el papel que éste representa en el desarrollo del mundo rural.
MEDIDAS DEL PLAN DE ACTUACION FORESTAL
En su exposición, el secretario general ha desglosado las principales medidas del Plan y sus objetivos,  comenzando por el desarrollo de un Programa de promoción del sector forestal para mejorar la percepción de la sociedad sobre los productor procedentes de la gestión forestal sostenible, que son claves para la transición a la bioeconomía y la economía circular. Una medida que incluye el desarrollo de un plan de comunicación del uso de productos forestales.
También se plantea la potenciación de las estructuras organizativas del sector forestal,   impulsando una mayor integración y cooperación entre los operadores y   promoviendo figuras como las Juntas Gestoras de Montes de Socios y las Sociedades Forestales, adoptando medias de asesoramiento y formación forestal.
Se contempla igualmente la mejora de la competitividad de las empresas forestales y la armonización del mercado interior, planteándose la necesidad de evaluar el impacto que está teniendo la aplicación en Europa  de los reglamentos  relativos al comercio de la madera, como el Reglamento FLEGT (Aplicación de las leyes forestales, gobernanza y comercio) y EUTR (Reglamento de la madera), para garantizar el suministro de madera y derivados de origen legal.
Otra de las medidas estaría orientada a la integración de la gestión forestal en la planificación hidrográfica y la gestión de los recursos hídricos, apoyando las actuaciones de emergencia en restauración de zonas afectadas, en la integración de la variable forestal en la planificación hidrológica, y en el fomento de choperas en el marco de los trabajos de la Comisión Nacional del Chopo.
El Plan de Acción Forestal, ha señalado el secretario general, contempla igualmente el control y mejora de la defensa de los montes frente a incendios forestales. Para alcanzar este objetivo se plantea la aprobación de una Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, que incida de manera especial en la prevención de los mismos. En este ámbito el secretario general ha hecho hincapié en el papel de la gestión forestal como instrumento esencial para la prevención de incendios y en la relevancia de los fondos de desarrollo rural que se están destinando a impulsar esta gestión y a medidas específicas de prevención que totalizan en el presente periodo de programación 2014 2020, un total de 2.000 millones de euros.
En cuanto la defensa de los montes frente a plagas y enfermedades, dada la necesidad de investigar y mejorar el conocimiento de las nuevas enfermedades, se definirán programas de investigación y se reforzará el papel del Comité Fitosanitario Nacional.
Por otra parte y para el desarrollo y mejora de instrumentos nacionales de información forestal, incluidos sistemas de evaluación de la capacidad mitigadora de los bosques, Cabanas ha señalado que se parte de la necesidad de mantener a punto todos los instrumentos de información, incorporando las nuevas demandas del sector y las derivadas de los nuevos retos y amenazas que afectan a los montes. En esta línea se plantea la realización del inventario de las masas productoras del Norte, la continuación de los trabajos del Inventario Forestal Nacional y Mapa Forestal de España, impulsando la integración de este último con el SIGPAC.
En el ámbito de la mejora de la gobernanza de la política forestal y la participación del sector en la política forestal nacional e internacional, se destaca la posibilidad de crear grupos de trabajo sobre temáticas específicas integrados por los agentes interesados, en el marco del Consejo Forestal Nacional que contempla la Ley de Montes. Unos órganos de participación que son fuertemente demandados por el sector y servirán de cauce de colaboración entre la Administración y el sector forestal
También se promoverá la relevancia de los montes en la lucha contra el cambio climático, destacando su importante  papel como sumideros de carbono, que deberá quedar reflejado en la iniciativas legislativas en marcha como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la estrategia Española de Economía Circular, la de Bioeconomía a o la de Agricultura, Clima y Medio Ambiente.
En materia legislativa también se prevé el desarrollo de los mandatos específicos de la Ley de Montes, que incluirá la estrategia Nacional de Gestión Cinegética, la actualización de la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español o el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales.
Por último el secretario general ha expuesto otras medidas como el impulso de una cultura forestal y la mejora en la regulación de los aprovechamientos forestales no madereros, algunos de ellos con alto valor de mercado como el piñón o la trufa, para lo que se plantea el fomento de agrupaciones de productores y de mecanismos de control sobre la trazabilidad y comercialización de esos productos. 
El documento del Plan de Actuación Forestal sobre el que se ha trabajado hoy junto con la plataforma “Juntos por los Bosques”, ha concluido Cabanas, se envía ya al sector y las Comunidades Autónomas, con quienes se mantendrá una reunión el próximo 20 de diciembre, para que pueda estar consensuado en el primer trimestre del próximo año. Mapama.
 
- El herbicida Glifosato se volvió a autorizar durante 5 años, en una mayoría calificada, el voto de los Estados miembros finalmente reautorizó la venta de glifosato. El comité de apelación, formado por expertos de los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea, se reunió para discutir la renovación de la aprobación del herbicida de glifosato activo hoy 27 de noviembre.
La Comisión indicó que la mayoría de los Estados (18 a favor, 9 en contra y 1 abstención) votaron a favor de una autorización de producto de cinco años. Alemania votó a favor de una nueva aprobación, después de haberse abstenido previamente, al igual que Rumanía.
Portugal se abstuvo, mientras que nueve estados, incluidos Francia y Bélgica, se opusieron a la renovación de la autorización de la sustancia, considerada por algunos como un potencial carcinógeno y disruptor endocrino.
Denis Ducarme, Ministro belga de Agricultura, afirmó que "lamenta profundamente que no se haya previsto ninguna disposición para la eliminación progresiva del glifosato o cualquier presupuesto para financiar alternativas".
"La votación de hoy muestra que, cuando todos lo queremos, podemos compartir y aceptar nuestra responsabilidad colectiva en la toma de decisiones", dijo Vytenis Andriukaitis, comisionado de Salud, aliviado.
La Comisión adoptará ahora la decisión antes de que la autorización actual expire el 15 de diciembre, tal como exige la legislación comunitaria vigente.
Francia ha reafirmado su oposición a la renovación de la autorización de comercialización para glifosato propuesta por Bruselas.
Los que están celebrando el resultado de la votación son los agricultores. "La prohibición de glifosato afectaría de manera global a la agricultura europea", explica a Teknautas Paula Triviño, directora de la Federación Europea para la Agricultura de Conservación. Restringir uno de los productos más usados actualmente habría obligado a los agricultores a "realizar laboreos intensivos del suelo para controlar las malas hierbas o utilizar fitosanitarios con peores perfiles ecotoxicológicos, y probablemente mucho menos económicos", añade Triviño.
El Copa-Cogeca, que representa a los agricultores de la UE, expresó su decepción ante un retraso de cinco años que considera demasiado breve. Pekka Pesonen, secretario general de la asociación, destacó que si bien esto es una buena noticia, no pone fin a las incertidumbres de los agricultores. "La reautorización del glifosato durante cinco años en lugar de los 15 años habituales nos preocupa", dijo.  "La nueva autorización debería haber sido 15 años después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) le dieran una evaluación positiva. El glifosato es vital para proporcionar a una población en crecimiento un suministro de alimentos confiable a precios asequibles ", agregó.
Otras organizaciones de agricultores, como ASAJA, también se han posicionado recientemente: "La agricultura europea no puede prescindir del glifosato, un producto esencial para los agricultores", dijo hace dos meses el presidente de la rama sevillana de la asociación, Ricardo Serra.
"Monsanto estaba pensando en ganar 15 años adicionales de glifosato con los ojos cerrados, pero tuvo que luchar con uñas y dientes para obtener cinco años con restricciones.
Hoy Alemania se ha inclinado ante la presión corporativa, haciendo caso omiso de sus propios ciudadanos y del Parlamento Europeo para ofrecer un regalo anticipado de Navidad a la industria química. Pero no podrá proteger a Monsanto por un largo tiempo contra la abrumadora oposición del público contra la propagación del veneno en nuestra comida y nuestros patios de recreo. "
Por el contrario, la izquierda del Parlamento Europeo quería una eliminación gradual del herbicida en 5 años y reaccionó con fuerza. La probabilidad de que se abra una comisión de investigación en el Parlamento Europeo avanza.
"Pedimos que la decisión sobre la renovación de la aprobación de glifosato se base en resultados científicos creíbles e independientes y no en estudios sesgados y copiados proporcionados por la industria", escriben, acusando la Comisión Europea para jugar el juego de los lobbies y nunca ha planeado el "plan de salida del glifosato".
La  vicepresidenta del PPE , también se refirió a la futura supresión del glifosato afirmando que  "si bien el vínculo entre el cáncer y el glifosato aún no se ha demostrado, el impacto nocivo de la sustancia en el medio ambiente es indudable", añadiendo que " antes de concluir esta prórroga de cinco años se debería permitir recurrir a otras alternativas, es esencial implementar una verdadera estrategia de salida, como lo ha pedido el Parlamento Europeo. "
"El glifosato es probablemente  causa de cáncer y permite la supervivencia de un sistema agrícola industrial  causa la  degradación de la tierra que necesitamos para alimentarnos", denunció  Amigos de la Tierra Europa .
"Incluso si es sólo para cinco años, la reautorización de hoy en día es una oportunidad perdida para deshacerse de este herbicida peligroso y comenzar a destetar a los agricultores productos químicos de engranajes. Otros cinco años de glifosato pondrán en peligro nuestra salud y nuestro medio ambiente, y constituirán un retroceso importante en métodos agrícolas más sostenibles".
Para los Verdes "Es una decisión que favorece el trabajo y los grupos de presión en lugar de la salud y la ciencia, mientras que la Organización Mundial de la Salud enumera el glifosato como un probable carcinógeno y sus efectos nocivos sobre el medio ambiente ya han sido probados, esta decisión es tanto más escandalosa, ya que sabemos, gracias a los documentos de Monsanto, que la firma estadounidense ha manipulado deliberadamente las agencias europeas ". Varias Fuentes.
 
28 de noviembre.
-  Endesa es la compañía que más se juega en la investigación anunciada este lunes por la Comisión Europea contra supuestas ayudas de Estado proporcionadas desde 2007 por el Gobierno de España a las plantas de carbón.
La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, entiende que el Gobierno no puede pagar a las empresas por introducir filtros que reducían las emisiones de óxido de azufre de las centrales, ya que estas estaban obligadas previamente por una directiva europea, por lo que estos fondos otorgados por la Administración suponen una competencia desleal hacia otras tecnologías y otros generadores de Europa.
La investigación en profundidad abierta por Bruselas se centrará en el régimen puesto en 2007 en marcha en España, el conocido como “incentivo mediambiental”.
Todas las plantas térmicas de Endesa (Litoral, Andorra, Compostilla, As Pontes y Alcudia) están afectadas en mayor o menor medida. Esto significa que se cuestionan más de 200 millones de euros percibidos por la eléctrica. Una cifra que podría elevarse si se tiene en cuenta que parte de estas ayudas están aún por cobrar.
La afectación es mucho menor en otras compañías. Gas Natural Fenosa (La Robla, Meirama y Narcea) está afectada por algo menos de 100 millones de euros.
Viesgo (Puerto Nuevo y Los Barrios) y EDP HC (Aboño y Soto de Ribera) se enfrentarían a un hipotético impacto de alrededor de 77 millones de euroscada una de ellas, y para Iberdrola (Velilla y Lada) el golpe estaría alrededor de los 50 millones de euros.
Estas cifras suman lo ya cobrado (440 millones de euros, según la CE) y la parte que aún está por cobrar, ya que el plan de ayudas se extiende hasta 2020. En total, son 14 plantas las afectadas por la investigación comunitaria. J.Cruz. El Confidencial.

- 16 años después, podemos afirmar que se ha producido un nuevo caso de la enfermedad de las vacas locas en España, concretamente en Salamanca.
Fue en 2001 cuando se produjo la última crisis por encefalopatía espongiforme bovina (EEB) atípica tipo H, más conocida como enfermedad de las vacas locas. Durante el primer semestre de 2001, se dieron casos a nivel mundial y, aunque el 98% de los casos fueron en Reino Unido, en España murieron 5 personas: una en julio de 2005 en Madrid, otra persona en Cantabria en 2007 y tres más en Castilla y León en 2008. En Francia hubo 23 víctimas y en el Reino Unido 55.
Ahora, los responsables de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés) han detectado un nuevo caso de vaca loca en la provincia de Salamanca. Según los expertos, la res que ha dado positivo proviene de en una explotación de El Sahugo.
Fue el pasado 10 de noviembre cuando hasta el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) llegó una muestra de tejido nervioso sospechosa por la enfermedad de la vaca loca. La res sospechosa nació en junio de 1999, es de raza mestiza y ya había dado un resultado positivo a un test rápido. Ahora, tocaba comprobarlo y certificarlo.
Lamentablemente, el resultado fue positivo. Por ello, los responsables de Sanidad han decidido sacrificar a la vaca. En El Sahugo, el pueblo de la provincia de Salamanca, hay 213 vacas pero no se han dado más positivos por la enfermedad de las vacas locas.
La muestra fue tomada por los veterinarios como parte del programa nacional de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles. Este muestreo se practica en animales muertos o no sacrificados para el consumo humano mayores de 48 meses de edad. El Plural.com
 
- Empieza la cuenta atrás para que la Unión  Europea logre una Política Agrícola Común (PAC) con menos dinero y más local, según las primeras filtraciones del nuevo proyecto.
La CE presentará mañana, día 29, la primera Comunicación formal sobre la Política Agrícola Común (PAC) post 2020, cuya negociación partirá de un escenario con menos presupuesto y en el que los Estados miembros tendrán un papel más activo para adecuarla más a su territorio.
Un borrador de la Comunicación “The Future of Food and Farming” filtrado el pasado 25 de octubre por ARC2020 plantea una PAC “más orientada a los resultados”, con más ambición “ambiental y climática” y en la que los Estados miembros asuman “una mayor responsabilidad” y reduzcan “la carga administrativa” de la UE.
El profesor emérito de Política Agrícola Europea del Trinity College (Irlanda) Alan Matthews sostiene que la versión final puede variar de la filtrada, pero asegura en su blog que, en este primer documento, de 18 páginas, la CE evita las “propuestas más regresivas” y en contra de una “mayor orientación hacia el mercado”.
La PAC, puesta en marcha en 1962 y revisada sustancialmente en 1992, 2003 y 2013, ha evolucionado “hacia una mayor orientación al mercado y a los pagos directos a las explotaciones, en gran parte desacoplados” o desvinculados de la producción, explica.
De pagos directos a pagos dirigidos.
A su juicio, ahora se “debería pasar de los pagos directos por áreas desacopladas a los pagos dirigidos y centrados en fomentar la innovación y la producción de calidad”.
Los nuevos objetivos para seguir avanzando en el proceso de construcción europeo -como el capítulo de inmigración- y el efecto del brexit -que reducirá el presupuesto de la PAC en 3.600 millones de euros, según el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan-, son los mayores condicionantes para el nuevo marco agrícola.
Así lo cree Isabel Bardají, catedrática de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Politécnica de Madrid, que, tras estudiar las propuestas europeas que hay sobre la mesa, afirma que se va a pasar “de una PAC de objetivos a una de resultados”.
Esta evolución -añade a Efe- busca el compromiso de los Estados miembros a “alcanzar determinados resultados económicos, sociales y ambientales, con medidas concretas”, así como un “cambio de métodos, de forma de implementar y de hacer la política que va a afectar mucho” a la agricultura y ganadería comunitaria. Intereconomía.com

29 de noviembre.
- PSOE, Podemos y Ciudadanos se han unido este viernes en el Congreso para obligar al Gobierno a ampliar las zonas en las que se aplicarán medidas contra la sequía para apoyar a agricultores y ganaderos. Actualmente, esas medidas —como el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social o exenciones fiscales— están en vigor en las tres cuencas que están peor en su conjunto y declaradas oficialmente en situación de sequía hidrológica: Júcar, Segura y Duero.
Sin embargo, como ha explicado Gonzalo Palacín (PSOE) en la comisión de Agricultura del Congreso, fuera se quedan determinadas zonas que están sufriendo también la falta de agua pero que no cuentan con estas medidas de apoyo al estar en una cuenca que en términos globales no tiene unos niveles tan bajos de lluvias acumuladas y agua embalsada. "Ahora se abre la puerta a que otras zonas que están sufriendo la sequía puedan acogerse. Por ejemplo, zonas del Alto Tajo, La Rioja o Teruel", ha indicado Palacín tras aprobarse la enmienda gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
En esta enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes contra la sequía se establece que será el Ministerio de Agricultura, tras consultar a las comunidades autónomas y organizaciones sectoriales, el que delimitará "los ámbitos territoriales" que podrán acogerse a las medidas urgentes. Como criterio general se fija que, para poder acogerse, las explotaciones ganaderas y agrícolas tendrán que haber sufrido "pérdidas de producción bruta" del 20% en las llamadas zonas desfavorecidas y del 30% en las demás zonas respecto a un año normal.
Tajo y Guadiana.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado este jueves que no estén incluidas ya dentro de los decretos de medidas urgentes vigentes la cuenca del Guadiana o la cabecera del Tajo. La cuenca del Tajo es un buen ejemplo de este problema: en su conjunto la semana pasada estaba al 39% de agua embalsada, pero los pantanos de la cabecera estaban solo al 9%.
El PP ha votado este jueves en contra de esta enmienda. La popular María Teresa de Lara ha acusado en varias ocasiones al PSOE —promotor del texto— y al resto de grupos que la apoyaron de caer en la "demagogia". Según ha dicho, la normativa vigente impide al Gobierno realizar la declaración de sequía en un "sistema aislado", sino que debe ser toda la cuenca completa. "Esto que solicitan no
es posible", ha afirmado De Lara. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha recordado que para determinar la declaración de sequía se sigue lo marcado en los planes de sequía, de 2007, con los indicadores que cada cuenca tiene establecidos.
El proyecto de ley irá ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría para cambiarlo. Pero luego volverá al Congreso (previsiblemente en febrero) y Palacín augura que los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos permitirán incluir de nuevo esa enmienda para ampliar las zonas que pueden recibir las ayudas por la sequía. El País.
 
- Primeras reacciones  a la Comunicación de la Comisión Europea “El futuro de la Alimentación y la Agricultura”
La Comisión Europea ha presentado hoy su Comunicación sobre “El futuro de la Alimentación y la Agricultura “, que introduce nuevas orientaciones de futuro para las propuestas legislativas de la PAC mas allá de 2020 y que la Comisión dará a conocer en el segundo semestre de 2018. Analizado el documento, a continuación recogemos   las primeras reacciones de ASAJA.
Esta Comunicación se produce en unos momentos de incertidumbre sobre los resultados de las negociaciones con el Reino Unido para su separación de la UE, y su repercusión en el futuro Marco Financiero Plurianual, en un clima de proteccionismo comercial por parte de una de los Estados Unidos y otras potencias agrícolas,  en un contexto de nuevas prioridades políticas como son la política de defensa, la lucha contra el terrorismo y la gestión de las migraciones, y un escenario de volatilidad de los mercados y precios a la baja en la mayoría de los productos agrarios.
Es por tanto, razonable pensar que, hasta que buena parte de estas incertidumbres no estén despejadas, no sea conveniente pensar en una reforma en profundidad de una de las políticas más importantes de la UE, de la que dependen la estabilidad, seguridad y garantía de un aprovisionamiento alimentario para 500 millones de consumidores europeos.
La PAC es y debe seguir siendo una Política eminentemente Común y su estructura debe de seguir estando basada en los dos pilares: pagos directos y medidas de mercado y como segundo pilar políticas horizontales. . Son indispensables normas y fondos comunes que garanticen el buen funcionamiento del mercado único europeo y permitan evitar distorsiones de la competencia. La futura PAC debe estar al servicio de todos los ciudadanos y agricultores de la Unión, por lo que la renacionalización de esta política es inaceptable.
Algunos de los elementos de la Comunicación, relativo a un nuevo reparto de las ayudas dentro de un Plan Estratégico para la PAC, en donde cada país, dentro de las prioridades europeas,  decidiera su modelo de PAC y la distribución de los pagos agrícolas, podría constituir un elemento distorsionador del principio de unidad de mercado.
La PAC necesita un presupuesto digno y suficiente para poder cumplir con sus objetivos. La PAC está relacionada con 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un factor indispensable en la mitigación del Cambio Climático, a la vez que deberá adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
Por otra parte, se exige a la agricultura europea una serie de cumplimientos y esfuerzos en cuanto a prácticas productivas, estándares de calidad, condiciones de bienestar animal o respeto medioambiental y usos de los recursos naturales que no tienen comparación en otros países terceros con los que debemos competir dentro y fuera de nuestras fronteras.
Son necesarias inversiones en capital humano, en formación, en maquinaria y en utilización de factores de producción para poder responder a estas exigencias garantizando un aprovisionamiento de alimentos de calidad, trazabilidad y garantía sanitaria y veterinaria  a precios razonables para el consumidor. Hay que recordar que el gasto de la PAC es de menos del 1% del gasto público de la UE.
Los pagos directos siguen siendo el principal instrumento de apoyo y estabilización de la renta agrícola, por lo que deben complementarse con medidas de gestión del mercado más contundentes, más eficientes y con mayor capacidad de respuesta, especialmente en momentos de crisis de mercados. En este contexto, la aplicación de límites, pagos diferenciados  y modulaciones perturbaría considerablemente la estructura de la renta agrícola y podría tener graves consecuencias en el empleo y la inversión agrícola.
Las Organizaciones de Productores , herramienta esencial de la Comisión para mejorar la posición del agricultor en la cadena agroalimentaria deben garantizar que desarrollan eficazmente la actividad para la que están diseñadas, es decir mejoras los precios pagados al productor por sus productos.
Rechazamos la cofinanciación en los Pagos directos de la PAC que eventualmente podría venir dado por la aplicación de este nuevo modelo de reparto, basado en unas prioridades generales, pero con elevadas dosis de subsidiariedad para los Estados Miembros. La PAC debe seguir siendo una Política Común y los pagos directos no pueden depender de la voluntad o capacidad presupuestaria del Estado Miembro.
El agricultor necesita estabilidad y horizonte para poder realizar sus planes de explotación e inversiones en la finca. Un régimen basado en resultados y no en objetivos,  necesita una selección de indicadores efectivos, adecuados y fiables para medir y evaluar las mejoras. Si no conocemos los indicadores y no podemos garantizar su fiabilidad, el sistema se desmorona.
Los pagos agrícolas deben  ser anuales, previsibles y estables. Por tanto, no pueden apoyarse regímenes basados en los resultados que sólo concedan un solo pago a tanto alzado al término del período de programación. Los regímenes para la biodiversidad, en el marco del 2º pilar de la PAC, deben seguir siendo voluntarios y complementarios de los regímenes agroambientales existentes, y ser fáciles de integrar en las prácticas agrícolas.
Son necesarias medidas más eficientes para animar a los jóvenes a entrar en el sector, mejorar la sostenibilidad social e impedir la desertización y despoblamiento de las zonas rurales. Algunas medidas han sido ya abordadas recientemente en el marco del Primer pilar. Otras medidas deben reforzarse en la política de desarrollo rural y combinarse con el apoyo a las inversiones realizadas en las explotaciones. También deberán abordar la cuestión del género y atraer a las mujeres a la profesión agrícola.
ASAJA.

- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha analizado la comunicación sobre el futuro de la PAC que ha presentado hoy en Bruselas el comisario Phil Hogan. Los agricultores españoles creen que la Comisión Europea sigue con ciertos vicios que no son positivos, como dar más poder a los Estados para personalizar la PAC o seguir aludiendo a una simplificación que no es tal. Sin embargo, UPA reivindica una política agraria potente y con presupuesto suficiente y lanza un recordatorio a toda la sociedad: “Gracias a la PAC disfrutamos del mejor sistema agroalimentario del planeta”.
UPA.
 
-  Con el título “El Futuro de la Alimentación y de la Agricultura”, la Comisión Europea ha presentado hoy su comunicación sobre la nueva PAC post 2020. Su objetivo es modernizar y simplificar la PAC dando más responsabilidades de gestión y control a los Estados Miembros.
La nueva PAC debe impulsar y fomentar la organización y concentración del sector productor a través de organizaciones de productores de carácter empresarial con el objetivo de reforzar su posición en la cadena de valor agroalimentaria; y diseñar instrumentos de gestión de mercado públicos y privados que ayuden a mitigar la volatilidad de precios. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España ambos aspectos afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones y no pueden dejarse al margen del debate. Los instrumentos financieros y los seguros de cosecha y rentas no están desarrollados ni adaptados al reto de conseguir una actividad productiva rentable y atractiva, por lo que la Comunicación no propone medidas reales de gestión de crisis.
La Comisión propone 5 ejes de actuación: innovación; pagos directos y rentas de los productores; medioambiente y lucha contra el cambio climático; desarrollo rural, donde la incorporación de nuevos agricultores y jóvenes será clave; y, por último, consumidores, nutrición y desperdicio alimentario. Por primera vez se incluye dentro de la PAC la cooperación al desarrollo, especialmente en el norte de África y como aportación para encauzar la inmigración y el comercio.
Además, los Estados miembros pactarán objetivos nacionales coherentes con una estrategia europea pactada con la Comisión y tendrán que justificar resultados, en línea con “pagar por resultados”. Cooperativas Agro-alimentarias teme un fin de la política común ante esta perspectiva y dañar seriamente el funcionamiento del mercado único europeo.
El debate sobre la PAC será muy sensible al presupuesto de la UE y al impacto del Brexit. Cooperativas Agro-alimentarias de España apoya decididamente una PAC agroalimentaria y europea, con un presupuesto sólido específico y complementario con otros instrumentos. La UE no puede pretender pagar sus nuevos objetivos con un presupuesto de PAC ya muy reducido.
Cooperativas.

- Los agricultores españoles respiran hoy aliviados tras saber que podrán seguir utilizando un producto de gran importancia para sus explotaciones: el glifosato. Los Estados Miembros han alcanzado finalmente un acuerdo por mayoría cualificada para autorizar el uso de esta sustancia herbicida durante cinco años, y no quince como pedían los agricultores. La Alianza ALAS cree que esta medida beneficia a toda la sociedad europea, ya que, de prohibirse el glifosato, peligraría el sistema europeo de producción de alimentos tal y como lo conocemos.
Los productos que llevan en su formulación el herbicida glifosato podrán seguir utilizándose en Europa en el futuro. El sector agrario español, reunido en la plataformaAlianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) ha valorado como una buena noticia la medida y ha lamentado que el proceso de negociación se haya alargado artificialmente por, a su juicio, “presiones, rumores y posicionamientos políticos que nada tienen que ver con la agricultura, la ciencia o la salud”.
 ASAJA.
 
- La Cámara de Comercio de Alicante se ha sumado a la cruzada puesta en marcha por los regantes para asegurar el suministro hídrico de la agricultura con un manifiesto en el que los empresarios exigen al Gobierno que active la interconexión de las cuencas y promueva un Pacto Nacional del Agua para acabar de una vez por todas con un problema que afecta al futuro de la provincia de Alicante y que, según la Cámara, es ahora mismo la mayor amenaza para el futuro económico y social. El sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana representa el 20% de las exportaciones, el 8% del empleo directo y el 6% del PIB, y en la provincia de Alicante, el valor de las exportaciones de productos agrícolas y hortofrutícolas supera los 950 millones de euros, «representando el 26% de nuestras exportaciones», según el manifiesto hecho público ayer por la Cámara.
El problema del agua afecta a toda la provincia, principalmente a la comarca de la Vega Baja, que representa el 50% de la renta agraria. En este sentido, la dependencia con el acueducto Tajo-Segura es directa e inmediata. Del agua del Tajo depende la actividad de 26.000 regantes en Alicante, 19 millones de árboles frutales, 57.439 hectáreas de cultivo, 18.450 empleos directos y 7.500 puestos de trabajo que la agricultura proporciona en otros sectores.
«Tenemos una demanda media de recursos hídricos en torno a los 1.300 hm3 y somos capaces de generar, en un año con precipitaciones medias, alrededor de 655 hm3 de recursos propios. En consecuencia, tenemos un déficit estructural y permanente que oscila entre los – 300/600 hectómetros cúbicos cada año», recordó ayer la Cámara en su manifiesto.
Los empresarios reclaman en su manifiesto «nuestro derecho al agua y manifestar expresamente la preocupación y crítica por la ausencia de iniciativas políticas encaminadas a resolver, o al menos, paliar, el grave problema de sequía y estrés hídrico que padece Alicante». La falta de agua es, reiteró la Cámara, la mayor amenaza para el futuro de la provincia de Alicante. «Tenemos derecho a exigir que se nos garantice la seguridad hídrica, la seguridad en el suministro de caudales de una forma eficiente, equitativa y sostenible para asegurar nuestro futuro».
La Cámara denuncia la falta de gestión y gobernanza del agua y exige solidaridad al resto del Estado y también dentro de la Comunidad Valenciana. «Corresponde al Estado, en aplicación del artículo 149 de la Constitución Española, ordenar toda esta problemática y asegurar una distribución equitativa de los recursos y aprovechamientos hídricos disponibles en el Estado español», asevera. Información.es
- La Comisión Europea reembolsará a los agricultores europeos 433 millones de euros, 54,8 a los españoles, como consecuencia de la no utilización de la reserva de crisis agrícola fijada para el año presupuestario 2017, compuesta de dinero retenido de los pagos directos de los agricultores para este año.
Las cantidades deducidas pueden ser reembolsadas a los agricultores por los estados miembros a partir del 1 de diciembre de 2017.
A pesar de una serie de situaciones críticas en el sector agrícola en el último año, los fondos disponibles en la reserva de crisis en 2017 no se utilizaron. En 2017 se financiaron medidas de apoyo adicionales para algunos sectores que enfrentan dificultades, como frutas, hortalizas, productos lácteos y otros sectores ganaderos. Los agricultores afectados por los daños causados por condiciones climáticas adversas en la primavera de este año han sido apoyados, afirman desde la Comisión Eurioea, con mayores anticipos para pagos directos para 2018, y derogaciones de ciertas condiciones relacionadas con pagos ecológicos.
El concepto de mecanismo de reserva y reembolso de crisis agrícolas se acordó en la reforma de la Política Agrícola Común de 2013 y se aplicó por primera vez en el ejercicio presupuestario de 2014. La deducción solo se aplica a pagos directos superiores a  2,000 euros Todavía no se aplicaba a Croacia para el ejercicio presupuestario de 2017, ya que los pagos directos aún no se habían introducido por completo tras el ingreso del país a la Unión Europea en 2013. Agronews

- La Alianza por el Autoconsumo, de la que forma parte UPA 1, valora positivamente que la Comisión de Energía del Parlamento Europeo haya votado hoy a favor de reconocer a la ciudadanía más derechos para producir, vender e intercambiar su propia electricidad renovable. Lo ha hecho mediante la aprobación de unas enmiendas a las normas que regulan las energías renovables en la Unión Europea, liberando la electricidad autoconsumida de cargos punitivos, gravámenes e impuestos.
Con la aprobación de estas enmiendas, el polémico ‘impuesto al sol’, que solo se aplica en España, pasaría a ser ilegal según las normas de la Unión Europea. Este impuesto obliga a las instalaciones de autoconsumo con potencia instalada de más de 10kW a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea.
UPA.

30 de noviembre.
- Según un estudio elaborado por KPMG, el tráfico ilegal de tabaco representa en la Unión Europea más del 9% del consumo -la industria eleva ese porcentaje incluso hasta el 12%-, lo que causó un agujero fiscal de 10.200 millones en 2016, una cifra que se repite año tras año.
"El contrabando de cigarrillos constituye una fuente de ingresos para los grupos de delincuencia organizada de Europa y de fuera de ella, y existen indicios de que en algunos casos está también relacionado con la financiación del terrorismo", asegura la Comisión, que insiste en que la lucha contra el contrabando "es esencial para proteger la seguridad europea".
Bruselas urge ahora a adoptar nuevas medidas, forzando a las empresas a un mayor control de la trazabilidad e "instando a países vecinos, como Bielorrusia, con un tipo impositivo excesivamente bajo, a aproximar su impuesto especial a los tipos mínimos de la UE". Todo ello, al margen también, de estrechar la vigilancia aduanera o endurecer las sanciones. "Existen dudas sobre si las sanciones administrativas y penales realmente aplicadas en los Estados miembros a los delitos de contrabando son suficientemente disuasorias", dice la Comisión.
El Economista.es

- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y países ajenos al grupo, como Rusia o México, han acordado este jueves en Viena extender los recortes de producción de crudo (1,8 millones de barriles al día), que concluían en marzo, hasta finales de 2018, según ha confirmado el ministro de Energía de Arabia Saudí y actual presidente de la organización, Khalid A. Al-Falih.
"Estoy satisfecho de anunciar la decisión unánime y solemne de extender nuestro acuerdo hasta finales de 2018", ha dicho el político saudí.  Según una fuente citada por Reuters, la OPEP volverá a reunirse el 21 de junio de 2018.En estos momentos, el crudo Brent, de referencia en Europa, cae un 0,3%, hasta los 62,34 dólares, mientras el West Texas, de referencia en EEUU, baja un 0,3%, hasta los 57,12 dólares. Expansión.

- Por su interés para el Sector reproducimos hoy, como documento semanal, la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
B.O.E
 
- La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,  junto con la directora de la Comisión Europea para los programas de desarrollo rural de España han presidido hoy, en la sede del Departamento, la sesión plenaria del fondo FEADER, para analizar el avance general de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), 2014-2010, españoles. Una sesión plenaria que reúne anualmente a representantes de la Comisión Europea,  de las Autoridades de Gestión de los PDR y del Ministerio. 
En el marco de estos encuentros periódicos entre todas las administraciones implicadas en la correcta ejecución de la política europea de desarrollo rural, se ha analizado el estado de implementación de los PDR, destacando aquellas soluciones que facilitan un adecuado ritmo de ejecución de los programas. Este es el caso del  recientemente acordado instrumento financiero de gestión centralizada, impulsado desde el Ministerio en colaboración con las CC.AA. interesadas, que facilitará el acceso al crédito a diferentes beneficiarios de los programas de desarrollo rural adheridos al citado instrumento.
La sesión plenaria anual del fondo FEADER celebrada hoy,  se complementa con las reuniones periódicas que el Ministerio, como responsable de la coordinación a nivel nacional de esta política, organiza con las Autoridades de Gestion de los programas españoles, y en donde se debaten y acuerdan conjuntamente todos aquellos aspectos comunes que afectan a los PDR españoles.
La dotación FEADER para el conjunto de los programas españoles asciende a más 8.297 millones de €, lo que representa el 18% de todos los pagos de la PAC en España y más del 20% del conjunto de los fondos estructurales europeos y de inversión en el periodo 2014-2020.
Esta fuente de financiación comunitaria se complementa con la parte cofinanciada de los programas por parte de las administraciones españolas, lo que eleva el impacto económico de esta política a más de 12.360 millones de euros en todo el periodo.
La ejecución de estos programas, que fueron adoptados por la Comisión europea en el año 2015, entra ahora en su fase intermedia con un nivel de ejecución medio de los PDR españoles superior al 17%, muy por encima del resto de fondos estructurales europeos y de inversión que se aplican en España.
Dentro del actual periodo de programación, 2014-2020, la política europea desarrollo rural se aplica en España a través de diecisiete programas de desarrollo rural regionales, un programa nacional y un marco nacional de desarrollo rural, donde se establecen disposiciones comunes que afectan al conjunto de los programas españoles. Corresponde al Ministerio, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, asegurar la coherencia y la coordinación en la gestión de estos programas así como ejercer la interlocución con los organismos europeos responsables de esta política.
MAPAMA.

- Cinco instituciones financieras públicas europeas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzaron ayer el fondo Marguerite II, dotado con un mínimo de 700 millones de euros, que recoge el testigo de su predecesor, Marguerite I, y también se destinará a catalizar inversiones en renovables, energía, transporte e infraestructuras digitales, ya sea para nuevos proyectos o para acondicionar instalaciones existentes.
El fondo tiene una vigencia de 10 años -ampliables un año adicional en dos ocasiones-, aunque se pretende que se complete la inversión en cinco años. El BEI capitanea el grupo de entidades financieras, aportando 200 millones; el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y sus homólogos de Alemania, Francia, Italia y Polonia, 100 millones cada uno.
Si las previsiones se cumplen, Marguerite II permitirá movilizar un capital similar al de su predecesor, que ha logrado financiar 20 proyectos en 12 Estados comunitarios con unas inversiones asociadas superiores a los 10,000 millones.
Los proyectos financiables deberán estar en un país miembro o en fase de preadhesión. Tendrán que perseguir los mismos objetivos que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, -más conocido como Plan Juncker-, esto es, reducir el CO2 con renovables y eficiencia energética, potenciar Internet, las conexiones de transporte y la seguridad energética.
Economía .es

1 de diciembre.
- El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la firma de los convenios entre el FEGA y doce Comunidades Autónomas para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y pago de ayudas directas y medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado.
Este convenio permitirá durante los próximos años continuar la colaboración, iniciada el año 2014, entre los Organismos Pagadores (OOPP) de las Comunidades Autónomas que suscriban el convenio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para el mantenimiento del sistema denominada Sistema de Gestión de Ayudas (Sga).
Sga es un sistema creado en 2014 y desarrollado bajo la dirección del FEGA en colaboración con las distintas Comunidades Autónomas. El desarrollo se realiza por parte del FEGA y se entrega a los Organismos Pagadores para que se instale en su infraestructura. Desde la campaña 2015 el sistema está operativo en 12 de las 17 CCAA: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana y su desarrollo surgió como acuerdo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 21 de enero de 2014. Los objetivos que se persiguen con el desarrollo en común son:
·       Uniformidad. La aplicación uniforme de la Política Agraria Común (PAC) en todas las CC.AA. usuarios del sistema sin menoscabo de sus competencias.
·       Sostenibilidad. Desarrollo de un sistema común en el que el coste de mantenimiento sea menor que el coste de mantener un sistema diferente por Comunidad Autónoma.
·       Aprovechas sinergias. Aprovechar la experiencia de las distintas CC.AA. para lograr un sistema más completo que nos permita reducir errores y de esa manera reducir las correcciones financieras.
La duración del convenio, ahora autorizado, es de cuatro años (2017, 2018, 2019 y 2020) con posibilidad de dos años de prórroga y en él se establecen las modalidades de uso del sistema por parte de las CCAA y las obligaciones de cada una de las partes firmantes así como la participación económica de las CC.AA que será de 972.791,22 euros anuales, calculado en función del número de perceptores de ayudas agrarias en la campaña 2016 y de la modalidad de uso elegida por cada comunidad.
MAPAMA.

- La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE), Clara Aguilera (PSOE), asegura que "en los despachos de Bruselas se habla de recortar un 15 % o un 30 %" el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC).
Aguilera afirma, en una entrevista hoy con Efeagro, que la "espada de Damocles" de la PAC es la incertidumbre sobre su financiación (ahora representa un 38 % del presupuesto comunitario) y que en las oficinas de las instituciones de la Unión Europea (UE) se mencionan esas cifras, aunque no se hayan difundido públicamente.
La eurodiputada ha participado hoy en una reunión de consejeros autonómicos y de portavoces de Agricultura del PSOE sobre las novedades de la PAC: por un lado, el reglamento con cambios técnicos que entra en vigor en 2018 y, por otro, el documento presentado esta semana por la Comisión Europea (CE) para su revisión.
Cree que la nueva propuesta, defendida por el comisario europeo de Agricultura, Paul Hogan, provocará "mucho ruido y pocas nueces", pues generará tensiones, pero no tiene presupuesto, porque la UE está pendiente de su próximo marco financiero (post 2020), marcado por el "brexit".
"El "brexit" va a quitar recursos y si queremos abordar nuevas situaciones en inmigración, fronteras o defensa, o ponemos otros (recursos nuevos) o se quitarán de la PAC o de la política de cohesión", según Aguilera. ABC.es. Agencias.
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