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ANTE LA NUEVA REFORMA DE LA AGRICULTURA EUROPEA

La Política Agraria Comunitaria, hoy en vigor, llamada "Perspectiva política a medio plazo para una agricultura sostenible", fue aprobada en el Consejo de 29 de septiembre del año 2003 y modificada posteriormente, en marzo del 2004, para su adaptación al Acta de Adhesión de los nuevos miembros comunitarios y en abril del 2004 para recoger las últimas reformas de los denominados productos mediterráneos.,

Actualizado 7 abril 2011  
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Redacción Agrolibre
  
Las nuevas propuestas no terminan de solucionar los problemas reales de la agricultura

En este sentido constituye, fundamentalmente por la aplicación de sus desarrollos reglamentarios, R(CE) 2237/03 “ayudas sectoriales que permanecen acopladas”, R(CE) 795/04 “régimen de pago único”, y R(CE) 796/04 “condicionalidad” SIGC y modulación”, el suceso más importante, que ha padecido la agricultura española y comunitaria, en la última década.

La P.A.C actual, que modificó completamente la forma en que la U.E apoyaba al sector agrario, pensó en su inicio, en el consumidor y en el contribuyente y jugó al mercado libre, aunque, muy pronto, abandonó la idea de  dejar en libertad al agricultor y ganadero para producir aquello que el mercado demandase. Las subvenciones nos dijeron y, así ha sido, se abonarán con independencia de la producción aunque, antes del inicio del nuevo sistema, en el 2004,  ya empezamos a falsear el invento. Para impedir el abandono de la producción agraria y el despoblamiento de zonas interiores, se permitió que los estados miembros conservasen algunas ayudas ligadas a la producción, situación que, más de 6 años después, aún subsiste.
Los seis elementos-clave de la reforma fueron:

-una ayuda única por explotación para todos  los agricultores de la UE, independiente de la producción (“desacoplamiento”). Podrá mantenerse, de forma limitada, un elemento de vinculación a la producción, a fin de evitar el abandono de la misma. Primer gran error.

-la vinculación de las ayudas al cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente, salubridad de los alimentos, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales, así como a la condición de mantener las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales («condicionalidad»). Es claro que la “condicionalidad”  generó incentivos para el cumplimento de las normas, pero nunca, estos incentivos, debieron constituirse en el centro de los objetivos fijados  porque, las ayudas nunca se modularon en función de objetivos individualizados.

-una política de desarrollo rural reforzada, lo que supuso más fondos de la UE y nuevas medidas para promover la protección del medio ambiente, la calidad y el bienestar animal y  para ayudar a los agricultores a cumplir las normas de la UE en relación con la producción, a partir de 2005. Tema que siempre debió ser considerado aparte de lo que es, en sí, el sector primario como sector económico.

-una reducción de las ayudas directas ("modulación") a las explotaciones de mayor tamaño, a fin de financiar las nuevas medidas de desarrollo rural. La modulación debió llevarse exclusivamente hasta el límite del mantenimiento de unas ayudas asistenciales a la renta, sin relación directa con el tamaño de las explotaciones agrarias.

-un mecanismo de disciplina financiera que ha garantizado que el presupuesto agrario fijado hasta 2013 no sea sobrepasado. Tema hoy de la máxima actualidad por ser la auténtica Garantía del contribuyente y

-la revisión de la política de mercado de toda la PAC, en un intento de adecuación y de abaratamiento de los precios a los consumidores. Una utopía más de las que se suelen quedar en el intento porque, por ejemplo, al permitir la existencia de Organismos Nacionales y Europeos llamados de la Competencia, (dedicados a impedir, a veces fomentando la competencia, la excesiva subida de precios y otras multando a los distribuidores por  la ¿excesiva? bajada de los precios), se dificulta siempre el desarrollo de un auténtico mercado libre donde el consumidor pueda decidir, libremente, el precio que quiere o puede pagar por sus consumos.
 

Ya dijimos con anterioridad que, los mayores problemas que hoy tiene planteado el sector agrario frente a la ciudadanía europea son, el de la legitimación de su política agraria, política basada, hasta el día de hoy, en una generalización de subvenciones y  el de la búsqueda de nuevos objetivos que  puedan justificar su existencia.

En estas claves debe entenderse la nueva reforma proyectada que, lejos de insistir en argumentos redistributivos a favor de los agricultores y ganaderos, argumentos hoy indefendibles , entre otras razones por lo equilibrado de los niveles de renta de los hogares agrícolas en relación con los otros hogares, fija su atención en imponer obligaciones, dicen necesarias, para la comunidad, normas medio-ambientales, seguridad en los alimentos, salud animal y vegetal y bienestar de los animales, junto todas ellas con un necesario desarrollo rural, desarrollo que trasciende de lo puramente agrario. Ya no se trata solamente del puro mantenimiento de rentas, para un sector que ciertamente no lo necesita más que los demás, en la mayoría de los casos, sino que se trata  de elevar todo el “habitat rural” para evitar su distanciamiento con lo urbano, encontrando así, el equilibrio necesario que toda sociedad precisa en su desarrollo global.
El “desacoplamiento”, de seguir existiendo, debería quedarse en una “pura renta asistencial” y nunca constituir la base de los ingresos de la sociedad agraria que siempre, en todas las circunstancias, debería  relacionarse con la producción. Si el “desacoplamiento” se mantuviera, aunque fuese de forma provisional y limitada en el tiempo, el “desacoplamiento” debería ser total ya que, lo contrario, permitiría seguir la muerte lenta de situaciones que, en ningún caso, deberían ser prolongadas.
Un “desacoplamiento parcial” incumple con claridad, el objetivo de libertad productiva que toda Reforma exige. Además y en ello coincidimos todos, una agricultura moderna exige la total ausencia de políticas partidistas, dirigistas en este caso, exige la supresión de toda traba innecesaria para competir, exige la ausencia de dificultades administrativas, de controles innecesarios, de situaciones de privilegio y de toda suerte de cupos, concesiones y limitaciones de cualquier índole. A partir del reconocimiento de unas mínimas ayudas desacopladas, el empresario agrícola será, por fin, el único responsable de los resultados de su empresa y de la producción y comercialización de sus producciones. Este nuevo esquema es el que aterra a muchos, empezando por la propia administración, desconforme con la posible desaparición de los modelos actuales porque, a través de los auxilios y subvenciones actuales, pretende seguir perpetuando su influencia en el sector, pretende seguir en el camino de la socialización del campo.

La  “modulación”, la limitación de ayudas a las grandes explotaciones, que se pretende, no es el camino idóneo para lograr suficiente presupuesto adicional y conseguir, entre otros objetivos, que el pilar del desarrollo rural se magnifique. Si se trata, como parece, de pagar por temas medioambientales, de bienestar animal, de seguridad alimentaria o cualquiera otro que la U.E imponga, es decir si se trata de compensar los gastos en los que haya incurrido la empresa agraria de forma obligatoria, por exigencia de las leyes  y reglamentos de la PAC, la “modulación” debería desaparecer. Si conservamos “modulaciones” referidas a pagos sin contraprestación alguna, como ya hemos afirmado en otras ocasiones, la “modulación” debería ser muy amplia porque, los pagos sin contraprestación, nunca deben constituir el enriquecimiento de nadie. La sociedad no entenderá jamás que, el ser terrateniente, el haberse dedicado a una actividad agraria, de derecho a recibir anualmente, de forma indefinida y permanente, una  gran renta sin producir. Resulta también muy llamativo el hecho de que, las medidas que se prevén en  el ámbito del desarrollo rural, se dirijan a los productores agrarios, volviendo siempre así, al mismo sector; las medidas de desarrollo rural deben contemplar otras iniciativa relacionadas con el desarrollo de las zonas rurales en ámbitos “no agrarios”, educación, comunicaciones, sanidad…

Es necesario, también, modular pagos en función de cada tipo de explotación agraria y definir de forma estricta los servicios que la sociedad quiere remunerar. Nunca se deben generalizar los pagos sin la definición precisa de sus objetivos, la sociedad debe conocer de forma exacta el porqué y el para qué de los mismos. La reforma trata de forma excesivamente generalizada todos estos temas.

En esta nueva Reforma que se nos avecina, y van…., aparecen nuevos conceptos para de alguna manera seguir con el principio del príncipe de Salinas, aquel de...modificar todo, al menos nominalmente, para que nosotros, la administración, podamos seguir controlándolo todo. Son conceptos que deben girarse e interpretarse en la dirección que nos convenga. Hay que adelantarse a los huracanes franceses y alemanes e incluso a las justas demandas de los países llegados últimamente. Nos estamos refiriendo concretamente al enorme, por su importancia, concepto  de “Agricultor Activo”, la definición de “Tierra Elegible”, actividad agraria o mantenimientos superficiales, “Techos Únicos o Progresivos”, antiguas modulaciones de los pagos Directos, nuevos apoyos a los “ Agricultores Jóvenes”, las formas de hacer más “Verde” la reforma, las nuevas ¿Simplificaciones? Administrativas… Todo ello debe entenderse claramente en clave nacional, en qué es lo más conveniente para España y los españoles y, posteriormente, actuar en consecuencia. Que no nos vuelvan a engañar o, al menos, que paguen por ello. como tradicionalmente, en otras muchas ocasiones, se ha venido haciendo con otros países comunitarios que mantenían sus posiciones.
No  olvidemos nunca y menos en estas ocasiones que, en una economía libre “el consumidor, es decir todos nosotros, determina mediante su compra o abstención de compra, lo que debe producirse, en qué cantidad y con qué calidad. Los empresarios son obligados, a través del instrumento de las “pérdidas y ganancias”, a obedecer las órdenes de los consumidores. Sólo podrán florecer aquellas empresas que puedan proveer de la mejor y más barata manera, los bienes y servicios que los consumidores estén más ansiosos por adquirir. Los que fracasen en la satisfación del público sufren pèrdidas y finalmente siempre serán forzados a abandonar el negocio” (Ludwig von Mises dixit)
En resumen, en esta nuestra primera visión sobre los objetivos de la reforma que se nos avecina, podemos afirmar decididamente su necesidad porque, la situación actual, se ha vuelto totalmente insostenible. Pero mucho nos tememos que, de nuevo, la reforma nos deje a mitad del camino, situación absolutamente indeseable porque, si así fuese, se complicaría enormemente el futuro y la viabilidad del sector agrario como sector económico productivo.
 


 

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