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El Gobierno fija en 2.000 millones la compensación por autopistas

El Gobierno cifra en 2.000 millones de euros el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a la que tendrá que hacer frente una vez liquidadas las autopistas de peaje en quiebra, y que se prevé que reviertan al Estado entre enero y abril de 2018.

Actualizado 17 octubre 2017  
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Redacción y Agencias
  
En el plan presupuestario para 2018 remitido por el Ejecutivo a Bruselas, se detalla que el gasto en inversiones se verá afectado por la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores y que se estima se hará efectiva a principios del año que viene. No obstante, añade el documento, "se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros".
El importe de la RPA estimado por el Gobierno está muy por debajo de la que maneja el sector, lo que, según avanzó ya el propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, supondrá abrir un nuevo frente judicial.
Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas (TC) estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros. A comienzos de octubre, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) licitó dos contratos de servicios para la elaboración de algunos de los estudios previos necesarios para dicha relicitación.
Esos contratos incluyen estudios de demanda, de tarifas y de viabilidad económico-financiera de las nueve autopistas en quiebra y gestionadas por 8 concesionarias y que pasará a gestionar Seittsa entre enero y abril del próximo año. Se trata de las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5 (la R-3 y la R-5 son gestionadas por la misma concesionaria), la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.
En julio, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa para que la empresa pública pudiera hacerse con esas autopistas de peaje hasta su nueva adjudicación. Según la cuenta de pérdidas y ganancias incluida en un anexo del convenio, el Gobierno prevé que estas vías generen el año que viene un beneficio neto de 34,3 millones y logren unos ingresos por peajes de 93,4 millones.
La idea es que la reversión al Estado y la nueva adjudicación se produzcan en el mismo año para que su impacto en el déficit sea mínimo, ya que, al realizarse dentro del mismo ejercicio, el ingreso procedente de la licitación restaría en el déficit.
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