Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?

Suscríbete a nuetro boletín gratuito
Está usted en: Agrolibre > Aire Libre

En la buena dirección

Al fin una buena noticia para el regadío español y la competitividad de nuestras empresas agrarias.

Actualizado 22 marzo 2018  
Compartir:  Comparte esta noticia en Twitter 
 Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé  |   Imprimir  |   Enviar  |  
Comentarios 0
Redacción Agrolibre
  
Al fin tras muchos años de reclamaciones, retrasos y estafas, tras múltiples manifestaciones de los regantes, las eternas súplicas de Fenacore y las Asociaciones Profesionales agrarias y la queja permanente de casi todos los comunicadores agrarios, entre los que siempre nos hemos encontrado, el gobierno actual ha dictado la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas modificando el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE 7 de Marzo).
Y al fin, insistimos de nuevo, aprovechando convenientemente, esta vez sí, la Ley 1/2018 aprobada, ha  contemplado en su Disposición final tercera la Adición de una disposición final quinta bis a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, sobre el Sector Eléctrico, dando por fin satisfacción a una de las  aspiraciones de los regantes españoles.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, mediante la adición de una disposición final quinta bis, en los siguientes términos: Disposición final quinta bis. Contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos.

"Las condiciones particulares de aplicación a contratos de acceso para regadío serán las siguientes: En los términos que reglamentariamente se determinen, el contrato de acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como con la normativa comunitaria de aplicación".
Para FENACORE, en palabras de su Presidente, la Disposición aprobada , "supone un nuevo paso en la batalla por conseguir tarifas eléctricas más competitivas, al abrir la puerta a disponer de dos contratos en un mismo año con potencias diferentes, dando respuesta a una demanda que el sector venía reclamando desde que en 2008 desaparecieran las tarifas especiales con la excusa de cubrir el déficit de tarifa". "La nueva ley contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Así, como venimos todos solicitando desde hace ya casi 10 años, se evitaría pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el gasto en electricidad".
Sin embargo todos, regantes incluidos, seguimos con la mosca detrás de la oreja, porque ha sido tan largo el tiempo de espera que nos tememos que, ante cualquier veleidad política, ante cualquier amaño gubernamental con el grupo de las eléctricas, el sector vuelva a ser moneda de cambio y todo se quede pospuesto.
Resulta que, dígase lo que se diga, hasta el momento, seguimos con los mismos problemas que desde hace ya muchos años agobian a nuestros regantes.
Esta circunstancia, siempre las dificultades obligan a la búsqueda de soluciones en un régimen de libertades individuales, ha llevado a las regantes a buscar soluciones creativas que les permitan una abastecimiento de la energía a menor precio y de esta forma, seguir garantizando un modelo de agricultura sostenible.

Así, se ha priorizado el aprovechamiento de los desniveles geométricos del terreno para conseguir que los consumos de energía de los sistemas de riego por presión puedan ser mínimos y se ha impulsado la producción de renovables (hidroléctrica, eólica, solar…) para autoconsumir energía y minorar costes productivos. 
Para Fenacore, “estas medidas son soluciones parciales para reducir los costes, ya que lo realmente importante es pagar por la potencia realmente utilizada y no por la potencia máxima contratada durante los doce meses del año, aunque las estaciones de bombeo no estén en funcionamiento”.
Por su parte los regantes del sureste español, representados a través de la Federación de Regantes de Almería (FERAL) y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), han recordado que el establecimiento de un precio único del agua de riego es una cuestión que actualmente ya debería encontrarse en fase de estudio, promesa incumplida por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que así lo había anunciado  tras aprobarse en octubre de 2015 la rebaja puntual del precio del agua desalada para los usuarios del trasvase Tajo-Segura. 
Se reclama al Gobierno que “cumpla de una vez con sus promesas y ponga en marcha una política nacional del agua, ahora que se ha culminado la planificación hidrológica en todas las cuencas españolas”.
“Todos los españoles pagamos el mismo precio por el kilovatio/hora, sin tener en cuenta diferencias de tarifa en función de su procedencia, distancia recorrida, ni por el tipo de energía que lo ha creado el establecimiento de un precio único del agua de riego eliminaría los agravios comparativos entre productores de diferentes zonas de España. “Un precio único significaría tratar por primera vez el agua de riego como un bien público al que todos debemos tener acceso, velando así por los intereses económicos y sociales del sector agroalimentario que genera decenas de miles de empleos en las tres provincias”.
Hay que fomentar las infraestructuras de interconexión de cuencas, así como la conexión interna dentro de cada cuenca y ejecutar urgentemente los proyectos que permitan disponer de agua allí donde se necesite, de modo que un embalse pueda ser receptor y cedente, en función de las necesidades de cada momento.

De una vez por todas las administraciones competentes deben hacer todo lo necesario para garantizar recursos hídricos alternativos que aporten estabilidad y garanticen la supervivencia de los cultivos.
Para los regantes los trasvases son absolutamente necesarios como recurso primordial para todas las zonas hídricamente deficitarias y piden que se contemplen todos los recursos posibles, como las aguas superficiales, las subterráneas, las regeneradas y, en último caso, la desalación.
Aprobar nuevos trasvases complementarios a los ya existentes, completar el ciclo integral del agua, y fomentar la recogida de pluviales son otras de las propuestas recogidas por los regantes del sureste español por obtener apoyos específicos para fomentar el uso de las energías renovables en el riego, y reducir así el coste energético.
Pero siempre igual, según “El Economista”:
...el Gobierno debería haber destinado a mejorar el dominio público hidráulico más de 600 millones de euros entre 2015 y este 2016, como resultado de la aplicación del Canon hidroeléctrico, pero en las cuentas de la inversión del Estado central en materia de aguas no hay rastro de ellos. Y ni los ministerios de Agricultura y Hacienda, ni las confederaciones hidrográficas, ni otros organismos públicos consultados indican donde se están aplicando. En el sector del agua se da por sentado que, sencillamente, no se han presupuestado.
La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética estableció varios tributos con la finalidad de atajar el déficit de tarifa eléctrica. Con uno de ellos, denominado Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, aplicado sobre los ingresos por la venta de la electricidad de las centrales hidroeléctricas, se pensaban recaudar 300 millones anuales.
Sin embargo, la cartera que en aquel momento dirigía José Manuel Soria no tuvo en cuenta dos cosas importantes: la primera, que sólo podía aplicarlo en las cuencas que dependen del Estado central -no así en las internas de las comunidades autónomas, que son de su exclusiva competencia-, razón por lo que la recaudación se ha reducido hasta poco más de 200 millones al año, según la producción hidroeléctrica de cada ejercicio.
Y la segunda, mucho más importante, que la imposición ambiental suele exigir que estos tributos sean finalistas. Y en el caso del agua no hay discusión posible: los gravámenes que se apliquen sobre el agua deben tener el agua como destino de lo recaudado.

El sector del agua, que ha experimentado una fortísima reducción de inversión pública desde que estalló la crisis y que denuncia permanentemente el déficit que sufre -según la Planificación Hidrológica recién aprobada sólo se recupera alrededor del 60% de los costes-, montó en cólera cuando supo las intenciones de Industria, y así lo hizo saber en el Consejo Nacional del Agua.
El asunto anduvo bloqueado hasta que el Consejo de Estado lo aclaró a finales de 2014: el planteamiento de Industria era ilegal; los ingresos debían destinarse a la protección y mejora del dominio público hidráulico, esto es, las aguas continentales, los ríos, lagos y riberas.
La solución encontrada al embrollo, tal y como recoge el Real Decreto 198/2015, que regula la aplicación del Canon, fue que los Presupuestos Generales del Estado destinaran a dichas actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico "y las masas de agua afectadas por los aprovechamientos hidroeléctricos", "al menos un importe igual a la cantidad recaudada" y destinada a financiar el sistema eléctrico....
Pero un año después, como siempre, en los temas del agua para riego, de lo preceptuado... ...nada de nada.

Ahora al fin parece que el gobierno ha dado un paso al frente. Lo aprobado establece además, que los precios del término de potencia en principio no subirán, pero al mismo tiempo se  contempla posibles variaciones si la salud económica y financiera del sistema eléctrico lo requiere y todos recordamos que aunque la deuda del sistema eléctrico se ha reducido en unos 2.000 millones de euros en 2017, sigue siendo de 21.000 millones de euros y en cualquier momento podrá aplicarse lo de …."en principio". Recordemos todos que el término de potencia, por la existencia del famoso agujero eléctrico, por los precios políticos que han presidido nuestra energía eléctrica, se ha incrementado en más de un 1.000 % en los últimos ocho años, tras desaparecer las tarifas especiales para regadío provocando un aumento de más del 100% en la factura de la luz para el regadío haya sido superior al 100% en este periodo, con la subsiguiente pérdida de competitividad de nuestras empresas agrarias de regadío
La ley contempla además en la línea reclamada, desde hace ya más de diez años, por FENACORE:
. la modificación de la Ley de Economía Sostenible tratando sobre la posibilidad de sustituir las fuentes de energía convencionales por fuentes renovables, incluyendo instalaciones de autoconsumo en las explotaciones agrarias, tratando de promover y facilitar la producción de energía distribuida en zonas regables.
.  y la posibilidad a que de forma excepcional se pueda rebajar el conocido “impuesto al sol” para los consumidores estacionales, Los regantes venían pidiendo una revisión en profundidad del Real Decreto de Autoconsumo eliminando por completo este gravamen variable en función de la energía auto-producida a las instalaciones de más de 10 kw de potencia permitiendo así, impulsar la producción entre los medianos y grandes consumidores.
En resumen con la Ley aprobada puede logarse un escenario tarifario más competitivo porque, nadie dude que el sistema actual penaliza, nosotros siempre hemos dicho estafa, a los consumidores estacionales.
Sí así sí al fin hemos encontrado, estamos, en la buena dirección.
Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)


Título (obligatorio)


Nombre (obligatorio)


E-mail (obligatorio)


Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen superior
     
NOTA: Los comentarios son revisados por la redacción a diario, entre las 9:00 y las 21:00. Los que se remitan fuera de este horario, serán aprobados al día siguiente.
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de cronicaeconomica.com y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Todos los comentarios inapropiados, obscenos o insultantes serán eliminados.
cronicaeconomica.com declina toda responsabilidad respecto a los comentarios publicados.
Esta noticia aún no tiene comentarios publicados.

Puedes ser el primero en darnos tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué destacarías? ¿Qué opinión te merece si lo comparas con otros similares?

Recuerda que las sugerencias pueden ser importantes para otros lectores.
 Otros artículos de Aire Libre

Otra Autonomía que "toma las de Villadiego".

De nuevo, el agua de riego.

No creen que ya está bien de fomentar el subdesarrollo.

¿Para quien trabaja la CNMC?

¿Volvemos al consumo de leche cruda a granel? ¡No por favor!

Algo que debe aclararse por el nuevo Ministro.

Una buena noticia.

¡Cuidado! que viene curvas.

Alimentación ecológica sí o no.

Así sí Sr. Ministro.

© Copyright CRÓNICA ECONÓMICA, S.L. 2018 | Suscríbete al boletín | Mapa web | Contacto | Publicidad | Política de cookies | Política de privacidad | Estadísticas | RSS
Celindas, 25. 28016 Madrid.