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La AN archiva el caso "preferentes" contra Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Andreu ha acordado el archivo de la investigación a la antigua cúpula de Caja Madrid por las preferentes al no quedar acreditado que éstas se emitieran para "engañar a los inversores de forma global" aún sabiendo que no iban a recuperar su dinero.

Actualizado 18 mayo 2018  
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Redacción y Agencias
  
En un auto conocido hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en su último informe aseguraba que esta posibilidad "ni siquiera era fácilmente predecible en 2009" y rechazaba que los comerciales "recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados". Para el Ministerio Público, "resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado" tanto por Caja Madrid como por Bancaja, principales entidades que posteriormente pasaron a integrarse en Bankia, para engañar a los potenciales inversores.
Iniciadas en 2013, las pesquisas por presunta estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y administración desleal se dirigían contra los antiguos máximos responsables de Caja Madrid, lista en la que actualmente no figura quien fuera presidente de la entidad entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, contra el que quedó extinguida cualquier tipo de responsabilidad tras su fallecimiento el pasado julio.
Datos sobre devolución de híbridos de Caja Madrid y Bancaja
• Bankia ha devuelto su inversión, durante los seis últimos años, a más de 170.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas) emitidos por las cajas de ahorros que dieron lugar a la entidad (Bankia nunca ha emitido preferentes).
• El grueso, en cuanto a número de devoluciones, se realizó a través del proceso de arbitraje desarrollado por el banco en el año 2013. Por esta vía se retornó su dinero a más de 137.000 personas.
• Hubo otras personas que decidieron acudir a la vía judicial y, a través de estos procesos, el banco ha devuelto su inversión a unos 33.000 clientes.
• En total, Bankia ha devuelto 2.800 millones de euros a los titulares de híbridos emitidos por las cajas:
o 1.100 millones de euros a través del proceso de arbitraje
o 1.700 millones de euros a través de la vía judicial
• En 2013, y como parte del rescate de la entidad, la Comisión Europea impuso a Bankia que hiciera una quita a los inversores en preferentes e híbridos y canjeara estos productos por nuevas acciones del banco.
• La fuerte subida de las acciones de Bankia entre mayo de 2013 y marzo de 2014, periodo en el que se llegó a triplicar el valor, de 0,48 euros (1,94 euros tras el efecto del contrasplit, ejecutado en junio de 2017, de una acción nueva por cada cuatro antiguas) a rozar los 1,6 (6,4 tras el efecto del contrasplit), permitió a muchos inversores recuperar su inversión por esta vía.
• En torno al 75% de los inversores han recuperado totalmente su inversión mediante el proceso de arbitraje o la vía jurisdiccional. A esa cifra hay que añadir aquellos titulares que lo hicieron mediante la venta de acciones y que no podemos calcular porque no todas esas operaciones se realizaron a través de Bankia.
• En todo caso, es importante recordar que aquellos que no hayan recuperado toda su inversión de estas emisiones analizadas por la Audiencia Nacional tampoco perdieron el total, ya que la quita exigida por la Comisión Europea osciló entre el 14% y el 46% del capital invertido, en función de la emisión y el tipo de producto.
En concreto, pretendían esclarecer "si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera" el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas "utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia".
La decisión, llega dos años después de que el magistrado reactivara esta parte del caso y requiriera al Banco de España las agendas de las reuniones que mantuvo con directivos de la entidad entre 2009 y 2010 para conocer datos que pudieran tener un "impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad" de la caja. Ahora Andreu, cuya disposición puede ser recurrida, remite al informe de Anticorrupción, aportado a la causa el pasado 14 de mayo, y en el que ponía el foco en la emisión de preferentes por parte de Caja Madrid en 2009.
Según el Ministerio Público, la comercialización de este producto como forma de financiación entre clientes minoristas "ni fue una decisión aislada de la caja ni desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras que, antes al contrario, la autorizaron expresamente". Por ello, prosigue, "no puede afirmarse que la emisión fuera en sí mismo delictiva ni siquiera que revistiera alguna irregularidad significativa".
Respecto a las "debilidades" de las que alertó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2013, Anticorrupción subraya que afectaban fundamentalmente al diseño y redacción de los test de conveniencia y de idoneidad, y que Caja Madrid "atendió puntualmente todas las recomendaciones" del organismo.
De igual modo, descarta cualquier tipo de reproche penal en la comercialización de las participaciones emitidas por ésta y Bancaja en los años anteriores en tanto que "más allá de que pudieran estar prescritas", resulta "insostenible plantear que en aquellas fechas una remota situación de deterioro patrimonial que solo afloraría una década después". E insiste en que en el caso concreto de la emisión de Caja Madrid de 2004, los preferentistas "obtuvieron sin problemas la ganancia prevista", lo que motivó que la mayoría de ellos reinvirtieran en 2009 mediante el oportuno canje.
Circunstancia por la que "se hubo de ampliar el importe de los 1.500 millones de euros previstos (...) hasta los 3.000 millones de euros en que se fijó finalmente". La Fiscalía asegura que aunque "ha sido siempre consciente de la importancia del problema", una supuesta estafa supondría admitir que los responsables conocían ya en aquel momento que la caja "iba a situarse en una situación de insolvencia que despojaría de su inversión" a los clientes, algo que "no se ha acreditado".
De este modo, insta a los afectados a defender sus intereses en un procedimiento al margen, especialmente por la vía civil, "reservando la penal para aquellos casos individuales en los que se ha detectado indicios de delito de estafa por parte del empleado del banco" o por supuesto "abuso de la incapacidad" del inversor.
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