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Contraloría venezolana inicia proceso que podría inhabilitar a Guaido

Actualizado 11 febrero 2019  
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Norberto J. Méndez*
  
*Caracas, Venezuela*.- Elvis Amoroso, contralor general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, anunció la apertura de una investigación contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y que ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Amoroso aseguró que se realizará una auditoría patrimonial a Guaidó, un procedimiento que puede conllevar a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la sede de la Contraloría General de la República, ubicada en Caracas, en horas del mediodía de este lunes, Amoroso dio una declaración para informar el inicio del procedimiento. Amoroso afirmó que Guaidó “presuntamente ocultó o falseo datos contenido en su Declaración Jurada de Patrimonio y ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales sin ningún tipo de justificación”. Guaidó será objeto de un “procedimiento de auditoria patrimonial”.
Para el momento de la redacción de esta nota (1:50 pm, hora Caracas), Guaidó no se había pronunciado sobre el anuncio.
Amoroso fue designado el pasado 23 de octubre de 2018 como Contralor General por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dominada por militantes del chavismo y de la cual era vicepresidente. El procedimiento
para su nombramiento no respetó las funciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, con mayoría opositora). Amoroso fue diputado a la Asamblea Nacional del chavismo por el estado Aragua en dos períodos consecutivos del 2005 al 2015. El año pasado fue incluido en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos. También pesa sobre él una sanción similar de Panamá, por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Un viejo conocido
Desde su llegada al poder, las investigaciones de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Justicia han llevado a la inhabilitación de líderes de la oposición y, en menor medida, a representantes díscolos del chavismo.
Por ejemplo, en el año 2017 fueron inhabilitados por 15 años por Contraloría los gobernadores de los estados de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y de Amazonas, Liborio Guarrulla. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prisión por 15 meses y la inhabilitación política por similar período de los alcaldes opositores Ramón Muchacho, Alfredo Ramos, David Smolansky, Gustavo Marcano y Carlos García Odón.
María Corina Machado, dirigente del opositor Vente Venezuela, fue objeto en 2015 de una inhabilitación por un período de 12 meses. En su caso, la Contraloría consideró que Machado no había declarado el beneficio de alimentación que había recibido siendo diputada a la Asamblea Nacional, ese procedimiento frenó su aspiración a presentarse como candidata a la AN.
Otro caso emblemático es el de Leopoldo López, líder del socialdemócrata Voluntad Popular, que recibió dos sanciones: seis años de inhabilitación a partir de 2008, por una sentencia del TSJ a raíz de una donación que Pdvsa dio en 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia, de la que López formaba parte y que luego se convirtió en partido político; y a la que siguió otra inhabilitación de tres años a partir de 2014, esta vez de la Contraloría por el supuesto traspaso de recursos de una partida a otra y que López autorizó sin contar con el procedimiento adecuado.
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