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Semana del 10 al 17 de febrero de 2019.

Sin presupuestos, y dentro de poco sin carne

Umnos presupuestos increibles e imposibles que terminaron en la papelera

Semana dominada por la caída de los presupuestos presentados por el partido de Sánchez, con la colaboración de todos los que quieren ver una España destruida. Pero, al margen de cualquier consideración política, los presupuestos, ya retirados eran, para el sector agrario una pura filfa. Así han sido considerados por todos los que desde hace tiempo nos dedicamos a comentar las políticas agrarias de nuestro país.

Actualizado 21 febrero 2019  
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Redacción Agrolibre
  
“El nuevo presupuesto que se presenta como respuesta en diferentes cuestiones sociales, mira para otra parte cuando toca al sector agrario.
Comentarios.
Dejando a un lado la aportación prácticamente fija de casi ese 90% de los fondos que vienen de Bruselas, a los que también aporta su parte el Gobierno español, los 5.800 millones del Feaga y los más de 1.000 millones de los fondos para desarrollo rural, en la casi totalidad de las demás partidas también manda la continuidad, con ligeras rebajas. Y donde no hay, con unos presupuestos de 7.861 millones de euros con un incremento del 0,62%, no se pueden hacer malabarismos. En consecuencia, en todas las políticas de competitividad y calidad, desde la producción a la industria alimentaria, la forestal, o las actuaciones de mejora de las estructuras de regadíos, manda la continuidad. La prácticamente única excepción se halla en el incremento de los fondos para los seguros agrarios en 30 millones hasta los 241, un 14,2% más. Se trata simplemente de una partida más realista que va a suponer no tener que aumentar este año con créditos extraordinarios en cien millones la partida inicial de 211 millones de fondos prevista inicialmente para apoyar el pago de las primas.
En unos presupuestos en cuyo eje se han situado los aspectos sociales para apoyar a los menos favorecidos; donde la exigencia de eso del empoderamiento se ha hecho habitual para determinados colectivos, pues sorprende que se hable de despoblamiento del medio rural, de la falta de relevo, de falta de lo servicios generales de los que disfrutan los ciudadanos del medio urbano y casi nada de eso se recoja en esas nuevas cuentas públicas, en unos bajo su gestión en Agricultura y en otros en otros departamentos ministeriales, sin olvidar la responsabilidad en las mismas actuaciones en los presupuestos de las Comunidades Autónomas que conocen mejor que nadie las necesidades y los aspectos a superar.
Uno de los objetivos más importantes del actual responsable de Atocha es luchar contra el despoblamiento, el apoyo a los jóvenes, la digitalización, la mujer rural, la banda ancha…. Todo necesario, y urgente, pero antes de que no quede nadie, aunque para ello, lo importante sería comenzar por el principio, apostar por mantener la vida en el medio y, eso solamente se logra con actividad y rentabilidad, actividad no solamente agraria, y no en pueblos como el mío con siete vecinos de edad que ya nos podemos dar por muertos. Y, para ello, sobran mensajes, buenismos, programas de consultoras y faltan alicientes reales y concretos en materia de inversiones, incentivos, exenciones fiscales, impuestos, para que al mensos mantenga la actividad comarcal dando lugar a un tejido a su alrededor. No hay que ir a estudiar a Salamanca, ni montar una consultoría”. Vidal Maté dixit y con toda razón.
Pero, aunque ustedes no se lo crean, los ecologetas están empeñados en terminar con el sector ganadero. Nosotros ya lo anunciábamos hace años y en concreto lo reiterábamos hace un par de semanas y una vez más la realidad nos ha dado la razón.
Para Luís Ferreirim, licenciado en Filosofía por la Universidade Nova de Lisboa. Post-grado en Filosofía de la Naturaleza y del Medio Ambiente por la Universidade de Lisboa, máximo responsable de la Campaña de Agricultura en Greenpeace España:
“la ciencia nos dice a gritos que hay que reducir la producción y el consumo de carne y que en nuestra dieta deben predominar los alimentos de origen vegetal. Sin embargo, en Europa, la inmensa mayoría de las tierras agrícolas se destinan a la producción de alimentos para animales y se intensifica la producción en macrogranjas. Aquí hay algo que no cuadra.
El informe “Alimentando el problema. La peligrosa intensificación de la ganadería en Europa” pone sobre la mesa nuevos datos ante los cuales no nos deberíamos quedar indiferentes. Las cifras muestran la deriva de la agricultura europea hacia un modelo destructivo que pone en peligro nuestra salud y la del planeta. Y, lo que es más preocupante, este modelo está siendo financiado con nuestro dinero, con el dinero de todas las personas a través de la Política Agrícola Común, más conocida como PAC. La PAC se lleva casi el 40% del presupuesto total de la UE y los políticos, con su apoyo a esta medida, están siendo cómplices de un modelo que atenta contra la salud pública y el medio ambiente.
Aquí siete datos para alimentar la reflexión:
. Más del 70% de las tierras agrícolas (incluyendo pastos) de la UE no se destinan a alimentación humana sino de ganado;
. Entre el 69 y el 79% del total de los pagos directos de la PAC (y alrededor del 20% del presupuesto total de la UE) se destinan a estas tierras agrícolas;
. En España, dos terceras partes de las tierras cultivadas con cereales, semillas oleaginosas, leguminosas, hortalizas de raíz, entre otros cultivos, se destinan a alimentar animales y no personas;
. En España, entre 2004 y 2016, se redujo un 27% el número total de granjas agrícolas, habiendo desaparecido totalmente las granjas más pequeñas, pero a la vez se incrementó un 96% el número de las más grandes;
. En España, casi el 80% de la carne y lácteos ya se produce en macrogranjas, que presentan mayor impacto ambiental y socioeconómico;
. España se encuentra entre los cuatro mayores productores europeos de carne de porcino, ovino, caprino y entre los tres mayores de carne de ternera;
. Actualmente en España el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves de corral y el 80,6% de la leche y otros productos lácteos se concentra en granjas grandes y muy grandes (con una producción económica anual de entre 100.000€ y 499.999€ y de 500.000€ o más respectivamente);
Es incuestionable el impacto que tiene la ganadería industrial sobre el planeta, así como el que tiene el desmesurado consumo de carne y otros derivados animales sobre nuestra salud. Precisamente, un reciente informe científico urgió a reducir el consumo de carne roja en Europa un 77%, estableciendo en 301 gramos el consumo (opcional) total de carne a la semana para lograr una “dieta de salud planetaria”. España es el segundo país de Europa donde más carne se consume: unos 257 gramos diarios según los últimos datos de la FAO. Así, siguiendo las recomendaciones científicas deberíamos reducir un 83% el consumo total de carne.
La futura PAC debe ser una apuesta clara por un modelo agrícola que respeta los límites planetarios, que es beneficioso para nuestra salud, que contribuye a reducir el desperdicio alimentario, a paliar el hambre en el mundo y a mantener un entorno rural vivo. Desde luego la futura PAC no puede seguir impulsando la agricultura y ganadería industriales. La futura PAC debe ser una apuesta decidida por la agroecología y por un modelo que fomente dietas menos cárnicas y el saludable consumo de alimentos de origen vegetal.
Di con nosotros ¡No más macrogranjas! y firma nuestra petición por un modelo agro-alimentario sostenible. ¡Qué les parece!
Hoy les adjuntamos, para que ustedes se den cuenta del problema, como documento semanal, el panfleto citado “Alimentando el problema”.
¿Y ante estos ataques, tan absolutamente, donde están el MAPAMA y las Organizaciones Profesionales? Porque a posteriori hemos conocido que la base de datos del folleto es absolutamente acientífica.
Terminemos reseñando la noticia, una más de OK Diario sobre la financiación ilegal de Acuamed, la financiación ilegal, donde la ex ministra socialista de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tiene que declarar en los juzgados.
Narbona, nos recuerdan, era la ministra de Medio Ambiente durante los meses previos a la campaña electoral que permitió revalidar el mandato al presidente Rodríguez Zapatero. Acuamed era la sociedad pública dependiente de ella que gestiona las desoladoras. Y la Audiencia Nacional investiga el destino de 13,96 millones de euros de las cuentas de Acuamed a campañas políticas en favor del PSOE como mecánica de financiación ilegal del partido. Narbona, además, exigió que otros 7,5 millones de euros fuesen exigidos a las empresas concesionarias de las desatadoras con idéntico fin.
 
Noticias.
-La agricultura y ganadería en nuestro país en los próximos años se va a encontrar delante de enormes problemas. La competencia en los mercados internacionales crecerá. La pérdida de población en el área rural continúa y todo ello en un contexto donde el cambio climático ejercerá cada vez mayor presión.
Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales como cereales, que necesitan temperaturas bajas en amplias zonas del país; mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado; bajada de productividad y rendimiento de cultivos; así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.
Pero sin esperar al futuro inmediato, al día de hoy, sabemos que la agricultura y ganadería actual, industrial y globalizada, se encuentran en una encrucijada histórica y que ha de resolverse urgentemente, porque este modelo ha dejado de servir al interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, se ha convertido en una amenaza.
Este modelo, basado en el uso de insumos derivados del combustible fósil, es uno de los que más contribuye al cambio climático, tanto por sus emisiones como por el uso químicos y pesticidas que arrasan la biodiversidad y fertilidad de los suelos. Se calcula que el 40% de las emisiones provienen del sistema alimentario actual. O si lo quieren ver más claro, por ejemplo, un sector emisor de gases como es la industria de fertilizantes nitrogenados de síntesis, teniendo en cuenta todo su ciclo y la producción total. Este sector emite más de 20 millones de toneladas de CO2 y la principal empresa, Fertiberia, 15 millones (el equivalente a las emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos). Un modelo incompatible con la preservación del medio ambiente, que es la agenda en la que nos jugamos el futuro inmediato. Háganse una idea, cada año 23 estadios de fútbol se llenan de purines por los 30 millones de cerdos que producimos es España
Es obvio que necesitamos acabar con esta inercia si realmente queremos luchar contra el cambio climático, y lo debemos hacer antes que el resto de países de la UE. Debemos caminar rápido hacia un sistema que produzca los alimentos sanos, de forma sostenible, y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero.
Pero para esta enorme transformación del agro y la alimentación, necesitamos un elemento clave, que es el desarrollo y avance a la agricultura de pequeña escala. No se puede abordar este cambio sin agricultores y agricultoras como es obvio.
Y, en realidad, los tiros no van por aquí, sino que la actual la deriva es hacia la concentración de la tierra en pocas manos, destruyendo empleos y por tanto población. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. Pero es que, en nuestro país, además, en solo diez años 6 de cada 10 agricultores activos se jubilaran y no hay relevo.
Para revertir este proceso y cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático es evidente y a nadie se le escapa, que ya sobre la mesa debería existir una ley que planifique y ordene esta necesaria transición ecológica de nuestra agricultura y ganadería. Este plan para la transición agrícola debería ser valiente y empezar con medidas rápidas como el abandono de cultivos destinados a los agro-combustibles. La prohibición e incentivos para el abandono de usos de plaguicidas, como el glifosato, nicoticoides etc. Prohibición de instalación de mega-granjas de animales, así como determinación de máximos de cargas ganaderas por región y por granja.
Prohibición del cultivo de transgénicos. Es decir, medidas que limiten la expansión de un modelo contrario a los objetivos de transición y otras que apunten en la dirección de desarrollo del modelo que queremos, como el aumento del cultivo de plantas forrajeras autóctonas y bajar la dependencia de soja importada, incentivación del uso de energías renovables, energía solar, etc. Control y adecuación del uso de agua y el abandono de cultivos insostenibles. Políticas públicas de incentivación de la alimentación saludable, empezando por la inversión en circuitos cortos, compra pública, en infraestructuras agrarias y ganaderas adaptadas a la producción de pequeña escala. Entre ellas, medidas de eco-fiscalidad que graven las prácticas más negativas y externalidades medioambientales como los residuos de las granjas intensivas o uso de plaguicidas y las que ayuden a los modelos más sostenibles.
No me extiendo más en cuanto a medidas, pero todas ellas deben tener dos elementos comunes y transversales. Por un lado, el Estado debe garantizar recursos económicos y apoyo financiero para la transición a la agricultura ecológica y diversificación de cultivos. No podemos cargar sobre la agricultura familiar después de todo, los costes de transición, sino todo lo contrario.
Es, además, urgente el establecimiento de un plan de subvenciones y de remuneración por los servicios ‘a lo público’ generado por los modelos de producción sostenible, como la preservación el medio ambiente, captura de carbono, gestión del territorio, o de lugares específicos como zonas secas.
Pero también hará falta un sistema de formación y apoyo a la instalación de nuevos agricultores, mejora de los sistemas de transferencia y acceso a tierras, financiación de proyectos colectivos, así como apoyo específico para la adaptación y mitigación en algunos.
Por tanto, ya ven, la transición agrícola nos afecta a todos, pero sin agricultores y agricultoras este no será posible, y estamos en tiempo de descuento. De otra forma olvídense de tener en el futuro alimentos sanos, frescos, a precios asequibles, producidos en entornos rurales vivos y sostenibles.
Ya vamos tarde.
La Marea. Javier Guzmán
 
-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado hoy la creciente importancia económica y social que el sector de los animales de compañía está adquiriendo, tanto en la Unión Europea como en España, con más de 8 millones de animales registrados a nivel nacional, de los que el 90% son perros, y un nivel de negocio en Europa de 22.300 millones de euros, de los que 1.321 millones de euros corresponden a España.  También ha destacado el compromiso del Ministerio con el cuidado de su bienestar y protección mediante distintas iniciativas, especialmente el Plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales de compañía.
Un Plan en cuyo marco se puso en marcha, el año pasado, la Campaña #eresresponsable, que contempla distintas actuaciones, para concienciar a la sociedad sobre la responsabilidad y el compromiso que supone compartir la vida con un animal de compañía. 
A esta campaña se han adherido hoy cuatro entidades, como son el Colegio General de Colegios Veterinarios de España; la empresa ALSA, las asociaciones Veterindustria y la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, que han suscrito cuatro Protocolos para impulsar la tenencia responsable de animales de compañía, divulgando y reforzando las actuaciones del Ministerio en materia de bienestar animal.
El Consejo General de Colegios Veterinarios dando a conocer la campaña a los 33.000 profesionales en toda España, a través de los colegios provinciales; la empresa ALSA, que transporta a más de 333 millones de viajeros al año, difundiendo los mensajes de tenencia responsable en los servicios que gestiona y las Asociaciones Veterindustria y ANFAAC apoyando la campaña a través de sus medios y redes sociales.
Una adhesión que el ministro ha valorado positivamente, ya que supone el compromiso de los firmantes para divulgar los mensajes a través de sus medios, contribuyendo así a reforzar y dar visibilidad a las actuaciones del Ministerio en materia de bienestar de los animales de compañía.
PLAN DE ACTUACIONES PARA LA TENENCIA RESPONSABLE
El Plan de actuaciones para la tenencia responsable de animales de compañía, ha recordado Planas, es una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio tras la adhesión de España al Convenio Europeo de protección de animales de compañía, que entró en vigor en febrero del pasado año.
Tiene, ha añadido el ministro, tres objetivos fundamentales como son promover un cambio de actitud en la relación con los animales; fomentar la adhesión, para que más entidades colaboren con el Plan y se sumen con sus propias iniciativas y avanzar en la ordenación y transparencia del sector, no sólo por razones de bienestar animal, sino también por evidentes motivos de seguridad y salud pública.
A esta iniciativa del Departamento, ha señalado el ministro, se unen otras actuaciones que se están poniendo en marcha en distintos ámbitos. Así, para facilitar el acceso a la normativa sobre animales de compañía, se ha publicado en la web del BOE un código electrónico que recopila el compendio legislativo en esta materia.
También se está promoviendo un acuerdo sobre la venta por internet, con las principales plataformas de anuncios, para que eviten aquellos establecimientos o individuos que no cumplen la normativa vigente.
Además, ha añadido Planas, vamos a elaborar tres protocolos sobre el transporte de animales de compañía, para dar a conocer las condiciones en las que tienen que viajar de forma segura y protegidos, tanto en el ámbito privado, como en transportes colectivos.
Por último, el ministro ha explicado que se está trabajando en un Real Decreto en materia sanitaria y de bienestar animal de los núcleos zoológicos (criadores de animales, tiendas, centros de protección animal, etc.) que, sin duda, contribuirá a la ordenación del sector y a mejorar su transparencia.
MAPA.

-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado hoy su satisfacción, tras la aprobación en el Pleno de la Eurocámara del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos, que permitirá que unos 90 buques españoles principalmente de Andalucía, Canarias y Galicia vuelvan a faenar en aguas marroquíes.
El nuevo acuerdo alcanzado el pasado 20 de julio incluye mejoras para la operatividad de los barcos entre los que destacan una mayor flexibilidad para el cumplimiento de la obligación de desembarque en los puertos marroquíes o el mantenimiento del valor del canon de acceso al caladero que utilizan los barcos españoles.
El Protocolo anterior expiró el pasado 14 de julio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció, hasta que el nuevo acuerdo sea efectivo, un plan de contingencia para los buques afectados por la suspensión de la actividad, con ayudas para armadores y tripulantes.
Estas ayudas se convocaron mediante dos órdenes ministeriales. El pasado mes de octubre para los armadores, por un importe de 487.000 euros, y en diciembre pasado para los tripulantes, con un presupuesto de 580.000 euros.
Con una duración de 4 años, el nuevo acuerdo supone una contrapartida financiera de 50 millones de euros al año para la UE, en concepto de acceso al recurso, apoyo sectorial y pago del canon por los armadores.
De las 138 licencias posibles para el conjunto comunitario, 93 corresponden a España en las distintas modalidades:
22 licencias para pesca artesanal Norte al cerco;
25 para pesca artesanal norte al palangre de fondo;
10 licencias para pesca artesanal sur a las líneas y cañas;
12 para pesca demersal, arrastreros y palangreros de fondo;
23 para pesca de atún, cañas y líneas y
1 licencia para pesca pelágica industrial.
La aprobación hoy por la Eurocámara del nuevo acuerdo de Pesca es un paso decisivo para facilitar de nuevo el acceso al caladero marroquí de los buques españoles. El Parlamento marroquí debe ahora ratificar dicho acuerdo, que tendrá que ser firmado por el rey Mohamed VI de Marruecos, por lo que una vez formalizados estos últimos trámites se espera que los barcos puedan volver a faenar en aguas marroquíes antes del verano.
 
-La Asociación de Compradores de Aceitunas de Extremadura ha exigido este lunes 11 que se investigue un “presunto fraude millonario” a la Hacienda pública en el cobro del IVA por las producciones de uva y aceituna con una facturación superior a los 250.000 euros.
Tras criticar que se trata de un asunto “muy silenciado”, explica que cuando un agricultor vende su producción recibe un pago equivalente al 10 por ciento de la facturación en forma del IVA.
Señala que el límite establecido es que ésta no supere los 250.000 euros, de modo que a partir de este límite no se cobra este porcentaje.
Sin embargo, denuncia que existen agricultores que superan esta cifra, pero “que hábilmente asignan estos excesos a familiares o a otros pequeños agricultores” que no rebasan esta cantidad con el fin de poder hacer efectivo el cobro del IVA, “lo que claramente es un fraude”.
Por ello, según informa la asociación en una nota, ha solicitado a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas que se investigue este presunto fraude.
A su juicio, sería “fácil” que instituciones como la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil controlaran la producción real y el cobro del IVA, sobre todo en el caso de los grandes productores agrícolas.
Según indica, disponen de los medios suficientes para comprobar que estas producciones se ajustan a la realidad estudiando datos como el número de jornales pagados en los períodos de recolección o la utilización de servicios externos de maquinarias cosechadoras que justifiquen una menor contratación de estos.
Asimismo, la asociación pide que los grupos políticos tomen también las medidas oportunas para instar a las diferentes entidades y organismos públicos a investigar.
Frente a esta situación “silenciada” del cobro del IVA, lamenta que los compradores de aceitunas están frecuentemente sometidos a un “control asfixiante” por parte de las administraciones públicas.
Critica además que la normativa regional que regula el rebusco de uvas y aceitunas tenía como objetivo “cargárselos”, pese a ser “muy importante” en el sostenimiento económico de muchas familias humildes, sobre todo en los períodos de desempleo y precariedad.
Agroinformación.
 
 
-Los Presupuestos de la Unión Europea 2021-2027 no se aprobarán antes de las Elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El motivo: una disputa agrícola entre Francia y Alemania.
El hecho de que se tengan que aprobar los Presupuestos de la Unión Europea por unanimidad está complicando mucho su luz verde, toda vez que no hay acuerdo entre Francia y Alemania, y los galos no quieren ceder antes de las europeas por las reducciones en inversión pública esperadas en la política agraria, y el posible malestar que pueda generar entre sus agricultores.
En una comida informal, los embajadores de la UE han tratado dos temas clave para el presente de los países comunitarios: la inmigración y las perspectivas financieras. Además de mostrar sus preocupaciones sobre el asunto migratorio, los representantes de cada país de la Unión han acordado no aprobar antes de las europeas los Presupuestos, que deberían ver la luz antes del mes de mayo.
Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, se espera una modernización en la política de cohesión, que es la principal política de inversión de la UE y una de sus manifestaciones de solidaridad más concretas. “Se necesitan nuevos esfuerzos de inversión para subsanar las diferencias que persisten, tanto nacionales como entre los Estados miembros”, explican desde la UE, que contará con un presupuesto de 373.000 millones de euros en compromisos para 2021-2027.
“Los recursos se seguirán destinando a las regiones que más necesitan alcanzar al resto de la UE. Al mismo tiempo, la política de cohesión continuará siendo un enlace sólido y directo entre la UE y sus regiones y ciudades”, señalan desde la UE.
La Comisión Europea (CE) insistió en diciembre a los Estados miembros en que el presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) debe finalizarse durante el año 2019, para que pueda ponerse en marcha en 2021, evitando así retrasos en pagos, como sucedió con las cuentas comunitarias entre 2014 y 2020.
El comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, presentó entonces una comunicación que Bruselas remite al Consejo Europeo, los líderes de los países de la UE, para pedirles un “fuerte liderazgo político” para alcanzar pronto un acuerdo sobre las cifras del futuro Marco Financiero Plurianual (MFP).
“El Consejo Europeo debería alcanzar un acuerdo político sobre el nuevo presupuesto a largo plazo en octubre de 2019. Esto permitiría su adopción por parte del Consejo a finales de 2019, tras el consentimiento del Parlamento Europeo”.
Oettinger reconoció que la perspectiva de las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE), que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, “no hace más fácil” el procedimiento de negociaciones del presupuesto, para el que la Comisión presentó la primera propuesta en mayo de este año.
El comisario alemán señaló el progreso que las tres instituciones han realizado desde junio para fijar su posición negociadora y comenzar las negociaciones a nivel técnico, pero añadió que, una vez decididas las posturas de partida, es el momento de pasar a las conversaciones “políticas”.
El Consejo Europeo, que celebra la próxima semana su última cumbre del año, tiene en su agenda este punto “importante” según Oettinger, que confió en que la discusión presupuestaria no se vea afectada por el resultado del voto en la Cámara de los Comunes británica sobre el acuerdo del “Brexit”.
OKDiario.
 
- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el actual estado de debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha presentado propuestas que “reflejan la realidad y necesidad del sector productor y que deberían en todo caso ponerse en marcha”.
La creación de un gasóleo agrícola y la adecuación del coste eléctrico de regadíos, mejoras en sanidad animal y vegetal, la corrección de los excesos del IBI en las construcciones agrarias, medidas de apoyo a sectores en crisis, aumento de los medios contra los robos en las explotaciones y el control de la fauna silvestre para prevenir daños a la agricultura y la ganadería, son algunas de las propuestas que Unión de Uniones pedirá a los Grupos Parlamentarios que incluyan en sus enmiendas parciales si el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales pasa el corte de los debates de enmiendas a la totalidad y que, considera, son medidas que podrían y deberían adoptarse aún en el caso de prorrogarse los actuales presupuestos.
“NO SE TRATA DE GASTAR MÁS, SINO DE QUE EL PRESUPUESTO EN VEZ DE CONTAR CON DINERO DE MONOPOLY, TENGA PARTIDAS REALES Y QUE SE GASTEN”
Unión de Uniones se muestra muy crítica con el grado de ejecución presupuestaria: “No es que los presupuestos sean insuficientes” –expresan- “es que ni siquiera se gastan el dinero del que disponen”, en alusión al hecho de que entre 2015 y 2017, el Ministerio haya dejado sin utilizar casi 6.500 millones de euros.
En este sentido, la organización señala que el grado de realización es sólo aceptable para el montante de fondos finalistas que constituyen los pagos directos de la PAC, mientras que el capítulo de inversiones no se alcanza el 60% de ejecución y el de transferencias de capital, en el que se encuentran la medida de desarrollo rural, queda por debajo del 70%.
Asimismo, tras analizar detalladamente el proyecto de PGE relativos al Ministerio de Agricultura, la organización destaca que el Gobierno se limita a mantener la decepcionante tendencia de ejercicios pasados, perdiendo nuevamente peso en el conjunto de los presupuestos generales del Estado, pasando a ser sólo el 1,66%.
El sector necesita una apuesta más contundente en materia de inputs, maquinaria o fiscalidad. La organización centra entre sus enmiendas a la sección de agricultura, entre otras, potenciar el plan RENOVE agrícola y subir el apoyo de la Administración General del Estado al funcionamiento de los programas de desarrollo rural. Estas medidas se alimentarían con un mejor criterio de gasto. “No se trata de gastar más, sino de que el presupuesto en vez de contar con dinero de monopoly tenga partidas reales y que se gasten”.
Además, Unión de Uniones propone tocar en el articulado de la Ley cuestiones que tienen que ver con una mejor fiscalidad agraria (reducción del IVA para los inputs y corrección de valoraciones catastrales excesivas); la creación de un gasóleo agrícola profesional y la adecuación de los costes eléctricos para los usos agrarios (en particular el regadío) y superar discriminaciones para los trabajadores agrarios por cuenta propia en algunos aspectos de seguridad social para reducir los costes sociales en la contratación de temporeros y mejorar el cálculo de las pensiones.
NORMAS EN LA CADENA ALIMENTARIA MÁS JUSTAS, SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL Y MAYOR SEGURIDAD EN EL CAMPO
Igualmente, Unión de Uniones señala que para que el sector avance, es importante dotarlo de instrumentos y mecanismos que lo hagan funcionar mejor y que eviten los desequilibrios que se están dando desde hace tiempo. Así, señala que en los Presupuestos Generales hay que dotar a la AICA para incrementar sus actuaciones para evitar que se produzcan fraudes e impulsar también los sectores que están en crisis a través de medidas más precisas.
Por otro lado, Unión de Uniones quiere poner de relieve también la escasa apuesta que actualmente está teniendo el MAPA con respecto a la sanidad animal y vegetal que, por desgracia, está afectando a muchas explotaciones. Ejemplos claro siguen siendo la Xylella, sobre todo en la zona del Levante, o la tuberculosis o brucelosis, un hecho que se agrava si se le suman los numerosos ataques de lobos que muchas ganaderías vienen padeciendo.
La organización propone también iniciar en el presente ejercicio actuaciones que trascenderían los presupuestos de 2019 para proporcionar medios adecuados a las fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir eficazmente los robos en las explotaciones agrarias, que el Estado haga frente a sus responsabilidades en el control de la fauna silvestre para prevenir y compensar los daños que las sobrepoblaciones ocasionan a la agricultura y la ganadería y emprender un Plan contra el abandono y el declive de nuestros pueblos.
Por todo esto, Unión de Uniones inicia este martes 12 una ronda de reuniones con los Grupos Parlamentarios para presentarles sus propuestas y poner a su servicio el análisis detallado realizado por el equipo técnico de la organización.
Agroinformación.

- La Estación Experimental Aula Dei-CSIC (EEAD-CSIC) y la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Deia trabajan en el proyecto PENNYFUEL, del programa Retos de Colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad. Consiste en el uso de la mala hierba pennycress en barbecho para la producción de biodiésel. Se quiere demostrar su viabilidad técnico-económico-medioambiental. Junto con la citada Estación Experimental y la citada Fundación, los socios de este proyecto son las empresas PROCASE (que lidera el proyecto) y OLEOFAT TRADER, así como el centro tecnológico Fundación Cartif.
Desde la Estación Experimental Aula Dei-CSIC, con los investigadores Miguel Alfonso Lozano y M. Victoria López Sánchez, se apuntan los siguientes detalles sobre este proyecto:
“El principal aspecto innovador de este proyecto se basa en la utilización de la especie vegetal Thlaspi arvense (pennycress), no cultivada en Europa, que posee una gran cantidad de aceite en la semilla (entre un 32 y un 42 por ciento en peso), lo que representa más del doble que la soja y muy similar al obtenido en colza o camelina, especies utilizadas actualmente para la producción de biodiésel.
Sus características como su alto contenido en ácido graso erúcico, que no está presente en el aceite de otras especies utilizadas para la producción de biocombustible (como la soja o la camelina), supone una ventaja tecnológica por cuanto mejora propiedades básicas de los biocombustibles.
El combustible obtenido del aceite de pennycress no sólo cumple las Normas EN14214 y USA ASTMD6751 sino que mejora la calidad de cualquiera de los biocombustibles disponibles en el mercado.
Además, no tiene ningún tipo de uso agroalimentario y la estrategia de cultivo propuesta se basa en la utilización de tierras en barbecho, en la rotación cereal-barbecho común en la región mediterránea de la Unión Europea, no generando ningún tipo de competición por el uso del suelo con otros cultivos agroalimentarios.
La identificación de la especie vegetal (Thlaspi arvense) fue realizada por miembros del equipo investigador de la EEAD-CSIC.
El conocimiento adquirido hasta el momento en cuanto a la capacidad agronómica del cultivo y de las propiedades del aceite de su semilla constituye el embrión de este proyecto.
Aunque existe registro botánico de Thlaspi arvense en todo el territorio de la Unión Europea, no se cultiva en Europa.
Es una especie no domesticada en la que no se han aplicado programas de mejora dirigidos a incrementar el contenido en aceite o su capacidad agronómica, y por tanto posee un amplio margen de mejora de su capacidad agronómica y de obtención de aceite de calidad.
Aunque el cultivo de pennycress se ha desarrollado ampliamente en los últimos años en Estados Unidos, su semilla no está disponible comercialmente en Europa, y por tanto es necesario el cultivo de pennycress para la obtención de semilla y aceite, previos a la obtención del combustible.
Al tratarse de un cultivo muy técnico, como ocurre con otras brasicáceas cultivadas actualmente (colza, camelina… …), un objetivo adicional es la elaboración de un protocolo de manejo agrícola del cultivo de pennycress para hacerlo disponible a los agricultores, que son uno de los usuarios objetivo de este proyecto”.
Diario del Campo.

-Pedro Barato, presidente de ASAJA, insiste en que se debe dar prioridad al presupuesto a la PAC a partir de 2020. El máximo representante de la organización agraria rechaza frontalmente cualquier recorte en la Política Agraria Común al entender que “la renta de los agricultores debe estar garantizada”. Y así lo defenderá este jueves en Lisboa, en el marco del I Congreso Ibérico del Maíz.
Barato incide en que “el sector no puede soportar nuevas reducciones presupuestarias que, además, no tienen ninguna justificación”. Es más, sostiene que “la PAC no debe pagar los platos rotos del Brexit”. Barato también rechaza la reducción de la aportación comunitaria de un 10% en los Fondos de Desarrollo Rural, porque “el FEDER debe seguir formando parte de los fondos estructurales”.
Recuerda que las decisiones presupuestarias en el capítulo agrícola se toman por unanimidad del Consejo Europeo, por lo que entiende que es fundamental mantener la presión frente a los países que quieren una PAC más débil.
En cuanto al desarrollo normativo, desde ASAJA defienden una simplificación burocrática real, tener un plan estratégico único para España -evitando la ‘regionalización’- y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC sin transferencias, especialmente del primero al segundo.
España destina cerca de un 15% de la PAC al segundo pilar y va a tener serios problemas para remediar el brutal recorte de los fondos destinados a Desarrollo Rural. Pedro Barato dice que “el dinero de la PAC donde mejor está es en el bolsillo de los agricultores”, por lo que la organización agraria apuesta por los pagos directos del primer pilar, “porque son la principal garantía de renta de las explotaciones agrarias”.
Desde la organización agraria exigen que los pequeños productores no sean usados como arma arrojadiza para atacar a los profesionales de la agricultura a través del ‘juego de porcentajes’, el famoso 80-20 con el que el 80% de las ayudas PAC van a parar al 20% de los beneficiarios.
Hasta ahora es solo una propuesta, pero si finalmente se impone el ‘capping’, el establecimiento de un techo de ayudas que obligará a muchos agricultores a dividir sus explotaciones.
Asimismo, Pedro Barato reivindicará desde Lisboa mayor protagonismo para los jóvenes agricultores. “El relevo generacional debe ser un objetivo prioritario, así como cualquier herramienta de lucha contra el despoblamiento del medio rural”, incide.
Para conseguir una buena Política Agraria Común, ASAJA apuesta también por la innovación, necesaria para la producción, mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático. Y es que otro eje fundamental debe ser el regadío, con una política sostenible y, al mismo tiempo, productiva, rechazando las eventuales restricciones a la inversión en regadíos que se puede interpretar de la propuesta de la nueva PAC.
LANZA.

-No hubo sorpresa y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que propone el Gobierno de Pedro Sánchez fueron tumbados este miércoles 13 en la votación de las enmiendas en el Congreso, con lo que se consuma el anunciando final anticipado del primer Gobierno surgido de una moción de censura en democracia. A la espera de que se confirme la fecha del adelanto electoral, lo cierto es que el sector agrario puede contar con su tercer ministro de Agricultura en menos de doce meses.
Una posibilidad real que, según algunas fuentes, puede producirse gane quien gane los próximos comicios. Aún en el caso de que repitieran los socialistas, no está nada claro que el actual titular del MAPA, Luis Planas, siguiera en el cargo, ya que ha mostrado su interés en poner su futuro en Europa y, según fuentes socialistas, no se descarta a sí mismo como posible candidato a comisario europeo de Agricultura en sustitución de Phil Hogan. Aunque para eso se deberán celebrar antes las elecciones europeas de mayo.
Por su parte, si ganase la derecha las elecciones con el PP como fuerza más votada, la previsión lógica podría ser que la ex ministra Isabel García Tejerina regresara al Ministerio, pero en el seno del PP se recuerda que en la última remodelación de Mariano Rajoy ya se hablaba de que podría ocupar un puesto en otra área más económica. De hecho en esta época de liderazgo de Pablo Casado ha tenido bastantes peso en muchas cuestiones… menos en temas de agricultura, incluida la polémica sobre la educación de los niños andaluces.
Una tercera oportunidad sería que, gane quien gane y con los pactos más que probables que haya que hacer, la cartera de Agricultura recaiga en un tercer partido y, por lo tanto, en un tercer ministro, lo que, sea quien sea, tanto cambio no siempre es bueno para el sector.
Otra cuestión importante será saber que quien se haga cargo de esta cartera compartirá o no responsabilidades con Medio Ambiente. Si continúan los socialistas, parece claro que seguirán con dos áreas distintas; si llegase el PP podría volver a unificarse como ya se ha hecho en Andalucía.
Agroinformación.

-Los técnicos de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) han ratificado que la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, era la encargada de pedir a las empresas concesionarias que pagaran la campaña electoral del PSOE, de cara a las elecciones generales de 2008.
La Audiencia Nacional investiga la financiación ilegal del PSOE a través de campañas de publicidad pagadas o encargadas desde la sociedad pública Acuamed, empresa que dependía directamente de la entonces ministra y hoy presidenta del PSPOE, Cristina Narbona.
OKDIARIO ya ha revelado los emails y documentos que prueban que la campaña de publicidad fue impulsada por Narbona y ejecutado por cargos de Acuamed. Y los testimonios se siguen sumando: Nuria Segura declaró ante el juez Velasco en la instrucción del caso Acuamed que la empresa dependiente de Narbona pidió a los adjudicatarios de obras de desaladoras que pagaran la campaña de más de 7 millones de euros.
La propia presidenta del PSOE es consciente de este testimonio porque el pasado 26 de junio de 2018, Narbona compareció ante la Comisión de Investigación del Senado sobre Financiación de los Partidos Políticos y el senador, Luis Aznar, le preguntó por las declaraciones que había hecho Nuria Segura Notario, Ingeniera de Caminos de Acuamed, ante el juez Velasco.
Según consta en la transcripción de la comparecencia de Narbona en el Senado (página 44 del Diario de Sesiones del Senado número 304 de 26 de junio de 2018), dice la señora Segura: “En 2007 se contrata una campaña de desalación publicitaria con AEDyR y la dirige Acuamed. Creo entonces que para pagarla se distribuye proporcionalmente entre todas las desaladoras que teníamos en función del presupuesto de adjudicación, pues se le hace un reparto a cada uno de los empresarios. Entonces, no sé si el importe que se le pide a cada contratista corresponde, o sea, si la suma de todo corresponde con lo que se pagó por la campaña o se pagó otra cosa, pero desde luego sí sé que se les pide por ese concepto a todos los adjudicatarios de alguna desaladora”.
En esa misma comparecencia, dice el juez Velasco: “¿Por qué dice que esos pagos se hicieron a requerimiento de Acuamed?” Y contesta la señora Segura: “No sé quién, si fue Joan Navarro o quién, pero se le solicitaba al contratista que lo pagara. Es decir, nosotros”.
Hay que recordar que Cristina Narbona exigió personalmente en el Consejo de Ministros el lanzamiento de esa campaña de publicidad con cargo a las empresas concesionarias de Acuamed. La campaña está bajo investigación de la UCO por las evidencias de que es una campaña electoral del PSOE financiada y asumida por las empresas como financiación ilegal-.
Según consta en ese informe de la UCO, cargos de Acuamed efectivamente reclamaron por mail a través de AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización) que “todas aquellas empresas que aún no han firmado con la agencia Bassat Ogilvy [la empresa de publicidad que diseñó la campaña]” firmasen y, por lo tanto, pagasen.
OKDIARIO ha publicado los mails que prueban la tramitación directa de la exigencia de pago a las compañías. Todo ello cobra sentido porque Cristina Narbona cargó 7,5 millones en gastos de publicidad de Acuamed a las empresas concesionarias de las desaladoras que coordina esta empresa pública. En aquella época -2007-, Narbona era ministra de Medio Ambiente -hoy es la presidenta del PSOE de Pedro Sánchez-. Y Acuamed era una empresa pública dependiente de ella.
La fecha era de una importancia decisiva porque José Luis Rodríguez Zapatero se jugaba la reelección como presidente en los comicios de 2008. Y la pérdida de voto en Valencia, Murcia y parte de Andalucía por haber paralizado el Plan Hidrológico Nacional y haber lanzado las ruinosas desoladoras era evidente. Las campañas de publicidad iban justo en esa dirección: en la de convencer a los votantes del acierto de la política hídrica del PSOE.
Carlos Cuesta. OK Diario.

-Las compañías energéticas están dispuestas a ponerse a la cabeza de la transición ecológica. Aseguran que están preparadas para caminar en esa dirección, y muchos de sus últimos movimientos empresariales lo demuestran. No obstante, exigen al Gobierno un marco normativo estable que, además, sea honesto; es decir, el cambio hay que hacerlo, pero las metas tienen que ser alcanzables.
Es la tesis que mantienen y que pronunciaron, en diferentes términos, las grandes energéticas del país. Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy, participaron este miércoles en el 16 Encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE, en el que pusieron sobre la mesa sus perspectivas sobre la transición energética.
Un proceso que, insisten las compañías, debe ser efectivo. Y para que eso ocurra, defienden, los planteamientos de los que parta el Ejecutivo, en general, y el ministerio para la Transición Ecológica, en particular, deben fijar objetivos reales. En este sentido, el sector espera conocer al detalle qué metas fijará realmente el Gobierno, quizá recogidas en el Plan Integrado de Energía y Clima que la ministra Teresa Ribera llevará al Consejo de Ministros -para después enviarlo a Bruselas- el próximo viernes 22. De momento, las compañías se basan en intenciones anunciadas y en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
La necesidad de ser "pragmáticos".
Sin embargo, temen que el Ejecutivo no sea prudente. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, era claro: "Quien menos habla de la transición energética somos los agentes energéticos. No se nos oye opinar, porque no queremos opinar. Porque sabemos la realidad", insistía. Y lanzaba un toque al Gobierno y a Bruselas: "Se trata de pragmatismo, no grandes discursos. No tenemos que ser mejores que Alemania porque nos lo pida alguien. Es historia conocida que nos pidan objetivos que no podemos realizar".
Para el presidente de la petrolera -que ya cuenta con electricidad por su adquisición de Viesgo-, es importante andar con pies de plomo. Brufau ponía así de ejemplo el coche eléctrico y el anuncio del Gobierno sobre la prohibición de la matriculación y venta de 'coches fósiles' en 2040.
"¿Qué me preocupa a mí? Que como hay una cierta agitación, estemos hoy primando una tecnología no madura por competitividad con dinero público cuando para conseguir 5 veces más con este mismo dinero podríamos ayudar a la gente a cambiar sus coches. Lo único que digo es: pragmatismo", insistía, al tiempo que reseñaba la importancia de que, desde el sector público, se mire a las tecnologías "maduras" que "no están al alcance de los ciudadanos", como el cambio a las bombillas LED o la renovación del coche. 
"El plan no puede estar escrito en piedra".
En una dirección parecida señalaba el consejero delegado de Endesa, José Bogás, que insistió en que el plan del Gobierno "no puede estar escrito en piedra". Se refería así a la necesidad de que tenga la capacidad para poder adaptarse en el futuro, atendiendo a las "circunstancias".
También desde Naturgy, el director general de Gas y Electricidad de la compañía, Manuel Fernández, insistió en que cualquier avance debe realizarse "desde la prudencia regulatoria", al tiempo que señalaba que la transición energética debe también "cuidar el impacto social" y no ser "discriminatoria".
La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, apuntaba a que la "seguridad jurídica" es necesaria para asegurar la parte financiera de esta transición. En concreto, señalaba que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone "un esfuerzo inversor desconocido" en España, para el cual pidió "la confianza para los inversores para que se haga realidad".
Todo un alegato a favor de trabajar para la transición, pero siempre con la vista pendiente en los números y las normas que el Gobierno pondrá sobre la mesa. El próximo viernes 22, quizá queden algunas dudas despejadas.
El Español. Nerea San Esteban.

-Durante décadas, los agricultores se han enfrentado a un juego de suma cero: o bien utilizaban pesticidas para proteger a sus cosechas o bien producían vegetales y productos más naturales exponiéndose a plagas que pudieran arruinar su negocio. Hasta hace poco, la prioridad era clara: pesticidas (pese a sus muchas externalidades negativas). Pero de forma paralela, los consumidores se han vuelto más exigentes.
La consecuencia es un mercado de productos libres de pesticidas que, en paralelo al apogeo del vegetarianismo y el veganismo, ha creado grupos de consumidores muy preocupados por el origen y el modelo de producción de su comida. ¿De qué modo pueden los agricultores cuadrar el círculo, combatir las plagas al tiempo que colocando en el mercado verduras y cereales libres de pesticidas? Hasta ahora, se han experimentado diversas respuestas. La última es simple: plantar flores.
Así lo corrobora, al menos, un proyecto llevado a cabo en Reino Unido. Durante cinco años, un grupo de investigadores monitorizó varias cosechas en las que plantaron diversas hileras de flores autóctonas. Las flores se plantaban en el interior del campo, una imagen inusual, y la idea de fondo era sencilla: permitir que insectos locales y predadores pudieran acceder con facilidad a otros insectos que pudieran echar al traste la cosecha (y con ella, la economía del agricultor).
El resultado ha sido positivo. Según se explica en el estudio, las hileras de flores interiores (colocadas estratégicamente a cien metros las unas de las otras) fomentó la llegada de predadores naturales como especies de abejas autóctonas, avispas y escarabajos de diversa condición. Al ubicarse en el centro del campo, el radio de acción de los bichos era lo suficientemente amplio como para atacar y devorar a cualquier insecto-peste que encontraran en su camino. Una solución armónica.
El trabajo se realizó a lo largo de un lustro en quince campos separados y repartidos a lo largo del centro y el este de Inglaterra. El éxito del proyecto preliminar ha alentado uno nuevo que se extenderá durante los próximos años. En él, las hileras de flores contarán con alrededor de seis metros de longitud y no acapararán más del 2% de la superficie cultivable. Su utilidad resiste al paso de las estaciones, y permanecen pese al sistema de rotación de cultivos (desde el trigo hasta la cebada).
Tradicionalmente, los campos de flores quedaban lejos o alrededor de los campos trabajados por los agricultores. Desde un punto de vista de la movilidad invertebrada, era una mala idea: pese a que la fauna predadora local podía acabar con pestes cercanas en el extrarradio del cultivo, lo tenía complejo para alcanzar el corazón del mismo (pensemos en un humilde escarabajo y su pequeño radio de acción). Tan revolucionaria (y simple) propuesta como mover los ecosistemas florales al centro parece haber dado sus frutos. Suiza lleva años aplicando similares soluciones (siempre de forma experimental) en un puñado de cosechas. Allí, los investigadores han utilizado un rango de entre trece y dieciséis especies de flores (como el aciano, el culantro europeo o la amapola) para crear espacios donde los predadores naturales puedan actuar. Los resultados también han sido positivos y, al parecer, han tenido un efecto beneficioso no sólo en la reducción de las cosechas, sino en los ecosistemas locales y en la productividad.
Muchos granjeros y agricultores suizos se pueden acoger a un sistema de ayudas para compensar ecológicamente los cultivos. Ninguno de los proyectos puede, por el momento, eliminar al completo los pesticidas, y en el caso británico uno de los principales retos es acercar a las flores/predadores naturales al centro de las cosechas sin que se vean afectados por los pesticidas. Pero sí han logrado reducir significativamente su uso y avanzan un futuro, quizá, sin tantos componentes químicos.
Larga vida a las abejas, una vez más.
Magnet.
 
-Financiación ilegal: Acuamed
La otra comisión que sufrirá las consecuencias de la disolución anticipada de las Cámaras, será la de financiación ilegal, donde la ex ministra socialista de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tenía que volver a declarar.
Narbona era la ministra de Medio Ambiente durante los meses previos a la campaña electoral que permitió revalidar el mandato al presidente Rodríguez Zapatero. Acuamed era la sociedad pública dependiente de ella que gestiona las desoladoras. Y la Audiencia Nacional investiga el destino de 13,96 millones de euros de las cuentas de Acuamed a campañas políticas en favor del PSOE como mecánica de financiación ilegal del partido. Narbona, además, exigió que otros 7,5 millones de euros fuesen exigidos a las empresas concesionarias de las desatadoras con idéntico fin.
Esta comisión de investigación lleva tiempo abierta. El suficiente como para que la presidenta de los socialistas se haya metido en un lío adicional. Y es que ahora tenía que dar explicaciones por haber mentido en sus primeras declaraciones ante el Senado. Narbona tiene la obligación de decir la verdad en la Comisión de Investigación por la financiación ilegal del PSOE. Pero no lo hizo cuando le preguntaron en una primera ocasión por los contratos cerrados en Acuamed. Y mentir en este tipo de trámites implica penas, incluso, de prisión.
El Código Penal es muy claro al respecto y señala en su artículo 502.3 lo siguiente: “El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a 12 meses”. Y en el pasado mes de junio Cristina Narbona aseguró que el gasto en publicidad lo hizo con el respaldo del interventor y no es verdad, como ya han demostrado los informes publicados por OKDIARIO. Esta comisión también se corta con la disolución de las Cámaras por el adelanto electoral.
OK Diario.

-Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE, comenta: “Estamos enormemente satisfechos de que la Comisión de Medio Ambiente haya respaldado la mayoría de nuestras propuestas para una PAC más justa y sostenible. La votación demuestra que es posible una política agrícola que recompense a los agricultores que contribuyan al futuro de nuestra sociedad, que genere oportunidades en el mundo rural al tiempo que cuide nuestra salud, el medio ambiente, el clima y los animales. Hoy hemos dicho no a una PAC insostenible que subvenciona la ganadería industrial, que paga por hectárea y que fomenta la intensificación. Instamos a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura a que tengan en cuenta esta votación cuando voten sobre la reforma de la PAC y a que no cedan a los deseos de la gran agroindustria. La Política Agrícola Común debería beneficiar a todos los ciudadanos, no a los grandes productores industriales”.
De forma más detallada, la Comisión de Medio Ambiente se ha posicionado a favor de que los objetivos que los Estados miembros deben alcanzar mediante la aplicación de sus planes estratégicos de la PAC se refuercen considerablemente: La producción de energía a través de biocombustibles ya no es un objetivo; Enfoque adicional en la calidad del suelo; Reducción de pesticidas; Detener la pérdida de biodiversidad; Estimular la agricultura de alto valor natural.
También se ha apostado por indicadores mejorados y adicionales para medir si se están alcanzando los objetivos: Categorías adicionales, como en la construcción de la capa superior del suelo, la producir más localmente, la reducción de plaguicidas, la densidad del ganado, etc.; Mejores formas de medir: abundancia de la biota del suelo, creación de un índice de polinización, volumen de plaguicidas vendidos, etc.
Además, la Comisión de Medio Ambiente ha solicitado una condicionalidad más estricta y mejorada que se aplique a todos los agricultores: Un máximo de densidad de población del ganado; Toda la legislación pertinente en materia de bienestar animal; Medidas para asegurar el mantenimiento de pastizales permanentes; No arar pastizales permanentes; 7% de la superficie agrícola dedicada a aspectos no productivos; 4 años de rotación de cultivos, incluidos los leguminosos; No hay pesticidas en las franjas de protección + 3m de ancho mínimo.
Finalmente, se ha pedido que los fondos destinado al clima y el medio ambiente se separen del resto: En la propuesta de la Comisión: 30% para fines medioambientales en el marco del desarrollo rural, 0% para los sistemas ecológicos (a discreción de los Estados miembros); ENVI al menos el 40% para fines medioambientales en el marco del desarrollo rural, al menos el 30% para los ecoesquemas y la delimitación especial para la biodiversidad; Que no se utilice más dinero de los contribuyentes para la promoción del vino y la carne.
Tercera Información.
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