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Cs: el Estado debe asumir quitas en la ley de segunda oportunidad

Ciudadanos ha planteado en el Congreso al Gobierno que la Administración Pública asuma quitas de deuda de hasta el 70% en una futura reforma de la ley de segunda oportunidad pues, hasta ahora, los créditos contraídos con la Administración quedan fuera de una posible exoneración.

Actualizado 16 julio 2019  
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Redacción y Agencias
  
Sin embargo, tal y como recuerda su diputado Sergio del Campo en una batería de preguntas registrada en el Congreso, esta limitación ha sido corregida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en una sentencia ha ampliado la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social. Desestimando el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, el fallo deja en manos de los juzgados el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público, sobre el que Hacienda tenía la última palabra.
Asimismo, abre la puerta a que a los deudores se les condene más de la mitad de su deuda contraída en crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota), mientras que el resto, crédito privilegiado, podría ser abonado en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tengan en cuenta su capacidad económica real.
Sin que ello signifique que los tribunales puedan condonar el total de los créditos con Hacienda o la Seguridad Social, el diputado subraya que la sentencia sí otorga la capacidad de exonerar un porcentaje de hasta el 70% en algunos casos y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de pagos del resto. Del Campo recuerda que España aún está pendiente de trasponer una directiva comunitaria sobre reestructuración preventiva y segunda oportunidad, que deja al criterio de los Estados miembros cómo tratar los créditos públicos. Por ello, anima al Gobierno a adoptar medidas para trasladar a la legislación esta última doctrina del Supremo.
"Si el espíritu de la norma es dar una segunda oportunidad real a los empresarios y que se animen a emprender y crear puestos de trabajo, el Estado debe asumir parte del coste de su mala suerte si ésta se produce", esgrime el diputado de la formación naranja.
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