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El Tribunal de Cuentas revoca la condena a Botella

La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia condenatoria anterior y absuelve por tanto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Actualizado 17 julio 2019  
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Redacción y Agencias
  
Entre los inmuebles enajenados había garajes y 1.860 viviendas ocupadas por familias necesitadas. La sentencia ahora revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros. La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada Sala. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante -exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella- y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, que en la misma tanda también nombró consejero a Manuel Aznar, cuñado de Botella y muy amigo de Mariscal de Gante.
El consejero que ha votado en contra de la absolución y que ha formulado un voto discrepante es Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, que sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas. Muchos inquilinos tuvieron que marcharse de ellas al subirle los precios del alquiler los nuevos propietarios, fondos de inversión extranjeros.
La sentencia hecha pública revoca otra de la primera instancia del Tribunal de Cuentas dictada el pasado 27 de diciembre por la consejera María Antonia Lozano, que condenó a Botella y a los citados miembros de su equipo a devolver 22,7 millones por haber realizado la operación saltándose el procedimiento (con "opacidad", "sin concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de mercado"). También fueron condenados en el marco de esta operación por pagos "no justificados" a la UTE Ítaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaciona, y por la "bajada injustificada del precio previamente pactado entre la EMVS y las empresas que adquirieron las 18 promociones de viviendas y otros inmuebles".
Estas promociones pertenecían a la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La demanda ante el Tribunal de Cuentas por esta operación fue presentada en noviembre de 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ahora Madrid. La presentó la entonces teniente de alcalde del Consistorio, Marta Higueras, mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena, al entender que esta operación había ocasionado un perjuicio de 127 millones a las arcas municipales, sin contar los graves perjuicios causados a las familias que ocupaban tales inmuebles.
El fallo de primera instancia consideró que los implicados fueron responsables contables de los hechos dado que eludieron "la normativa de derecho público aplicable a operaciones en las que intervinieron y provocaron una salida de fondos indebida y una venta de patrimonio público a precio injustificadamente reducido".
Tras la sentencia condenatoria, Botella y los demás afectados presentaron un recurso ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, órgano superior de la consejera Lozano. Y han quedado absueltos. Frente a la decisión exculpatoria de la Sala de Enjuiciamiento solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, no vio responsabilidad contable (perjuicio al erario público) en la operación y no se adhirió en su momento a la demanda del Ayuntamiento de Carmena.
El fiscal es el único que, en su caso, puede recurrir la absolución ante el Supremo. No es previsible que lo haga el actual Consistorio ya que, tras las últimas elecciones, este ha vuelto a las manos del PP, partido al que pertenecen los implicados. Al llegar Carmena al Ayuntamiento, trató de anular la operación, pero legalmente no pudo. Fue cuando se decidió denunciar la situación ante el Tribunal de Cuentas.
Los dos consejeros propuestos por el PP que se han decantado por la absolución sostienen que la venta de las viviendas se atuvo a la legalidad ya que la EMVS se hallaba en quiebra y carecía de recursos para gestionarla, y añaden que la tasación que configuró el precio de venta era correcta dada la crisis que vivía España en ese momento.
El consejero Felipe García, en su voto particular, entiende que sí existió responsabilidad contable en esta operación y que Botella, aunque no participase directamente en la decisión, era la máxima responsable de la EMVS y no fue ajena al acuerdo de enajenación de esas viviendas protegidas. También destaca que, dada la envergadura de la operación, debieron realizarse varias tasaciones, y no solo la que figura en el expediente. Y añade que, si bien es difícil dictaminar si el precio global de las viviendas se ajustó o no a los de mercado, pone de relieve que existe una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de 2 millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final a última hora.
Tal descuento se hizo sin ninguna justificación ni motivación, expone García en su voto particular. Y también observa responsabilidad contable en otra rebaja "injustificada" de algo más de un millón de euros que hizo la EMVS a los fondos buitre por la venta por un precio inferior al que constaba en el catastro de otra partida de 34 casas, estas de precio libre.
Los inicialmente condenados y ahora absueltos son, aparte de Botella: Fermín Oslé, consejero delegado de EMVS y principal implicado en la operación; miembros del equipo de Botella que estaban en la Junta de Accionistas de la EMSV: Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid), Paz González, Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito; y también exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid vinculados a la EMSV como Dolores Navarro y Pedro del Corral, por negligencia grave y permitir la venta de estos inmuebles.
La sentencia condenatoria estimó probado que se vendieron 18 promociones de vivienda pública (en total, 5.315 inmuebles, garajes, etcétera y 1.860 viviendas) por 128 millones de euros al fondo de inversión Fidere, del grupo Blackstone, operación que se hizo mediante un procedimiento ilegal. El Ayuntamiento de Carmena aportó informes que, en cambio, cifraban en 249 millones el precio de los inmuebles enajenados.
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