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Torra se enfrenta a una posible salida obligada de la política

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzga este lunes a Torra por no retirar los lazos amarillos y pancartas independentistas de la Generalitat durante la precampaña electoral de las elecciones generales del pasado mes de abril, en contra de lo ordenado por la Junta Electoral Central (JEC).

Actualizado 17 noviembre 2019  
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Redacción y Agencias
  
Será la primera vez que un tribunal juzga a un president de la Generalitat en activo. En los estrados de las acusaciones de la sala de vistas de la Sala Civil y Penal del TSJC se sentarán el fiscal superior de Catalunya, Bañeres, y uno de los abogados de Vox, la omnipresente acusación popular en las causas relacionadas con el proceso soberanista.
El fiscal acusa a Torra de  "desatender abiertamente" y de mostrar un "desprecio absoluto a acatar la orden" de la Junta Electoral de no exhibir simbología independentista en los edificios públicos. Bañeres solicita inhabilitar a Torra 20 meses por un delito de desobediencia, petición de condena que Vox eleva a dos años de inhabilitación. También reclaman multas de 30.000 y 72.000 euros, respectivamente. El president, defendido por los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, pide su libre absolución, al entender que no ha cometido delito alguno.
Si el TSJC condena a Torra –se espera una sentencia rápida, en menos de un mes– el president no quedará automáticamente inhabilitado, ya que podrá recurrir ante el Tribunal Supremo. De lo que tarde en resolver el Alto Tribunal –en las causas sin penas de cárcel los plazos suelen alargarse más– dependerá el tiempo de Torra como president. Oficialmente la legislatura termina en mayo de 2022, pero la situación penal y política de Torra puede estar resuelta mucho antes. En no pocos despachos de la política catalana se hacen cábalas estos días sobre cuándo puede ser efectiva la inhabilitación de Torra en caso de condena y sobre las dos consecuencias de este escenario: unas nuevas elecciones catalanas anticipadas –que solo podría convocar Torra antes de ser condenado en firme por el Supremo– o la elección de un nuevo president por parte del Parlament.
En este sentido, la ley de la presidencia de la Generalitat es clara: cuando un president cesa del cargo por condena penal firme, el Parlament debe poner de nuevo en marcha el proceso para escoger a su sucesor, que debe salir de entre los 135 diputados de la Cámara. Un detalle no menor: todos los actuales consellers, incluido el vicepresident Pere Aragonès (ERC), renunciaron a su acta de diputado tras conformarse el Govern en mayo de 2018. Mientras el Parlament no escoge un nuevo president o presidenta, Aragonès ocuparía de forma interina el cargo, pero sin poder convocar elecciones anticipadas.
De los juicios que le quedan al procés, el de Torra será el más corto. En un solo día el tribunal escuchará al president como acusado y a los 17 testigos. Descartados los vocales de la Junta Electoral Central propuestos por la defensa de Torra, ante el tribunal formado por el presidente del TSJC, Barrientos, que será el ponente de la sentencia, y los magistrados Mercedes Armas y Joaquín Elías, desfilarán policías y políticos.
Los primeros serán once agentes de la Policía Nacional que se encargaron de confeccionar las actas por las que certificaron que, tras la orden de la JEC, en el Palau de la Generalitat se sustituyó la pancarta del lazo amarillo con otra con un lazo blanco y rojo y que rezaba el mismo lema pidiendo "libertad presos políticos". Le seguirá la testifical del entonces comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, sustituido en junio por Eduard Sallent.
Por la tarde comparecerán el líder de la oposición, Carlos Carrizosa (Ciudadanos); la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera (PSC); la entonces consellera de Presidència, Elsa Artadi (JxCat); el conseller de Interior, Miquel Buch (JxCat) y el Síndic de Greuges, Rafel Ribó. Cabe recordar que Torra se escudó para no retirar los lazos en un informe del defensor del pueblo catalán que ya conocía días antes, y que le recomendaba seguir las órdenes de la JEC. Finalmente la Generalitat sí cumplió con la orden de la JEC casi una semana después y despejó la simbología independentista de la fachada del Palau. Lo hizo demasiado tarde para la Fiscalía.
 
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