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Asi, y aunque en el Ayuntamiento, este desarrollo ya ha recibido todas las bendiciones, para que realmente pueda empezar a rodar, se requiere la ratificación de la Comunidad de Madrid, que tiene potestad para devolver el expediente el ayuntamiento si cree que hay algún aspecto que se deba subsanar. Y aunque, 'a priori', la buena sintonía que existe entre el Ejecutivo de Díaz Ayuso y el de su compañero de partido y alcalde Martínez-Almeida no permite aventurar que la aprobación esté en riesgo, lo avanzado del calendario, con apenas dos semanas hábiles, sí hace pensar que esta se vaya al próximo ejercicio.
Aunque los actuales equipos de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid coinciden en haber heredado un proyecto que se desarrolló bajo el mandato de otros ejecutivos, entre ambos existe una enorme diferencia: el anterior Gobierno regional no quiso participar en las conversaciones, mientras que la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, las lideró.
Cuando, a mediados de 2017, el consistorio, Adif y Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora privada, llegaron a un principio de acuerdo para desbloquear Operación Chamartín, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, optó por mantenerse al margen de las conversaciones. Ahora el pacto al que han llegado ayuntamiento, ministerio y DCN puede verse empañado por la guerra soterrada que desde hace meses mantiene la empresa pública Adif con la promotora
Consciente de la importancia que este desarrollo tiene para la región, Cifuentes aseguró que no se opondría al acuerdo, y que no sería un obstáculo para él, pero sí que puso una serie de condiciones, como que fuera DCN (cuyos accionistas actuales son BBVA, Merlin y Grupo San José) quien financiara la construcción de las nuevas estaciones de metro y el posible traslado del depósito y las canalizaciones del Canal de Isabel II. Toda esta letra pequeña es la que está aexaminando el equipo de Díaz Ayuso, que ha heredado el proyecto y juega con la desventaja de que la anterior Administración decidió voluntariamente no protagonizar los acuerdos.
Cuando, a mediados de 2017, el consistorio, Adif y Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora privada, llegaron a un principio de acuerdo para desbloquear Operación Chamartín, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, optó por mantenerse al margen de las conversaciones. Ahora el pacto al que han llegado ayuntamiento, ministerio y DCN puede verse empañado por la guerra soterrada que desde hace meses mantiene la empresa pública Adif con la promotora
Consciente de la importancia que este desarrollo tiene para la región, Cifuentes aseguró que no se opondría al acuerdo, y que no sería un obstáculo para él, pero sí que puso una serie de condiciones, como que fuera DCN (cuyos accionistas actuales son BBVA, Merlin y Grupo San José) quien financiara la construcción de las nuevas estaciones de metro y el posible traslado del depósito y las canalizaciones del Canal de Isabel II. Toda esta letra pequeña es la que está aexaminando el equipo de Díaz Ayuso, que ha heredado el proyecto y juega con la desventaja de que la anterior Administración decidió voluntariamente no protagonizar los acuerdos.
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