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Semana del 1 al 8 de diciembre de 2019.

El consenso energético roto en el Parlamento Europeo

La GWPF nos ha comunicado, tema que se ha publicado casi de tapadillo en la prensa europea que, el anunciado consenso de la UE se ha roto cuando, 225 eurodiputados han votado en contra de la "emergencia climática". Moción que, sin embargo, fue aprobada en el Parlamento Europeo por 429 eurodiputados, cosa que sí han divulgado hasta la saciedad los "plumillas oficialistas".

Actualizado 12 diciembre 2019  
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Redacción Agrolibre
  
La negativa de 225 diputados es, para muchos entre los que nos encontramos nosotros, una señal alentadora de que, la incuestionable premisa de la alarma climática está comenzando a ser seriamente cuestionada. La votación tuvo lugar el mismo día en que Tata Steel Europe confirmó que eliminará 3.000 empleos europeos y en medio de informes de que el nuevo Comisionado de la UE planea gastar la asombrosa cantidad de £ 3 billones en una agenda climática unilateral.
 
Comentarios.
Es probable, nosotros diríamos es seguro,  que la creciente división dentro de la UE y el Parlamento Europeo sobre las políticas climáticas se profundice, en el futuro cercano, a medida que los costos energéticos astronómicos económicos, sociales y políticos, que soportan muchos de los países UE, se vuelvan cada vez más insoportables. ¿Y que hace España al frente de las políticas de los “verdes” alemanes?,¿es que se cree alguien que, como ya ocurrió con los biocombustibles vamos a aprovecharnos de los beneficios, si es que alguna vez se logran, de estas sinrazones científicas? ¿Hemos olvidado que, en nuestro país, ya no tenemos prácticamente opción alguna de producir energía barata con los “molinillos”, cuando ha empezado a ser rentable por los compromisos adquiridos previamente con nocturnidad, alevosía y prontitud?
Mientras, nos cuenta “Agroinformación”, nuestro presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió, el  lunes 2 de diciembre, a reducir las emisiones de efecto invernadero más allá de lo que pide la Comisión Europea para 2030, así como a impulsar un “Green Deal” (pacto verde) y a aumentar la contribución al Fondo Verde para desarrollo sostenible. “España estará a la altura de las circunstancias en cuanto no tengamos un Gobierno en funciones” para asumir todos esos compromisos, ha añadido Pedro Sánchez durante una rueda de prensa, con motivo de la celebración de la cumbre mundial del clima en Madrid.
Sánchez ha destacado el compromiso de España con la reducción de una de cada tres toneladas de las que se emiten en la actualidad, con un 20 por ciento menos que en 1990, para alcanzar la neutralidad climática en 2050. También “impulsaremos un Green Deal”, un pacto verde, para que las personas estén “en el centro” de las políticas de energía y clima, de modo que la transición hacia las economías descarbonizadas sea “justa y no haya perdedores, y sí oportunidades para todos”.
Asimismo, aumentará la contribución financiera al Fondo Verde para el desarrollo sostenible como muestra de “nuestro compromiso” con Naciones Unidas y la agenda multilateral.
Sánchez ha advertido de las evidencias científicas del grave impacto de la crisis climática y ha destacado el papel de jóvenes, regiones y ayuntamientos a la hora de presionar a los líderes políticos para que adopten compromisos “más explícitos” contra la crisis climática. Ha agradecido la aportación de la ciencia al poner sobre la mesa datos objetivos del alcance de la crisis climática, así como las reivindicaciones de todos aquellos movimientos sociales que “muchas veces hacen una labor silente” para llevar la acción climática al frente de los gobiernos. “Cada vez más mandatarios y líderes políticos están asumiendo esa hoja de ruta climática” en defensa del clima, ha añadido cuando se le ha preguntado a qué se refería en su intervención de esta mañana al hablar de “fanáticos que niegan la evidencia” de la crisis climática.
¡Vaya mamarrachadas y vaya Presidente que tenemos!

Un primer paso para conseguir el desarrollo integral del mundo rural, es asumir que menos es más, es decir que, ganar poder de negociación con los clientes no depende de sumar muchas cooperativas de pequeño tamaño, sino más bien de todo lo contrario, esto es, de tener menos cooperativas pero más grandes.
Un claro ejemplo es Holanda, donde apenas dos centenares de entidades asociativas registran una cifra de negocio de 32.000 millones de euros, según los últimos datos disponibles del Comité General del Cooperativismo Agrario en la Unión Europea (COGECA), correspondientes al año 2015.
El dato por sí mismo tal vez no dice mucho, pero es significativo si se compara con los 31.358 millones que obtienen las casi 4.000 cooperativas instaladas en territorio patrio.
«El tamaño sí importa», defiende Enrique Colilles, director general de Trops, cooperativa de origen malagueño dedicada al mango y aguacate que cuenta con más de 2.800 agricultores asociados, que destaca que lo más importante de la integración de cooperativas es el «poder de negociación que proporciona en la venta del producto, así como en la capacidad de realizar promoción efectiva, que cuesta mucho dinero, pero es necesaria para dar a conocer los productos o servicios».
Ya en 2012, el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete instaba a las cooperativas agroalimentarias españolas a fijarse en los modelos europeos para adquirir una mayor dimensión que, a su vez, se tradujese en un aumento de su capacidad negociadora. Sus palabras no cayeron en saco roto y aunque lentamente, este tipo de sociedades han emprendido el camino hacia la agrupación.
Señores de COAG no se dan cuenta de donde está el camino a seguir. Ya no solo somos nosotros los que lo afirmamos, ya es un sentir más que generalizado, su “uberización” descrita como catastrófica no lo es, la uberización del campo español es absolutamente necesaria y positiva.
Donde están todas las Organizaciones Profesionales agrarias, que no están manifestándose ante IFEMA, tras comprobar que ya en el día de la COP25 grandes compañías multinacionales ultracontaminantes han comprado las portadas de todos los periódicos en una clara política de greenwashing, señalando a la ganadería como único culpable del calentamiento global. UPA, se atreve y anima a dudar de los mensajes simplistas porque los datos confirman que la agricultura y la ganadería son responsables del 4 y el 8% de las emisiones, “ni más ni menos” y se indigna “cuando lee y escucha que las vacas son más culpables del cambio climático que los aviones “.
Ustedes, UPA, COAG, ASAJA, COOPERATIVAS, UNIONES… …¿no puede hacer nada más? ¡Váyanse todos a esparragar!
¿Y de la Banca española que nos dicen? Por un lado piden árnica y solicitan  “a las autoridades un método de cálculo “creíble”, “internacional” y “operativo” de la huella de carbono de las entidades financieras porque  la banca debe incorporar en sus parámetros para la concesión de crédito a empresas y familia los criterios medioambientales del nuevo modelo económico y social que se está impulsando en el planeta, pero por el otro toman la posición mayoritaria, se prestan  a todo y con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se celebra en Madrid, hemos conocido que los principales bancos españoles, que representan más del 95 % del sector, han presentado hoy un compromiso conjunto para proceder en un plazo determinado a reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacionalmente y en línea con los objetivos del Acuerdo de París. De esta forma estas entidades se alinean con el “Compromiso Colectivo de Acción Climática” impulsado por UNEP FI.
El acuerdo que reúne a más de veinte entidades bancarias de primer nivel fue presentado en un acto celebrado hoy en el Pabellón de España en el IFEMA, sede la COP25, por el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, José María Méndez, y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo.  Al acto asistieron también delegados de las entidades bancarias firmantes del acuerdo: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Unicaja Banco, Abanca, Ibercaja Banco, Liberbank, ING Bank, BNP Paribas, Banca March, BCC-Grupo Cajamar, Cecabank, Société Générale, Bankoa – Grupo Credit Agricole, Banco Mediolanum, Triodos Bank, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, y Colonya-Caixa D’Estalvis de Pollença.
“En virtud de este acuerdo, los bancos firmantes se comprometen a desarrollar las metodologías necesarias para valorar el impacto que puede tener en sus balances la actividad desarrollada por sus clientes desde un punto de vista de preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, para así asegurar que sus balances están alineados con el Acuerdo de París y con el acuerdo español sobre el clima. El principal objetivo de ambos acuerdos es mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados… …”
¡Vaya tropa como diría Romanones! ¿cuándo dejarán de intervenir en temas que les deberían ser ajenos?

Terminemos ya los comentarios semanales y al margen de señalar que, como era lógico, sigue la guerra del agua entre las comunidades españolas cedente y receptora, Castilla La Mancha y el Sureste español,  recordando con A. Criado que ahora ya, casi a trancas y barrancas el Gobierno ha terminado reconociendo lo que muchos economistas habían puesto encima de la mesa hace tiempo: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros traería problemas a los colectivos más desfavorecidos e impulsaría a muchos trabajadores a la economía sumergida. Así ha resultado, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social más de 17.000 personas se han visto afectadas en términos interanuales por esta medida. En concreto, los trabajadores agrarios han visto reducir el número de afiliados en 4.473 personas, mientras que el régimen de empleados de hogar lo ha hecho en algo más de 13.000. Una cifra importante, sobre todo porque como el propio Ministerio de Trabajo reconoce, la mayor parte se han ido a la economía sumergida.
Y… … pues que, si nadie lo remedia, el nuevo gobierno si es filocomunista como se nos anuncia seguirá, erre que erre, subiendo el SMI y con ello aumentando el paro en nuestro sector.
 
Noticias.
-El Gobierno está sacando partido a la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid. En citas discretas con destacados directivos del sector de las renovables, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está trabajando para reducir la factura de 7.000 millones en indemnizaciones que amenaza a España.
El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabilidad durante 12 años en el 7,39%.
Según los datos que maneja el Gobierno, España aún tiene pendientes 32 procedimientos de arbitraje internacional por el ajuste a las renovables. El Estado se enfrenta todavía a reclamaciones de indemnizaciones que superan los 7.000 millones de euros.
Negociaciones discretas de la ministra Ribera
Hay que recordar que la retribución que acaba de ofrecer el Gobierno está condicionada a que los afectados renuncien a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen en marcha, o a las indemnizaciones que lograron en ellos.
Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está aprovechando la Cumbre del Clima en Madrid para poner fin a las decenas de pleitos que acumula el Estado y evitar que se abran nuevos litigios.
Madrid se ha convertido estos días en el centro de la lucha climática internacional. El segmento de alto nivel o tramo ministerial, cuando los titulares de carteras entran en la negociación –que hasta el momento ha sido eminentemente técnica y protagonizada por los delegados de los países-, tendrá lugar los días 10 y 11 de diciembre.
Se cierran los primeros acuerdos extrajudiciales
Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones explican a ECD que técnicos del equipo de Teresa Ribera han decidido adelantarse a esa fase de la cumbre y han comenzado desde el primer día a trabajar para cerrar acuerdos extrajudiciales con grandes inversores que quedaron atrapados por el cambio regulatorio con las renovables.
En el sector confirman que algunas de las empresas están valorando positivamente que las plantas que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy vayan a mantener la retribución actual congelada y sin cambios.
Y lo más importante: van a recibirla no solo durante seis años como estaba previsto hasta ahora, sino durante 12 anualidades, hasta 2031. Un aspecto que está llevando a algunos de los afectados a plantearse renunciar a la vía judicial, según admiten a Confidencial Digital fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
Dos grandes litigios por las renovables
Por el momento, la mitad del montante total exigido por los denunciantes, se concentra en dos únicos litigios en los que los inversores han elevado la indemnización reclamada. The PV Investors -que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- ha elevado la compensación que exige en Uncitral hasta los 1.900 millones de euros.
Abengoa, que ha presentado una demanda contra España en el Ciadi a través de su filial luxemburguesa CSP Equity Investment, también ha disparado la indemnización reclamada y ya se sitúa en los 1.505 millones, frente a la petición inicial de 840.
Condenas al Estado por 1.000 millones
En el Gobierno se tiene en cuenta que la factura por la docena de laudos perdidos en favor de los inversores, sólo en lo que respecta al hachazo a las renovables, se aproxima ya a los 1.000 millones pese a que el Estado se está resistiendo a pagarla.
De hecho, la Abogacía del Estado, que defiende a España en estos procedimientos, ha solicitado la anulación de los laudos favorables a grupos inversores comunitarios, amparándose en que en 2018 la Comisión Europea se posicionó en contra de que entre los 27 se utilicen estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros.
Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea. La resolución estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria.
España, el país con más litigios internacionales
Hay que destacar que España es el país con más litigios en tribunales internacionales del mundo. Acumula un total de 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…).
La inmensa mayoría de las demandas tienen su origen en el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español en 2013.
Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Operafund (30 millones), SolEs Badajoz (41 millones) y Cube y Demeter (33,7 millones), además de los de Infrared y RREEF aún con cuantías por hacerse públicas o por establecerse, respectivamente.
 ECD. Redacción.
 
-LA INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ABONA LA COMPETITIVIDAD DEL CAMPO ESPAÑOL.
Un tercio de la extensión geográfica de España, o lo que es lo mismo, cerca de 17 millones de hectáreas, corresponde a tierras de cultivo. Las actividades asociadas al campo son una importante fuente de generación de riqueza en el medio rural y además, ayudan a fijar población en entornos que, de otra manera, estarían condenados al ocaso absoluto. Pero las cooperativas agroalimentarias de nuestro país, que en 2017 emplearon a un total de 102.148 trabajadores, todavía tienen una asignatura pendiente: mejorar su competitividad en unos mercados cada vez más globalizados.
Un primer paso para conseguirlo es asumir que menos es más, es decir que, ganar poder de negociación con los clientes no depende de sumar muchas cooperativas de pequeño tamaño, sino más bien de todo lo contrario, esto es, de tener menos cooperativas pero más grandes. Un claro ejemplo es Holanda, donde apenas dos centenares de entidades asociativas registran una cifra de negocio de 32.000 millones de euros, según los últimos datos disponibles del Comité General del Cooperativismo Agrario en la Unión Europea (COGECA), correspondientes al año 2015. El dato por sí mismo tal vez no dice mucho, pero es significativo si se compara con los 31.358 millones que obtienen las casi 4.000 cooperativas instaladas en territorio patrio.
«El tamaño sí importa», defiende Enrique Colilles, director general de Trops, cooperativa de origen malagueño dedicada al mango y aguacate que cuenta con más de 2.800 agricultores asociados, que destaca que lo más importante de la integración de cooperativas es el «poder de negociación que proporciona en la venta del producto, así como en la capacidad de realizar promoción efectiva, que cuesta mucho dinero, pero es necesaria para dar a conocer los productos o servicios».
Ya en 2012, el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete instaba a las cooperativas agroalimentarias españolas a fijarse en los modelos europeos para adquirir una mayor dimensión que, a su vez, se tradujese en un aumento de su capacidad negociadora. Sus palabras no cayeron en saco roto y aunque lentamente, este tipo de sociedades han emprendido el camino hacia la agrupación.
Una cosecha incompleta
El Congreso aprobó en 2013 la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. «Vamos a tener que seguir dando margen y tiempo a la ley, pero no ha cambiado el panorama. Una parte de los agricultores y ganaderos no acabamos de ser conscientes de la necesidad de vincular cooperativas», señala Miguel Blanco, de Coag, que recuerda que el 68% de las cooperativas tiene una dimensión inferior a cinco millones de euros, según recoge el informe «El cooperativismo agroalimentario» con datos cerrados del ejercicio de 2017. Desde el Ministerio destacan que, en su vertiente social, «las políticas de integración han mostrado su eficacia con la generación de empleo a nivel de las cooperativas, con un incremento del 6,16% de 2013 a 2017».
Si en 2007 las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra ascendían a 3.996, diez años más tarde la cifra ha disminuido hasta las 3.699. ¿Significa esto que han desaparecido el 7,4% de ellas? No, pero sí que ha tenido lugar un proceso de integración, ya que al mismo tiempo que ha descendido el número de cooperativas se ha incrementado un 62,3% el tamaño medio de cada empresa. El cambio ha generado un resultado más que satisfactorio en términos de beneficios: en esa década el sector ha visto crecer su negocio un 50,2% hasta superar los 31.000 millones de euros de facturación en 2017. Aun así, la facturación media de las cooperativas agroalimentarias de España (8,5 millones) continúa por debajo de la que registran países de nuestro entorno como Alemania (30,7 millones) o Francia (35,2 millones).
«Cuanto más al norte de Europa nos movemos, el tamaño medio de las cooperativas es mayor. Nosotros lo achacamos a la tremenda heterogeneidad productiva de España. También es un tema cultural, somos demasiado individualistas y localistas», asegura Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Hacia una mayor unión
Herrero, sin embargo, cree que «la orientación de momento es la correcta» y hace hincapié en que «teniendo en cuenta que nuestro sector está ya totalmente globalizado e internacionalizado, competir desde la dimensión pequeña, salvo que tengas un producto exclusivo, es muy difícil». En este sentido, aclara que «la dimensión en sí misma no es el objetivo, pero sí la puerta que permite acceder a profesionalización, capacidad de innovación, de inversión y de internacionalización». Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coinciden en la necesidad de fomentar la agrupación de las entidades asociativas en cooperativas de segundo grado. «Si las cooperativas no cogen dimensión nunca seremos capaces de enfrentarnos a quienes operan con mucha más capacidad de concentración y poder de influencia en los mercados. Ese es el gran problema que tenemos con la diseminación de cooperativas agrarias», explica Miguel Blanco, secretario general del sindicato agrario. «Las cooperativas controlan en torno al 65% de la producción final agraria y solo el 30% de las ventas de la industria alimentaria. Está muy desfasada la fase de producción con la de transformación y comercialización, que es donde están los valores añadidos», advierte. Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconocen que «el sector agroalimentario español y, por extensión, europeo, se encuentra ante un reto importante, como es la necesidad de incrementar la integración de la oferta desde los primeros eslabones de la cadena alimentaria», si bien resaltan que el descenso del número de entidades, junto con la subida de la facturación, «refleja un aumento de la dimensión media de las cooperativas y, por tanto, una mejora estructural del sector».
ABC Empresas.
 
-El primer día de la COP25 ha dejado una sensación de extrañeza en el sector agrícola y ganadero. Mientras grandes compañías multinacionales ultracontaminantes compran las portadas de todos los periódicos en una clara política de greenwashing, algunos medios señalan a la ganadería como único culpable del calentamiento global. UPA anima a dudar de mensajes simplistas. Los datos confirman que la agricultura y la ganadería son responsables del 4 y el 8% de las emisiones, “ni más ni menos”.
“Cuando leemos y escuchamos que las vacas son más culpables del cambio climático que los aviones no podemos evitar sentir que hay un interés manipulador detrás”. Así de tajante se ha manifestado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras el primer día de la COP25.
UPA ha resumido algunas de las principales cifras que describen el impacto real del sector primario en el balance de gases de efecto invernadero. En España, la ganadería es responsable de un 8% y la agricultura, de un 4% (datos oficiales 2018). A cambio, son actividades que alimentan a millones de personas, gestionan y vertebran el territorio, evitan la matorralización del monte y la desertificación y son las únicas actividades que frenan el indeseado despoblamiento.
“Conviene ser responsables y no fomentar cazas de brujas contra actividades o sectores sin tener en cuenta la realidad de los datos”, han sentenciado desde UPA. La organización afirma que la producción de alimentos en España y en Europa es sostenible, “cada vez más”, aseguran, y lo que se deben fomentar son estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
UPA ha animado a sospechar de quienes pretenden demonizar a un sector en concreto. “Todas las actividades tienen un impacto y el de la ganadería no es ni mucho menos el mayor”.
Los pequeños agricultores y ganaderos han animado a la propia ONU a ser responsables con los mensajes que se lanzan y a fomentar pautas de producción, consumo y comportamiento social que sean sostenibles. “Nuestro modelo tiene un nombre: Dieta Mediterránea, e incluye el consumo de todo tipo de alimentos de forma equilibrada”, han concluido.
UPA.

-Los proyectos y acuerdos que salgan de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid tendrán que ser financiados por la banca. Conocedor de ese rol, el sector financiero lleva tiempo trabajando en su ‘transición verde’ y pide certidumbre regulatoria para poder afrontar ese proceso con el menor incremento de costes que sea posible.
La agenda de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) convirtió a las finanzas sostenibles en las grandes protagonistas del XV Encuentro del sector bancario del IESE y EY, celebrado este martes en el campus madrileño de la prestigiosa Escuela de Negocios.
El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, aprovechó esta agenda para pedir a las autoridades un método de cálculo “creíble”, “internacional” y “operativo” de la huella de carbono de las entidades financieras. Según recordó el representante de las grandes entidades, la banca debe incorporar en sus parámetros para la concesión de crédito a empresas y familia los criterios medioambientales del nuevo modelo económico y social que se está impulsando en el planeta.
M.Vega.
 

-El característico color rojo con el que identificamos las manzanas en nuestro imaginario está desapareciendo como consecuencia del calentamiento global y el consiguiente aumento de las temperaturas. Sin embargo, tras 15 años de investigaciones y ensayos, la genética ha conseguido crear manzanas capaces de sobrevivir a olas de calor con un sabor y un color intacto. Este particular avance garantizará que durante las próximas décadas las fruterías sigan ofreciendo variedades como Red Delicious, Gala o Fuji.
Color y temperatura.
La tonalidad roja que presentan las manzanas tipo Red Delicious depende de dos variables: los genes y la temperatura ambiente a la que están expuestas. Para que durante su proceso de maduración la manzana viré al rojo es necesario que en su información genética haya suficiente cantidad de MYB10, un gen que determina la producción de antocianinas, los pigmentos que dan color a las manzanas, pero también a uvas y ciruelas. Sin embargo, si la temperatura ambiente está por encima de los 40º por muchas antocianinas que haya la manzana no tornará a rojo.
Problema.
El aumento de la temperatura en todo el planeta está poniendo en jaque la producción natural de las manzanas de este tipo. Por ejemplo, en los Pirineos observaron como este verano buena parte de las manzanas estaban pálidas en lugar del rojo rayado que las caracteriza. Y es que, según este otro informe la temperatura de los Pirineos ha subido 1,3 grados en los últimos 60 años.
I.Sierra.
 
-El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aseguró el martes 3, tras la reunión de la Mesa del Agua de la Región, que “no van a permitir” que haya otro trasvase cero para regadío, “sin criterios técnicos”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Jiménez ha subrayado que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, tomó una decisión “política” basada en un “principio de precaución muy subjetivo”, desoyendo así el informe de los técnicos del ministerio recomendando un trasvase para el regadío del sureste.
Así, ha recordado que el agua embalsada en la cabecera del Tajo permite trasvasar 20 hectómetros cúbicos durante el mes de diciembre porque las aportaciones “están cumpliendo con las previsiones”, pero ha mostrado su temor porque Ribera dicte una orden ministerial que no esté basada en criterios técnicos, lo que sería “ciertamente intolerable”.
NO VA A “PERMITIR” QUE, POR UN CRITERIO “DE PRECAUCIÓN SE PUEDA DEJAR “SIN AGUA AL LEVANTE DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES”
El presidente del Scrats ha anunciado que, a la espera del trasvase para diciembre, la Mesa del Agua ha decidido dar un “toque de atención” al Círculo del Agua para que “vaya tomando nota”, sin descartar una nueva reunión en enero en caso de que se produzca otra “nefasta decisión” por parte de Ribera.
Por ello, ha detallado que se reunirán las mesas sectoriales y ha advertido de que el sector no va a “permitir” que, por un criterio “de precaución, desconocido hasta ahora en el ámbito jurídico y técnico, y que es algo muy personal”, se pueda dejar “sin agua al Levante durante los próximos meses”.
“Hay que dejar que los técnicos decidan, asumir los informes y mecanismos técnicos que el propio ministerio se ha impuesto y que marcarán un trasvase cero cuando sea preceptivo y no antes”, ha recalcado Jiménez, quien ha considerado “fundamental” que Ribera acuerde mandar 20 hm3 en diciembre.
Además, ha apuntado que, aunque pueda parecer “paradójico” en un día marcado por la alerta por gota fría en el sureste peninsular, pedir un trasvase porque el regadío de esta zona necesita tener “seguridad” para poder decidir cuándo utilizar los caudales trasvasados durante todo el año hidrológico.
Por su parte, el presidente de la Mesa del Agua, José García Gómez, ha mostrado su desconocimiento por la ausencia de “razones” para que no se trasvasara agua al regadío del sureste peninsular, añadiendo su preocupación por que, esta “sinrazón”, pueda mantenerse durante los próximos meses.
Por ello, ha revelado que van a pedir a Ribera que les explique los motivos por los que rechazó mandar caudales para agricultura en noviembre y ha vinculado esta decisión a que se esté apostando por un “cambio de modelo” basado en “poner trabas al desarrollo de una actividad que es sustento de gran parte de esta Región”.
En este sentido, Gómez ha remarcado que el sector agroalimentario es uno de los “pilares fundamentales” sobre el que se “construye el futuro de esta Región”, añadiendo que en el “horizonte” de esta actividad hay “muchas trabas y pegas”.
Finalmente, ha apostado por “actualizar” el Pacto Regional del Agua suscrito en la pasada legislatura por PP, PSOE y Ciudadanos para volver a poner en “escena” la “unidad de acción” tras los cambios producidos en la Asamblea Regional, en relación a la entrada en la Cámara autonómica de Vox.
Agroinformación.
 
-La empresa de alimentación Ángel Camacho, fabricante entre otros productos de aceitunas Fragata o las mermeladas La Vieja Fábrica se ha hecho con el 15 % de las acciones de la empresa griega Mani Foods, cuya denominación social será a partir de ahora Mani Camacho Foods.  Con esta operación esquiva los aranceles de EEUU.
En un comunicado, la empresa, con sede social en Morón de la Frontera (Sevilla), ha informado de que se trata de un proceso de expansión que ya tuvo a principios de año el ejemplo de la adquisición de parte de las acciones de la marroquí Cartier Saada.
La idea, según el director general, Ángel Camacho, es “potenciar nuestra especialización como líder de la aceituna de mesa a nivel mundial, además de ampliar el carácter global de nuestro negocio”.
Ha dicho que la demanda de aceitunas griegas es cada vez más relevante en los mercados más importantes del mundo, “y son muy valoradas internacionalmente por su alta calidad y su amplia variedad de especialidades”.
Ángel Camacho Alimentación comercializa desde hace años aceitunas griegas y con la compra de Mani Foods pasa a convertirse en un proveedor global de aceitunas.
Esta adquisición hace que sea, según la fuente, el único proveedor de aceitunas del mundo con envasadoras propias en los principales países productores de aceituna.
De igual manera, y al igual que han hecho otras empresas, al internacionalizar su marca da pasos importantes y así esquiva los aranceles de Estados Unidos a la aceituna española en su dos facetas, tanto la inicial de solo a la aceituna de mesa española, como la posterior a otros productos por el tema de Airbus. Como estas sanciones son a los países, desde ahora Mani Camacho Foods podría salvarse de estos aranceles y abrir nuevos mercados en EEUU.
Agroinformación.
 

-Los gobiernos de la Unión Europea discuten un borrador de presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 con recortes para los fondos regionales mayores incluso que los planteados por la Comisión Europea en mayo de 2018, aunque mejora levemente la propuesta para la Política Agrícola Común (PAC), donde se mantendrían los recortes propuestos por la CE, en especial en las ayudas directas a los agricultores, pero eleva los fondos para el Desarrollo Rural.
Este proyecto presupuestario, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborado por Finlandia, que ostenta hasta final de año la presidencia de turno del bloque. Será debatido entre los Veintiocho en dos ocasiones –la primera este miércoles y la segunda el día 10– antes de que llegue a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 12 y 13 de diciembre.
Será en ese momento cuando las capitales mantengan el primer debate a nivel de primeros ministros sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF), que deben cerrar en los primeros meses de 2020. Se prevén unas negociaciones muy duras por las diferencias entre países como España o Francia, que se benefician en gran medida de los fondos regionales y agrícolas, y otros como Alemania o Países Bajos, más partidarios de aplicar recortes a estos fondos.
CARA Y CRUZ EN LA FINANCIACIÓN DE LA FUTURA PAC
Con respecto a los fondos de la PAC, el borrador de Finlandia mantiene el presupuesto planteado por la Comisión Europea para ayudas directas a agricultores y medidas de mercado (254.247 millones de euros) y eleva a 80.037 millones los fondos para Desarrollo Rural, frente a los 70.000 millones que defiende la Comisión Europea.
Los fondos agrícolas se incluyen dentro de la partida llamada ‘Recursos Naturales y Clima’, que engloba también el programa LIFE y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En total, este apartado crece un 3% en el plan finlandés con respecto a la propuesta del Ejecutivo comunitario, hasta los 346.582 millones.
La propuesta de compromiso que plantea Finlandia propone recortes en cada una de las siete grandes partidas del presupuesto, con excepción de la destinada a Recursos Naturales y Medio Ambiente, en la que se incluye la PAC. Para esta política Finlandia plantea una partida global de 334.000 millones de euros, lo que supondría un descenso del 13% respecto a la situación actual (para 27 Estados miembros), un recorte inferior al de la propuesta de la Comisión Europea.
En el caso del primer pilar de la PAC (ayudas directas y medidas de mercado), serían 254.000 millones de euros (es decir, la misma partida que propone Bruselas), y en el caso del segundo (desarrollo rural) serían 80.000 millones, frente a los 70.000 millones que propone la Comisión.
En concreto, el borrador prevé un presupuesto para la partida ‘Cohesión y Valores’ de 374.056 millones de euros, un 4,5% menos que los 392.000 millones planteados por el Ejecutivo comunitario. De esta cantidad, Finlandia aboga por dedicar 313.100 millones a la cohesión económica, social y territorial, un 5,3% menos que lo que reservaba Bruselas para las regiones.
Según la propuesta finlandesa, las regiones menos desarrolladas se beneficiarían de 194.600 millones, mientras que el presupuesto para las regiones en transición sería de 43.200 millones y el de las regiones desarrolladas de 34.200 millones. La partida para las regiones ultraperiféricas como Canarias se quedaría en 1.400 millones.
Agroinformación.
 

-El Parlamento Europeo indicó el jueves que la UE debe actuar con rapidez para ayudar a los agricultores afectados por los nuevos aranceles estadounidenses.
Los eurodiputados muestran su preocupación por los efectos colaterales para los sectores agrícola y alimentario de una disputa en un sector sin relación directa, y critican la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a tantos productos agrícolas. El importe total de los nuevos gravámenes alcanza los 6.800 millones de euros.
En una resolución aprobada a mano alzada, el pleno también critica la falta de interés de Washington en trabajar con la UE para resolver la larga disputa en torno a los subsidios a Airbus y Boeing.
Impacto sobre la agricultura
La UE debe responder al incremento de los aranceles de manera coordinada y unida, dice el texto. Como primer paso, la Comisión Europea debe vigilar la evolución del mercado, utilizar las herramientas disponibles, como almacenamiento privado, retirada del mercado y otros instrumentos para hacer frente a las sacudidas del mercado, al tiempo que se movilizan ayudas para los más afectados.
La Comisión también intensificar sus esfuerzos para promocionar los productores europeos en el extranjero, además de flexibilizar las normas sobre financiación de estas actividades para permitir el impulso de las campañas de promoción en Estados Unidos, o para redirigirlas a mercados alternativas, sugieren los eurodiputados.
La resolución rechaza cualquier recorte del presupuesto para la Política Agrícola Común y pide cambios en la reserva para crisis.
El Parlamento anima asimismo a la Comisión Europea a buscar una solución negociada y a suavizar las tensiones comerciales en la relación con Estados Unidos.
Una decisión de la Organización Mundial de Comercio
La Organización Mundial de Comercio (OMC) dictaminó que, en respuesta a los subsidios ilegales concedidos en Europa a Airbus, EEUU tiene derecho aplicar aranceles adicionales a los productos de la UE. Desde el 18 de octubre, Washington aplica un 25% extra a una larga lista de productos, que incluyen el aceite y los quesos españoles.
La UE ganó otro caso paralelo por las ayudas a Boeing, y el dictamen sobre las medidas compensatorias que puede imponer a las exportaciones estadounidenses llegará en 2020.
España está entre los países más afectados por los nuevos aranceles, junto a Reino Unido, Francia, Italia, Alemania e Irlanda. En conjunto, esos países cargan con el 95% de los gravámenes, por un importe que ronda los 3.500 millones de euros, según explicó la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, al pleno el martes.
Los productos más afectados son aquellos con alto valor añadido y que suelen beneficiarse de protección por cuestiones de calidad, como el vino y las bebidas alcohólicas, el aceite de oliva y los productos lácteos. También se han visto castigados las aceitunas, la carne de cerdo, algunos dulces, la futa procesada y los cítricos, entre otros.
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la UE. En 2018, la UE vendió a EEUU por 22.300 millones de euros.
Revista Alimentaria.
 

-España mantiene su apuesta de aprobar la ‘tasa Google’ en cuanto se constituya formalmente un Gobierno pese a la amenaza de EE.UU. a Francia por un tributo similar. Una reafirmación que volvió a coger fuerza este miércoles después de que el Ejecutivo ha constatado el fracaso en las negociaciones para suavizar los aranceles de Trump.
En el Ministerio de Hacienda se recordaba este miércoles que el impuesto español no discrimina a las empresas en función del país de origen.
Pero aprobar una tasa sobre determinados servicios digitales proporcionados por las grandes multinacionales tecnológicas afecta especialmente a compañías estadounidenses. Es el caso de Google, Amazon, Facebook y Apple.
El Ejecutivo de Sánchez sostiene que lo ideal sería que se aprobara conjuntamente en el ámbito de la Unión Europea o de la OCDE. Pero no hay previsiones de que eso ocurra hasta finales de 2020 como pronto.
Por ello, algunos países como Francia han avanzado en sus propias normativas, lo que ha motivado una respuesta de Washington.
Tras las amenazas de aranceles de hasta el 100% sobre productos franceses anunciada por el presidente de EE UU, Donald Trump, este lunes, la UE cerró filas un día después anunciando que respondería “unida” ante una medida de ese tipo.
España ha ofrecido retirar la ‘tasa Google’…
Tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba dispuesto a ofrecer a Trump rebajar la presión fiscal sobre las empresas estadounidenses, esto es, Google, Amazon, Facebook y Apple, a cambio de que suavizara los aranceles.
“No queremos una guerra comercial con EE.UU., pero, si la inician, vamos a contestar y defendernos con todas nuestras armas”, afirmó Luis Planas, ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación.
… pero se ha negado a elevar el gasto militar
Según las fuentes diplomáticas consultadas por Confidencial Digital, el Ejecutivo español conocía que la Administración norteamericana había puesto a España como ejemplo de lo que Europa no debe hacer en materia de gasto militar.
Pese a ello, fuentes del Gobierno replicaron a sus interlocutores en Washington que “sólo ocho de los 28 países de la OTAN invierten más de un 2% en Defensa”. Alemania como mucho invierte un 1,3%, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. España se sitúa en un 1%.
Pero Estados Unidos ha respondido a España que los perjudiciales aranceles contra el aceite y la aceituna se mantienen en respuesta, sobre todo, a la negativa a elevar el gasto militar.
Se planteó dejar morir la ‘tasa Google’
Hay que recordar que, pese a que el Gobierno defendía públicamente la ‘tasa Google’, Pedro Sánchez tenía decidido dar marcha atrás al impuesto para evitar las represalias de Trump. Francia, el único país que ha aprobado un impuesto a las empresas digitales -la UE lo aparcó por la falta de consenso entre los Estados miembros-, había reculado.
España lleva varios meses planteándose dejar morir el impuesto a las grandes tecnológicas sin retirarlo, tal y cómo se contó en ECD. Se tiene en cuenta que, a día de hoy, el impuesto digital ni siquiera ha comenzado a recorrer el camino legislativo.
Lo hizo a finales del último mandato socialista, pero el rechazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el adelanto de las generales al 28 de abril y la nueva convocatoria electoral para el próximo 10 de noviembre han provocado que el correspondiente proyecto de ley tenga que volver a la casilla de salida.
En Moncloa se cuenta con que, en caso de que se forme Gobierno en el primer trimestre de 2020, el nuevo impuesto tardará al menos seis meses en tramitarse tras entrar en el Congreso de los Diputados. Es decir, que la tasa no entraría en vigor hasta prácticamente finales del año que viene.
Con estos plazos, el impuesto consensuado en la OCDE se adelantará al español. El organismo ha anunciado que, durante el primer semestre de 2020, la comunidad internacional podrá suscribir un acuerdo “negociado” sobre una ‘tasa Google’ acorde con las “necesidades de la economía del siglo XXI”.
Pese a ello, el Gobierno confirmó hace unas semanas que seguirá adelante con su propósito de aprobar un impuesto sobre determinados servicios digitales, la llamada ‘tasa Google’, pero reconoció al mismo tiempo que está dispuesto a modificarlo y armonizarlo con el del resto de países de la OCDE, cuando estos decidan implantar uno común.
“El Gobierno sigue firme en su voluntad de impulsar este impuesto y evidentemente cuando se apruebe una normativa común lo adaptará como hace con otras figuras fiscales”, afirmó la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
ECD.
 

-Una vez más, y ya van por seis veces, el Panel de Cumplimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) volvió a rechazar el pasado lunes las últimas afirmaciones de la Unión Europea (UE) de que cumplía con las normas de la OMC al realizar cambios menores en sus subsidios masivos de ayuda al lanzamiento de Airbus. La OMC valoró recientemente el daño causado por estos subsidios en $ 7,5 mil millones. Los hallazgos de ahora rearman que los subsidios continúan causando efectos adversos, y han puesto sobre la mesa que los gobiernos europeos incluso han extendido los subsidios al renegociar la ayuda de lanzamiento con Airbus. Todas estas ayudas siguen costando a las compañías aeroespaciales estadounidenses una pérdida significativa de ingresos. Como resultado de la falta de la UE de abordar estas subvenciones, el 18 de octubre, los Estados Unidos impusieron aranceles del 10 por ciento a las grandes aeronaves civiles y del 25 por ciento a los productos agrícolas y de otro tipo, y la mayor parte de estos aranceles se aplicaron a las importaciones procedentes de Francia, Alemania, España y el Reino Unido: los cuatro países responsables de los subsidios ilegales. A la luz del informe de hoy y la falta de progreso en los esfuerzos para resolver esta disputa, Estados Unidos está iniciando un proceso para evaluar el aumento de las tasas arancelarias y someter los productos adicionales de la UE a los aranceles. Se espera que la Oce of United States Trade Representative (USTR) publicará un Aviso del Registro Federal con respecto a este proceso esta semana.
OLIMERCA.
 

-Nueva Zelanda tiene poco más de 4 millones de habitantes y casi 28 millones de ovejas, por lo que el 80% de las emisiones totales de metano provienen del ganado vacuno y ovino. Esta situación ha hecho que el país empiece a buscar alternativas para reducir estas emisiones. Y las ha encontrado gracias a la genética.
En concreto, Nueva Zelanda ha creado un programa genético para impulsar la cría de ovejas con una “baja emisión de metano”, un gas contaminante. “Este enfoque actualmente beneficiará a la industria ovina, que representa poco menos del 20% de las emisiones contaminantes de Nueva Zelanda”, comentó a Efe Mark Aspin, director general del Consorcio Pastoral de Investigación de Gases de Efecto Invernadero (PGGRC, siglas en inglés).
Nueva Zelanda aprobó en noviembre una ley para reducir a cero las emisiones de carbono en el 2050, que además pretende disminuir un 10 % las emisiones de metano biológico procedentes de la agricultura en el 2030.
La organización Beef + Lamb New Zealand (B+LNZ) y el PGGRC anunciaron la semana pasada que comenzaban a implementar este programa genético basado en las mediciones de “valores de crianza”, que identifican las características que se persigue potenciar para mejorar los rebaños. Uno de estos valores es el nivel de emisión de metano, que cada ganadero implicado en el programa mide en una porción de su rebaño mediante unas “cámaras de acumulación” adaptables al remolcador de un camión que se desplaza hasta las granjas.
Las ovejas pasan 50 minutos en estas cámaras aisladas en dos sesiones que se realizan en un período de 14 días para determinar cuánto metano emite cada una de ellas, sobretodo, cuando eructan o vomitan.
El programa se basa en una investigación que comenzó hace diez años. “Hemos trabajado en esta investigación desde 2008. Las mediciones han sido probadas durante unos seis años y ajustadas para medir los genotipos de los ejemplares reproductores”, señaló Aspin.
Los resultados permitirán a los criadores, seleccionar los carneros que tienen un menor nivel de emisiones y utilizarlos para la reproducción, en un proceso que dará resultados en unos dos años, los que tarda uno de estos animales en desarrollarse comercialmente.
El proyecto ha sido recibido con interés por los ganaderos, según destacó el director ejecutivo de B+LNZ, Sam McIvor, que señaló que un sondeo situó la reducción de los gases de efecto invernadero como una de las cinco prioridades del sector.
Varios países, entre ellos Irlanda, Noruega o Australia, han mostrado interés por el programa, indicó Aspin que se mostró confiado en que su impacto aumente “a medida que los cambios genéticos se profundicen con cada generación”.
Nueva Zelanda aprobó en noviembre una ley para reducir a cero las emisiones de carbono en 2050, que además pretende disminuir un 10 por ciento las emisiones de metano biológico procedentes de la agricultura en 2030.
Libre Mercado. Agencias.
 

-La sequía, los incendios, la contaminación, el cambio climático… Parece que los agricultores y ganaderos tenemos la culpa de todos los males del mundo. Sufrimos una campaña de criminalización basada, principalmente, en las noticias falsas que se encargan de repetir las redes sociales, donde parece que tienen el mismo valor las afirmaciones de cualquiera de los cientos de gurús de la salud y la alimentación surgidos de la nada, como la de los científicos que han dedicado toda su vida a la investigación más seria.
Es una pena que calen en la sociedad mensajes tan erróneos y falsos por titulares inventados. Que si hay que eliminar los lácteos de la alimentación porque son malos para la salud. Que si la ganadería causa una altísima contaminación. Que si el glifosato que usan los agricultores provoca cáncer. Que si los herbicidas y fertilizantes contaminan el agua.
Está claro que siempre se pueden reducir los índices de contaminación en cualquier actividad económica. Pero nuestro sector es el primero que observa las normas medio ambientales, entre otras cosas, porque la Política Agrícola Común así lo contempla.
Pero existe una gran desinformación en todos estos aspectos que provocan la demonización de los profesionales de la agricultura y la ganadería, y gran culpa de ello la tienen aquellos sectores, interesados en desprestigiar al sector primario, acusando a la ganadería como el principal emisor de gases causantes del calentamiento global, incluso –y esto ya es para nota- por encima de las emisiones de los medios de transporte.
Si se analiza en profundidad, la realidad es muy diferente, ya que los datos de emisión de gases por parte de la ganadería son mucho más reducidos de lo que se nos ha querido vender, de forma que suponen un tercio comparadas con las del transporte. Además, cualquier actividad alternativa a la ganadería, como la carne de laboratorio, emitiría más gases que la producción animal.
Por otra parte, agricultores y ganaderos son prácticamente los únicos que realmente luchan contra la realidad de la España vaciada, ya que en el caso del ganado es imprescindible la presencia humana en los pueblos. Sin olvidar la importante labor antiincendios que suponen los pastos en las zonas de alto valor paisajístico que tenemos en nuestra provincia, ni los beneficios de los purines frente a los abonos químicos.
En Palencia el sector agrícola y ganadero es el que da vida a la provincia, a los pueblos, y es base importantísima de nuestra economía. Somos una zona gran productora de cereales y forrajes, que aportan muchos beneficios al medio ambiente. Los agricultores y ganaderos son la columna vertebral de la sociedad y somos nosotros los que producimos alimentos los 365 días del año.
También somos nosotros los que sufrimos el continuo aumento de las normas, como la restrictiva legislación sobre el empleo de fertilizantes y la prohibición de determinados fitosanitarios que, dificultan enormemente su trabajo diario. La política agraria se basa cada vez más en opiniones públicas dirigidas por intereses económicos, en lugar de tener en cuenta la opinión científica.
Es importante que todoa aquellas voces autorizadas se hagan oír para dejar claro de una vez lo mucho que aporta el sector, bueno para el medio ambiente y la sociedad en general.
ASAJA Palencia.
 

-Agroseguro y Enesa van a pagar una indemnización complementaria a los ganaderos catalanes por errores en el cálculo en aquella comunidad.
Los ganaderos extremeños suscribieron la campaña pasada 3.191 pólizas de seguro de sequía en pastos, con un capital asegurado de 100,013 millones de €, el 61,53 % del total asegurado en España. En cambio, para esta campaña, se han suscrito solo 2.609 pólizas, un 18,24€ menos.
Desde el mes de marzo, La Unión Extremadura viene denunciando y aportando informes que acreditan que los datos aportados por Agroseguro para el cálculo de las indemnizaciones no son correctos que, tras la mayor sequía padecida en los últimos años, la mayor parte de los ganaderos o no han sido indemnizados o lo han sido por debajo de los costes de seguro.
Tras estas denuncias presentadas, Agroseguro informó hace un mes que, había solicitado un informe para auditar los datos y saber si, realmente, las indemnizaciones presentadas por Agroseguro estaban realmente calculadas.
La Unión Extremadura tiene conocimiento que el Director General de Enesa junto con altos responsables de Agroseguro se reunieron, la semana pasada, con el Gobierno de la Generalidad en la Comisión Regional de Seguros Agrarios de Cataluña en la que informaros que, el 3 de diciembre, darían a conocer el informe elaborado por Tragsatec sobre la fiabilidad del seguro. Hay que tener en cuenta que los ganaderos catalanes, hasta el 15 de noviembre de 2019, habían suscrito 120 pólizas, el 2,87% de las totales en España.
Ya es raro que el Director Gral. de Enesa se desplace a una Comunidad que tiene suscritos 120 pólizas y no se digne en venir a otra que tenemos suscritas más del 60%, pero lo que es impresentable a juicio de La Unión Extremadura es que, en la presentación del informe, se llega a la conclusión que los datos aportados por Agroseguro son correctos para toda España excepto para Cataluña.
Tras la reunión de Enesa el pasado 3 de diciembre se ha acordado hacer una nueva nómina para aumentar las indemnizaciones del seguro a los ganaderos catalanes y a nadie más.
Entendemos que no es criticable que tanto el gobierno catalán como los representantes de sus ganaderos, presionen para sacar beneficios a sus ganaderos, lo denunciable es la actitud sumisa de la Consejería de Agricultura de Extremadura y vergonzosa la actitud del Ministerio de Agricultura que más parece estar allanando las condiciones para asegurarse los votos de los partidos regionalistas catalanes.
La Unión Extremadura va a llevar esta denuncia a la Asamblea de Extremadura para que la misma repruebe la actitud de los representantes de la Junta de Extremadura en esta mesa de negociaciones.
La Unión Extremadura.

-Los vegetales no hablan, pero tienen su propio lenguaje. Y los científicos lo entienden. “Las plantas se estresan cuando las pones en un ambiente hostil, o por infecciones o por contaminación atmosférica”, explica Matilde Barón, directora de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla tecnología punta para la agricultura y la ganadería ecológicas. En algunos cultivos, ese estrés se traduce en un aumento de la temperatura de las plantas que al ser detectados permiten descubrir sequías o plagas. España investiga para consolidarse como principal productor del continente de este tipo de alimentación, que en 2021 estrenará nueva legislación europea. Estos avances se aplican luego en la agricultura y la ganadería ecológica, que no puede usar producto de síntesis químicas –como abonos, pesticidas o piensos– ni transgénicos. Usando drones con cámaras térmicas e hiperespectrales (que recogen el espectro electromagnético), miden la diferencia de temperaturas para llegar a una detección temprana de las enfermedades de los cultivos. En España, se ha aplicado en plantaciones de aguacates de la Costa Tropical (Granada) para descubrir de forma temprana qué ejemplares sufren un hongo que seca las raíces. También se ha usado para determinar qué olivos pueden padecer la temida Xylella, una peligrosa bacteria que ataca a estos árboles. La tecnología se ha exportado también a Estados Unidos. Una de las señales que emiten los vegetales es la fiebre, pero no es la única. “Cuando una planta es atacada por una plaga, pide ayuda en forma de emisión de volátiles, es decir, de olores. Y esos olores son identificados por el enemigo natural de la plaga. Es un proceso biológico del que nosotros queremos sacar provecho”. Otra señal vegetal son las variaciones hormonales. “Hemos descubierto que los microorganismos pueden potenciar el sistema inmune de las plantas y así, por ejemplo, el tomate resiste mejor las plagas”.
En la Estación Experimental del Zaidín también estudian cómo reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente para hacerla más ecológica. “El ganado produce mucho metano, que es un gas de efecto invernadero, y nosotros tratamos de reducirlo cambiando la alimentación de los animales a partir de subproductos agrarios que tenemos en la zona, como los restos de chirimoyas o aguacates”. Pero no solo se pueden controlar las flatulencias del ganado. “Hemos averiguado que la betaína, presente en la remolacha, reduce la proporción de grasa en el cerdo ibérico y estamos probando qué tipo de alimentación reduce el estrés por calor en estos animales, además, hemos descubierto que los compuestos derivados del ajo mejorar la salud intestinal de los pollos”.
EL País.
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