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AEDAF: El plan fiscal del Gobierno impulsa a la ´fuga´

Lisboa puede estar iendo el destino de muchos capitales españoles

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha recibido varias consultas de empresas e inversores para interesarse por las opciones de deslocalización y traslado al exterior ante el anuncio de cambios y subidas de impuestos del nuevo Gobierno de coalición, y han negado que las compañías paguen solo un 5% por el Impuesto de Sociedades, ya que no se tiene en cuenta lo que abonan sus filiales en las jurisdicciones donde operan.

Actualizado 24 enero 2020  
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Redacción y Agencias
  

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También reclama una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente, una mayor actuación preventiva de la Agencia Tributaria y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente del Ministerio de Hacienda. Así lo ha señalado la presidenta de Aedaf, Raventós, en un encuentro informativo tras la renovación de la directiva de la asociación y para presentar los objetivos para el nuevo ejercicio, en el que ha defendido que "no se puede legislar al golpe del momento" y ha reivindicado que sea un "imperativo legal" la seguridad jurídica, ya que en España, a pesar de la "calma" por el "impasse" político de los dos últimos años, se produce un "continuo cambio de normas", algo que perjudica a las empresas a la hora de realizar inversiones.
Ante los cambios fiscales incluidos en el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno de coalición, que contempla subidas del IRPF a rentas altas, mayor control sobre las 'sicav' o el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades, Raventós ha reconocido que en la asociación han recibido varias consultas de empresas e inversores interesándose por las posibilidades de localizarse en Portugal y en Reino Unido.
A este respecto, ha afirmado que "no se puede decir que las empresas pagan un 5% en Sociedades, no es cierto", ya que en ese cómputo del tipo del tributo se contemplan las compensaciones por pérdidas y no se tiene en cuenta lo que la empresa paga por dicho impuesto en el exterior a través de las filiales, por lo que el tipo que se contabiliza "no es real".
El vicesecretario de Aedaf, Gracia, ha subrayado que "todos" los ciudadanos deben contribuir al gasto público, pero ha reivindicado que esta sea mediante "medidas equilibradas", y ha recordado que los impuestos entre los Estados miembros de la UE se convierte en un elemento de competencia, a pesar de que la UE ha actuado en los últimos años para corregir las diferencias.
La competencia fiscal también se produce entre comunidades autónomas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, que presenta una menor imposición, algo que para los asesores fiscales es "absolutamente legítimo" al hacer uso la región de autonomía fiscal. "Si un Estado decide subir mucho los impuestos, la gente se traslada a otro", ha avisado Raventós, quien ha matizado que estas deben producirse ordenadamente, de forma que se pague el impuesto donde se crea el valor. Este principio es el que rige en los trabajos para el establecimiento de una solución en el marco de la OCDE al pago de tributos por parte de las grandes multinacionales tecnológicas, conocido como 'tasa Google', en la que España trabaja en paralelo, algo que desde Aedaf circunscriben al "ámbito político", y aclaran que por el momento estas grandes corporaciones digitales no están actuando de forma ilegal, ya que no pagan impuestos al carecer de normas que fijen la imposición.

La presidenta de la Aedaf ha hecho hincapié en que los asesores fiscales "en absoluto" trabajan a favor del fraude, si bien ha reclamado un "entorno de colaboración" por parte de la Administración tributaria con los contribuyentes, y ha reivindicado que la inspección se limite a comprobar si ha cobrado bien, ya que "no es su misión recaudar". En esta línea, ha rechazado la idea de que "cualquier ciudadano es un defraudador" y que se sancione "automáticamente" cualquier falta de ingreso, abogando en su lugar por una mayor actuación preventiva por parte de la AEAT.
Respecto a la no adhesión de la Aedaf al Código de buenas prácticas tributarias entre la AEAT y los asesores fiscales, al que tampoco se ha sumado el Consejo General de la Abogacía, Raventós considera que el documento es "completamente desequilibrado", ya que los asesores se comprometen a informar a la Administración de todo, incluso "más allá de lo legalmente establecido", y la AEAT solo se compromete a "cumplir la ley".
En este sentido, los asesores fiscales también han lamentado la falta de consulta de Hacienda para elaborar el nuevo plan estratégico de la Agencia Tributaria.
Por ello, para el nuevo ejercicio, además de impulsar una transformación digital en la asociación, la Aedaf propondrá "muchos cambios", ya que, según han indicado el vicepresidente y vicesecretario de Aedaf, Enriguqe Lang-Lenton y Eduardo Gracia, hay que realizar una distinción entre el área legislativa referida a cambios legislativos y el ámbito de la práctica administrativa.
"No hay una relación propia de igualdad entre la Administración y el ciudadano, todo se ampara en la lucha contra el fraude y todo vale", ha denunciado Gracia, quien alerta de una "erosión del derecho del contribuyente".
De esta forma, como principal objetivo la Aedaf se marca la aprobación de una Ley de garantía y derechos del contribuyente, ante la pérdida "paulatina" de derechos. Gracia ha abogado por una ley que "renfoque" la relación entre Administración y contribuyente, de forma que sea un "órgano de colaboración" y control, y se contemplen opciones como que los inspectores tengan asociados un número de contribuyentes y haya un contacto directo.
También consideran los asesores que debería ponerse el foco en la economía sumergida en vez de en los contribuyentes que ya declaran, y aboga por una investigación "mucho más profunda" en determinados sectores y por el fin del sistema de módulos de los autónomos, ya que la AEAT dispone un mayor control sobre pymes y pequeños empresarios que cuando se creó el sistema.
Igualmente, Aedaf ha recordado que esta semana el Tribunal de Justicia de la UE ha puesto en cuestión en una sentencia la legitimidad de los tribunales económico-administrativos respecto a su independencia, y es que España es "el único país de Europa donde sigue habiendo una primera instancia dependiente de Hacienda".
Además, apunta que la AEAT pierde más del 50% de los casos que van a ese tribunal, en el que la Administración tiene la capacidad de "autorevisarse" durante cinco años, sin que el contribuyente pueda acudir a otra instancia independiente, y cuando el caso llega a la justicia ordinaria, es analizado por jueces sin formación tributaria.
 
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