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Semana del 19 al 26 de abril de 2010.

Las medidas necesitan de coordinación para su eficacia

En esta semana se han publicado, por fin, en el B.O.E las medidas "urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo frente al impacto ocasionado por el COVID-19, que contempla medidas para la protección de los trabajadores, para fomentar el ajuste de la economía

Actualizado 30 abril 2020  
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Redacción Agrolibre
  
y fomentar el empleo y medidas fiscales, que favorecen también el tejido productivo y social en los sectores agrario y pesquero”.
 
Comentarios.
 En concreto:
- se simplifican y flexibilizan, con vigencia indefinida, las reglas de inclusión en el Sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios de la Ley General de Seguridad Social intentando mejorar así la viabilidad futura del sector.
-se flexibiliza fiscalmente la limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020
-se establece una medida extraordinaria con objeto de flexibilizar también, de forma temporal, el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del Covid-19 y
-se contempla que, a los trabajadores del Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, se les aplicará una reducción del 19,11 % a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020, a aquellos que hubiesen realizado 55 jornadas reales cotizadas en 2019

Las medidas adoptadas son las exigibles y sobretodo son suficientes para resolver los problemas actuales del Sector… … pues creemos que no, pero lo más importante es que, como, siempre ha ocurrido con este gobierno, las medidas no se queden en el papel del BOE, que sean de inmediata aplicación, que resuelvan, al menos, los mínimos problemas, todos administrativos, que se describen.
De forma simultánea desde la UE también se han tomado medidas sobre el sector reiterando las actuales y enormes necesidades que hoy tenemos en el sector.
Para el Comisario "las consecuencias de la crisis del coronavirus se sienten cada vez más en el sector agroalimentario y es por eso por lo que hemos decidido tomar medidas rápidas, además de las medidas ya tomadas desde el estallido de la crisis".
Las medidas propuestas, en el estado actual de la evolución del mercado, pretenden enviar una señal destinada a estabilizar los mercados y se consideran las más apropiadas para proporcionar estabilidad a los precios y la producción futuros y, por lo tanto, el suministro estable de alimentos y la seguridad alimentaria. Hoy estamos anunciando un nuevo y excepcional paquete de medidas para apoyar a los sectores agroalimentarios más afectados al abordar las perturbaciones ya observadas, así como los riesgos futuros. Estoy seguro de que estas medidas aliviarán los mercados y mostrarán resultados concretos rápidamente”.

Las medidas excepcionales anunciadas como una respuesta adicional a la crisis de Coronavirus incluyen:
. ayuda al almacenamiento privado. “La Comisión propone conceder ayuda al almacenamiento privado para productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla, queso) y productos cárnicos (carne de vacuno, ovino y caprino), permitiendo la retirada temporal de productos del mercado por un mínimo de 2 a 3 meses y un período máximo de 5 a 6 meses. Esta medida conducirá a una disminución de la oferta disponible en el mercado y reequilibrará el mercado a largo plazo.
. flexibilidad para los programas de apoyo al mercado. La Comisión introducirá flexibilidad en la implementación de los programas de apoyo al mercado para vino, frutas y verduras, aceite de oliva, apicultura y el sistema escolar de la UE (leche, frutas y verduras) permitiendo así, la reorientación de las prioridades de financiación hacia medidas de gestión de crisis para todos los sectores.
. excepciones excepcionales a las normas de competencia de la UE, aplicable a los sectores de la leche, las flores y las papas. La Comisión autorizará la excepción a ciertas reglas de competencia en virtud del artículo 222 del Reglamento de la Organización de Mercados Comunes permitiendo a los operadores adoptar medidas de auto-organización de mercado.
. a estos sectores, se les permitirá tomar medidas colectivas para estabilizar el mercado. “El sector de la leche podrá planificar colectivamente la producción de leche y el sector de las flores y las pataas podrá retirar productos del mercado.
. también se permitirá finalmente, el almacenamiento por parte de operadores privados. Dichos acuerdos y decisiones solo serán válidos por un período máximo de seis meses. Los movimientos de los precios al consumidor serán monitoreados de cerca para evitar efectos adversos.
Lo anterior está muy pensado, incluso diríamos que, muy bien pensado, pero como siempre ocurre, todo se demorará de nuevo, porque resulta que, la Comisión pretende que estas medidas no se adopten de forma inmediata ya que se exige que, antes de adoptarlas, los Estados miembros deberán ser consultados y votarlas, por lo que, una vez más las medidas descritas podrán “ser o no ser”, ya veremos en qué queda todo.
Señalemos que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado “la ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera”. Para la COAG “los efectos del COVID19 están siendo utilizados como excusa para romper la ligera tendencia al alza del último año (+3% entre febrero de 2019 y febrero de 2020), tras un crítico lustro en el que se han perdido 4.800 granjas familiares. Si se materializaran las intenciones de las industrias, se pondría contra las cuerdas al 25% de los ganaderos/as, más de 3.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares, de las 12.686 que existen en la actualidad”.

Siempre defenderemos la libertad de mercado, pero también consideramos absolutamente necesario que el MAPA revise con toda urgencia “El informe técnico elaborado por el Departamento de Ganadería de COAG, (que hoy adjuntamos como Documento semanal, a partir de pág. 2) y tras comprobar su veracidad emita juicio sobre lo que está ocurriendo.
Nadie debe en situaciones de excepcionalidad garantizarse el futuro a costa del productor. 
Según Jean-Marc Jossart, Secretario General de Bioenergy Europe, “estamos viviendo una crisis que genera un nivel de incertidumbre sin precedentes. Sin embargo, debemos aprovechar esta circunstancia y transformarla en una oportunidad para repensar nuestra sociedad en su conjunto. Hoy más que nunca, debemos esforzarnos al máximo para garantizar que el futuro de Europa se apoye en las energías renovables. Con un 10,3% de contribución al mix energético y más de 700.000 empleos, el sector de la bioenergía es una realidad socioeconómica sólida y deseoso de contribuir a las decisiones de inversión necesarias para reiniciar y reactivar nuestra economía tras a la crisis". Por su parte, Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, añade que "en España, la valorización energética de la biomasa es una polivalente herramienta para las políticas y estrategias que persiguen una economía descarbonizada, sostenible y justa. El aprovechamiento sostenible de la biomasa, recurso autóctono y renovable, incrementa la renta agraria, reduce el riesgo de incendios forestales y genera empleo de calidad, especialmente en las zonas rurales”.
Es francamente difícil, nosotros añadiríamos que imposible, juntar más estupideces e inanidades con menos palabras. ¡Por favor! Bioenergy Europe, ¡ya basta!, no creen que, en época de pandemia, dfeberían estar un poco más calladitos, que están abusando en exceso… …

 
Magnífica proclama la de “Alianza Rural”, destacando el papel del sector agropecuario como motor para el desarrollo económico y medio ambiental de nuestro país, léanla.
“Nuestro país está viviendo uno de los momentos más duros y difíciles de su historia moderna, la pandemia del Coronavirus Covid19 está cobrando muchas vidas y está ocasionando una grave crisis económica. Desde Alianza Rural queremos subrayar la relevancia del campo como motor para el desarrollo económico y medio ambiental de España, y el compromiso que ha mantenido con la sociedad en su labor de alimentar a España. Además, esta situación ha servido para comprobar que ni la agricultura ni la ganadería son agentes causantes del cambio climático, sino que contribuyen al mantenimiento de espacios medio ambientales.
El mundo rural ha conseguido atenuar las consecuencias de la crisis sanitaria debido a su aislamiento y su dispersión geográfica, pero está sufriendo directamente la crisis económica ocasionada por las medidas necesarias para la paralización de la pandemia y desde Alianza Rural se prevén pérdidas millonarias para el sector del campo, sin considerar los números rojos del impacto en el turismo rural.
El cierre del canal Horeca, (hoteles, restaurantes), unido a la paralización de la actividad turística como consecuencia de la limitación de movimientos, han supuesto directamente la asfixia económica de ganaderos y agricultores que tienen su producción vinculada a ese nicho de mercado, e incluso de productos gourmet. A esto, debemos sumar el cambio de hábitos de los consumidores que ante una previsión de una fuerte depresión económica están adaptando su consumo a una cesta de la compra de menor coste.
Asimismo, esta situación afecta de forma dramática también a aquellos sectores agropecuarios cuyo destino son los espectáculos, los deportes o las ferias y exhibiciones, paralizados por esta situación sanitaria, como son los casos del toro bravo, y del sector equino de deporte.
En ese sentido, se estiman importantes pérdidas en sectores agrícolas orientados hacia la exportación y en aquellos de carácter más perecedero, también en productos cárnicos como el ovino-caprino, vacuno de carne, porcino ibérico y sector lácteo que podrían superar los 3.694 millones de euros millones de euros, unidas a las previsiones procedentes de distintas fuentes sobre pérdidas millonarias estimadas en sectores agrícolas, con las características mencionadas, como el vitivinícola, olivar y frutas y hortalizas. Además, debemos añadir las pérdidas de sectores del ámbito rural como son la ganadería de bravo que calculan más de 77 millones de euros -35 millones de euros directamente aplicados a los animales destinados a espectáculos culturales-. 
La caza, otra actividad dinamizadora de la economía rural y necesaria para la conservación del medio ambiente, no escapa a los efectos de la crisis. La carne de caza cuyo volumen anual de ventas se sitúa en torno a 100 millones de euros, puede afrontar unas pérdidas de al menos el 40%. Sus industriales tienen las cámaras llenas de producto de calidad para el que no encuentran salida. La caza como actividad, que genera en España 6.487 millones de euros y emplea a 187.000 personas, verá sin duda afectada su actividad ante una crisis de tal magnitud, con descensos de más del 20% si la pandemia y las medidas finalizan antes de la temporada general, en cuyo defecto aumentaría considerablemente, lo que supone un global de al menos más de 1.200 millones de euros en pérdidas. Además de una profunda crisis económica, la disminución de esta actividad producirá graves efectos en el medio, con daños a la agricultura, ganadería, ecosistemas y aumento de accidentes de tráfico, por tanto, la actividad cinegética debe ser considerada para el control de los daños relacionados como actividad esencial en este Estado de Alarma.
Estas primeras estimaciones pondrían en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias en el futuro y supondría un gravísimo mazazo para el campo español de no adoptarse medidas por parte de las Administraciones nacionales y europeas que palíen si quiera parcialmente esta gravísima crisis provocada por la pandemia COVID19 en el campo. Medidas entre las que los conocidos mecanismos de intervención de mercados, bien merecen ser estudiados.
Cifras que tras el desastre económico llevarían aparejado incalculables perjuicios ambientales, pérdidas de biodiversidad y ecosistemas asociados al sector agropecuario y un mayor abandono de la llamada España vaciada.
Esta situación obliga a los agentes de la Alianza Rural a mirar al Fondo Europeo de Reconstrucción Económica, y arbitrar los mecanismos europeos, nacionales y autonómicos necesarios para ayudar a este sector estratégico de forma económica, social y medio ambiental para nuestro país.”
Hasta la próxima semana si sobrevivimos.
 
Noticias.
-El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo frente al impacto ocasionado por el COVID-19, que contempla medidas para la protección de los trabajadores, para fomentar el ajuste de la economía y fomentar el empleo y medidas fiscales, que favorecen también el tejido productivo y social en los sectores agrario y pesquero.
La nueva norma beneficia a los pequeños agricultores y ganaderos que se dedican a la actividad agraria, ya que simplifica y flexibiliza, con vigencia indefinida, las reglas de inclusión en el Sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA). De esta forma, se mejora la viabilidad del sector al prescindir de los requisitos vinculados a rentas de trabajo y establecer una visión globalizada de todos los componentes de la explotación familiar agraria.
En un momento en el que el sector agrario ha de ocupar un puesto de primera línea en la actividad económica, por su relevancia tanto en la población activa ocupada como en el producto interior bruto, el Gobierno adecua su regulación a la nueva realidad del campo español.
Se elimina, por tanto, el requisito de obtención de un porcentaje mínimo de rentas provenientes de la actividad agraria y, en el caso de que ocupen trabajadores por cuenta ajena, se establece un límite total de 546 jornadas en un año, las cuales se reducirán proporcionalmente en función del número de días de alta del trabajador por cuenta propia agrario en este Sistema Especial durante el año natural de que se trate
De esta forma, la comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, establecido en el Régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se efectuará teniendo en cuenta la nueva regulación del régimen de inclusión en la Seguridad Social.
A los trabajadores del Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios se les aplicará, desde el 1 de enero de 2020, una reducción del 19,11 % a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 para aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019.
Al igual que se hizo en el año 2019 respecto al mismo colectivo, mediante esta medida se facilita el cumplimiento de la obligación de pago de la cotización a la Seguridad Social que han de afrontar los trabajadores agrarios por cuenta ajena que se encuentren en situación de inactividad, teniendo en cuenta tanto el incremento anual de esa cotización como el aumento del número de trabajadores que han pasado a la referida situación en el sector agrario, a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19
MEDIDAS FISCALES
En el ámbito fiscal se flexibiliza la limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020, al permitir a los contribuyentes del IRPF del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, que en la presentación del pago del primer trimestre renuncien al método de estimación objetiva, puedan volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021.
Se elimina así la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura
También en el marco de las medidas fiscales y en relación con el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma, se contempla la posibilidad para los contribuyentes de no computar como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.
Una medida que afecta a la producción de mejillón, industrias de pan y bollería y, en general, al comercio al por menor de productos todo tipo de alimentarios
AJUSTE DE LA ECONOMÍA Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO
En relación con el ajuste de la economía y la protección del empleo, se establece una medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del Covid-19.
Se permite así a las cooperativas, desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, destinar el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo total o parcialmente, como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.
Este Fondo deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.
También se podrá destinar a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.
El Consejo Rector asumirá la competencia cuando la Asamblea General no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.
Además, se establece una exención a la tasa de buques cuando éstos deban encontrase amarrados o fondeados en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.
MAPA.
 
-La Comisión anuncia medidas excepcionales para apoyar el sector agroalimentario.
La Comisión está tomando medidas rápidas y propone medidas excepcionales adicionales para apoyar aún más los mercados agrícolas y alimentarios más afectados. El sector agroalimentario de la UE está mostrando resistencia en estos tiempos sin precedentes, tras el brote del coronavirus. Aun así, algunos mercados se han visto muy afectados por las consecuencias de esta crisis de salud pública.
El paquete de hoy incluye medidas para la ayuda al almacenamiento privado (PSA) en los sectores lácteo y cárnico, la autorización de medidas de autoorganización de mercado por parte de operadores en sectores muy afectados y flexibilidad en frutas y verduras, vino y algunos otros programas de apoyo al mercado.
El comisionado de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dijo: "Las consecuencias de la crisis del coronavirus se sienten cada vez más en el sector agroalimentario y es por eso que hemos decidido tomar medidas rápidas, además de las medidas ya tomadas desde el estallido de la crisis". Las medidas propuestas, en el estado actual de la evolución del mercado, pretenden enviar una señal destinada a estabilizar los mercados y se consideran las más apropiadas para proporcionar estabilidad a los precios y la producción futuros y, por lo tanto, el suministro estable de alimentos y la seguridad alimentaria. Hoy estamos anunciando un nuevo y excepcional paquete de medidas para apoyar a los sectores agroalimentarios más afectados al abordar las perturbaciones ya observadas, así como los riesgos futuros. Estoy seguro de que estas medidas aliviarán los mercados y mostrarán resultados concretos rápidamente”.
Las medidas excepcionales anunciadas como una respuesta adicional a la crisis de Coronavirus incluyen:
. Ayuda al almacenamiento privado: la Comisión propone conceder ayuda al almacenamiento privado para productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla, queso) y productos cárnicos (carne de vacuno, ovino y caprino). Este esquema permitirá la retirada temporal de productos del mercado por un mínimo de 2 a 3 meses y un período máximo de 5 a 6 meses. Esta medida conducirá a una disminución de la oferta disponible en el mercado y reequilibrará el mercado a largo plazo.
. Flexibilidad para los programas de apoyo al mercado: la Comisión introducirá flexibilidad en la implementación de los programas de apoyo al mercado para vino, frutas y verduras, aceite de oliva, apicultura y el sistema escolar de la UE (leche, frutas y verduras). Esto permitirá la reorientación de las prioridades de financiación hacia medidas de gestión de crisis para todos los sectores.
. Excepciones excepcionales a las normas de competencia de la UE: aplicable a los sectores de la leche, las flores y las papas, la Comisión autorizará la excepción a ciertas reglas de competencia en virtud del artículo 222 del Reglamento de la Organización de Mercados Comunes, que permite a los operadores adoptar medidas de autoorganización de mercado.
Concretamente, a estos sectores se les permitirá tomar medidas colectivas para estabilizar el mercado. Por ejemplo, el sector de la leche podrá planificar colectivamente la producción de leche y el sector de las flores y las papas podrá retirar productos del mercado. También se permitirá el almacenamiento por parte de operadores privados. Dichos acuerdos y decisiones solo serán válidos por un período máximo de seis meses. Los movimientos de los precios al consumidor serán monitoreados de cerca para evitar efectos adversos.
La Comisión pretende que estas medidas se adopten a finales de abril. De antemano, los Estados miembros deberán ser consultados y votar sobre estas medidas. Por lo tanto, están sujetos a cambios. El detalle completo de estas propuestas se dará a conocer en el momento de su adopción final.
El paquete anunciado hoy sigue a un paquete integral de otras medidas adoptadas anteriormente por la Comisión para apoyar al sector agroalimentario en la crisis actual, como el aumento de las cantidades de ayuda estatal, pagos adelantados más altos y plazos extendidos para presentar solicitudes de pago. La mayor flexibilidad con respecto a las normas de la Política Agrícola Común tiene como objetivo aliviar la carga administrativa sobre los agricultores y las administraciones nacionales.
Comisión de la UE.
 

- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas para mejorar el Decreto de Ley de medidas urgentes para el sector agrario y que pueda servir efectivamente como instrumento para impulsar al sector, ya que en su opinión las actuales parecen que se centran en que “el trabajo es esencial, pero unas rentas dignas parece que no”.
Unión de Uniones, quien ya celebró que el decreto pudiese ser debatido y mejorado, ha enviado sus propuestas a los distintos Grupos políticos de forma que se pueda contar con masa crítica para se consiga modificar la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, se cree una política comercial coherente con Europa y se legitime una interlocución válida, entre otros aspectos.
La organización ya ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de una apuesta firme por equilibrar la cadena alimentaria. En su opinión, regular la venta a pérdidas en el punto venta o anunciar que se referenciarán unos costes de producción no es suficiente.
Unión de Uniones cree que se debe ir más allá, ahondar en la naturaleza del problema y definir lo que es posición de dominio de la industria y la distribución para identificar los abusos que se están dando, así como dotar a la AICA de más recursos para poder hacer un seguimiento exhaustivo de los incumplimientos que se están produciendo.
Igualmente, en la misma línea, la organización hace llamamiento al Gobierno que promueva en las instancias comunitarias la regulación de un etiquetado agroalimentario que permita identificar el origen de los productos y conocer si cumplen o no el respeto a las normas propias de la Unión Europea, particularmente las relacionadas con la salud humana. “No es posible que a las producciones europeas se nos exija una serie de aspectos a cumplir y luego entren de países terceros, sin aranceles, solapando nuestras cosechas y sin cumplir los mismos requisitos”, comentan desde la organización. “Ya denunciamos el año pasado el caso de las naranjas sudafricanas que utilizan 50 materias activas prohibidas en Europa”.
“EL TRABAJO ES ESENCIAL, PERO UNA RENTA DIGNA PARECE QUE NO LO ES TANTO”
Unión de Uniones insiste en que se deben poner en marcha herramientas para que los agricultores y ganaderos puedan tener unas rentas dignas acorde con el trabajo que realizan, la inversión y su función social.
Así, por lo que se refiere a la PAC pide que el Gobierno se comprometa y asegure la orientación de los pagos directos a los agricultores y ganaderos cuyas rentas procedan en más de un 25% de la actividad agraria, así primaría el agricultor genuino sobre el agricultor de sofá.
Del mismo modo, se plantea la modulación de las bonificaciones del coste social de las contrataciones agrarias con el fin de que el tipo efectivo de cotizaciones por contingencias comunes no supere en ningún caso el 18,75 % de pagos directos contemplados en la normativa comunitaria.
“Es posible que nunca antes se valorase nuestra actividad como en estos tiempos tan terribles”, señalan desde la organización. “Nuestro trabajo es esencial, pero unas rentas dignas parece que no lo es tanto y es algo que no se puede sostener por más tiempo”.
Unión de Uniones, además, considera que para poder trasladar las demandas del sector hace falta una interlocución valida por lo que propone la modificación de la Ley 12 2014 suprimiendo la disposición transitoria que sostiene una interlocución institucional basada en criterios derogados y alejados del paisaje real de representación en el campo.
 

-A la búsqueda de mano de obra para las campañas hortofrutícolas, el sector agrario suma un nuevo reto, que es encontrar los vehículos con los que llevar a los jornaleros al campo: no se encuentran furgonetas para alquilar por una demanda disparada dadas las restricciones de seguridad por la COVID-19.
Es el caso de las furgonetas de nueve ocupantes, en las que ahora sólo pueden ir tres y cuya demanda está disparada.
Así lo confirman a Efeagro varias empresas de alquiler, algunas incluso con toda su flota arrendada y sin poder buscar nuevos vehículos con los que satisfacer las peticiones de los agricultores de sus zonas.
Uno de ellos es Antonio José Escuer, que está al frente de un concesionario de venta y alquiler de vehículos en Fraga (Huesca), quien explica que lo tienen “todo” alquilado desde el 1 de mayo: “Hay muchísima demanda este año” porque “no pueden ir más de tres personas en una furgoneta de nueve plazas”.
CREEN QUE EL REAL DECRETO QUE IMPIDE VIAJAR A MÁS DE TRES ES DEMASIADO ESTRICTO Y SE DEBERÍAN PERMITIR DOS TRABAJADORES POR FILA DE ASIENTOS
Estos días está recibiendo “muchas” llamadas de agricultores para arrendar vehículos durante toda la campaña (suele durar unos cinco meses en su área), pero ya no tiene disponibilidad.
Han buscado furgonetas en otros puntos de España para ofrecer a sus clientes y, aunque han conseguido algunas, ya no hay oferta en otras empresas nacionales, detalla.
Escuer cree que el Real Decreto que impide viajar a más de tres es demasiado estricto y se deberían permitir dos trabajadores por fila de asientos con las debidas medidas higiénicos-sanitarias para evitar posibles transmisiones del coronavirus.
Respecto a los precios, en su concesionario han decidido congelar los precios del alquiler respecto a los dos años previos (ronda los 780 euros/mes la furgoneta): el objetivo es “dar servicio” porque en esta campaña los productores sufrirán un “golpe económico”.
Algo similar están viviendo en la compañía leridana Conrad2, que subraya a Efeagro que, ante la falta de vehículos de nueve plazas, los agricultores piden ya hasta turismos de cinco plazas para ir dos trabajadores.
Han agotado los alquileres para las furgonetas y tan sólo quedan a su disposición, las de lujo que, por su precio y características, no se ajustan a las necesidades de tareas agrarias.
Coinciden desde la empresa en que los vehículos de tres filas son los más reclamados por los empresarios, ya que para conducirlos no hace falta ningún permiso especial y “cualquier temporero” puede llevarlo al tajo.
En su zona, los alquileres para el campo se prolongan varios meses y el agricultor los va abonando mensualmente a precios que también van a mantener constantes en esta campaña (sobre 35-40 euros/día).
HACIENDO UN CÁLCULO A LA BAJA, LE SUPONDRÍA UN ENCARECIMIENTO MENSUAL DE UNOS 4.500 EUROS POR EL ARRIENDO RESPECTO A UN AÑO NORMAL
Nuria Floreza es una de las productoras que está sufriendo esta situación, porque necesitará transporte de alquiler para llevar cada día a su finca aragonesa unos 30 operarios, de cara a las campañas de paraguayos, nectarinas y pera.
Si antes podía solucionarlo con cuatro furgonetas, ahora le harían falta 10 vehículos de esas características, lo que supone un “gran problema”, tanto para asegurar esos viajes como por el incremento del coste económico.
Haciendo un cálculo a la baja, le supondría un encarecimiento mensual de unos 4.500 euros por el arriendo respecto a un año normal.
Floreza explica, además, las “grandes empresas” de recogida de fruta se le han adelantado y “han copado” todo el alquiler.
Nuria apunta que, si la situación no cambia, ya sea por esa falta de transporte o por el problema de la mano de obra, “no se podrán recoger todas las cosechas”.
En el caso de Andalucía, el gobierno autonómico ha anunciado medidas de contratación de empresas de transporte, entre ellas las que prestaban servicio escolar, para facilitar la movilidad de los profesionales del sector agrario e industrias agroalimentarias. Una opción similar se ha ofrecido en Extremadura.
De acuerdo a sus datos, ya está activando de forma progresiva 24 rutas de autobuses por las zonas agrarias ante las limitaciones de transporte derivadas del coronavirus.
Agroinformación.
 
 
-La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera. Los efectos del COVID19 están siendo utilizados como excusa para romper la ligera tendencia al alza del último año (+3% entre febrero de 2019 y febrero de 2020), tras un crítico lustro en el que se han perdido 4.800 granjas familiares. Si se materializaran las intenciones de las industrias, se pondría contra las cuerdas al 25% de los ganaderos/as, más de 3.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares, de las 12.686 que existen en la actualidad.
Sin embargo, los datos reales no indican una situación de grave desajuste entre la oferta y de leche y productos lácteos en nuestro país. El informe técnico elaborado por el Departamento de Ganadería de COAG, (que hoy adjuntamos como Documento semanal, a partir de pág. 2), sobre la base de los últimos datos oficiales relativos a producción, consumo y exportación, desmonta el relato de la industria para justificar una reducción de los precios de la leche en origen. "Se llama ESPECULACIÓN y no podemos tolerarla en ningún caso y menos ahora. Los ganaderos llamamos a la responsabilidad de industria y distribución para que refuercen su apuesta por la producción de nuestro país en un momento en el que todos los eslabones de la cadena deben seguir comprometidos con el abastecimiento de productos lácteos de máxima calidad a todos los ciudadanos/as. Este compromiso debe traducirse en la formalización de contratos en el sector a un precio justo y que cubra los costes de producción, en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en la puesta en valor del producto de proximidad".
En ese sentido, desde COAG se insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a que extreme los controles en el ámbito de sus competencias para la detección de los posibles incumplimientos de la normativa (Ley de Cadena Alimentaria y Paquete lácteo), al tiempo que se ofrece toda la colaboración de esta organización para materializar cualquier práctica comercial abusiva en la denuncia y sanción pertinente. Asimismo, se pide al Ministerio de Agricultura que actualice de manera urgente los estudios de costes de producción ECREA y RENGRATI para que los productores cuenten con una referencia para las negociaciones en curso con las industrias. Esta organización recuerda que los últimos estudios de referencia del Ministerio de Agricultura (2017) fijan los costes de producción medios en 0,37 euros/litro. Imponer precios por debajo sería ilegal y sancionable.
COAG.
 

-Las reglas para poder formar parte del sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA) han cambiado.
No serán tan estrictas como hasta ahora porque, por ejemplo, no liga la entrada en ese régimen a las rentas provenientes del campo. Con ello se favorece a los pequeños agricultores y ganaderos dedicados a la actividad agraria y tiene en cuenta la realidad que rodea al modelo de explotación familiar. Esa es una de las medidas que recoge el Real Decreto-ley 15/2020, del 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros del martes.
De hecho, como recoge Europa Press, desde el Ministerio de Agricultura especificaron que «en un momento en el que el sector agrario ha de ocupar un puesto de primera línea en la actividad económica, por su relevancia tanto en la población activa ocupada como en el producto interior bruto, el Gobierno adecúa su regulación a la nueva realidad del campo español».
De este modo queda eliminado el baremo de tener que percibir un mínimo de rentas procedentes de la actividad agraria. Además, en el caso de que ocupen trabajadores por cuenta ajena el límite total de jornadas en un año será de 546, que irán reduciéndose en función del número de días en los que el trabajador haya estado dado de alta por cuenta propia en el Sistema especial agrario durante el año natural de que se trate.
De esta forma, la comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, establecido en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se efectuará teniendo en cuenta la nueva regulación del régimen de inclusión en la Seguridad Social.
A los trabajadores del Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios se les aplicará, desde el 1 de enero del 2020, una reducción del 19,11% a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en el 2020 para aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el 2019.
En el ámbito fiscal se flexibiliza la limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020, al permitir a los contribuyentes del IRPF del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, que en la presentación del pago del primer trimestre renuncien al método de estimación objetiva, puedan volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021.
Queda eliminada la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura
También en el marco de las medidas fiscales y en relación con el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma, se contempla la posibilidad para los contribuyentes de no computar como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.
Dicha medida afecta a la producción de mejillón, industrias de pan y bollería y, en general, al comercio al por menor de productos todo tipo de alimentarios.
En relación con el ajuste de la economía y la protección del empleo, se establece una medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del Covid-19.
Además, se establece una exención a la tasa de buques cuando éstos deban encontrase amarrados o fondeados en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la autoridad competente por razón de la crisis del Covid-19, mientras dure esta circunstancia.
La Voz de Galicia.
 

-Bioenergy Europe une sus fuerzas a otras 180 entidades y personas, entre ellos responsables políticos, directivos empresariales y asociaciones de toda Europa, en la recién creada Alianza Europea para una Recuperación Verde. Se trata de una iniciativa promovida por Pascal Canfin, presidente del comité de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo.
La alianza europea para una recuperación verde reclama la movilización de paquetes de inversión verde tras la crisis para estimular una recuperación económica sólida en respuesta a Covid-19.
La alianza demanda medidas concretas para proteger los empleos y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, y que se garantice el apoyo que necesitarán las empresas, regiones y sectores que han sufrido la inesperada paralización de la economía.
Además, deben preservarse los principios ecológicos sobre los que Europa se estaba alzando en los últimos meses. El paquete de inversión verde debe consagrar la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de la biodiversidad como pilares clave de la estrategia económica.
Según Jean-Marc Jossart, Secretario General de Bioenergy Europe, “estamos viviendo una crisis que genera un nivel de incertidumbre sin precedentes. Sin embargo, debemos aprovechar esta circunstancia y transformarla en una oportunidad para repensar nuestra sociedad en su conjunto. Hoy más que nunca, debemos esforzarnos al máximo para garantizar que el futuro de Europa se apoye en las energías renovables. Con un 10,3% de contribución al mix energético y más de 700.000 empleos, el sector de la bioenergía es una realidad socioeconómica sólida y deseoso de contribuir a las decisiones de inversión necesarias para reiniciar y reactivar nuestra economía tras a la crisis".
Por su parte, Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, añade que "en España, la valorización energética de la biomasa es una polivalente herramienta para las políticas y estrategias que persiguen una economía descarbonizada, sostenible y justa. El aprovechamiento sostenible de la biomasa, recurso autóctono y renovable, incrementa la renta agraria, reduce el riesgo de incendios forestales y genera empleo de calidad, especialmente en las zonas rurales”.
M.Iturbe. caloryfrío.com.
 
 
-Alianza Rural destaca el papel del sector agropecuario como motor para el desarrollo económico y medio ambiental de nuestro país.
Nuestro país está viviendo uno de los momentos más duros y difíciles de su historia moderna, la pandemia del Coronavirus Covid19 está cobrando muchas vidas y está ocasionando una grave crisis económica. Desde Alianza Rural queremos subrayar la relevancia del campo como motor para el desarrollo económico y medio ambiental de España, y el compromiso que ha mantenido con la sociedad en su labor de alimentar a España. Además, esta situación ha servido para comprobar que ni la agricultura ni la ganadería son agentes causantes del cambio climático, sino que contribuyen al mantenimiento de espacios medio ambientales.
El mundo rural ha conseguido atenuar las consecuencias de la crisis sanitaria debido a su aislamiento y su dispersión geográfica, pero está sufriendo directamente la crisis económica ocasionada por las medidas necesarias para la paralización de la pandemia y desde Alianza Rural se prevén pérdidas millonarias para el sector del campo, sin considerar los números rojos del impacto en el turismo rural.
El cierre del canal Horeca, (hoteles, restaurantes), unido a la paralización de la actividad turística como consecuencia de la limitación de movimientos, han supuesto directamente la asfixia económica de ganaderos y agricultores que tienen su producción vinculada a ese nicho de mercado, e incluso de productos gourmet. A esto, debemos sumar el cambio de hábitos de los consumidores que ante una previsión de una fuerte depresión económica están adaptando su consumo a una cesta de la compra de menor coste.
Asimismo, esta situación afecta de forma dramática también a aquellos sectores agropecuarios cuyo destino son los espectáculos, los deportes o las ferias y exhibiciones, paralizados por esta situación sanitaria, como son los casos del toro bravo, y del sector equino de deporte.
En ese sentido, se estiman importantes pérdidas en sectores agrícolas orientados hacia la exportación y en aquellos de carácter más perecedero, también en productos cárnicos como el ovino-caprino, vacuno de carne, porcino ibérico y sector lácteo que podrían superar los 3.694 millones de euros millones de euros, unidas a las previsiones procedentes de distintas fuentes sobre pérdidas millonarias estimadas en sectores agrícolas, con las características mencionadas, como el vitivinícola, olivar y frutas y hortalizas. Además, debemos añadir las pérdidas de sectores del ámbito rural como son la ganadería de bravo que calculan más de 77 millones de euros -35 millones de euros directamente aplicados a los animales destinados a espectáculos culturales-. 
La caza, otra actividad dinamizadora de la economía rural y necesaria para la conservación del medio ambiente, no escapa a los efectos de la crisis. La carne de caza cuyo volumen anual de ventas se sitúa en torno a 100 millones de euros, puede afrontar unas pérdidas de al menos el 40%. Sus industriales tienen las cámaras llenas de producto de calidad para el que no encuentran salida. La caza como actividad, que genera en España 6.487 millones de euros y emplea a 187.000 personas, verá sin duda afectada su actividad ante una crisis de tal magnitud, con descensos de más del 20% si la pandemia y las medidas finalizan antes de la temporada general, en cuyo defecto aumentaría considerablemente, lo que supone un global de al menos más de 1.200 millones de euros en pérdidas. Además de una profunda crisis económica, la disminución de esta actividad producirá graves efectos en el medio, con daños a la agricultura, ganadería, ecosistemas y aumento de accidentes de tráfico, por tanto, la actividad cinegética debe ser considerada para el control de los daños relacionados como actividad esencial en este Estado de Alarma.
Estas primeras estimaciones pondrían en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias en el futuro y supondría un gravísimo mazazo para el campo español de no adoptarse medidas por parte de las Administraciones nacionales y europeas que palíen si quiera parcialmente esta gravísima crisis provocada por la pandemia COVID19 en el campo. Medidas entre las que los conocidos mecanismos de intervención de mercados, bien merecen ser estudiados.
Cifras que tras el desastre económico llevarían aparejado incalculables perjuicios ambientales, pérdidas de biodiversidad y ecosistemas asociados al sector agropecuario y un mayor abandono de la llamada España vaciada.
Esta situación obliga a los agentes de la Alianza Rural a mirar al Fondo Europeo de Reconstrucción Económica, y arbitrar los mecanismos europeos, nacionales y autonómicos necesarios para ayudar a este sector estratégico de forma económica, social y medio ambiental para nuestro país.
Alianza Rural es una plataforma constituida para la defensa del medio rural, sus tradiciones, riqueza y entorno y sus socios fundadores son: ASAJA, FEAGAS, UCTL, RFEC, Fundación Artemisan, APROCA y AMFAR
 
 

-La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos inicia con el aceite de oliva una campaña de información y control para exigir una aplicación estricta de la nueva Ley de la cadena agroalimentaria en todos los sectores.
La histórica movilización de los ‘agricultores al límite’ concluyó con una modificación, también histórica, de la Ley de la cadena agroalimentaria. Esta reforma, largo tiempo reivindicada por los agricultores y ganaderos de toda España, tiene como fin último lograr un precio justo para la mayoría de los sectores, que en muchos casos venden por debajo del coste de producción.
Un ejemplo “paradigmático” de sector desequilibrado es el del aceite de oliva. Por eso ahora, cuando se cumplen dos meses de la publicación de las modificaciones de la Ley de la cadena agroalimentaria, UPA va a activar una ambiciosa campaña de información, explicación y control de dicha normativa.
“Algunos se están forrando a costa de nuestra ruina. Y no lo podemos consentir”, han expresado desde esta organización. En ese sentido, UPA ha enviado hoy una carta a las principales empresas de la distribución y de la comercialización de aceite de oliva, informando de la aplicación práctica de esta Ley en el sector.
Precios justos por Ley.
UPA va a abordar una serie de actuaciones que pretenden que la Ley en vigor se cumpla no solo de manera formal, sino también de manera efectiva, y que la formación de precios en los diferentes sectores no se haga de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba, logrando que los agricultores cobren precios justos por sus productos. El estado de alarma o la durísima situación que atraviesa el mundo por la pandemia de COVID-19 "no son excusas" para que los agricultores no obtengan un precio justo por su trabajo.
En la carta enviada hoy a los operadores del sector del aceite, UPA explica los principales cambios de dicha Ley, las modificaciones que tienen que incluir los contratos de compra-venta de aceite de oliva, y el principio general que determina su artículo 12 ter, por el cual ningún operador podrá pagar por un producto un precio inferior a su coste de producción. Es decir, prohíbe que ningún operador destruya el valor de un producto, en este caso del aceite de oliva.
 
Texto de la Ley actualizada publicado en el BOE.
Los olivareros siguen al límite.
“Los olivareros no pueden esperar más”, aseguran desde UPA, y las operaciones que dominan el mercado no indican precios que estén por encima de los costes medios de producción del aceite de oliva. Estamos ante el ejemplo paradigmático: el precio mundial de este producto lo marca España, que produce aproximadamente el 50% de todo el aceite de oliva comercializado en el mundo, en los últimos meses se están disparando las ventas y sin embargo el precio del aceite en origen, lejos de recuperarse se sigue hundiendo. En este contexto alguien se está arruinando –los olivareros- y alguien se está enriqueciendo a expensa de los productores. “Hay margen para que los precios se recuperen y el sector productor cobre precios por encima de sus costes de producción”, afirman.
UPA extenderá en los próximos días esta estrategia al resto de producciones, creando un Observatorio Continuo de Información y Control (OCIC) que vigilará todas y cada una de las operaciones de productos agroalimentarios para, en su caso, poner ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.
Entre 2014 y 2019, la AICA ha impuesto casi 2.000 sanciones, por un importe aproximado en multas de 11 millones de euros. En muchos de estos casos, las denuncias provenían de las denuncias realizadas por UPA.
Con las modificaciones aprobadas en el mes de febrero, la mayor parte de estas sanciones ya se calificarían como graves y por tanto las cuantías hubieran sido mucho mayores. Además, gracias a un logro histórico de nuestra organización, a partir de ahora se conocerá el nombre de los sancionados, por lo que toda la sociedad podrá conocer la identidad de estos infractores.
UPA considera que esta Ley puede marcar “un antes y un después” en el derecho agroalimentario de toda Europa. “Los agricultores y ganaderos han luchado mucho para tener una herramienta de este tipo y no vamos a permitir que otros intereses lo eviten”, han remarcado.
Finalmente, UPA ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para blindar las últimas modificaciones de la Ley de la Cadena ahora que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. La crisis de la COVID-19 ha puesto encima de la mesa –aún más si cabe- la necesidad de tener un sector productor que responda a las necesidades de la sociedad y que obtenga unos precios justos por sus productos. Pues bien, la Ley de la Cadena es un instrumento imprescindible para conseguirlo.
UPA.
 

- Unió de Pagesos celebra que muchos de los ayuntamientos que habían impedido los mercados de alimentos al aire libre de aforo inferior a 1.000 personas han rectificado y han vuelto a ponerlos en marcha tal como funcionaban antes del confinamiento o han buscado alternativas similares . Las últimas rectificaciones han sido los del Ayuntamiento de Barcelona, que abrió los mercados de la red de mercados de campo de economía social y solidaria que se hacen en diferentes barrios, o municipios como Manlleu, Torelló y Prats de Lluçanès (Osona ), Batea (Terra Alta), Oliana y Organyà (Alt Urgell) y Bellver de Cerdanya.
Así, Barcelona se suma a la mayoría de capitales de comarca que mantienen los mercados de alimentos al aire libre: Amposta, Balaguer, Berga, Figueras, Gandesa, Girona, La Bisbal, Manresa, Moià, Montblanc, Mora de Ebro, Olot, Ripoll, Tàrrega, Tremp, Vilafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú. Tarragona tiene abiertos el de la Plaza del Foro y el de la Mora, y el 30 de abril abrirá los de Torreforta, Bonavista, San Pedro, San Pablo y San Salvador.
Sin embargo, muchos municipios aún impiden los mercados de alimentos al aire libre que tenían regularmente. En este sentido destaca negativamente el Maresme con muchos municipios que los mantienen cerrados, entre ellos Mataró con seis mercados inhabilitados.
Como ha ido reivindicando ha ido reivindicando desde el inicio de la crisis sanitaria, no es más difícil garantizar las condiciones de seguridad de estos espacios abiertos públicos que los espacios privados cerrados. Los ayuntamientos, si los hay, pueden pedir refuerzos a las autoridades competentes para poner medidas de control para dosificar el aforo, tal y como establece el Real Decreto de estado de alarma. Por otra parte, la Dirección General de Protección Civil del Departamento de Interior estableció el 3 de abril de manera muy clara las condiciones específicas para la realización de mercados no sedentarios.
Unió de Pagesos recuerda que impedir estos mercados contraviene la resolución del Departamento de Salud, el Real Decreto de estado de alarma y el Real Decreto que regula la venta directa de productos perecederos y además perjudica la agricultura y la ciudadanía debido a que entorpece el acceso a los alimentos.
Varias organizaciones se han sumado a la reivindicación de UP para que se abran los mercados de alimentos de campo en los pueblos y ciudades: Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Salud, Consumo y Alimentación (CUS) y Unión de consumidores de Cataluña (UCC), la Coordinadora Catalana de Organizaciones de consumidores de Productos Ecológicos, la Federación de Cooperativas de consumidores y Usuarios de Cataluña y Greenpeace.
En este contexto de confinamiento debido a la pandemia de la Covid-19, la organización insiste en que el campo es la pieza determinante para abastecer a la población de productos frescos y de proximidad. Los productores trabajan con normalidad para seguir cumpliendo el objetivo de suministrar estos alimentos a los ciudadanos.
Unió de Pagesos.
 
-A medida que la Comisión Europea se prepara para presentar una propuesta de marco financiero plurianual (MFP) actualizada la próxima semana (29 de abril), el sector agroalimentario ha pedido por unanimidad mantener el gasto de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020 al menos en su nivel actual en valor y evitando nuevos recortes.
Las expectativas para el presupuesto de la UE a largo plazo actualizado para el período 2021-2027 son altas, también en relación con el principal programa de subsidios agrícolas del bloque, que se redujo considerablemente en las propuestas discutidas en el último año y medio.
EL SECTOR AGROALIMENTARIO LO HAN VISTO COMO EL MOMENTO ADECUADO PARA NEUTRALIZAR LA AMENAZA INMINENTE DE RECORTES
La propuesta original de la Comisión para 2018 estableció una gran pérdida de fondos en la ayuda al desarrollo rural, el llamado segundo pilar, que cayó un 28% en comparación con el presupuesto de la PAC 2014-2020, mientras que el primer pilar solo disminuyó un 11%.
El último proyecto de presupuesto, presentado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la cumbre de la UE en febrero, resultó en un recorte general de 5.000 millones de euros para la PAC.
A medida que se baraja el mazo del propuesta de marco financiero plurianual, varios actores del sector agroalimentario lo han visto como el momento adecuado para neutralizar la amenaza inminente de recortes en el gasto agrícola de la UE, ya que la crisis ha destacado el papel clave de la cadena de suministro de alimentos en ayudando a lidiar con la pandemia de COVID-19.
En una carta dirigida a Ursula von der Leyen el lunes (20 de abril), la organización europea de agricultores COPA-COGECA pidió una asignación presupuestaria fuerte y adecuada para la PAC, al menos equivalente al gasto en el marco financiero plurianual actual.
La organización solicitó a la Comisión que considerara la agricultura como un sector prioritario en el plan de recuperación económica, permitiendo también medidas económicas externas al presupuesto de la PAC dirigidas a los agricultores.
Una solicitud de pensar “fuera de la caja” que también vino de la organización de jóvenes agricultores, el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA).
EL RIESGO DE RECORTES EXISTÍA SOLO ANTES DEL ESTALLIDO DE LA CRISIS DEL COVID-19
“Si se reconoce como estratégico, como es el caso en este momento en toda Europa, debería reflejarse mejor en las prioridades presupuestarias presentadas en el próximo MFP”, dijo el presidente de CEJA, Jannes Maes, y agregó que los jóvenes agricultores esperan un presupuesto de la PAC en línea con las importantes ambiciones de este siglo.
Durante una audiencia con el Comisionado de Agricultura, Janusz Wojciechowski, varios eurodiputados del Comité de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI) expresaron su preocupación por la posibilidad de nuevos recortes en la PAC.
Sin embargo, el experimentado eurodiputado socialista Paolo De Castro fue más optimista y dijo a EURACTIV que el riesgo de recortes existía solo antes del estallido de la crisis, ya que habrá un presupuesto más rico considerado “una herramienta crucial para enfrentar esta dramática pandemia”.
Los estados miembros también están abogando por evitar recortes para la agricultura de la UE. En un documento oficial español muy bien recibido presentado por el Primer Ministro Pedro Sánchez ante el Consejo Europeo, se deben mantener las asignaciones tanto para la Política de Cohesión como para la PAC.
El documento dice que es clave garantizar que la PAC brinde el apoyo adecuado para garantizar la capacidad de los agricultores de adaptarse a las crecientes necesidades, ya que la agricultura europea ha demostrado ser un elemento clave de estabilidad, autosuficiencia y autonomía geopolítica en tiempos de crisis
Según Yves Madre, ex asesor del Comisionado Europeo y cofundador del grupo de expertos Farm Europe, sería sensato dejar los recortes de la PAC y mantener al menos el presupuesto de la PAC en su nivel de valor 2014-2020.
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