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LIO CON CELAA: No hay dinero para la FP

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El reparto de competencia interministerial no ha terminado y los ciudadanos son los que sufren los retrasos en determinados temas y áreas que aun están pendientes de acuerdos, peleas, tiras y aflojas. Uno de ellos, el de  la gestión de los recursos de la cuota del 0,7% que empresarios y trabajadores pagan a través de las nóminas para financiar programas formativos tiene  bloqueada la aplicación efectiva de unos 1.000 millones de euros 

Actualizado 14 septiembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
La situación de parálisis ha llevado a empresarios y sindicatos a elevar en las últimas semanas la presión al Gobierno para que acelere la aplicación de estos fondos, cuya distribución exige de la convocatoria de una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y una negociación, para determinar el reparto entre territorios, que no suele ser sencilla y que en este contexto será mucho más complicada si se tiene en cuenta el impacto asimétrico que la pandemia ha tenido por territorios.
El origen del conflicto se sitúa en los primeros días del Gobierno de coalición de las izquierdas y más en concreto en la intensa redistribución de competencias entre ministerios que tuvo lugar para acomodar la nueva macroestructura gubernamental. En esa minuciosa y enrevesada labor de desestructuración ministerial

pasaron a Educación las competencias sobre los programas formativos a ocupados y desempleados vinculados al Sistema Nacional de Cualificaciones, es decir, los cursos que sirven a trabajadores sin una cualificación reconocida para obtener un certificado de profesionalidad o también los que sirven para evaluar y acreditar la capacitación profesional conseguida a través de la experiencia laboral. El problema se deriva de que esa rama formativa se financia de la misma bolsa que los programas formativos para mejorar la empleabilidad de los desempleados o las competencias de las personas ocupadas que quedaron en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Es decir, quedaba determinar cómo repartir los fondos disponibles - alrededor de 2.000 millones - entre unos y otros.

Y la pelea ha llegado hasta el mes de septiembre. Fuentes del diálogo social  aseguran que Trabajo y Educación parecen haber llegado al fin a un principio de acuerdo en virtud del cual a partir de ahora Trabajo manejará el 53% de los fondos de la cuota formativa para los programas bajo su competencia, muchos de los cuales son desarrollados de manera efectiva por los servicios de empleo de las comunidades autónomas a través de las políticas activas de empleo; en tanto que Educación gestionará el 47% restante para sus programas de certificación de competencias profesionales o actualización de cualificaciones. Esas mismas fuentes muestran su confianza en que la solución del asunto financiero sirva también para movilizar los fondos para formación pendientes de aplicación.

La solución, no obstante, llega tarde para una serie de comunidades autónomas que se han visto obligadas a suspender la reanudación de sus planes formativos en el mes de septiembre ante la retención por parte del Estado de los fondos previstos. En la Conferencia Sectorial de Trabajo del pasado 1 de abril, en la que se distribuyeron 1.048 millones de euros entre las comunidades autónomas para diferentes programas, la ministra de Trabajo se comprometió a realizar una segunda convocatoria en cuanto supiera los fondos disponibles para la misma. 
 
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