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El Supremo decidirá en los próximos días si inhabilita a Torra

El Tribunal Supremo decidirá en los próximos días si inhabilita al president de la Generalitat, Quim Torra, o si acepta el recurso que el mandatario autonómico presentó contra su condena por desobediencia. Este mediodía ha tenido lugar la vista oral en la sede del Supremo, en Madrid, donde el abogado defensor de Torra, Gonzalo Boyé, se ha mostrado muy desafiante.

Actualizado 17 septiembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
Según Boye, la Junta Electoral Central (CEC) no era la autoridad competente para emitir órdenes contra el president de la Generalitat y ha denunciado su "parcialidad". También denunció la "vulneración" de los derechos fundamentales de su cliente. Según destacó en la vista Fiscalía, Torra no fue condenado por un delito relacionado con la libertad de expresión, como lleva desde diciembre asegurando el bloque secesionista. Según el Ministerio Público, Torra no descolgó una pancarta "partidista" de la fachada del Palau de la Generalitat, incumpliendo así con las órdenes que le dio la JEC y la legislación vigente, que establece que las autoridades y las administraciones públicas deben ser exquisitamente "neutrales" durante la campaña electoral.
Tras abandonar el Tribunal Supremo, Torra se ha desplazado al centro cultural que tiene la Generalitat en la calle Alcalá de la capital española, para realizar una declaración institucional. El president se ha refugiado una vez más en el maximalismo, como viene haciendo desde que asumió el cargo y el mismo tiempo, no ha dado ninguna concreción sobre qué es lo que pasará en Cataluña tras su inhabilitación.

La pretensión de Torra es que su cargo sea vacante, y que la legislatura continúe, a pesar de que él mismo la dio por agotada en enero, ante las reiteradas discrepancias entre JxCat y ERC. Torra pidió a los suyos que le arropen, pese a que Esquerra Republicana lleva semanas pidiendo un adelanto electoral. El plan de Torra también podría chocar con el Estatut y abrir un nuevo cisma entre los letrados del Parlament y JxCat.
Torra aseguró que la causa independentista "llegará hasta el final" y aseguró que su inhabilitación irá en contra de la acción política que está realizando la Generalitat contra la pandemia del Covid-19.

Volvió a asegurar que lo importante no es su "futuro" personal y político, sino que en su opinión, el Estado vulnera los "derechos fundamentales" a la hora de plantar cara al independentismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. También se mostró convencido de que si es inhabilitado, la justicia europea actuará contra España y le dará la razón.

Torra ha convertido la declaración institucional en un mitin preelectoral de JxCat: ha dejado claro que no se puede dialogar con el Estado en las condiciones actuales, como pretende ERC. También ha considerado que el Tribunal Supremo no está autorizado para "meter y sacar" mandatarios autonómicos, y que él debería estar por encima de las opiniones de la Junta Electoral.

Tras presentar a España como un estado donde no hay "justicia" y se actúa con "arbitrariedad" contra el secesionsimo, ha lamentado que ningún representante del Gobierno central le haya arropado durante la vista. "¿Dónde están los aires de democracia y justicia de un gobierno de coalición de las izquierdas? ¿Dónde está la solidaridad ante la represión descarnada?", se ha preguntado.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a Torra el 19 de diciembre de 2019 por desoír la orden de la JEC antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación además de a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia. En el juicio en el TSJC, Torra reconoció que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal", ya que su defensa ha sostenido que este órgano no tiene potestad para dar este tipo de órdenes al president de la Generalitat, y alega que en el procedimiento se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Así lo expuso durante la vista su abogado, Gonzalo Boye, un abogado de origen chileno muy polémico, ya que estudió derecho en la cárcel, donde cumplía condena por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, en 1996.
 
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