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Goldman Sachs lleva a la Comunidad de Madrid a los tribunales 

El banco estadounidense recurre a la justicia después de la anulación de la venta en 2013 de 2.935 viviendas protegidas a Encasa Cibeles, una filial suya y de la gestora Azora.

Actualizado 16 octubre 2020  
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Redacción y Agencias
  
En un comunicado remitido este viernes, Encasa Cibeles, controlada por Goldman Sachs y participada también en un 2 % por Azora, asegura haber presentado una demanda civil contra la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Según explica, de las 2.935 viviendas que la AVS traspasó a Azora (que luego las transmitió a Encasa Cibeles) por 201 millones de euros, 1.213 ya han sido vendidas a particulares. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó en mayo de 2018 que la compañía debía devolver a la Comunidad de Madrid las 1.722 viviendas restantes.

En mayo de 2018, el tribunal anuló esa venta de 2.935 viviendas protegidas al establecer que era "imprescindible" que la Comunidad de Madrid hubiera justificado la "innecesariedad" de esas viviendas antes de enajenarlas. Encasa Cibeles dice en su comunicado que "pese a no haber sido parte en el procedimiento, se ve afectada por la sentencia en la medida en que da lugar a la cancelación total y no parcial de la venta realizada en 2013. "Reiteramos nuestra propuesta de trabajar con la AVS para facilitar un tránsito ordenado de la viviendas. Mientras tanto, continuaremos dedicando tiempo y recursos a la gestión responsable de las viviendas", dice Encasa Cibeles.

Esta firma añade que ha "intentado colaborar con la AVS para encontrar una solución amistosa lo antes posible en interés de todas las partes afectadas por el fallo judicial" y manifiesta que mantiene su apertura "al diálogo". En septiembre pasado, la Comunidad de Madrid anunció su decisión de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la citada sentencia, que fue ratificada por el Supremo, y aseguró que indemnizaría a un demandante (Rachid Bouikou, de Navalcarnero), inquilino de una vivienda de Navalcarnero, y no a los demás titulares de viviendas enajenadas en 2013.
La adjudicación, por 201 millones de euros, que comprendió 32 promociones inmobiliarias, fue anunciada el 29 de agosto de 2013 por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo Azora-Goldman Sachs, sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la transmisión de la propiedad de sus viviendas.
 
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