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El juez ordena indaga´r si BBVA hizo bien el ´forensic

Giro de 180 grados en la investigación al BBVA por sus encargos a José Manuel Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha puesto en manos de la Unidad de Asuntos Internos el forensic de parte que encargó el banco para depurar responsabilidades por los contratos con el comisario jubilado.

Actualizado 21 octubre 2020  
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Redacción y Agencias
  
De este modo ordena una nueva búsqueda entre los 2,3millones de hits que PwC encontró en su investigación privada en aras a esclarecer si la entidad ocultó a la Audiencia Nacional datos relevantes de sus encargos. Se trata de una diligencia que acuerda tras apercibir en sede judicial al auditor de PwC después de que este confesara que algunas palabras clave relativas a Sacyr, Luis del Rivero, Fernando Martín o Luis Pineda, quedaron fuera de su trabajo por orden de la defensa legal del banco. 
Así lo acuerda en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el cual solicita también una batería de documentos al banco que preside Carlos Torres. En concreto, reclama el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde 2004 (año en que el banco comenzó su relación laboral con el entramado empresarial de Villarejo) hasta la actualidad. Además, el magistrado cita como testigo a Elena Martín (la que fuera secretaria de Julio Corrochano) y da luz verde a volver a interrogar al exdirectivo de Riesgos Antonio Béjar. El expresidente de Distrito Castellana Norte, que colabora en la causa tras su imputación el pasado año, pidió al instructor volver a comparecer para denunciar en sede judicial presuntas irregularidades del forensic, al igual que hizo la actual jefa de seguridad de la entidad, Inés Ochagavia. La Fiscalía informó de manera favorable a la petición y ahora el instructor accede a una nueva cita judicial después de que el forensic le responsabilice de los pagos al entramado de Villarejo. 

El estudio del forensic en la Audiencia Nacional ha provocado un auténtico terremoto. Las dos declaraciones prestadas por el socio de PwC Javier López Andreo en sede judicial bastaron a las partes para mandar un alud de peticiones al juez en aras a que se aportara todo lo que llegaron a encontrar en el análisis que vincula al banco con Villarejo. El perito, a quien el juez le advirtió que tenía que colaborar con la causa, explicó que algunos 'hits' (como las búsquedas de Carlos Torres) se quedaron fuera de su trabajo porque así lo pidió la defensa del banco. Entre ellos se encontraban los de Luis del Rivero o Pineda, ambos presuntas víctimas de los espionajes del comisario. La investigación interna también puso en guardia al exdirectivo Béjar, quien avisó que contaba con importantes irregularidades. Inés Ochagavia, por su parte, negó que las órdenes de contratar a Villarejo salieran del departamento de Seguridad. 

En respuesta a todo ello, el banco explicó que eliminaron de la primera entrega a la Audiencia Nacional algunos datos clave por motivos de celeridad en la investigación ya que el juzgado le estaba requiriendo la pericial con premura. Sin embargo, las continuas solicitudes provocaron que tanto la entidad como Francisco González advirtieran sobre la necesidad de poner coto a estas peticiones llegando a presentarse como "víctimas" de la investigación penal. Ambos apuntaron que esta causa no se podía convertir en una suerte de "investigación prospectiva o general de toda su actividad" e incluso amagaron con que, de aportar todos los archivos digitales y correos solicitados por las partes, se estaría vulnerando el secreto de empresa y el derecho a la intimidad de terceros.

Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende parcialmente su ruego y deniega la petición de Béjar de acceder a la totalidad de sus correos corporativos. No obstante, sí ordena estudiar los 2,3 millones de evidencias encontradas por PwC y que el banco ha entregado a la Audiencia Nacional. "Por parte de la Unidad de Asuntos Internos, adoptando las garantías necesarias para el manejo de la información, se procederá a una nueva búsqueda conforme a lo interesado por la representación del Sr. Pineda si bien circunscribiendo las palabras clave (keywords) a los nombres de los encargos encomendados a Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos conforme a la documentación incautada en poder de éste", responde el instructor. De esta manera, garantiza la "salvaguarda" en el manejo de documentación y comunicaciones privadas del banco que no son objeto de esta pieza.

Lo que desestima, al menos por el momento, es abrir una nueva pieza por delito de cohecho en relación a todas las dádivas que el banco habría dirigido a altos cargos de la Policía y otros funcionarios por haberle ayudado, presuntamente, en sus trabajos de espionajes. Dice el instructor al respecto que es una solicitud "prematura" porque no hay indicios suficientes de las investigaciones realizadas hasta el momento de que dichas dádivas (entre las que se encontraban aguinaldos, cestas de navidad o bicicletas) guarden relación directa con la contratación de Cenyt por parte de BBVA. Los correos que obran en el sumario de esta pieza novena del caso Tándem pusieron de manifiesto como el exjefe de seguridad Julio Corrochano ordenó enviar regalos a funcionarios públicos para obsequiarles por su "colaboración".

Igualmente descarta imputar a BBVA el delito de organización criminal, tal y como solicitó la defensa de Luis Pineda. La entidad ya figura como investigada por los delitos de revelación de secretos, corrupción entre particulares y cohecho en relación a los encargos efectuados entre 2004 y 2017 y que costaron al banco 10,3 millones de euros. De este modo tampoco accede a imputar al exdirector general de la Policía Nacional y exsenador del PP, Ignacio Cosidó, además de otros cargos policiales y los exjefes de prensa del BBVA Javier Ayuso e Ignacio Moliner. El presidente de Ausbanc solicitó esta diligencia el pasado verano (además de la citación del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez) por su presunta participación en un almuerzo en la Policía que habría dado lugar a la interposición de una denuncia anónima contra Ausbanc. 

El magistrado responde al respecto que "del estudio de las actuaciones no se infiere el menor dato que relacione los hechos" que en esta pieza se investigan con Francisco Martínez, el cual, por contra, sí está imputado en la pieza séptima de la macrocausa, bautizada como Kitchen, y en la que se investiga la existencia de un operativo parapolicial, costeado con fondos reservados del Estado, para sustraer a Luis Bárcenas información clave de la financiación irregular del PP. Tampoco entiende el juez que haya que citar como investigados a los responsables del área de Comunicación de BBVA Ignacio Moliner Robredo y Pablo García Tobin, a quienes desvincula del plan que habría puesto en marcha la entidad contra Ausbanc.
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