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Los pleitos contra el Estado por las renovables  se deshacen

España ha recibido nuevas renuncias en los procesos abiertos por los recortes aplicados en 2013 a la retribución de las renovables.

Actualizado 22 octubre 2020  
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Redacción y Agencias
  
A la firma Masdar Solar & Wind Cooperatief, de los Emiratos Árabes Unidos, que fue la primera en renunciar para acogerse a la nueva normativa que dictó el Gobierno en noviembre pasado se han sumado empresas demandantes  del laudo RREEF, en el que se condenó al Reino de España al pago de 59.600.000 euros y del laudo del laudo STADWERKE, dictado íntegramente a favor de los intereses de España. 

Según el Ministerio de Transición Ecológica, también distintas empresas demandantes en el laudo THE PV INVESTORS han comunicado la voluntad de acogerse al régimen de remuneración más elevada previsto en el Real Decreto de 2019. Las cantidades de ls renuncias son pequeñas -poco más de tres millones-, pero significativas porque pueden suponer un cambio de estrategia en las reclamaciones.
El Reino de España tiene abiertos todavía 48 litigios en los tribunales de arbitraje internacionales por las modificaciones en el régimen jurídico y económico de las instalaciones  de energía renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Desde entonces, los árbitros han fallado en contra de España en 14 ocasiones, aunque todos los fallos han sido recurridos. 

Hace un año, el nuevo Gobierno aprobó un  decreto ley para establecer un marco retributivo estable en las instalaciones afectadas por los recortes y cerrar los procedimientos. Se abrió la posibilidad a los demandantes de aceptar la rentabilidad razonable en vigor, para los dos periodos regulatorios siguientes. En suma, mantener una rentabilidad razonable por sus instalaciones del 7,398% hasta 2031, según la normativa. Transición Ecológica espera un goteo de adhesiones al nuevo regimen retributivo hasta el 18 de diciembre, cuando finaliza el plazo por la pandemia.
La mayoría de los pleitos se han planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington. El aluvión de demandas ha obligado al Estado a realizar un importante esfuerzo para la defensa en recursos económicos y humanos. Se han gastado al menos 60 millones sólo en los gastos de gestión.

Ante la presión, con demandas por miles de millones y acciones legales en países como EE UU, la Administración española ha recurrido a ayuda externa.  El Ministerio de Transición ha llegado a contratar más de media docena de los despachos más acreditados para frenar una ola de demandas por un importe muy por encima de los 10.000 millones de euros.
 
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