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Semana del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2020

Viñedos: que busca Bruselas con su extraña estrategia

El Consejo de Ministros de la UE, al parecer, apoyó la medida de, no solo mantener "los derechos de plantación del viñedo más allá de 2030, como establece el sistema actual" sino también la posibilidad de extenderlos hasta 2040. Por su parte la Eurocámara, el Parlamento europeo, en esta misma línea quiere extender estas prohibiciones hasta el 2050.

Actualizado 5 noviembre 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Y, nos preguntamos nosotros, ¿a quién favorece este disparate? ¿Cómo puede admitirse esta prohibición en un mercado libre o solo es libre para algunos? Además, nos dicen, tanto Consejo como eurodiputados han respaldado que en las etiquetas de vino se añadan nuevas menciones nutricionales o sobre ingredientes. ¡Qué bien verdad!
La Eurocámara ha votado también a favor de la posibilidad de reducción voluntaria de la oferta, como la que se aplica en el sector lácteo, para otras producciones en caso de crisis.

Comentarios.
Cómo haremos la reducción voluntaria, fijaremos una producción posible y los ciudadanos pagaremos, bebamos o no vino, vía impuestos estas reducciones… … ¡Un nuevo disparate en ciernes!

“España ha sido capaz de sortear el arancel impuesto por Estados Unidos al aceite de oliva durante la última campaña y las exportaciones al país norteamericano incluso suben respecto al ejercicio anterior, aunque el aumento tiene «truco»: las empresas recurrieron a importar más y así venderlo luego como aceite extranjero.
Así se desprende de los datos oficiales que manejan tanto el sector como el Gobierno, y que reflejan cómo las aceiteras españolas dispararon sus compras a Portugal y Túnez -entre otros países- para envasarlo y mandarlo a Estados Unidos.
Esta estrategia permite evitar el impuesto adicional, ya que el arancel -fijado en un 25 %- sólo afecta al producto de origen español, aunque hay muchas voces que consideran que esta estrategia de importar más y venderlo luego como aceite extranjero provoca que se baje el precio en origen nacional.
De hecho, este procedimiento no es nuevo y recuerda al utilizado históricamente por Italia, cuyas marcas lideraban el mercado norteamericano comprando aceite español a granel que después envasaban en su país antes de exportarlo, aunque ellos no lo hacían para venderlo luego como aceite extranjero sino para venderlo como italiano.
Ahora España -que encabeza la producción de aceite a escala global al aglutinar casi la mitad del total- hace lo propio para esquivar esta nueva tasa, aunque con el «oro verde» adquirido a granel a Portugal y Túnez, fundamentalmente” (Agroinformación).
Seguimos pensando que somos los más listos de la clase. ¡Así nos va! 

Durante esta semana ha empezado el lío de intentar adaptar lo decidido en Bruselas sobre la PAC futura, Consejo y Eurocámara y la verdad es que, al menos en España, el tema no va a resultar fácil. Todos empiezan a exigir, en ausencia de un mandato central fuerte, lo que a cada uno le viene bien. Lo único cierto es que, la UE, pretende una agricultura verde, sostenible, circular, … …y eso resulta ser excesivamente caro, por lo que la agricultura, como sector económico, lo tendrá que pagar, se quiera o no se quiera y con ello, el sector agrario europeo, con el español a la cabeza, quedará fuera de los mercados internacionales. Solo serviremos para producir para el mercado interior, salvo que prohibamos las importaciones de productos alimentarios, cosa que no creemos o hagamos, como hacen de tapadillo algunos países europeos, saltarnos las prohibiciones y bajemos drásticamente nuestros insumos productivos.  

Terminemos hoy destacando el magnífico y magistral artículo escrito por Miguel Abellán. Matador de toros y Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la CAM, sobre lo decidido en Bruselas en relación con el toro bravo.

“Con los votos de muchos socialistas y de Unidas Podemos, JuntsxCat, Catalunya En Comú, Bildu y ERC, se ha votado en el Parlamento Europeo, por iniciativa de los Verdes, una enmienda que pretende privar de la PAC (subvenciones de la política agrícola común) a las ganaderías de reses bravas. Ante la sinrazón de nuestros representantes paisanos, uno se queda sin habla. Pero conviene hablar para que no triunfe su ignorancia.
¿Qué es el toro bravo? Según lo que he leído, los historiadores dicen que en tiempos remotos era un animal sagrado para los primeros pobladores de la Península Ibérica. Según los veterinarios dedicados al toro bravo, con los que he hablado, es un bovino fuera de lo común; el único cuyo genoma repite en parte el del uro primordial, el único que tiene una doble circulación coronaria para impedir el infarto, una amígdala cerebral más grande que aviva sus sentidos, diferencias físicas producidas a lo largo de los siglos por su adaptación al combate, o quizá heredadas del uro agresivo y perdidas por el resto de los bovinos domesticados. Cualquiera sabe. Además, los científicos añaden que la raza de lidia ofrece una variabilidad genética muy superior a la de cualquier otra raza bovina, que es una raza de razas en la que anidan todos los genes de los bovinos de Occidente.
No entiendo que precisamente los Verdes, supuestos ecologistas, quieran cargarse 500.000 hectáreas de la dehesa ibérica
Para mí, que soy torero, el toro es una cuestión personal, un animal con el que he mantenido una relación difícil de explicar. Le he temido, me ha quitado el sueño, me ha hecho creerme superior. Unas veces me ha enseñado mis límites, y otras, que mi torería no los tenía: ha sido mi enemigo cuando me hería y mi cómplice cuando triunfaba, con él he creado algunas obras de arte. La verdad, le guardo afecto. Sí, ya sé que esto es una cuestión privada, pero no se me negará que el toro de lidia es un animal muy especial, casi algo más que un animal: un animal con nombre propio (otorgado por línea materna), con una familia (la reata), con una tribu (la ganadería) y con denominación de origen (en el caso de Europa, España, Portugal, sur de Francia).
Sinceramente, no entiendo que precisamente los Verdes, supuestos ecologistas, quieran cargarse 500.000 hectáreas de la dehesa ibérica, territorios de explotación extensiva (1’6 cabezas de ganado por hectárea), sumideros de CO2 y fuentes de oxígeno, conservados por el toro, animal que preserva los pastizales, limpia los matorrales, defiende el suelo de los incendios estivales, frena la incursión de furtivos y pirómanos, da albergue a aves migratorias y otras especies silvestres en peligro de extinción.
No creo que les mueva la mala fe. Les mueve un abrumador desconocimiento. Son los ejecutores de un triste triunfo: el de la ignorancia.
Es una gran contradicción que precisamente los Verdes atenten contra la sostenibilidad del hábitat del toro de lidia, un hábitat que es un paradigma ecológico y que, dicho sea de paso, reúne todos los requisitos hoy añorados para la recuperación del bosque europeo. En España lo ha preservado la venta de la bravura y el empeño de pequeñas empresas familiares (en capital, facturación y personal). Pero a los Verdes europeos se les puede disculpar su desconocimiento, pues en sus países hace tiempo que desaparecieron los descendientes más directos del uro. Por el contrario, es indignante que parte de nuestros representantes en Bruselas, que sí deberían conocer su país, se hayan sumado a la represora enmienda, además este año de pandemia vírica, que ha clausurado la temporada taurina y colocado a todas las ganaderías al borde de la quiebra.
¿Sabe nuestra supuesta progresía política que el toro durante su lidia sustituye su instinto de conservación por el instinto de lucha propio de su singular naturaleza, la que lo libera de su estrés, palía su dolor y lo empuja a embestir? ¿Saben esos progres desinformados que el toro bravo sacrificado en el ruedo representa el 0’47 % con respecto a los bovinos sacrificados en cadena, sin posibilidad de superar su estrés, en los mataderos industriales de nuestro país? No, no lo saben. Por eso no creo que les mueva la mala fe. Les mueve un abrumador desconocimiento. Son los ejecutores de un triste triunfo: el de la ignorancia.


Noticias.
-La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) entra en su recta final, tras los acuerdos de esta semana entre los Gobiernos de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara, pero quedan asuntos por cerrar e interrogantes como el alcance de las exigencias ambientales o el reparto de las ayudas para el campo español.
Los ministros de Agricultura de la UE y el Parlamento Europeo (PE) han pactado sus respectivas posiciones para el último tramo de una negociación que empezó en 2018 y que dará como resultado la PAC postcoronavirus (2023-2027), con la sombra del cambio climático.
Las instituciones comunitarias -Consejo de Ministros, PE y Comisión Europea (CE)- entran ahora su recta final con las reuniones a tres bandas para cerrar el acuerdo definitivo con vistas a que los reglamentos estén aprobados en 2021; su entrada en vigor será posterior, ya que existe una regulación transitoria de dos años, que posibilita la continuidad en el pago a los agricultores y ganaderos.
Queda mucha letra pequeña que conocer para el sector agroalimentario sobre la aplicación práctica de las grandes líneas, su reflejo en los planes nacionales o la ambición en las medidas frente a las crisis de precios. También está por ver el avance de enmiendas como la que plantea excluir a los toros de lidia de las ayudas, que ha respaldado la Eurocámara.
España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC, según el acuerdo alcanzado en la cumbre histórica del pasado verano, en la que los líderes comunitarios también aprobaron el fondo de reconstrucción de la UE tras la pandemia.
España será el tercer beneficiario de fondos agrícolas, por detrás de Francia (1) y de Alemania (2); aunque actualmente ocupa el segundo puesto, ya estuvo en tercer lugar en algún ejercicio, durante la aplicación de la reconversión del sector azucarero de la pasada década, que afectó al campo alemán.
EL MEDIOAMBIENTE, CENTRO DE LA REFORMA, JÓVENES Y TECHOS POR EXPLOTACIÓN
Cada reforma de la PAC introduce nuevos conceptos, si bien en anteriores revisiones ya se reforzaron los requisitos ambientales que condicionan las ayudas.
En esta negociación, la UE introduce en su recta final planes estratégicos nacionales, con mayor margen de acción para los Gobiernos, y, por otro lado, los llamados “eco-esquemas” (ayudas complementarias para cumplir prácticas beneficiosas para el medioambiente).
La posición del Consejo es que los «eco-esquemas» alcancen el 20% de las ayudas directas, con dos años “de aprendizaje” -de forma que los no utilizados se destinen a otros fines- y con flexibilidad, por ejemplo, para primar prácticas como la producción ecológica o la actividad forestal.
Pero la Eurocámara ha reclamado que los «eco-esquemas» representen el 30% de los pagos directos; por otra parte, ha defendido que un 35% de las partidas para desarrollo rural se destinen a actuaciones medioambientales.
Representantes de los agricultores han criticado que la UE les obligue a “hacer más con menos (dinero)”, mientras que los ecologistas afirman que en la reforma se están descafeinando los objetivos verdes; dentro de este último grupo también ha reaccionado sobre la PAC la popular activista Greta Thunberg.
El Consejo ha apoyado que al menos un 2 % de fondos de la PAC vayan a agricultores jóvenes, y la Eurocámara el 4 %.
En cuanto a los límites de pagos directos, el PE en su recta final ha apoyado el proyecto inicial de Bruselas y ha defendido, por un lado, bajar las subvenciones para beneficiarios que perciban más de 60.000 euros y, por otro, un techo de 100.000 euros; sin embargo, los eurodiputados sugieren medidas para flexibilizar estos topes, como un porcentaje para pequeños agricultores, o deducciones fiscales.
VINO Y MEDIDAS CONTRA LAS CRISIS
El Consejo apoyó mantener los derechos de plantación del viñedo más allá de 2030, como establece el sistema actual, y extenderlos hasta 2040; el PE ha pedido que la prórroga dure hasta 2050.
Además, tanto Consejo como eurodiputados han respaldado que en las etiquetas de vino se añadan nuevas menciones nutricionales o sobre ingredientes.
La Eurocámara ha votado también a favor de la posibilidad de reducción voluntaria de la oferta, como la que se aplica en el sector lácteo, para otras producciones en caso de crisis.
Por otra parte, el PE ha pedido ampliar las «redes de seguridad» permitiendo una intervención pública cuando caigan los precios hasta un cierto nivel, en productos como el azúcar, el ovino, el porcino o el pollo.

El acuerdo político de la PAC alcanzado por los países de la UE podrá gustar más o menos, pero no cabe duda que, como en su momento pasó con el greening, va a estar marcado por los ecoesquemas, que no serán obligatorio de aceptar pero que, en caso de no hacerlo, le costará a cada agricultor y ganaderos perder el 20% de lo que está cobrando ahora mismo de la PAC, que podría alcanzar hasta el 30% en función de lo que ha reclamado ahora el Parlamento Europeo. Eso sí, habrá un periodo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias, aunque también con ‘trampa’, porque los fondos no utilizados se destinarán a otros fines.
Los eco- esquemas (de los que el Ministerio ya ha planificado ocho modelos)  se configuran como una nueva intervención, incluida en el primer pilar de la PAC (fondo FEAGA), basada en prácticas agrícolas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que han de responder a los tres objetivos específicos medioambientales definidos (art. 6.1.d), e), f)), relativos al cambio climático y la energía sostenible; el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales; y la protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conservación de los hábitats y los paisajes.
Una gran definición, que no gusta a casi nadie del sector. Como señala el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la decisión del Consejo Europeo de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura PAC «puede llevar a recortes muy graves» de las ayudas a los productores. «Puede ser un tajo increíble si -el modelo de ecoesquemas- no es inclusivo por mucho que no sea obligatorio».
Para el responsable de Internacional de ASAJA, Ignacio López, «vincular un 20% de los pagos directos al cumplimiento de ecoesquemas, aunque no será obligatorio para los productores, en la práctica es como si lo fuesen porque, de lo contrario, sufrirían un recorte del 20% en los fondos». Asimismo, destaca que esta fórmula «coloca al agricultor en una peor situación que antes porque les obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora».
Para Unión de Uniones, critica que el acuerdo permitiría a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC, tanto en el tema de los ecoesquemas como en la definición de la figura del agricultor activo.
Finalmente, a UPA «no le suena mal» el acuerdo, y aunque no entra directamente a valorar los ecoesquemas sí deja claro que se destine «más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio, porque ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar» que ellos defienden.
Agroinformación.

- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la reunión de Comité Asesor Agrario para explicar los resultados del pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el que se cerró el acuerdo político entre los 27 Estados miembros para reformar la Política Agraria Común (PAC).
El ministro ha resaltado a las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, que el acuerdo recoge los objetivos planteados por el Gobierno para desarrollar en España una PAC capaz de dar respuestas a las necesidades del sector agrario.
El consenso alcanzado sobre los 3 textos de reglamento en debate -planes estratégicos, financiación y organización común de mercados agrarios- permitirá al Consejo empezar la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en los trílogos, que comenzarán en noviembre y que se prolongarán al principio de la presidencia portuguesa de la UE en 2021.
El ministro ha expresado su satisfacción por el acuerdo que permitirá orientar la estrategia agraria nacional hacia las necesidades y prioridades del sector, que contará con un presupuesto de 47.724 millones de euros para 2021-2027, más las aportaciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los planes de recuperación, con las que se acercará a los 53.000 millones.
Luis Planas ha remarcado que esta nueva PAC supone un cambio profundo con respecto a la PAC actual, por su fuerte componente medioambiental, el 40 % del gasto de esta política se destinará a la mitigación de los efectos del cambio climático. Además, por primera vez, los Estados miembros podrán elaborar su propio plan estratégico nacional, adaptado a su realidad agraria, sin las rigideces que supone un modelo de talla única a nivel europeo y en el que se incardina la denominada “arquitectura verde”.
Planas ha resaltado también que la próxima PAC contemplará la perspectiva de género en su política y dará un mayor protagonismo a los jóvenes a través de la obligación de destinar al menos el 2 % de los fondos a estos. Ambas cuestiones defendidas por España. Luis Planas considera vital la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el incremento de la presencia femenina no solo en las labores del campo, sino también en las de representación del sector.
Plan Estratégico Nacional: modelo de aplicación de la PAC en España
El ministro ha destacado que ahora continuará también la negociación entre Estado y comunidades autónomas, que supondrá realizar un esfuerzo sin precedentes de coordinación y cooperación, para lograr el modelo de aplicación de la PAC
España, ha asegurado el ministro, elaborará un plan estratégico nacional que tenga en cuenta los diferentes modelos y particularidades agrarias del país, que se centre en la explotación familiar y profesional, que facilite la evolución hacia una agricultura más resistente al cambio climático y que prepare al sector para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones.
Entre estas demandas se encuentra la de construir un modelo productivo más sostenible medioambientalmente enmarcado en la “arquitectura verde”, que tiene como eje principal los denominados ecoesquemas, ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente y que supondrán el 20 % del presupuesto de las ayudas directas.
Luis Planas ha señalado que es una oportunidad que va a permitir a los agricultores y ganaderos explorar nuevos nichos de mercado y abrir nuevas expectativas comerciales. Además, ha resaltado que las nuevas orientaciones medioambientales y se aplicarán paulatinamente, tras dos años de “periodo de aprendizaje”, para permitir una adaptación gradual.
Así, durante los años 2023 y 2024, todos los fondos no gastados en ecoesquemas, se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones. España pasará el dinero no gastado a la ayuda básica a la renta en aras a la flexibilidad lograda y defendida por el ministro durante las negociaciones.
Además de la sostenibilidad medioambiental, la económica y la social de agricultores y ganaderos también están garantizadas, ya que el 60 % de los importes de los pagos directos se destinará a la ayuda básica a la renta, al que es posible sumar el 20 % de los ecoesquemas.
Respecto a la limitación de la cuantía máxima que un perceptor puede recibir de la ayuda básica a la renta, denominado también “capping”, los Estados pueden limitarla en 100.000 euros, si bien teniendo en cuenta los gastos de empleo.
En lo que se refiere a los pagos redistributivos (procedentes de la limitación) para hacer un uso más eficiente y más enfocado a los agricultores profesionales, España ha logrado introducir criterios de elegibilidad adicionales al tamaño de la explotación. De esta forma, se podrán concentrar en aquellas personas cuyos ingresos agrarios suponen una parte significativa sobre los ingresos totales en aras de una mayor eficacia de este pago.
La disciplina financiera no afectará a los pagos de menos de 2.000 euros, como solicitaba España para una mayor simplificación de la gestión de la PAC.
Para España ha sido también importante poder incluir el sector de la aceituna de mesa como sector elegible para las ayudas acopladas o vinculadas a la producción, la posible creación de programas sectoriales nuevos, como el que propone el MAPA, para el olivar, el mantenimiento de los que existen para el vino, la apicultura y las frutas y hortalizas (este último sin techo de gasto), así como los programas escolares de distribución de leche y fruta.
El sector vitivinícola verá también cómo la fecha de expiración del sistema de autorización para plantaciones de viñedo pasa de 2030 a 2040, demanda que había sido planteada por España y Francia.
MAPA.

-Con permiso del empresario Juan Abelló y el ganadero Samuel Flores, los mayores titulares de tierras en España, empresas y fondos de inversión están ganando cada vez más peso en el rústico español. 
Todo esto, en su medida. No es que los grandes capitales se hallen invirtiendo en campo a diestro y siniestro, sino que están comprando empresas transformadoras y/o distribuidoras de productos alimentarios y también suelo rústico para inversiones en energías verdes o para empresas madereras. Todo tímidamente, pero con paso firme. 
El campo, en líneas generales, no es el ladrillo. Si lo fuese no existiría la Política Agraria Común (PAC) en Europa, pero hay brotes verdes por la estabilidad que proporcionan a los inversores. 
Sigamos: el territorio español cuenta con 505.960 kilómetros cuadrados de tierra. El 40% es superficie forestal arbolada, arbustiva o matorral, un tercio son tierras de cultivo y el 17,74% son superficies de pastos. El 8,72% de la superficie total (44.135 kilómetros cuadrados) lo ocupan los suelos urbanos, vías de comunicación, industrias, aguas y humedales. La tarta de lo urbano es más pequeña de lo que parece cuando uno coge el coche por nuestras carreteras principales, donde parece imposible encontrar dos bosques seguidos sin cruzarnos con un polígono industrial o un PAU.
En los últimos diez años, la superficie forestal ha crecido un 17%, mientras que la extensión de tierras de cultivos ha caído un 3,1%, según el último informe de indicadores publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Quiénes son los titulares de todos esos terrenos que están fuera de ese porcentaje? El Instituto Nacional de Estadística, que acaba de publicar datos sobre los dueños, tiene la respuesta y es este organismo el que nos revela la entrada de nuevos actores.
Hay cada vez más una especial atención a las fincas rústicas tanto productivas como para la explotación de energías fotovoltaicas y eólicas, donde ahora mismo tanto fondos como aseguradoras están viendo un nicho de mercado que puede dotar de mayor rentabilidad a sus inversiones respecto a la compra tradicional de producto suelo y su desarrollo. El campo se empieza a ver como un valor seguro. 
De la Sabeb al Fondo.
El sector agroalimentario se ha convertido en tímido objeto de deseo de fondos de capital y algún que otro ‘family office’ con hambre de encontrar rentabilidades seguras en un entorno de interés negativo y mercados financieros más que volátiles. Se calcula que no llegan a cuarenta los fondos que invierten en el agro español. ¿Cómo entraron en este mercado? Algunos de ellos vinieron gracias a la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), que los recogió de la pasada crisis económica. El llamado ‘banco malo’ sigue aún en cartera con más de 3.000 millones en propiedades de "difícil" salida. Muchas de ellas son suelos rústicos sin visos de reclasificarse en los que estos agro-fondos han visto el nicho.
El primer fondo de inversión nacional es el catalán Panda Agriculture & Water FI, que pertenece a la compañía Gesirus, la gestora de fondos participada por Catalana Occidente desde 2008. Este fondo, centrado en propiedades agrícolas y en el sector del agua a nivel europeo, tiene en España propiedades como Bodegas Riojanas y compañías como Barón de Ley, la empresa española de viñedos y vino fundada en 1985 en la comunidad autónoma de Navarra, en la zona de esta comunidad perteneciente a la DOC de Vino de Rioja.
Este fondo ha protagonizado titulares este final de septiembre y no muy halagüeños para la entidad. El fondo como accionista minoritario de Barón de Ley mostró su oposición a la CNMV a la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión presentada por la compañía vitivinícola para recomprar el 9,39% de las acciones a un precio de 109 euros por acción, ya que la consideran una cifra "inaceptable". Según informó Europa Press el pasado 30 de septiembre, el fondo gestionado por Marc Garrigasait señaló que el precio ofrecido debería tener una "prima" y argumenta que, teniendo en cuenta los “ratio” de valoración, EV/Ebitda, "el precio por acción mínimo razonable debería situarse entre 151,63 euros y 157,43 euros".
El vehículo 'Panda Agriculture & Water Fund' ha participado en 21 OPAs desde su creación en mayo de 2013 y señaló entonces que solo en las dos españolas -en Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) y Barón de Ley-, las valoraciones son sin prima y fuera de cualquier lógica de mercado".
Mientras seguimos la evolución de la compleja situación para Panda, señalar que otro fondo que destaca es Parvest Worlds Agriculture. Este invierte al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de empresas agrícolas, incluidas las que se dedican a productos químicos o infraestructuras agrícolas, biocombustibles, ciencias de los cultivos y superficies forestales. Allianz, Julius Baer, Amundi O Pictet son algunos de los más destacados nuevos actores en el campo español, que buscan su hueco.
Un 20% de la tierra es del Estado
Esto, sin perder de vista a los grandes nombres con los que empezábamos este reportaje y sin pasar por encima de la Administración Pública, que tiene más del 20% de esas tierras. Destacar entre todos los organismos, al Ministerio de Defensa que, como hemos contado en numerosas ocasiones en este medio, está en pleno proceso de desinversión. Basta con echar un ojo al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), donde los lotes de tierras en subasta pujan junto con viviendas militares en desuso con relativa frecuencia.
El Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actúa del mismo modo: mediante subastas. Los fondos obtenidos con estas ventas son destinados por el FEGA a dar servicio a todo el sector agrario a través de diversas inversiones para mejorar la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) como, por ejemplo, la renovación del SIGPAC, que es el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas mediante el que los agricultores presentan cada año su solicitud única de ayudas.
La Información.

- FEPEX considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido, porque ello provocaría que las exportaciones paguen derechos arancelarios, que FEPEX ha estimado en una cuantía anual de 198 millones de euros, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles.
Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se exportaron frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de 2020, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Con relación a la PAC, la Asamblea consideró que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como “derechos históricos”, lo que provoca distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas.
También en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y en concreto con relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea manifestó el interés por acceder a los eco-esquemas, régimen que permitiría al sector contribuir muy significativamente a la sostenibilidad medioambiental y climática.
La Asamblea de FEPEX, presidida por Jorge Brotons, está formada por los representantes de las 31 Asociaciones integradas y agrupadas en cuatro sectores de actividad:
. La producción y exportación de frutas y hortalizas frescas, sector mayoritario en la Federación, en el que están integradas 18 asociaciones.
. La producción y comercialización de patata, con 4 asociaciones
. La producción y comercialización de productos de frutas y hortalizas preparadas, con una asociación de ámbito nacional y
. La producción y comercialización de flores y plantas vivas, con 8 asociaciones.
FEPEX

- Dentro del ciclo de #SeminariosCoops organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de España el pasado 19 de octubre tuvo lugar un seminario online bajo el título "Un mayor equilibrio en el sector del aceite de oliva", en el que se abordó el presente y el futuro acerca de la comercialización, los precios y la posible regulación de la oferta.
En palabras de su presidente, Rafael Sánchez de Puerta, este sector atraviesa un momento en el que es necesario establecer estrategias a medio y largo plazo, ser responsables y trabajar entre todos para afrontar de la mejor manera los distintos retos a los que nos enfrentamos.
Y en este contexto de retos y adopción de medidas para resolver los problemas de precios, oferta y demanda, se planteó una de las cuestiones de mayor interés en este momento: La regulación de la oferta.
Esperanza Orellana, directora general de producciones y mercados agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, abordó este importante tema haciendo un repaso a la evolución de la producción y la superficie en España y así afirmó que nos encontramos con un sector muy vecero, lo que provoca desequilibrio en los mercados, principalmente a los agricultores de olivar tradicional.
La directora general de producciones y mercados hizo un repaso de las distintas alternativas con las que cuenta el sector del aceite de oliva para conseguir la tan ansiada estabilidad y equidad de los precios en origen
Orellana reconoció que cada año los desequilibrios se hacen más estructurales. Las nuevas plantaciones de regadío hacen que el olivar pierda el carácter dependiente de la climatología y favoreciendo un crecimiento sostenido, a pesar de los altibajos. En este sentido recordó el aumento del 77% de la superficie de regadío y el descenso del 5% de las superficies de secano. Resaltó la tendencia creciente de los olivares intensivos y superintensivos que han experimentado un incremento del 91% en la última década, habiéndose aumentado la superficie de estos cultivos en un 1.300% en 8 años; mientras que el consumo global sigue por debajo de la producción.
Regulación de la oferta
En este contexto la directora general de producciones y mercados hizo un repaso de las distintas alternativas con las que cuenta el sector del aceite de oliva para conseguir la tan ansiada estabilidad y equidad de los precios en origen.
Así, Orellana puso sobre la mesa la posición de Bruselas que pasa por dejar sobre el tejado del sector español la búsqueda de soluciones y alternativas a las crisis cíclicas que sufre una parte de los productores. Por ello, afirmó que la revisión de los precios de referencia para activar el almacenamiento privado, financiado con dinero comunitario, debe de quedarse a un lado en los planteamientos de España.
En este contexto, Orellana enumeró las distintas herramientas existentes como es la autorregulación vía artículo 209 de la OCM, explorado ya por Cooperativas Agro-alimentarias de España quien diseñó y presentó una propuesta recientemente ante la Comisión Europea que podría ser aprobada en breve, y las normas de comercialización que podrían articularse a través del artículo 167 bis de la OCM una vez sea aprobado el Reglamento de transición de la PAC, previsto para antes de fin de año.
Orellana afirmó que es necesario que el sector cuente con mecanismos de regulación de mercado que se puedan aplicar en situaciones excepcionales
Concretamente, el nuevo artículo 167 bis, cuyo objetivo es el de regular los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite de oliva se basa en permitir que el sector tome decisiones propias y que sea responsable de la regulación de su propio mercado, salvo en aquellas situaciones totalmente imprescindibles que hagan necesario implementar medidas de carácter obligatorio e inmediato, como podría ser una retirada de producto del mercado ante un previsible excedente de oferta.
Destacó asimismo algunas medidas complementarias que se recogen en el último borrador de real decreto sometido a consulta pública, como la planificación de la producción mediante cosecha temprana, el establecimiento de una regulación del rendimiento de extracción de aceite de la pasta de la aceituna, o la fijación de un rendimiento máximo de aceituna por hectárea a nivel de parcela.
La directora general hizo especial hincapié en la incertidumbre que los aranceles de EEUU y el Brexit generan en el sector, y anunció la intención de la Comisión de continuar con las negociaciones bilaterales tanto con la administración Trump, como con Reino Unido.
A la vista de semejante incertidumbre, Orellana cerró su intervención afirmando que es necesario que el sector cuente con mecanismos de regulación de mercado, que se puedan aplicar en situaciones excepcionales.
Olimerca.

-Unión de Uniones, ante las enmiendas sobre la Ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación que se debatirán este miércoles 28 de octubre por parte de la Comisión de Agricultura en competencia legislativa plena, reclama a los miembros de dicha Comisión en el Congreso su compromiso con la defensa de los productores en la cadena alimentaria, con el derecho democrático de los agricultores a elegir a sus representantes y con el apoyo prioritario a los agricultores y ganaderos profesionales.
Unión de Uniones presentó a los grupos parlamentarios diversas propuestas de enmiendas, las más importantes de ellas destinadas a perseguir los abusos que una parte de la industria y la distribución agroalimentaria hacen desde su posición de dominio en la cadena.
La organización también planteó cambios en la norma para acabar con la interlocución privilegiada que el Ministerio otorga discrecionalmente a ASAJA, UPA y COAG y poner urnas en el campo, así como promover una Ley que proteja al agricultor profesional en la futura PAC.
“Hay asuntos, como éstos, que son vitales para los agricultores y ganaderos”, afirman desde la organización. “Tenemos que fiarnos de quienes se sientan a negociarlos y eso se hace eligiéndoles nosotros y no el ministro o ministra de turno, como pasa ahora”.
Las enmiendas presentadas por la organización, fueron recogidas por algunos de los grupos parlamentarios y llegan vivas a la votación de mañana. “Este miércoles, se va a hacer una foto en el Congreso”, interpretan desde Unión de Uniones, “y vamos a ver quién sale al lado de los productores y quién al lado de quien abusa de su débil posición; quién está a favor de la democracia y quién a favor de los chiringuitos, y quien apoya de verdad a los agricultores y ganaderos profesionales y quién lo hace de boquilla”.
Durante el proceso de tramitación del proyecto de Ley la organización ha venido manteniendo reuniones y contactos con todos los grupos políticos para trasladarles la urgencia de reformas tanto en la Ley de la Cadena Alimentaria, como la Ley de representatividad; “La primera lleva 7 años funcionando mal y la segunda suma ya 6 años con las elecciones bloqueadas”, aclaran. “Los agricultores y ganaderos no podemos esperar más para soluciones que se pueden aprobar mañana”.
Por lo tanto, la organización pide a los diputados que votarán mañana en la Comisión de Agricultura que no administren los tiempos políticos según sus conveniencias partidistas y piensen en para quién legislan. “En Unión de Uniones vamos a tomar buena nota de dónde se coloca cada uno y, desde luego, cuando llegue la ocasión, los agricultores y ganaderos lo vamos a recordar, tanto para bien, como para mal”, concluyen.
Unión de Uniones.

-El Gobierno no ha encontrado todavía la fórmula para articular el impuesto al diésel. Y el debate sobre su implantación ha dividido al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez: se ha producido un choque entre los partidarios de la nueva “fiscalidad ambiental” y los críticos con gravar el gasóleo hasta igualar su tasa con la de la gasolina.
El partido de Inés Arrimadas afirma que la subida será eliminada durante la tramitación de los Presupuestos. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha terminado de aclarar si el Ejecutivo ha aceptado eliminarlo, aunque ha admitido que en el período de enmiendas será valorado, haciendo así también un guiño al PNV.
No obstante, Montero sí ha negado contactos con Ciudadanos para excluir la subida, a pesar de que la formación naranja haya asegurado que lo había pactado con el Gobierno.
Dos bandos y cinco ministerios implicados
Así, la guerra del diésel ha estallado de nuevo en el Consejo de Ministros. Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de la situación, no existe unanimidad en el Ejecutivo sobre la aprobación del polémico impuesto a dicho combustible. Se han abierto fisuras incluso entre los propios ministros socialistas.
Fuentes cercanas al Gobierno confirman a Confidencial Digital que la “fiscalidad ambiental” ha provocado un notable choque entre “dos bloques”. María Jesús Montero y Reyes Maroto aglutinan uno y otro, a los partidarios y a los detractores.
Ambos bandos han entrado en disputa sobre si el Gobierno debe seguir adelante con este impuesto y las diferencias se escenifican en cinco ministerios, que son los principalmente implicados.
Montero y Ribera y la “fiscalidad ambiental”
Por un lado, según las fuentes consultadas por ECD, aparece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende con vehemencia el aumento de la “fiscalidad medioambiental”, también con el objetivo de que las empresas eviten comportamientos agresivos con el medio ambiente.
Ha trasladado a sus compañeros críticos con este gravamen que debe explicarse a la opinión pública que el afán de la política fiscal no tiene qué ser siempre recaudatorio, y que, en casos como la fiscalidad medioambiental, tiene más que ver con comportamientos disuasorios de agresiones al medio ambiente.
Es un argumento que comparte la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que presiona a Hacienda para que concluya cuanto antes los estudios de fiscalidad relativa a esta materia, tras haber declarado la guerra al diésel nada más llegar al Gobierno, anunciando que tenía “los días contados”.
La recaudación por ese gravamen, fijada por Hacienda en 600 millones de euros, superaría los 2.000 millones después del tercer año, al aplicarse de forma progresiva.
Presiones de Industria y Agricultura
Por el otro lado, dos ministerios han comenzado a recibir fuertes presiones para que el Gobierno se replantee este impuesto. Uno de ellos, Industria, dirigido por Reyes Maroto.
En el departamento de Industria se han recibido “mensajes alarmantes” por parte de las compañías fabricantes de automóviles con plantas de producción en España, y de otros miembros del sector, como Anfac, que advierten del cierre de factorías por falta de pedidos, con la amenaza que eso supone para decenas de miles de puestos de trabajo.
Otro de los ministros que se ha posicionado en contra del impuesto al diésel es el titular de Agricultura. En su caso, Luis Planas quiere garantías de que la subida excluirá a transportistas y agricultores, como ha prometido Hacienda. Dado que la medida no está perfilada del todo por el Gobierno, ambos sectores mantienen la incertidumbre.
Por supuesto, se tiene en cuenta que una huelga de transportistas y de trabajadores del campo “lograría paralizar el país” y pondría en peligro el abastecimiento de alimentos y productos frescos en los supermercados. Una imagen que se quiere evitar a toda costa.
Carmen Calvo apoya a Planas contra Montero
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también ha tomado parte en esta guerra. Defiende el discurso de protección del medio ambiente, que también lanza el presidente Pedro Sánchez, pero considera que todavía se debe valorar cómo aplicarlo, dado el elevado coste político que supone.
Por si faltara algo, Calvo y Planas, dos personas que en el pasado han sido especialmente críticos con Susana Díaz, han protagonizado en los últimos años una “guerra soterrada” contra ella que ahora, con la coincidencia de ambos en el Consejo de Ministros, tiene como principal objetivo a la ex mano derecha de la presidenta andaluza, María Jesús Montero.
Por ello, ahora Carmen Calvo también se posiciona contra el impuesto al diésel que propugnan las ministras de Hacienda y de Transición Ecológica, sobre todo si afecta a profesionales y a autónomos. La misma línea roja que no está dispuesto a traspasar Luis Planas.
La guerra del diésel en el Consejo de Ministros
La polémica por el diésel viene de lejos. Pedro Sánchez anunció, a finales de 2018, que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente contemplaría ese impuesto.
En aquel momento, presumió de liderar un Gobierno “ecologista” y “comprometido con la transición ecológica”. Sin embargo, ni las cuentas públicas de 2019 ni las de 2020 salieron adelante.
Sólo una hora después de la confirmación del presidente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, no se mostró tan categórica a la hora: “Se habla mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno ni siquiera lo ha anunciado. Lo que se ha hecho es un globo sonda”, afirmó sin matices.
Estas palabras entraban en conflicto directo con las declaraciones de Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, en la que había asegurado que “todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto”.
Este cruce de declaraciones ha sido el más llamativo, en una serie de contradicciones desde que la medida fue anunciada y se comenzó a visualizar públicamente que no existía unanimidad en el Ejecutivo sobre la aprobación del polémico impuesto.
J.A Frauca. ECD Confidencial. 




-Los ecoesquemas sigue provocando más rechazo que aprobación y máxime cuando se comprueba que hay en juego 4.875 millones de euros según los cálculos del Gobierno para los cinco años que durará inicialmente la futura PAC, lo que equivale a algo menos de 2.000 millones en los dos primeros años cuya aplicación será «voluntaria» pero con un dinero del que nadie sabe qué va a a pasar si el sector no se acoge a estas ayudas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dejado claro que no se perderá ni un euro de esos fondos y que el dinero no gastado en los ecoesquemas se destinarán íntegramente a la renta agraria, pero se desconoce en qué sentido se va a repartir. Las dudas surgen de que nadie sabe qué va a pasar con este dinero, si es un reparto genérico o particular. Es decir, si los fondos que un agricultor o ganadero dejará de percibir en ese periodo voluntario se le abonará como hasta ahora, aunque no aplique los ecoesquemas o si esas partidas de repartirán de forma aleatoria entre todos los beneficiarios y quienes no acepten los ecoesquemas puedan perder dinero.
Mucha dudas que nadie aclara, ya que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha informado de que los fondos de la futura Política Agrícola Común (PAC) vinculados a los ecoesquemas rondarán los 4.875 millones de euros para acciones como apoyo al pastoreo extensivo o la mejora de barbechos pero sin más explicaciones sobre su reparto.
Durante su intervención en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado la ministra ha incidido en que otras acciones vinculadas a esos ecoesquemas serán las dedicadas al mantenimiento de la cubierta vegetal viva contra la erosión del suelo o iniciativas de valorización de la biomasa.
El escoesquema es «una herramienta» que se articula bajo el pilar 1 de las ayudas directas de la PAC, con un 20% (o el 30% si prospera la propuesta del Parlamento Europeo) de asignación vinculada.
Esos incentivos permitirán «conciliar» la práctica de la protección ambiental con el desarrollo de la actividad agraria, «ofreciendo una flexibilidad suficiente» para «adaptarse al diseño de aplicación que programe cada Estado miembro».
Ha valorado asimismo que la nueva PAC incorpore intervenciones «específicas» para generar oportunidades entre las mujeres y los jóvenes, con «parámetros de discriminación positiva y ayudas directas».
Agroinformación.



-LA UNIÓ de Llauradors, en colaboración con la eurodiputada valenciana del Grupo Socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero, solicita una revisión del acuerdo comercial de la Unión Europea con Suráfrica y que la Comisión Europea contemple a los cítricos como un producto sensible a la hora de negociar cualquier Acuerdo de Libre Comercio con países terceros.
Tras la reunión mantenida por la organización con la eurodiputada, han decidido iniciar una línea de actuación conjunta para proteger a los cítricos, un cultivo de la máxima importancia tanto para la Comunitat Valenciana como para España o la Unión Europea, y con una gran relevancia económica y social.
Cabe señalar que ya hemos entrado en el quinto año desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional-SADC (Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Mozambique) y que a partir de ahora es cuando se puede revisar en su totalidad. El artículo 116 del Acuerdo especifica que ambas partes podrán revisar en su totalidad el Acuerdo, como muy tarde, cinco años después de la entrada en vigor del mismo.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, indica que “instamos a la Comisión Europea y al resto de instituciones de la UE y, en nuestro caso, al Gobierno de España, a que impulsen la revisión del mismo y se analice en profundidad su repercusión comercial, así como las consecuencias fitosanitarias que existen sobre el sector citrícola europeo”.
El Acuerdo contempla en su Anexo I la reducción progresiva de los derechos de aduana para las naranjas dulces, algo que se inició precisamente con la entrada en vigor del Acuerdo y que se eliminan definitivamente en el año 2025.
La incidencia sobre el sector citrícola valenciano, español y europeo de la aplicación de este punto concreto del Acuerdo ha traído consecuencias muy negativas, tanto desde el punto de vista económico -objetivo del Acuerdo- como fitosanitario y que se exponen ampliamente y de forma justificada en siete informes técnicos realizados por LA UNIÓ y que van a ser la base de la justificación de la petición de revisión.
La última auditoria a la exportación de cítricos de la República de Sudáfrica a la Unión Europea se realizó en junio de 2016 (Auditoria número 2016-8810), es decir que ya han transcurrido cinco años. Durante ese periodo, Sudáfrica ha sido uno de los países con mayores rechazos de envíos de cítricos por plagas en la UE, por lo que la entrada de un organismo nocivo desconocido sería letal para la citricultura europea.
De la misma manera, LA UNIÓ va a solicitar a la Comisión Europea, a través del Ministerio de Agricultura, que los cítricos sean declarados como un producto sensible a la hora de las diversas negociaciones que la Comisión Europea emprenda en los Acuerdos de Libre Comercio con países terceros. El objetivo sería tratar de proteger al sector citrícola en este tipo de negociaciones si el país tercero tiene también cítricos que desea exportar al ámbito de la UE.


Unión de Uniones considera que la mayoría de los Diputados de la Comisión de Agricultura dieron este miércoles pasado la espalda a los agricultores y ganaderos españoles al rechazar todas y cada una de las enmiendas al proyecto de Ley de medidas para el sector agrario. Poner plazo a las elecciones en el campo, la regulación de las prácticas desleales en la cadena alimentaria o la Ley del Agricultor genuino y profesional, fueron, entre otras muchas medidas, bloqueadas por los grupos mayoritarios.
Unión de Uniones opina que “muchos diputados estuvieron más pendientes de administrar sus tiempos políticos y del conchaveo que de la democracia real y de los problemas de los agricultores y ganaderos”.
La evidencia, señala la organización, es que socialistas y populares, por ejemplo, votaron en contra de cuestiones sobre las que se habían posicionado a favor tan solo unos días antes en el Parlamento, europeo como la venta a pérdidas, o que no saliera adelante la doble tarifa para regadío que lleva más dos años parada desde que el Congreso mismo la aprobó en 2018.
La organización pone el acento en el rechazo a la modificación de la Ley de la representatividad de las organizaciones agrarias, que se desestimó contando con los únicos votos negativos de grupo socialista y la abstención de casi todo el resto. “Agricultores y ganaderos llevamos 6 años esperando a que se nos reconozca el derecho a elegir a quien nos representa, pero por la parsimonia con que se lo toman, vamos a tener que pensar que son ciertas las acusaciones de antidemócratas que constantemente se lanzan unos a otros”, señalan.
Para Unión de Uniones, era el momento de demostrar lo contrario y no de escudarse en la excusa de que en este asunto la responsabilidad es del Gobierno y que habrá que esperar a que éste mueva ficha. “Claro que la responsabilidad es del ministro”, declaran desde la organización “pero ni las derechitas cobardes”, ni la izquierdita cobarde, ni el centrito cobarde han hecho el miércoles el trabajo para el que los elegimos que es el de acabar con esta anomalía democrática en el sector que, sin embargo, todos ellos reconocen que existe”, reprochan. La organización reclama elecciones cuanto antes y hasta entonces igualdad en la interlocución con todas las OPAs “y acabar de una vez por todas con el corralito”.
Igualmente, Unión de Uniones afirma que ahora PSOE, PP, VOX y Unidas Podemos tienen difícil decir que defienden de verdad al agricultor y ganadero profesional, porque los cuatro grupos han votado en contra de una enmienda para asegurar que éstos fueran los beneficiarios de la futura PAC. “Aquí es donde se retrata cada uno y lo demás es propaganda electoral”, afirman.
La organización agradece finalmente a los Grupo Plural, Mixto, Republicano y Vasco, que recogieran en un primer momento muchas de las propuestas presentadas por Unión de Uniones y las hayan defendido o votado a favor. También insiste en que con estas formaciones y con todas las demás, va a seguir trabajando “hasta donde ellos quieran” en mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores y ganaderos y las condiciones de vida en el medio rural e insiste que es para lo que está Unión de Uniones y es lo que ha venido haciendo siempre, pero considera que también hay que apuntar quién se moja de verdad con el campo y quién no en cuestiones concretas.
Unión de Uniones.





-La Junta de Andalucía y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han apostado por el diálogo sobre el modelo de aplicación en España de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, si bien parten de posturas distintas, ya que el gobierno andaluz pide que el cambio no sea radical para que esta región no pierda peso en el reparto de las ayudas y el Ministerio es partidario de una distribución más progresiva y reconoce que asume parte de la declaración institucional aprobada en la región.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se han reunido este jueves con el ministro de Agricultura para abordar la aplicación de la reforma de la PAC y, aunque han incidido en la voluntad de diálogo, se han constatado diferencias, ya que la Junta sostiene que se pierden unos 1.300 millones respecto a la PAC actual al no sumar los fondos que destina la UE para la recuperación denominado ‘next Generation’ y el ministro ha negado que «técnicamente haya un recorte o congelación» de fondos.
Para la aplicación en España del modelo de la nueva PAC, Andalucía está dispuesta al diálogo desde una «posición no inmovilista», si bien la consejera ha dejado claro que quiere que se mantenga el ‘statu quo’ de esta región, una de las principales perceptoras de fondos de la PAC, porque «se ha demostrado que el modelo funciona», aunque ha admitido la disposición a aceptar cambios en el modelo pero sin que sea «radical».
PLANAS COMPARTE GRAN PARTE DEL TEXTO DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL APROBADA EN ANDALUCÍA
«No queremos dar pasos atrás», ha afirmado Carmen Crespo, quien ha hecho hincapié en que la Junta tiene que defender los intereses de sus agricultores y ganaderos, que firmaron hace un mes una declaración institucional en la que pedían al Ministerio que se mantuviera el actual modelo de reparto de la PAC para no salir perjudicados.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación les ha lanzado el mensaje de que «no deben tener miedo» a los cambios porque Andalucía esta, «bien posicionada» y, además, ha señalado que comparte la mayoría de los puntos de la citada declaración institucional.
No obstante, Planas ha confirmado que la nueva PAC incorpora una visión distinta y, por tanto, la distribución de las ayudas requiere un enfoque diferente para orientar la PAC hacia un modelo «útil, práctico y rentable para el sector».
En este sentido, ha defendido un cambio de modelo de aplicación de la PAC «ordenado y en el que, las reducciones de las regiones productivas a efectos de las ayudas, sea dialogado y, si es posible, consensuado» con las comunidades autónomas, de forma que se imponga el principio de que si dos ganaderos o agricultores están en la misma situación tengan el mismo nivel de apoyo de los fondos comunitarios porque esto «no pasa actualmente».
El ministro ha negado que la nueva PAC conlleve una pérdida de fondos respecto a la actual y ha explicado que ascienden, para España, a 47.724,3 millones y, si se suma la cofinanciación del Estado y las comunidades, se contará con más 52.000 millones, al que hay que añadir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin embargo, la consejera de Agricultura sostiene que se pierden fondos porque en su cálculo no suma los fondos ‘Next Generation’ porque es un instrumento excepcional, ha puntualizado.
Agroinformación.
 
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