Como primera aproximación, afirman los economistas, "no hay soluciones mágicas ni simples al problema de accesibilidad de la vivienda, como algunas propuestas populistas parecen sugerir". Así, el Consejo pide abordar la problemática con otros mecanismos como las ayudas al alquiler, la construcción y compra de edificios para destinar al arrendamiento social o asequible y la colaboración público-privada que levante un parque de vivienda sólido destinado a este fin.
“El problema de accesibilidad a la vivienda no se puede resolver de un día para otro", ha afirmado el profesor y catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José Garcia Montalvo, en un evento organizado por el Consejo para analizar la normativa en la que está trabajando el Gobierno y que será llevada al Consejo de Ministros en febrero. "Es necesario mantener una política de vivienda orientada adecuadamente, coherente en el tiempo y con suficiente financiación".
De esta forma, los "efectos indirectos negativos de las políticas de vivienda mágicas” pueden ser especialmente notables en un mercado del alquiler como el español, que comenzaba a "normalizarse" tras décadas de incentivos fiscales a la compraventa de vivienda de protección oficial y tras el fin del control de alquileres estatal, vigente hasta 1994.

El control de los precios de los alquileres, explican los economistas, hace que los propietarios, ya sean particulares o empresas, "se retraigan a la hora de ofertar sus viviendas, reduciéndose por tanto el mercado y las inversiones y aumentando la economía sumergida". Sin embargo, cuanta más oferta pública y privada de vivienda en alquiler exista, "más ventajoso será el precio para el inquilino".
Para lograr todo esto, no obstante, se necesita que las reglas del juego sean claras y con voluntad de permanencia. Por ello, el presidente del Consejo, Valentín Pitch, ha pedido “implementar una política de vivienda a largo plazo y no de cara a la galería”. De hecho, tal y como ha recordado García Montalvo, los efectos de una política de vivienda férrea destinada a ampliar el parque asequible, con el caso de Viena (Austria) como ejemplo a seguir, tardarán "décadas" en percibirse.

Los economistas también han criticado que este tipo de controles hacen recaer sobre los propietarios de vivienda en alquiler los problemas creados por la ineficacia, falta de financiación y coherencia de las políticas públicas. "No es razonable" que esta responsabilidad caiga sobre los tenedores, porque "todas las acciones de política de vivienda tienen repercusión presupuestaria, y son responsabilidad de la administración pública", han explicado desde el Consejo.
"El recurso al control de los precios de los alquileres, supone traspasar el coste de la política social en materia de vivienda a la propiedad privada, y tiene la ventaja para los Gobiernos de que no tiene coste presupuestario", han añadido.
En esta línea, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y ex director general de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Ràfols, ha señalado que las dotaciones de los presupuestos destinados a los Planes de Vivienda "han sido a todas luces insuficientes, y ya es hora de que las administraciones tengan un papel mucho más activo asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público de vivienda y a subvenciones personalizadas para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento, de acuerdo con el mandato constitucional”.