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CASO VILLAREJO: Imputados los exjefes de seguridad de Repsol y Caixa

El magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón ha citado en calidad de imputados a los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank por los encargos que ambos entes efectuaron a José Manuel Villarejo, según informan fuentes jurídicas. De este modo, tanto Araujo como Fernández Rancaño -ambos comisarios jubilados- pasan a figurar como investigados en la macrocausa Tándem y deberán comparecer en sede judicial 

Actualizado 24 noviembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
Se trata de una diligencia que se acuerda a petición de la Fiscalía Anticorrupción y en el marco de la pieza número 21, la cual se abrió hace poco más de un año, tal y como adelantó La Información. Los agentes han seguido el mismo patrón que en otras líneas de investigación en aras a esclarecer qué contrataciones se efectuaron con el Grupo Cenyt así como quienes son los responsables directos de las mismas, teniendo en cuenta que se efectuaron en un momento en que el comisario ahora jubilado era funcionario en activo. En este tiempo las pesquisas se han centrado también en estudiar la documental aportada por la entidad y la petrolera en relación a sus sistemas de compliance y buena gobernanza. 

Los hechos que están bajo la lupa de los investigadores se remontan a los años 2011 y 2012 cuando Repsol habría recurrido al agente encubierto para averiguar si Del Rivero (que ya fue víctima de Villarejo en los encargos efectuados por el BBVA) estaba maniobrando para hacerse con el control de petrolera. En el momento de los hechos Sacyr llegó a un pacto de sindicación con la mexicana Pemex para desbancar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, con quien mantenía un claro enfrentamiento. Sacyr tenía un 20% de capital, lo que le convertía en principal accionista, y Pemex rondaba el 10%.

El intento de asalto no llegó a hacerse efectivo porque el resto de accionistas de la constructora no respaldaron los planes de Del Rivero y éste terminó abandonando el cargo al que accedió en 2003 en beneficio del actual presidente de Sacyr, Manuel Manrique. Por contra Brufau sí tuvo el apoyo de los sindicatos y de Caixabank, entidad que entonces era socio mayoritario de la petrolera, lo que acabó de debilitar la posible alianza de la constructora con Pemex. Ahora los que fueran jefes de seguridad de ambos entes tendrán que esclarecer los pormenores de estos contratos que habrían rubricado con el entramado empresarial de Villarejo siguiendo la estela de otras grandes empresas también salpicadas en esta macrocausa como Iberdrola, San José, Mutua Madrileña o BBVA. 

Precisamente otros exdirectivos de Seguridad de estas compañías -como ocurre con la eléctrica o con el banco que preside Carlos Torres- ya han desfilado por la Audiencia Nacional para esclarecer los detalles de estos contratos por posibles delitos de revelación de secreto y cohecho; los mismos que se le atribuyen a los ahora imputados. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se trata de acuerdos comerciales algunos de los cuáles se llevaron a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los espiados ya que, para conseguir sus objetivos, hizo seguimientos personales, controló llamadas telefónicas y accedió a datos bancarios ayudado casi siempre de miembros de la Policía. 

De este modo, el caso Tándem ha ido creciendo desde el arranque del mismo hace ahora tres años hasta configurarse como una de las grandes investigaciones penales de la democracia. En la actualidad suma una treintena de piezas algunas de las cuáles están ya listas para ser juzgadas. Se trata de la investigación al despacho Herrero y Asociados (pieza Iron); el encargo a parte del clan García Cereceda en plena pugna por la herencia del empresario (Land); la pieza sobre los trabajos a Juan Muñoz y su hermano por impagos de un socio (Pintor); la relativa al robo y difusión en prensa de la exasesora de Podemos Dina Bousselham (Dina) o la que salpica al comisario Carlos Salamanca. El instructor dejó al borde del banquillo al considerado como Tándem de Villarejo acusado de haberse valido de su puesto como jefe fronterizo de Barajas para permitir la entrada de manera ilegal en España de ciudadanos extranjeros.
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