Pero no era la primera vez. El 30 de enero de 2019, Sánchez afirmó que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por Sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios". Más recientemente, el 5 de noviembre de este año, el jefe del Ejecutivo dijo que le "parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal".
El 20 de febrero de este año, apenas unos días atrás, la ministra Montero manifestaba que "el Gobierno propondrá armonizar los impuestos cedidos a las CCAA". Por lo que, "es razonable y conveniente una armonización fiscal al igual que ocurre en la UE".
En mayo de 2020, la ministra de Hacienda añadió que desde su Gobierno se hará "una propuesta de armonización de los impuestos cedidos a las CCAA". Y, "esta propuesta -señaló- formará parte del plan del Gobierno de reforma del modelo de financiación tanto autonómica como local a la mayor brevedad posible".
En esta sintonía están los presidentes Ximo Puig, Adrián Barbón, Emiliano García-Page y Javier Lambán. Y también Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista, quien dijo: "No se defiende la unidad de España intentando convertir la política fiscal en una subasta. Hay que legislar para que haya una armonización fiscal de ciertos impuestos y acabar así con esa diferencia entre territorios y ciudadanos".

Por su parte, el consejero de Hacienda Fernández-Lasquetty, ha detallado que esa armonización supondría un coste de 5.900 millones de euros a los contribuyentes madrileños, concretamente 780 millones por IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones en Transmisiones y AJD.