Los pagos se realizan en concepto de productividad y gratificaciones, y se vienen “ocultando” sistemáticamente en el caso del personal de alto nivel, según el sindicato. CCOO considera “inadmisible que un Gobierno progresista no impulse la transparencia”, sino que, por el contrario, añada nuevas trabas, tal y como ha detectado el sindicato en los últimos dos años en los que la demora a la hora de contestar a las solicitudes de información no ha hecho más que aumentar, argumenta el sindicato.
CCOO detalla que “no hay una regulación” de los criterios que rigen el reparto de las llamadas productividades.

A pesar de que ley dicta que deben asignarse de forma objetiva, lo cierto es que el Gobierno los distribuye a su antojo, especialmente entre el personal de alto nivel, que ocupa los niveles del 28 al 30 en el escalafón, y que “ya cuentan con un salario considerablemente alto para retribuir las responsabilidades derivadas del puesto”. CCOO estima que estos pagos extras pueden llegar a duplicar e incluso triplicar el salario base del personal que los recibe, con una cuantía entre los 11.000 y los 35.000 euros anuales en cada caso.
Cualquier ciudadano puede, en teoría, pedir información sobre estos pagos al Consejo de la Transparencia. Pero en la práctica no le servirá de nada. Puesto que “muchos ministerios” incumplen su deber de información, pretextando la cantidad de trabajo que les supone recopilar la información.

Entonces, la única opción es acudir a los tribunales para recabar la información, y esperar el final de un camino jalonado de resoluciones judiciales y recursos administrativos. En cualquier caso, si los ministerios atienden los requerimientos del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, esta vía rápida de petición de información se demora por espacio de un año, advierten desde el sindicato.