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Los  funcionarios huyen de las futuras normas de Escriva

Cerca de 20.000 empleados públicos encuadrados en el régimen especial de jubilación para funcionarios (el de clases pasivas) tomaron la decisión de dejar atrás su vida activa y jubilarse en la recta final de 2020 en un movimiento de salida sin precedentes desde la gran crisis financiera de hace una década y que se produjo en un entorno de creciente rumorología sobre la posibilidad de recortes en las pensiones de los empleados públicos. 

Actualizado 18 enero 2021  
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Redacción y Agencias
  
Desde el sindicato CSIF se ha venido advirtiendo a lo largo de estos últimos meses sobre la inquietud que el asunto estaba generando en el colectivo de cerca de un millón de funcionarios que continúan encuadrados en este régimen especial. Las cifras parecen dar la razón al sindicato. Entre los meses de octubre y diciembre, inmediatamente después de la asunción efectiva de las competencias de gestión del Régimen de Clases Pasivas por la Seguridad Social que se concretó el día 6 de octubre, el sistema registró 11.103 nuevas altas por jubilación de funcionarios civiles del Estado, lo que supone un incremento de más del 30% respecto a las 8.345 registradas en 2019 o las 8.758 de 2018.  En 2017 o 2016 la cifra de jubilaciones en el último tramo del año, donde se suelen concentrar la decisiones de poner punto y final a la vida laboral, se situó por debajo de 8.000...
Si se toma como referencia el último semestre del año, el número de funcionarios del régimen de clases pasivas que han decidido dejar atrás su vida profesional se eleva hasta 18.114, una cifra también sin parangón en los últimos diez años y extraordinariamente llamativa si se tiene en cuenta que en la primera mitad del año el número de jubilaciones apenas superó las 8.000. El tirón de la segunda parte del año ha dado como resultado el mayor número de jubilaciones en el régimen registrado jamás en un año completo: 26.349.

Todo tiene su razón de ser en los  rumores de que entre los ajustes que se iban a abordar en el año siguiente estaría la eliminación de alguna de las ventajas más significativas de este régimen especial, en concreto la posibilidad que da a los funcionarios civiles encuadrados en el mismo de jubilarse a partir de los 60 años sin sufrir penalización alguna en su prestación. 
El riesgo de perder esa ventaja ha quedado tan interiorizado en el colectivo que desde el año 2011 las jubilaciones voluntarias - antes de la edad legal de 65 años - se han convertido en el principal canal de salida de los empleados públicos hacia la inactividad y han venido explicando dos de cada tres jubilaciones que se han producido en el colectivo. El fenómeno alcanzó tal magnitud que en la última sesión de negociaciones del Pacto de Toledo, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, instó a la Comisión a explorar las vías para resolver esta distorsión y garantizar la convergencia del Régimen de Clases Pasivas con el Régimen General de la Seguridad Social, lo que no sólo se llevaría por delante la 'jubilación voluntaria' sino que también obligaría a aplicar a los funcionarios de clases pasivas los mecanismos de ajuste previstos para el resto de jubilaciones, como el factor de sostenibilidad. Ya con el Gobierno Sánchez en el poder, la negociación del Pacto de Toledo viró hacia otros derroteros y la reforma de clases pasivas quedó descartada.

Fuentes sindicales admiten sin embargo que el clima de inquietud creado entre los empleados públicos por la publicación de determinadas informaciones que apuntaban a una reforma más o menos inminente del régimen en el marco de los cambios que está propiciando el Escrivá y por los episodios puntuales de cambios de criterio adoptados por Seguridad Social  han podido influir en este fenómeno. 

 
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