Menos de dos meses después, el Gobierno de España, principal país receptor de los fondos europeos, remitía a Bruselas un plan presupuestario para 2021 con una subida del 0,9% de las pensiones (en un contexto de IPC negativo), el anuncio de la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC (que Bruselas ya había anticipado que no compartía) y un incremento anual del gasto en ese capítulo de 4.300 millones de euros pese a los galopantes números rojos tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las de las Administraciones Públicas en su conjunto.

En Bruselas el asunto no cayó bien y sus emisarios fueron aún más persuasivos en sus contactos privados con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos hasta el punto de forzar un inesperado cambio de discurso en la acción gubernamental en materia de pensiones. 

En cuestión de semanas, segun señal La Informacion, el Gobierno elaboro una propuesta de ampliación del periodo de referencia para calcular la pensión de los 25 a los 35 años con un impacto a la baja previsible sobre las prestaciones de entre el 6% y el 12%, según estiman los expertos. "Fue a raíz de ese 'toque' de Bruselas", confirma una fuente del área económica del Gobierno. Con la asignación definitiva de los recursos del 'superfondo europeo' aún en el aire, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos consideró aconsejable remitir dentro del plan de reformas que debe acompañar a los planes de inversión que los países van a afrontar con los fondos europeos alguna clase de compromiso con la aprobación de medidas que visibilizaran la intención del Gobierno de Sánchez de contener la evolución de la factura del gasto en pensiones a medio y largo plazo, un tipo de medidas que tampoco se veían en el acuerdo del Pacto de Toledo y que la vicepresidenta tercera encomendó por vía de urgencia al ministro José Luis Escrivá. 
La maniobra explica como de repente apareció de la nada una propuesta para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, cuando el asunto no se había tratado ni en las deliberaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ni en las reuniones del diálogo social, según reconocen un puñado de fuentes de ambos foros, que no ocultan su enfado con el desempeño del Gobierno en este episodio. 

La contestación al llamado 'Plan Escrivá', especialmente fuerte desde el propio Partido Socialista y desde el área de Gobierno de Unidas Podemos, ha obligado a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos a suavizar un tanto su propuesta y a remitir finalmente a Bruselas, a petición de Moncloa, un planteamiento más general, en el que cabe tanto la polémica medida de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años como una negociación amplia sobre el asunto con los agentes sociales.

Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se quita hierro a estos tiras y aflojas sobre la reforma de las pensiones. "En materia de pensiones, la idea del Gobierno es proponer reformas orientadas a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, sobre la base de las recomendaciones del Pacto de Toledo".