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La Audiencia ordena que se siga investigando a Podemos

La Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado sobre la investigación a Podemos. Los magistrados de la Sección 30 -entre los que se encuentran el primer instructor del caso Villarejo- han resuelto que el juez que investiga a la formación morada por supuesta financiación ilegal tiene que seguir practicando diligencias para "despejar las dudas" surgidas a raíz de la denuncia interpuesta por el letrado despedido del partido  Calvente. 

Actualizado 21 enero 2021  
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Redacción y Agencias
  
De este modo, tumba el recurso presentado por la defensa de la formación que pidió el cierre de esta causa penal al descartar que cometieran delito con la contratación de la consultora Neurona. 
El auto, que se dictó el pasado 15 de diciembre pero se ha conocido este jueves, da respuesta a todos los puntos enumerados por la defensa de Podemos en su recurso de apelación. Podemos pidió que se tumbara el auto  del magistrado Juan José Escalonilla del pasado 31 de julio que daba pie a este procedimiento. Según planteó en su recurso, la documentación que aportó Calvente en su denuncia ante la Guardia Civil la obtuvo de manera "ilícita" ya que habría vulnerado su deber de confidencialidad en calidad de letrado de la formación, con la que comenzó a trabajar en el año 2014. Calvente entregó liquidaciones de gastos, nóminas y borradores de los contratos con Neurona y ABD que según Podemos contenían información privada y, por tanto, deberían expulsarse del caso y declararse la nulidad. 
 
Sin embargo, la Sección 30 responde que Calvente, que recientemente ganó un pleito contra su excompañera Marta Flor por acoso laboral y sexual, no denunció al partido como tal y que pudo tener acceso a la información aportada por su cargo como delegado de Protección de Datos. Los magistrados amparan su criterio en la sentencia 116/2017 del caso Falciani, el informático que extrajo del banco HSBC datos para acusar a evasores fiscales. En lo que respecta al abogado purgado de Podemos, los magistrados concluyen que no robó la documentación que sirvió de cauce para abrir este procedimiento y, por tanto, se debe continuar con el mismo. 

El auto recoge todas las diligencias que ordenó Escalonilla en julio a raíz de las cuáles abrió varias líneas de investigación que se han ido cerrando a excepción de la relativa a Neurona. Así pues, aunque se analiza la parte relativa a la supuesta caja 'b' del partido o las irregularidades de la reforma de la sede, en este tiempo el magistrado ha ido cerrando estas partes al considerar que no hay pruebas fehacientes contra el partido que demuestren que desvió dinero de la caja de solidaridad o que prueben irregularidades en las obras de la nueva sede. A todo ello hay que sumarle también el archivo de la parte relativa a Abd Consulting tras constatar que los contratos por las elecciones de abril de 2019 fueron reales y no simulados. 

Ahora bien, lo que aquí resuelve la Audiencia Provincial de Madrid es el auto que dio origen a esta causa penal y, sobre ese punto, determina que no existe nulidad de todas las pruebas practicadas porque la denuncia inicial no es irregular. Sobre esto considera que el titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid ha cumplido "rigurosamente" ya que es necesario aclarar si la denuncia del abogado despedido del partido, el cual declaró como testigo en esta causa, reviste caracteres de comisión de delito. "Dada la fase embrionaria en la que nos encontramos, las diligencias de investigación ordenadas servirán precisamente para despejar las dudas (...) sobre la posible ilicitud delictual de los hechos", rezan.  

En otro auto separado los jueces estudian la imputación del partido como persona jurídica, también recurrida por su defensa. De nuevo rechazan el recurso pero en este caso apremian al instructor a que determine "con celeridad" qué delitos cabe atribuirle al partido ya que, aunque lo empezó investigado por supuesta administración desleal y malversación de caudales públicos, luego incluyó también financiación ilegal. Este último en relación a la contratación con la sociedad Neurona ante las sospechas de que la formación podría haber efectuado pagos a la mercantil mexicana que no corresponden a servicios reales. La Fiscalía de Madrid pidió que se mantuviera a la formación imputada por una cuestión de garantía procesal aunque ya adelantó que solo se tendría que indagarse la parte de Neurona.
 
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