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OBJETIVO:MEJORAR LA LIQUIDEZ

El BdE  facilitara información de su central de riesgos

El martes entró en vigor el acuerdo por el que el Banco de España facilitará a la AEB y a la CECA determinada información de su central de información de riesgos (CIR) y su central de balances para que la utilicen exclusivamente en el estudio que están realizando para valorar el impacto del Covid-19 en las empresas españolas, sobre todo en las pymes, para identificar medidas para atender las necesidades temporales de liquidez ocasionadas por la pandemia.

Actualizado 21 enero 2021  
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Redacción y Agencias
  
Este es uno de los primeros pasos acordados para que la banca pueda ampliar las necesidades de financiación de las empresas, sobre todo de aquellas que han recibido créditos con aval del ICO. El proyecto es tener finalizados los acuerdos para poder refinanciar créditos con aval del ICO en marzo, aunque inicialmente la idea era llegar a un acuerdo en enero.
El objetivo es poder refinanciar los créditos con aval del ICO para ayudar a las empresas viables y evitar que tengan que recurrir al concurso de acreedores por falta de liquidez ante la ralentización de la recuperación económica por la pandemia.

Mientras se debaten las vías para refinanciar estos créditos avalados por el ICO, proceso que necesitará el visto bueno de Bruselas, Economía está calculando cuánto podría sumar al Estado la morosidad de la financiación garantizada. A falta de afinar las cifras, parece que no sobrepasarán los 10.000 millones de euros, ni bajarán de los 5.000 millones. Según cálculos de Ciudadanos, el coste ascenderá a unos 7.700 millones, como adelantó este periódico el 16 de noviembre.
Hay que tener en cuenta que el Estado asume entre el 70% al 80% de la morosidad de los créditos ICO, y que ascendieron en 2020 a 114.647 millones de euros, tras aprobar 944.588 préstamos garantizados con avales de 87.085,8 millones de euros.
En paralelo, la banca y el ICO (que debe modificar su regulación para poder llevar a cabo refinanciaciones, como también adelanto este periódico) negocian el plan de refinanciación. De momento, el proyecto pasa por que las empresas con más de 50 millones de euros de créditos con aval sea la institución que preside José Carlos García de Quevedo la que dé el visto bueno una a una a las operaciones de refinanciación. De esta cifra para abajo no se necesitaría la autorización individual del ICO, lo que agilizaría el proceso para las pequeñas empresas, principalmente.

Dentro de este proceso, además, se crearán tres categorías de empresas, según su liquidez y su solvencia y necesidades de refinanciación para evitar que acudan a preconcurso de acreedores o más tarde al concurso.
Al margen de este proyecto de refinanciación, también se estudia la aportación de ayudas directas, medida que lleva tiempo reclamando el Banco de España y la banca, además de las propias empresas.
Las pymes, y en especial las empresas con menos de 50 empleados, centran gran parte de los análisis de la banca y Economía.
Lo que sí ha quedado resuelto es uno de los escollos técnicos que también afectaba a un conjunto de empresas. Al firmar un préstamo ICO se incluía en el contrato una cláusula a la que no se le había dado mucha trascendencia, pero que al final había afectado a un grupo destacado de empresas. Y es que por culpa de este anexo las compañías adjudicatarias de un crédito con aval público no podían reestructurar otros préstamos tras haber obtenido financiación con garantía del Estado.
Ahora ese veto se ha suspendido, por lo que las empresas podrán reestructurar su financiación siempre que no sea un crédito ICO.
Mientras, las empresas ya pueden negociar la ampliación de las amortizaciones de sus créditos ICO de cinco a ocho años, y ampliar en un año su carencia.





 
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