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Semana del 17 al 24 de enero de 2021.

Otra vez vuelve  la PAC y las largas reuniones

Esta semana ha estado presidida, informativamente hablando, por la preparación administrativa para la próxima PAC, decidida por el Ministro Planas con una reunión a niveles autonómicos que terminó, como era absolutamente esperable, como el "rosario de la aurora".

Actualizado 28 enero 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Como era previsible, insistimos, cada Autonomía o grupo de autonomías con similares agriculturas, tiró por su cuenta. Así es ya y así seguirá siendo, de desastrosa, nuestra gobernanza agraria a nivel nacional, porque cada cual es responsable de los suyos y de sus propias necesidades políticas. Recordemos que todo ciudadano español, rural o no, depende de su ayuntamiento, su Diputación, su Autonomía, el gobierno que nos mal-preside y en última instancia de la UE. Y… …toda esta tropa tiene que comer y sobretodo mantenerse y procurar su futuro… …así nos va a los ciudadanos. Al menos los ingleses, que no tiene Autonomías, tras el Brexit se han quitado de sus cabezas, también a la UE.  

Comentarios.
“Las primeras estimaciones, sobre las indemnizaciones presupuestadas por Agroseguro por la daños del temporal Filomena estarían entre los 60 y 80 millones de euros, se trata de una primera estimación y «muy provisional» de los daños en la agricultura y ganadería, a la espera de que lleguen más declaraciones de daños efectuadas por los agricultores y ganaderos afectados.
Al parecer los daños han afectado especialmente a los productos hortícolas de invierno, también los cítricos y algunos cultivos leñosos, como el olivar que ha sufrido la fractura de parte de sus plantaciones. También la horticultura bajo invernadero y algunas explotaciones ganaderas que han soportado las inclemencias de las bajas temperaturas y la imposibilidad de acceso para alimentar a los animales”. 
Ya señalamos la pasada semana, de forma muy favorable, la prontitud con la que había reaccionado Agroseguros, pero esta semana recordamos al MAPA que no meta la cabeza bajo el ala, y asista de forma urgente, es su obligación primera, a todos aquellos que, en zona declarada como catastrófico o como hoy se llame por el estado, no estén amparados por una póliza de seguros.  

De nuevo, una vez más, estamos empezando a hocicar en el barro energético, tras la patochada del Vicepresidente del gobierno con su propuesta de crear una eléctrica pública para evitar la subida del recibo de la luz, la Ministra Ribera, muy poco querida por nosotros por sus tozudeces y sinrazones energéticas, ha tenido que calmar a los Fondos interesados en entrar en el negocio de las renovables, que han exigido, para mantener sus inversiones, garantías de que el Estado no intervendrá en el mercado.
El coste de la electricidad y sobre todo su recibo ha sido y es unos de los mayores y falsos paradigmas mantenidos por todos los gobiernos, para mantener y ocultar una estafa monumental al ciudadano. 
Decir que el recibo de la luz es ilegible es una total falsedad que ha calado en toda la ciudadanía y que le viene de perlas a todos los gobiernos que con la luz y la gasolina hacen y deshacen lo que en cada momento les viene en gana.
No somos expertos energéticos, pero sí vemos que, en todo recibo de la luz, lo que corresponde estrictamente al coste de producción y su transporte hasta su hogar, digamos lo que se lleva la compañía eléctrica, es solo un 20% del recibo, (en el resto actúa obligatoriamente para el gobierno como recaudadora). 
Lo demás del recibo, cerca de un 57% son costes añadidos por los gobiernos que usted paga, los llamados costes Regulados, (incentivos a las energías renovables, su propio transporte y déficit varios) y un 22 % son Impuestos (eléctrico e IVA) y un 1% los equipos de medida.
Así que, la subida del precio primario de la energía sería facilísimamente absorbible por cualquier gobierno, simplemente bajando o manteniendo sin subir sus participaciones en los impuestos. 
Por cierto, que aprovechando esta noticia nosotros exigimos que, de una vez por todas, se cuente a la población la verdad sobre lo que le cuesta y le ha venido costando el numerito de las renovables, el paradigma de los bioecologico. Quizás tras su conocimiento todos seamos menos renovables, como ya ha ocurrido en Alemania y en el Reino Unido. No ha ocurrido lo mismo, es decir el inicio de la repulsa hacia lo renovables con motivo de su coste excesivo, en Francia porque, con la energía nuclear, tan condenada por nosotros, otro logro del monopolio informativo al que está sometido el ciudadano español, Francia tendrá un coste mínimo para su cumplimento en la descarbonización que nos ahogará a los europeos.

Terminemos hoy reseñando, según se nos enseña en GWPF, que:
“La producción de carbón de China aumentó el año pasado a su nivel más alto desde 2015, a pesar de la promesa de Beijing sobre el cambio climático de reducir el consumo del combustible fósil sucio y meses de interrupciones en los principales centros mineros de carbón. Así el mayor minero y consumidor de carbón del mundo produjo 3.840 millones de toneladas de carbón en 2020, según mostraron el lunes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
La producción de carbón de China cayó después de alcanzar un máximo de 3970 millones de toneladas en 2013, ya que Beijing redujo la capacidad minera excesiva y promovió el consumo de energía limpia. Pero la producción está aumentando en medio de una creciente demanda industrial y una restricción no oficial a las importaciones de carbón destinada a apuntalar la industria minera nacional. Solo para diciembre, la producción de carbón fue de 351,89 millones de toneladas, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, y un aumento de 347,27 millones de toneladas en noviembre.
El sector de la minería del carbón de China fue una de las primeras industrias en reanudar sus operaciones cuando las restricciones de viaje de COVID se relajaron gradualmente, ya que Beijing quería garantizar un suministro de combustible adecuado una vez que el país saliera del bloqueo impuesto para controlar la propagación del nuevo coronavirus.
Sin embargo, la producción se interrumpió parcialmente en Mongolia Interior, la principal región minera de carbón de China por producción, ya que la región lanzó en marzo una campaña anticorrupción para investigar las malas prácticas relacionadas con el desarrollo de recursos de carbón en los últimos 20 años.
La producción finalmente se recuperó de los mínimos de varios meses en septiembre, ya que las restricciones a la importación de carbón y la creciente demanda de electricidad intensificaron la escasez de suministro al comienzo de la temporada de calefacción invernal.
Para estabilizar los altísimos precios del carbón, que alcanzaron su nivel más alto desde finales de 2011, Beijing instó a los mineros el mes pasado a impulsar la producción.
A principios de este mes, la administración de energía de China aprobó seis proyectos de minería de carbón, con una producción anual combinada proyectada de 15,3 millones de toneladas, en la región noroeste de Xinjiang”.
Y los europeos UE y los americanos post-Trump al perecer siguen en la COP París… …así nos irá.

Noticias.
-Gestiones de urgencia de la vicepresidenta Teresa Ribera con inversores tras el incendio provocado por Podemos con la propuesta de crear una eléctrica pública. 
La Ministra ha tenido que calmar a fondos interesados en entrar en el negocio de las renovables, que han exigido garantías de que el Estado no intervendrá en el mercado para mantener sus inversiones.
El precio récord de la luz ha elevado la tensión en el Consejo de Ministros y brindado una gran oportunidad a la oposición para minar al Gobierno.
Podemos, que acusó al PP de ser “cómplice de las eléctricas” en la crisis de 2017, intenta ahora escapar de la quema y lleva días presionando en redes sociales a su socio de Gobierno con propuestas de cambios regulatorios, entre ellas nacionalizar Endesa o crear una eléctrica pública.
Varios ministros socialistas como José Luis Ábalos han descartado estas opciones y se han limitado por el momento a pedir calma ante lo que consideran “un episodio coyuntural” del mercado.
Máxima incertidumbre
Pero los ministros de Podemos han apuntado directamente a la intervención del mercado para acabar con el actual sistema marginalista de fijación de precios.
Éste consiste en que todas las ofertas de energía casadas con la demanda reciben el precio más alto al que case la última de las ofertas, lo que genera según su teoría “sobrerretribuciones” para las centrales hidroeléctricas y nucleares que gestionan las grandes eléctricas y cuyos costes son más bajos.
Inversiones en riesgo
La primera subasta de energía renovable se celebrará el próximo 26 de enero, con un total de 3.000 megavatios (MW) en juego para distintas tecnologías. El Gobierno habilitó desde el pasado día 15 de diciembre el plazo para la documentación de la oferta y el 26 de enero se procederá a la presentación de ofertas.
El año 2021 promete dar el impulso definitivo al despegue de las renovables en España y las grandes energéticas ya han adelantado inversiones multimillonarias para los próximos años con el objetivo de posicionarse en la carrera por un negocio en auge.
La pandemia ha acelerado la transición energética y ha convertido a las renovables en uno de los sectores con mayor potencial de negocio hasta el punto de que las energéticas tradicionales que explotaban combustibles fósiles, han dado un giro verde a sus estrategias.
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los movimientos, la propuesta de Podemos para crear una eléctrica pública ha puesto en riesgo una inversión en renovables que se cuantifica en alrededor de 10.000 millones de euros.
Las mismas fuentes confirman que la vicepresidenta Teresa Ribera ha tenido que tranquilizar especialmente a grandes fondos de inversión interesados en desembarcar en el negocio de las renovables, que han exigido garantías de que el Estado no intervendrá en el mercado.
Claro mensaje a los inversores
Unas gestiones de urgencia en privado que se suman al claro mensaje en público que la vicepresidenta Ribera lanzó la semana pasada a los inversores. Descartó tajantemente que el Gobierno pueda intervenir el mercado eléctrico o crear una empresa pública de electricidad, pese a la insistencia de Podemos en esta línea.
Así lo expresó en su intervención en el ‘XI Spain Investors Day’, evento en el que presentó a los inversores internacionales el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aprovechar los fondos europeos y donde fue preguntada por las medidas que podría tomar el Ejecutivo para contener la subida del precio de la luz.
ECD.


-Se encienden los focos en el sector energético para la celebración de la primera subasta de renovables de la 'era Ribera'. 
Según ha podido saber Invertia de fuentes del sector, estarán las grandes energéticas, Endesa, Naturgy, Repsol, Iberdrola y también, la gran ausente de subastas anteriores, Acciona.
Pero no solo. El resto de promotoras renovables están ultimando la documentación para participar. Entre ellas, una de las grandes ganadoras del pasado, Forestalia. Otras, como Greenalia, la única española que impulsa la eólica marina en el país, también acudirá. 
La puja se realizará el próximo 26 de enero para 3.000 MW renovables (de estos, 1.000 MW serán fotovoltaicos, 1.000 MW eólicos terrestres y otros 1.000 MW para otras tecnologías). Y, hoy, martes 15 de enero, a una semana de tan magno evento, se abre el proceso para presentar la documentación para personarse en la puja.
En el caso de Endesa, su consejero delegado, José Bogas, ya lo ha dicho en numerosas ocasiones. "Endesa irá a las subastas pero no las necesitamos para crecer en renovables". Participará porque considera que el nuevo diseño de las subastas mejora el anterior sistema. En el nuevo plan estratégico 2021-2023, el 62% del parque generador peninsular será renovable y aumentará sus inversiones un 25% hasta 7.900 millones para acelerar la descarbonización.
También Naturgy prevé triplicar su capacidad instalada renovable al final de su plan estratégico 2018-2022. En los objetivos para los próximos años, que podría actualizar en el mes de febrero, podría elevar aún más las cifras tanto en inversión renovable como en capacidad instalada.
Una de las grandes, y recién llegada al sector renovable, es Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, también se ha referido en el pasado a las subastas afirmando que "estamos abiertos, y no descartamos el que podamos utilizar esos mecanismos y que los complementamos con otros proyectos que podamos llevar fuera de las subastas".
Repsol prevé alcanzar los 15 GW renovables en los próximos diez años. El Plan Estratégico 2021-2025 apuesta por la descarbonización de su cartera de activos. Su objetivo es alcanzar una capacidad de generación de 7,5 gigavatios (GW) en el año 2025 y sus proyectos serán principalmente de eólica terrestre.
Acciona es la única gran energética que ha sido 100% renovable desde sus inicios y lo continuará siendo. Solo en 2020 el 81,2% de las inversiones las ha destinado a su negocio de energía para nueva capacidad renovable, reiterando así su apuesta por dar mayor peso a su negocio de energía verde.
Su división de Energía cuenta con más 10 GW de potencia instalada, especialmente en eólica terrestre, y está presente en todos los continentes. 
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha pedido en numerosas ocasiones que España acelere la transición energética. Incluso insta a adelantar al 2025 los objetivos en materia de renovables del PNIEC, lo que supondría una inversión de más de 32.000 millones de euros y generaría 90.000 empleos.
Y otro año más, también estará la gran ganadora de subastas pasadas, en las que sumó casi 2 GW de generación eléctrica mediante biomasa, eólica y fotovoltaica: Forestalia, según ha confirmado la compañía a Invertia. "Hoy todas estas instalaciones son una realidad. Se ubican en Aragón y Castilla y León, con la implicación de otras empresas referentes en Europa, como CIP, Lightsource BP, Repsol, Engie, Mirova o GE". Forestalia señala que esta subasta añade complejidad respecto a las de 2016 y 2017, al valorarse esta vez no sólo el precio, sino también la cantidad de electricidad generada en los proyectos. 
Pero la lista no acaba aquí. Otros promotores de energías renovables han confirmado a Invertia su participación en la subasta. "Hay que intentar asegurarse proyectos porque se han diseñado “pay-as-bid”, es decir, que se asigna un precio por la energía generada”, señalan algunos. Incluso podría haber sorpresas como en la subasta de Portugal, con la llegada de asiáticos buscando hueco en el mercado español.
Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaicas, solar termoeléctrica, eólica terrestre y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW). 
En la documentación los participantes tendrán que presentar un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones. 
L.Ojea. Invertia




-En el tercer trimestre de 2020, el crédito total del sector agrario se ha incrementado un 0,6% con respecto al trimestre anterior; del mismo signo ha resultado la variación interanual con un 3,0%. 
Por su parte la industria de la Alimentación, bebidas y tabaco ha registrado, con respecto al trimestre anterior, un descenso del crédito del 1,2%; la variación interanual sigue siendo positiva con un 4,8%. 
En cuanto al sector pesquero el incremento del endeudamiento para el tercer trimestre ha sido del 0,6%, siendo su variación interanual del 3,0%. 
Por otra parte, el crédito total correspondiente al conjunto de las actividades productivas de España experimenta un descenso del 1,8% con respecto al segundo trimestre de 2020; por su parte la variación interanual es positiva y su incremento, con respecto al tercer trimestre de 2019, es del 6,9%. 
Con estos datos, el nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúa en 21.231 millones de euros, cifra que equivale al 73,0% de la Renta Agraria Anual (primera estimación de año 2020).
Por otro lado, el nivel de endeudamiento de la industria agroalimentaria asciende a 24.059 millones de euros, lo que equivale al 84,6% de su VAB. 
Por su parte, el sector pesquero tiene un endeudamiento de 1.042 millones de euros, lo que equivale al 87,9% de su VAB. 
La tasa de créditos dudosos en el sector agrario, para el 3er trimestre de 2020, desciende con respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 5,7%, como resultado de la relación entre el crédito dudoso (numerador) y el crédito total concedido (denominador). 
La tasa de créditos de dudoso cobro se sitúa por encima de la correspondiente al conjunto de las actividades económicas que, para este trimestre, repite cifra y vuelve a registrar un 4,9%. Esta última cifra está condicionada por el desempeño de los sectores de la construcción e inmobiliario; si excluimos a estos sectores del análisis, la tasa de dudosos de la economía española se sitúa en el 4,6%, aproximadamente un 1,1% menos que la tasa de créditos de dudoso cobro del sector agrario. La tasa de créditos dudosos en la industria de alimentación, bebidas y tabaco ofrece un repunte con respecto al pasado trimestre y asciende hasta el 4,4%. Por último, la tasa de créditos de dudoso cobro en el sector pesquero se estima en el 7,3%, lo que supone un descenso del 0,2% con respecto al segundo trimestre de 2020.
MAPA.


-El envejecimiento del campo castellano y leonés es una evidencia. La falta de relevo generacional se nota porque cuesta la llegada de jóvenes que se encarguen de tierras y ganado. Los datos que anualmente analiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las edades y sexo de los perceptores de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) reflejan esta realidad, ya que solo uno de cada diez beneficiarios de las subvenciones europeas durante el año 2019 tiene menos de 40 años, y de ellos, únicamente un 0,71 por ciento es menor de 25 años.
Unos datos poco esperanzadores para el futuro del campo si se analiza el otro extremo de la pirámide, donde se recoge que un 30,8 por ciento de los beneficiarios de la PAC están en edad de jubilarse, es decir han superado los 65 años. En total son 19.350 perceptores, aunque el dinero que cobran no es proporcional al número de beneficiarios, pues la cuantía que cobran es menor, un 16,37% del total.
La falta de relevo generacional también se puede comprobar en el otro eslabón de la cadena. Solo un 0,71 por ciento de los perceptores tiene menos de 25 años, lo que suponen 446 personas de las 62.814 que en total recibieron ayudas durante el año 2019. A estos se suman que en la franja entre los 25 y los 40 años hay un 8,91 por ciento. Esto quiere decir que solo uno de cada diez perceptores de la PAC tiene menos de 40 años. El mayor grupo de edad es el comprendido entre los 40 y los 65 años, con el 59,57% del total (37.420 perceptores de los 62.814 que hay en total).
a nivel nacional. Pero el envejecimiento no es solo cosa del campo castellano y leonés, ya que a nivel nacional las cifras son similares. En España, un 38 por ciento de los perceptores de la PAC tiene más de 65 años, superior a la de la Comunidad. Hay cinco autonomías que superan la cifra de Castilla y León, entre las que destaca el caso de la Comunidad Valenciana que roza el 50 por ciento. En el lado opuesto se encuentran los porcentajes bajos de Galicia, Asturias y sobre todo Cantabria, donde solo el 9,3 por ciento de las ayudas de la PAC van destinadas a mayores de 65 años.
Los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria recogen que, a nivel nacional, el número de perceptores de ayudas directas de la PAC en 2019 alcanzó en el conjunto de España un total de 611.642 que se beneficiaron de un total de 3.550 millones de euros.
En el caso de Castilla y León, el dinero total percibido durante el año pasado asciende a 721.553.050 euros. De esta cantidad, gran parte de ella, el 67,96 por ciento se destinó a personas de entre los 40 y los 65 años, los que se llevan el gran volumen de las subvenciones europeas. En el otro extremo se sitúan los jóvenes de menos de 25 años, que solo recibieron un 1,20 por ciento -poco más de ocho millones de euros- y los que encuentra en la franja entre los 25 y los 40 años, que ingresaron el 14,47 por ciento de las ayudas -más de 104 millones de euros-.
En el caso de las ayudas de desarrollo rural los porcentajes varían, ya que la franja entre los 25 y los 40 años sube bastante en comparación con las anteriores, ya que entran las agroambientales, las de la industria agroalimentaria y otras actividades que se desarrollan en el medio rural. En este caso el porcentaje de perceptores de más de 65 años baja al 29,56 por ciento. Sube un poco la cuota de los menores de 25 años, aunque está en un 1,18 por ciento. La franja entre 25 y 40 años tiene al 11,29% de los perceptores, por encima de las ayudas directas. De nuevo, el grueso de los perceptores, tienen entre 40 y 65 años con el 57,96 por ciento del total. Respecto al montante económico, Castilla y León recibió 75.582.503 durante el año pasado.
El 27,88% de los beneficiarios son mujeres
El informe elaborado cada año por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite analizar los perceptores por sexo y concluir que el campo está muy masculinizado. De los más de 62.000 perceptores de ayudas directas de la PAC, 45.299 son hombres, mientras que solo 17.515 son mujeres. Es decir, solo un 27,88 por ciento de las ayudas europeas van destinadas a mujeres.
Esta diferencia también se nota en las diferentes franjas de edad, ya que, de los 446 perceptores de ayudas directas de la PAC con menos de 25 años, solo 52 son mujeres. En el caso de los que van desde los 25 hasta los 50 años, únicamente hay 915 mujeres frente a 4.683 hombres, aunque la diferencia es más evidente entre las ayudas destinadas a personas de entre 40 y 65 años, donde se registraron 9.104 mujeres frente a 28.316 hombres. Más cerca está la cifra de los mayores de 65 años, donde percibieron ayudas 7.444 mujeres frente a 11.906 hombres.
El Día de Valladolid.com.




-El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 19 la declaración de zona catastrófica en 8 CCAA afectadas por el temporal Filomena, han indicado a Efeagro fuentes gubernamentales. Esta medida incluirá ayudas específicas a los afectados, que en el caso del sector agrario serán más testimoniales que efectivas, ya que como mucho se recoge algo más de 9.000 euros por daños.
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil -actual denominación de la zona catastrófica- afecta a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra, según esas fuentes.
El Ejecutivo ha tomado esta medida tras una primera valoración de los daños, si bien se pueden ampliar los territorios afectados según avance el estudio de esos perjuicios.
¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE LAS AYUDAS POR LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA?
En este primer acuerdo de declaración zona catastrófica en 8 CCAA por zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil no se han cuantificado «con precisión» los daños materiales ni personales, ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Esta es la cuantía de las ayudas por esa declaración, que son complementarias a las de otras administraciones:
– Por fallecimiento: hasta 18.000 euros.
– Por destrucción o daños en viviendas: hasta 15.120 euros.
– Por daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros o turísticos: 9.224 euros.
– Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes: resarcimiento total.
– Ayudas a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a situaciones de emergencias: variable, con posibilidad de llegar al 100%.
– Por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales: hasta el 50 % del coste de la reparación, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Agroinformación.



-Las CCAA cantábricas se distancian de la PAC de Planas: Quieren más agricultura familiar y menos ayudas a viñedos, hortalizas y frutas.  
Las comunidades de la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) se distancian de la PAC del ministro Planas y han pactado este martes un documento, que trasladarán al Gobierno central, para exigir que se tengan en cuenta las peculiaridades de estos territorios en el diseño y la distribución de las ayudas de la futura PAC (Política Agrícola Común) 2023-2027.
Las cuatro autonomías defienden que el Plan Estratégico nacional de la PAC reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España y exigen al Ministerio, desde una posición «constructiva y leal», que tenga en cuenta esas particularidades, expuso esta mañana en rueda de prensa el titular de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González.
Los consejeros de Medio Rural de las cuatro autonomías de la Cornisa Cantábrica firmaron hoy por vía telemática un documento conjunto con su postura común al respecto en el que muestra su preocupación por la orientación «mediterránea» del Ministerio en esta materia, como expresó el representante gallego.
ESTAS CCAA TIENEN UN PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON DERECHOS DE PAGO MUY INFERIOR A LA MEDIA ESPAÑOL Y PIDEN CORREGIRLAS ANTE LA TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA DE PAGO POR SUPERFICIE
En rueda de prensa posterior a la firma del documento, el conselleiro de Medio Rural de la Xunta destacó que los territorios que conforman la Cornisa Cantábrica tienen en común unas características peculiares, como sus explotaciones, que en la mayoría de los casos tienen un tamaño pequeño o mediano y un carácter profesional, pero eminentemente familiar, y que su orientación productiva tiene que ver sobre todo con sectores ganaderos como el lácteo, algo que las diferencia de otras zonas de España.
En este sentido, González indicó que en la ayuda básica a la renta de los agricultores y ganaderos es necesario tener en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago muy inferior a la media española, por lo que entienden que este desequilibrio debe corregirse como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie.
Además, en el documento suscrito se considera «inaceptable» que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos).
Por otra parte, el representante de la Xunta manifestó que en el diseño de las ayudas a la renta es imprescindible que se reflejen, a nivel estatal, las diferentes realidades existentes de forma que se tengan en cuenta tanto las diferencias entre las dimensiones económicas de las distintas explotaciones como aquellas que se dan entre las diversas orientaciones productivas de los diferentes territorios.
Con respecto a las ayudas acopladas (asociadas a los diferentes sectores), para estas comunidades, González consideró prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino con una dotación por lo menos similar al período 2014-2020.
Sobre el denominado ‘capping’ o límite de ayudas, el documento conjunto insiste en la necesidad de establecerlo en los 60.000 euros por explotación, y además se expresa la preocupación porque estos mecanismos pasan a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.
AGRICULTOR GENUINO: RECHAZAN INCLUIR A AQUELLAS PERSONAS QUE PERCIBEN MENOS DE UN CIERTO VOLUMEN DE AYUDAS DIRECTAS
Acerca de definición de ‘agricultor genuino’, también se distancian de la PAC de Planas ya se defiende establecer un porcentaje mínimo, que se propone del 30%, de los ingresos agrarios sobre los totales, excepto para los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.
Se considera, además, como inadecuada la propuesta del Ministerio de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta, al entender que «desnaturaliza la propia definición de agricultor genuino».
En cuanto al pago redistributivo, las cuatro comunidades muestran su desacuerdo con que su aplicación deje de ser obligatoria para hacerse voluntaria y reclaman un presupuesto «ambicioso», con un mayor pago a las primeras hectáreas para beneficiar a las pequeñas explotaciones, a aquellas con una dependencia significativa de los ingresos agrarios y siempre dando prioridad a los agricultores profesionales.
Sobre los eco-esquemas, una nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental, las comunidades cantábricas apoyan que se destine a estas ayudas el 20 % del montante disponible para pagos directos. Sin embargo, lamentan que los eco-esquemas propuestos por el Ministerio aborden problemas y realidades productivas características, principalmente, del centro y sur peninsulares.
Por ello, demandan, entre otras cuestiones, la modificación de las propuestas del Ministerio y que se añadan otros eco-esquemas adicionales, para atender su realidad, y, a mayores, defienden introducir, de modo transversal, mejoras como la de aplicar un complemento vinculado a la prevención de incendios o la de incorporar una modulación de la ayuda por estratos de tamaño.
Por último, sobre el segundo pilar de la PAC relativo al desarrollo rural, también se distancian de la PAC de Planas con la reclamación de las autonomías cantábricas, como expresó el consejero gallego, pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de por lo menos el 5 % para ellas, teniendo en cuenta sus necesidades.
Además, con respecto al cofinanciamiento, demandan que se recupere el equilibrio entre las aportaciones de la Administración central y de las comunidades autónomas que se rompió en el período 2014-2020, y consideran que el diseño de las intervenciones de este segundo pilar debe ser realizado por cada comunidad autónoma, en función de la realidad y necesidades específicas de su medio rural.
Información.



-La última reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrada este miércoles 20, previo al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que tendrá lugar el próximo día 25, ha dejado claro que las CCAA no solo tiene muy claro qué PAC quieren para sus intereses, sino la forma que se debe aplicar incluso en contra del resto de regiones. El diálogo de la PAC no está cerrado como le gustaría al Gobierno.
Si Andalucía y más recientemente todas las CCAA de la cornisa cantábrica ya han señalado su posicionamientos, las principales CCAA que han acudido a este Consejo han puesto sobre la mesa sus reivindicaciones.
. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha trasladado al Ministerio la adenda al documento de negociación de la nueva PAC en la que ratifica la postura de la Comunidad para que las ayudas se concentren en el modelo familiar de agricultura profesional.
El consejero ha dado a conocer el nuevo documento que recoge la posición de la Comunidad sobre la aplicación de la PAC post 2020, una adenda al Acuerdo de reforma de la PAC de Aragón, firmado en mayo de 2018 por el gobierno autonómico con PSOE, CHA, Podemos, Cs, IU, UAGA-COAG y UPA.
En este documento se defiende la necesidad de afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta entre quienes viven de la agricultura y la ganadería y el resto de sectores, y que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional.
Una supresión que Aragón quiere que se alcance en 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, con el fin «de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado».
La Comunidad introduce la nueva denominación de ‘agricultor genuino’, el «único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos», y que debe contar con unos ingresos agrarios que representen al menos 50 % de los ingresos totales y unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar).
Asimismo, define como ‘agricultor genuino plus’ a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50 % de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda.
El acuerdo establece que la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluida la Ayuda redistributiva complementaria a la renta y la Ayuda complementaria a la renta para jóvenes, «deberá concentrar un importe superior al 60 % del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC».
También se aboga por reducir «drásticamente» el número de regiones productivas existentes en España hasta un máximo de cinco o seis, una por orientación productiva, así como las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados.
El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, y limitarse a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, con un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.
En el caso de la ayuda directa asociada, ésta deberá aproximarse al 15% del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC, se aplicará exclusivamente a los agricultores genuinos y deberá concentrarse, al menos en Aragón, en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes.
Defiende que el presupuesto destinado a los eco-esquemas, en equilibrio presupuestario con el apoyo directo a la renta del modelo familiar, deberá ser de, al menos, un 20 % del importe total destinado al Primer Pilar de la PAC.
Además de que incluya un complemento para las superficies ubicadas en Red Natura 2000, espacios protegidos y reservas hidrológicas, así como a áreas despobladas (densidad inferior a 8 habitantes por km2) o de alta montaña, y para las superficies agrícolas inundables en relación con el eco-esquema de mantenimiento y protección de cobertura vegetal.
El documento completo puede consultarse en la nueva página web que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha creado para el seguimiento de la actualidad de la reforma de la PAC.
. CASTILLA Y LEÓN PIENSA EN LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN EUROPEOS Y NO SUPERAR EL 20% DE LA ASIGNACIÓN DEL PRIMER PILAR DE LA PAC PARA LOS ECOESQUEMAS
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha propuesto este miércoles que el Ministerio canalice más fondo del Plan de Recuperación, al tiempo que ha insistido en pedir prudencia en los objetivos medioambientales de la nueva Política Agrícola Común (PAC).
Sobre la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrá que presentarse próximamente a la Comisión Europea para su aprobación, Carnero ha insistido en que «la financiación que este programa destina específicamente al sector agroalimentario es muy escasa».
España recibirá 1.769 millones de euros de los más de 70.000 que tiene asignados de ayudas no reembolsables, contando con la pesca y los 718 millones que se incorporarán a los Programas de Desarrollo Rural españoles como fondos Next Generation.
En ese sentido, el consejero ha añadido que «es importante que el sector agroalimentario pueda acceder a otras líneas de ayuda que gestionarán otros ministerios» y por eso ha reclamado que el Ministerio de Agricultura o bien canalice más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o bien, en su defecto, se convierta en una oficina de enlace con otros departamentos para facilitar el acceso a la financiación.
Además, ha reclamado que las convocatorias para las ayudas se abran este mismo año, para resolver y comenzar los proyectos sin demora.
Respecto al acuerdo con el Parlamento Europeo, para la aprobación de la nueva normativa de la PAC, Carnero ha pedido «cautela» en la política medioambiental que, según ha expuesto, tiene que efectuarse sin olvidar la compensación de las rentas de los agricultores y ganaderos.
La Junta de Castilla y León defiende una distribución de la financiación prudente, apoyando la posición del Consejo de no superar el 20% de la asignación del primer pilar de la PAC para los eco-esquemas en los que se fijarán las compensaciones por prácticas compatibles con la sostenibilidad del medio ambiente.
Esto supone aproximadamente 1.000 millones de euros en España al año para la contribución medioambiental de la PAC, a través de este nuevo modelo de prácticas que superan las condiciones medioambientales exigibles para percibir los pagos básicos.
Agroinformación.





-La Junta de Andalucía y el sector agrario andaluz han remitido esta mañana un escrito al Ministerio de Agricultura (MAPA) en el que muestran su rechazo unánime al texto definitivo del real decreto de transición de la PAC remitido ayer a las comunidades autónomas, minutos antes de la celebración del Consejo Consultivo de Política Agraria, y que podría llevarse al Consejo de Ministros del próximo martes 26 de enero para su aprobación.
De esta forma, la Mesa de Interlocución Agraria Andaluza, formada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha trasladado al Ministerio su desaprobación al proyecto de real decreto por el que se regularán las ayudas de la PAC para las compañas de 2021 y 2022, ya que plantea “una aceleración brusca de la convergencia, que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces”.
Tal como explica el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, uno de los firmantes de esta declaración de rechazo, en el escrito se acusa al Ministerio de Agricultura de romper el clima de diálogo y consenso y “se rechaza de manera contundente la decisión unilateral adoptada por el MAPA para adelantar la reforma de la PAC y promover una reforma de la reforma que ahora no toca -un periodo de transición de dos años-, y que carece del beneplácito de los afectados, los agricultores y ganaderos, y de las propias comunidades autónomas que negocian con el Ministerio de Agricultura la futura reforma.
El presidente de ASAJA-Andalucía se pregunta: ” ¿Dónde queda el diálogo del que tanto presume el Gobierno de Sánchez? ¿Dónde queda la cogobernanza con las comunidades autónomas en cuestiones agrarias, que ha sido seña de identidad del MAPA desde la llegada de la democracia?”
El sector agrario andaluz exige al Ministerio de Agricultura que no adelante los tiempos, que cumpla con las directrices de Bruselas y que modifique el último borrador del real decreto para garantizar que, en este periodo transitorio de dos años se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente, hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas. En definitiva, piden que se actúe tal y como se hizo en 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo para permitir una adaptación paulatina de las explotaciones.
En este sentido, las organizaciones y cooperativas agrarias y la Consejería de Agricultura recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este “drástico cambio en el modelo de convergencia”, que ya se recogía en el primer borrador del real decreto, al tiempo que desde Andalucía se plantearon modelos alternativos que evitasen perjuicios a los agricultores y ganaderos de la comunidad. En cambio, el texto final enviado a las comunidades mantiene “inalterado” la convergencia “acelerada y profunda” de los derechos de pago básico.
A este respecto, la Mesa de Interlocución pone el acento en que el Ministerio plantea una convergencia del 25%, lo que supone multiplicar por cuatro la convergencia del marco anterior, que fue del 6%. “La velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a cuatro y se eliminan las restricciones frente a pérdidas”, subraya el documento, que hace hincapié en que habrá muchas explotaciones “que verían sus niveles de renta muy comprometidos”.
Junta y sector agrario consideran, además, que este cambio brusco en el modelo de convergencia para un periodo que “debe ser de simple transición”, altera el punto de partida sobre el que se aplicará la nueva PAC, al condicionar los debates sobre el plan estratégico nacional.
En esta línea, la consejería, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía insisten en que las recomendaciones y el reglamento transitorio de la propia Unión Europea indican simplemente que se siga avanzando en la convergencia e, incluso, permite a los estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.
ASAJA-Andalucía.




-La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, junto con los demás integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha manifestado su rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición presentado por el ministro Luis Planas, por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.
Este borrador de decreto, que será revisado en el Consejo de Ministros del próximo martes, 26 de enero, y se espera que sea aprobado y publicado en el BOE a lo largo de la semana que viene, ha encendido todas las alarmas en el campo andaluz, ya que, si finalmente entra en vigor, va a ser letal para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía.
En este sentido se ha manifestado Miguel López, secretario general de COAG Andalucía-, quien afirma que “la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz”.
Para Miguel López, el ministro Planas es un “vendepatria”, porque traiciona al modelo social y profesional que debe defender, y asegura que con su decreto de convergencia arremete contra la economía agraria de Andalucía, contra un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario y que es el que fija población.
“Es inadmisible –dice- que esta reforma vaya en contra de aquellas explotaciones que han hecho un mayor esfuerzo en inversiones para adaptar sus estructuras, ser más productivos y crear más empleo”.
El decreto plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia, una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores.
Según el análisis de COAG Andalucía, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados, por proceder de derechos especiales de ganadería (los que tienen menos base territorial) o por su mayor  productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones, dimensión, y sin valorar la renta de cada uno de ellos.
En Andalucía, sólo el 3,5% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y ocupan el 50% de la superficie agraria útil. El otro 50% está en manos del 96,5% de los agricultores andaluces, cuyas explotaciones tienen una extensión menor a 100 hectáreas. Son precisamente estas explotaciones donde se desarrolla el regadío andaluz y la agricultura más profesional, más productiva, inversora y que da empleo a más del 90% de los trabajadores ocupados en el sector.
Por tanto, la propuesta del ministro supone transferir fondos públicos desde esa agricultura profesional, productiva y generadora de empleo, hacia el otro modelo poco productivo, extensivo, latifundista y que no genera empleo ni dinamiza el medio rural. “Aunque el ministro afirme que Andalucía no va a perder recursos –comenta Miguel López-, queriendo llevar el debate a un enfrentamiento político y debate entre comunidades, oculta lo que realmente va a hacer: que las ayudas se repartan entre los que más hectáreas tienen, entre los fondos de inversión y los mercados financieros, perjudicando así a los agricultores profesionales que son el verdadero motor socioeconómico del medio rural andaluz”.
“No damos crédito –añade- a lo que pretende hacer con la agricultura andaluza este ministro, con una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico incluida, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte de la UE), que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada  a más fondos de inversión que acudirán a la caza de los bienes públicos: tierra, agua y apoyos de la PAC”.
COAG Andalucía.




-Cooperativas españolas ha confirmado lo que todo el mundo sabía: Han vendido en estos últimos meses aceite por debajo de su coste de producción pese a la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en febrero de 2020, un cambio normativo que teóricamente prohíbe esta práctica pero que consideran «incumplible».
Así lo ha revelado este miércoles 20 en el Congreso de los Diputados el responsable del sector del aceite en Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, quien ha comparecido ante la Comisión de Agricultura para analizar el funcionamiento de dicha ley.
«Después de que entrara en vigor, los compradores de aceite obligaron a firmar un contrato en el que se decía que el precio pactado cubría los costes de producción. Al final los presidentes de las cooperativas estaban obligados a firmarlo a pesar de saber que estaba muy alejado de la realidad», ha reconocido.
«SI HUBIÉRAMOS TENIDO QUE CUMPLIR LA LEY, NOS VERÍAMOS ABOCADOS A NO PODER VENDER LA PRODUCCIÓN DE AQUELLOS OLIVAREROS QUE TIENEN MAYORES COSTES”
Sánchez de Puerta ha recordado que durante la pasada campaña «el precio del aceite estuvo en general muy por debajo de los costes», por lo que, en esa tesitura, la única alternativa que había era «dejar de vender» o firmar.
«Si hubiéramos tenido que cumplirlo, nos veríamos abocados a no poder vender la producción de aquellos olivareros que tienen mayores costes. Además, en este sector hay un volumen importante de importaciones y lo que no vendemos nosotros, lo venden otros países», ha defendido.
El también director de Dcoop ha recalcado que existe una disparidad total entre los costes que soportan los olivareros en función de las características de su explotación (si son intensivos o tradicionales, de regadío o de secano, etc.), y en una cooperativa se agrupan agricultores de todo tipo.
«Hay muchos tipos de olivar que no podrían vender sus producciones muchos años, cuando los precios del mercado no cubren sus costes. A todos nos gustaría que se cumpliera la ley y vender por encima de los costes, pero no es una actitud realista», ha razonado.
La situación creada tras la modificación de la normativa ha generado problemas a los grupos cooperativos, ya que hay socios que podrían denunciar el incumplimiento de la legislación vigente, aunque Sánchez de Puerta ha insistido en la dificultad para que se impongan sanciones a los compradores al existir un contrato en el que se especifica que el precio supera el coste de producción.
En Cooperativas abogan por que ese coste mínimo que se utiliza como base sea establecido en base a una «media ponderada» de todo el sector -en vez de hacerlo de forma individual en el caso de cada productor-, un cálculo que en su opinión corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Además, para que la normativa tuviera sentido habría que impedir que pudiera llegar aceite importado a España por debajo de esos precios mínimos.
Sánchez de Puerta ha insistido en que el precio del aceite varía de forma notable cada campaña en función de si las cosechas son excedentarias o no, por lo que otra de las claves pasaría por permitir al sector autorregularse retirando una parte de su producción cuando ésta sea muy alta para sacarla al mercado posteriormente.
Agroinformación.


-Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha decidido hoy en su Comisión Sectorial de Vinos celebrada vía telemática, solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la puesta en marcha de medidas de regulación de mercado. En concreto, destinar a la destilación de crisis 6 millones de hectólitros de vino (1 millón para vinos con DOP, otro para vinos con IGP y cuatro más para el resto de vinos), a través de parte del presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) que pertenece al propio sector, complementado con el apoyo de un presupuesto extraordinario de la UE y/o con fondos nacionales que aporte el Ministerio de Agricultura.
Caída del consumo por la pandemia
Para la organización regional de cooperativas el objetivo último de esta medida es paliar las consecuencias derivadas de la caída de consumo global provocada por la pandemia de la COVID-19.
En otro orden de cosas, los responsables de las bodegas cooperativas indicaron que  es muy importante que el precio de la destilación se fije en euros/hectógrado, y no en euros/litro como en la campaña anterior, para evitar agravios comparativos entre vinos con más o menos grado alcohólico adquirido; y se insta a que la medida salga adelante lo antes posible para que no ocurra como el año pasado, que llegó muy tarde, con objeto de poder sujetar las cotizaciones de los diferentes transformados vitivinícolas.
Por otro lado, la Comisión de Vinos no ve conveniente poner en marcha otra medida de almacenamiento, pues existe ya un volumen importante almacenado del año pasado, al que se ha de unir el millón de hectólitros almacenado voluntariamente por las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha con la medida de autorregulación que finalizó el pasado 7 de enero.
Tampoco está a favor de la medida de vendimia en verde, al considerarla poco práctica e ineficiente a la hora de corregir excesos ya generados, por lo que el presupuesto destinado a esta medida debería incrementar el apoyo a una medida potente como la de destilación de crisis de seis millones de hectólitros de vino, que equilibre eficazmente el desajuste entre oferta y demanda en el mercado vinícola nacional de la presente campaña.
Cooperativas.CLM



-El Comité de Organizaciones Agrarias comunitarias (COPA) espera que la llegada a la presidencia de EEUU de Joe Biden favorezca un cambio rápido en la política comercial y una solución a los aranceles que gravan alimentos españoles y de otros países. El vicepresidente del COPA, el español Pedro Gallardo, subraya, en una entrevista que Biden "abre la esperanza" de que mejore la relación comercial actual entre la Unión Europea (UE) y EE. UU.
Alude a Washington dentro de un repaso a las perspectivas para el campo en 2021, en vísperas del primer Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del año, que se celebrará el próximo lunes por videoconferencia, y que abordará la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la política comercial.
Además de ejercer una de las vicepresidencias del COPA, Gallardo es vicepresidente de la organización agraria Asaja, pertenece a la cuarta generación de agricultores -que tiene asegurada un quinto con su hijo, asegura-, en una explotación dedicada a cereales y girasol cerca de Puerto Real (Cádiz).
Entre las prioridades, resalta el funcionamiento del tránsito agroalimentario tras el Brexit, para lo que pide "un corredor" como el que se estableció con las mercancías al inicio de la pandemia.
También lamenta que de los fondos de la UE para la reconstrucción post Covid las posibilidades de ayuda a la agricultura "sean frágiles".
Por otro lado, alerta del envejecimiento en el campo de la UE donde, "por cada agricultor menor de 35 años, hay 5 mayores de 65".
Aranceles
"Entendemos que (Biden) abre la esperanza de que esto cambie y se supriman los aranceles cuanto antes", recalca Gallardo, en alusión a los impuestos aduaneros que EE. UU. aplica a productos como la aceituna de mesa, el aceite de oliva o los quesos de España, en represalia por el litigio comercial cruzado por las ayudas a los consorcios Airbus y Boeing.
"No tiene sentido que una disputa por dos multinacionales aeronáuticas provoque pérdidas al campo", señala.
En cuanto a la idea de reactivar las negociaciones entre la UE y EE. UU. del Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP, siglas en inglés), que ha circulado esta semana en foros como el Parlamento Europeo, el COPA no ha fijado su posición.
Sin embargo, en calidad de vicepresidente de Asaja, Gallardo ha recordado que en su momento esta organización sí apoyó impulsar estas conversaciones, por considerar que podrían favorecer a exportaciones como las de aceite de oliva, queso y jamón.
Reconstrucción para modernizar el campo
El COPA ha solicitado que los agricultores puedan acceder a los fondos de reconstrucción poscovid y, según Gallardo, el acuerdo de los Veintisiete supuso una dotación inferior a la que circuló durante las negociaciones.
Del total de 140.000 millones de la UE, 7.500 se fijaron para desarrollo rural, frente a 15.000 que se barajaron.
En estos momentos, Gallardo apunta que los Gobiernos deben aplicar programas para que esos fondos contribuyan a la digitalización y a mejorar la banda ancha o el regadío en zonas rurales: "Que vayan a los agricultores y no a arreglar las aceras de los pueblos o las fachadas".
En relación con la PAC, insiste en la necesidad de que la UE cierre un acuerdo en el primer semestre para dar certeza sobre el futuro de esta política en los próximos 10 o 20 años, y entre las cuestiones abiertas cita las obligaciones ambientales y las medidas frente a las crisis de mercados.
El Consejo de Ministros de la UE (representantes de los Gobiernos) propone que los "eco-esquemas" (ayudas para cumplir prácticas beneficiosas para el medioambiente) alcancen el 20 % de las subvenciones directas, tope que también defiende el COPA.
Pero el Parlamento Europeo quiere elevar ese porcentaje al 30 %.
Gallardo insiste en el incremento de obligaciones ambientales que incluye el Pacto Verde europeo y reclama que también se exijan a los productos importados.
Para combatir el cambio climático, defiende incluir en la agenda los avances en la edición genética y distinguirlos del trato de la UE hacia los transgénicos.
Expansión.
 
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