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Semana del 24 al 31 de enero de 2021.

Legislar sin necesidad

Una vez más, siempre ocurre igual, la Administración agraria ha legislado, sin necesidad algún, absolutamente al margen de los administrados, al margen de lo solicitado por los auténticos representantes del sector que, en ningún caso son los representantes políticos. Y esto nos guste o no nos guste es dictatorial, es una forma de actuar muy alejada de una forma democrática occidental.

Actualizado 4 febrero 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Y, además insistimos, con una urgencia inadmisible ya que se trata de disposiciones para aplicar a partir del año 2013.    
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto 41/2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España. Esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado, hasta la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Comentarios.
Este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro.
En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han denunciado que esta norma es «muy dañina» para el modelo social y profesional de la agricultura y que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, «con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato. Por ello, anuncian «contundentes movilizaciones» para revertir la situación cuando la pandemia lo permita. Consideran que se trata de reforma «brutal con una convergencia casi total (del 80 % de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores». «Se trata de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita. No va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento y plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción», han advertido las organizaciones.
Por su parte también Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el recién publicado Real Decreto 41/2021 
lamenta la reducción delos límites máximos establecidos para las ayudas directas de esta política comunitaria para el periodo transitorio previo hasta la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023. Unión de Uniones resalta que, de acuerdo con lo publicado, todos los límites de las ayudas directas en el marco de FEAGA –régimen de pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplemento para los jóvenes agricultores, ayuda asociada voluntaria y pago específico para el algodón – suman un total de 4.961,9 millones de euros en 2021 y 4.957,9 millones de euros en 2022, frente a los 5.057,4 millones de 2019 y 2020. Esto implica una reducción para el presente año del 1,90% y del 1,96% para el siguiente. En el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), el límite máximo también se reduce en un 3,89% para el año 2021. La organización explica que el recién publicado RD articula las disposiciones nacionales del Reglamento Europeo 2020/2220 publicado el 23 de diciembre, que incluyen las actualizaciones de los reglamentos de la PAC a nivel europeo, asignando ya montantes sobre la base de los acuerdos de la futura, siguiendo para el período transitorio el principio de “mismas reglas con presupuestos nuevos”.

En otro orden de cosas, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, haciéndose eco de la Videoconferencia informal de Ministros de Agricultura de la UE celebrada este lunes, ha pedido a los ministros de agricultura que se imponga y respete el principio de reciprocidad en la agenda comercial de la UE para defender el modelo agrario europeo. “La Comisión europea viene cerrando acuerdos con diversos países terceros sin haberlos acompañado de previos informes de impacto en el sector agroalimentario europeo”.
Unión de Uniones reclama que, ante la propuesta de cualquier acuerdo comercial, la Comisión haga público un análisis pormenorizado de las consecuencias sobre los sectores productivos más afectados, recogiendo los efectos sobre los ingresos de agricultores y ganaderos y la previsión de las medidas compensatorias, sin las cuales los tratados no deberían aprobarse ni ponerse en marcha.
Unión de Uniones ha señalado  cómo ciertas producciones de países terceros han tenido un impacto muy negativo, creando una suerte de competencia desleal con las europeas y españolas, “por no hablar de las políticas comerciales decididas unilateralmente, como el veto ruso o los aranceles impuestos por Trump”, y han  reclamado a Planas que siga insistiendo en Bruselas para retomar las negociaciones con la Casa Blanca en la nueva administración Biden y para que se instrumenten compensaciones y medidas de apoyo a los sectores afectados.
Como pueden ver, todavía quedan ingenuos que piensan que Planas tiene alguna fuerza en la UE. Benditos sean. 

GWPF ha pedido al gobierno inglés que suspenda el impuesto verde de £ 10 mil millones a los hogares que sufren pobreza.
A la luz de la creciente preocupación por un fuerte aumento de la pobreza energética entre millones de hogares, el Global Warming Policy Forum (GWPF), pide al gobierno que suspenda de inmediato los gravámenes verdes sobre las facturas de energía, un costo que ahora ya, cuesta más de £ 10 mil millones al año, principalmente en subsidios de apoyo a inversores en electricidad renovable.
Esta suspensión debería permanecer en vigor mientras se necesiten medidas de salud pública para combatir el coronavirus y en espera de nuevas reformas.
Aproximadamente un tercio del impacto de la política climática del gobierno afecta a los hogares directamente a través de sus facturas de electricidad, y dado que son los hogares de bajos ingresos los que usan calefacción eléctrica, se ven afectados de manera desproporcionada.
Les suena de algo esta ocurrencia. ¿Por qué no se suprimen en España, por la misma causa, el impuesto a las renovables a los hogares más necesitados?, ¿somos conscientes de que, en España, las primas a las renovables y los impuestos suponen cerca del 40% del coste de la factura de la luz?, ¿existe alguna razón para clamar por la subida del coste de la energía eléctrica cuando este coste es de aproximadamente el 20 % de la factura? Dejémonos de hipocresías y señalemos a los verdaderos responsables de que un nuestra España hoy muchos pasen frío.


Noticias.
-Si hace ahora un año vivíamos en nuestro país la ‘revuelta de los tractores’, con miles de agricultores en las calles protestando contra la crisis de precios del campo español, doce meses después se puede decir que el año de la pandemia le ha sentado bien al sector agrario que, entre otras cosas, se ha demostrado imprescindible. Así, la renta agraria, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha alcanzado en España los 29.093 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3 % con respecto a 2019. Esta evolución positiva de la renta agraria está asociada al buen comportamiento que ha tenido la producción de la rama agraria, que se ha situado en 52.991 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a 2019, mientras que la producción ganadera registra su valor récord, con 20.272 millones de euros, un 1,8% más que en 2019. 
Sin embargo, y en este entorno en general positivo para la agricultura y ganadería españolas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) subraya en su balance anual que durante el año de la pandemia se ha acelerado el proceso de ‘uberización’ del campo español, concentrando el valor de la producción en menos manos. "Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del incremento del valor productivo”. A pesar de la subida de la renta agraria en términos reales por el aumento de la producción, "el sector ha perdido 67.000 activos en 2020, un descenso del 7,9% respecto a 2019". La agricultura "va bien, pero sólo para algunos".
Tenemos que hacer frente al proceso de ‘uberización del campo español’; implantación de macro-explotaciones en manos de fondos de inversión multinacionales que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria independiente". 
Como ejemplo de la entrada de estos fondos de capital riesgo en el sector agroalimentario español podemos poner la reciente adquisición, en estos primeros días del 2021, por parte de DeA Capital Alternative Funds, fondo de capital riesgo del Grupo De Agostini, que ha desembarcado en nuestro país comprando el 60% de Alnut, compañía española especializada en productos de alimentación de base vegetal para niños y bebés. El 40% de la compañía permanecerá en manos de Foodiverse, (Grupo Alimentario Citrus). 
Pero si hablamos de la entrada de fondos de capital riesgo en la industria agroalimentaria española quizás el paradigma sea Deoleo, el mayor productor de aceite del mundo y propietario de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, con un 51% de sus acciones en manos del fondo británico CVC Partners.
En el campo español se empiezan a conocer y son ya habituales los nombres de fondos como Miura, ProA, Magnum, Abac, Alantra, GPF, Aurica... "No es algo nuevo, pero en los últimos tiempos se ha acrecentado la presencia del capital riesgo en la agricultura. Lo que era habitual en la industria alimentaria se ha traspasado ahora a los procesos primarios".  "Hablamos de fondos de inversión, de capital riesgo, de fondos soberanos... que están ‘colonizando’ el campo español". 
La Información.



-El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España.
Esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado, hasta la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro.
En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional.
El objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores.
Este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda.
La Comisión Europea ha recomendado a España, en su reciente comunicación del pasado 18 de diciembre, la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años.
Como en campañas anteriores los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico
LA SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS 2021
En este real decreto también se introducen cambios derivados de la experiencia adquirida en la gestión de las ayudas para aclarar procedimientos y conceptos, de forma que se logre una mayor eficacia en la gestión y el control de estas ayudas. Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.
Respecto a la condicionalidad, y respondiendo a la ambición ambiental que desde hace años forma parte de la PAC, se ha incluido un nuevo requisito que penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción.
Este 1 de febrero se abrirá el plazo para presentar la solicitud única de ayuda. En ella se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa (régimen de pago básico, pago verde, pago complementario a los jóvenes agricultores, régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera), así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Este plazo estará abierto hasta el próximo 30 de abril. Al igual que en 2020 se fomentará la presentación telemática de las solicitudes para hacer frente a las restricciones de movimiento existentes en cada territorio.
El real decreto adapta, en base a las normas del reglamento transitorio, los importes de cada uno de los regímenes de ayuda para 2021 y 2022.
La decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros asegura un marco estable de apoyo público para los agricultores y ganaderos españoles, que podrán percibir unos 7.200 millones de euros de ayudas PAC del Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) en cada uno de estos años. Estas cantidades, unidas al presupuesto del futuro plan estratégico de la PAC 2023-2027, asegurarán que España contará con el presupuesto necesario durante todo el periodo 2021-2027, algo más de 47.724 millones de euros, para hacer frente a los retos fundamentales del sector agrario y del medio rural.
En el caso de las ayudas directas, que suponen el principal apoyo público a la renta de los agricultores y ganaderos, en la campaña 2021 el reglamento transitorio publicado en diciembre fija que en este año se podrán abonar, a partir del 16 de octubre, un total de 4.860 millones de euros. Se estima que cerca de 680.000 productores presentarán su solicitud en los próximos meses. Esa cantidad se incrementará hasta casi 4.900 millones en el año 2027.
MAPA.




-La aprobación del reglamento del periodo transitorio de la PAC, que permitirá acelerar la convergencia que se ha marcado el propio Ejecutivo y garantizar el cobro de la PAC en 2021 y 2022, está provocando todo tipo de reacciones, algunas sin demasiado sentido. 
Así, mientras UPA nacional defiende el reglamento porque «da certezas» a los productores, la organización UPA Andalucía, no solo se opone al decreto de ayudas, sino que respalda, con el resto de organizaciones regionales, movilizaciones contra esta aprobación, mientras que UPA Jaén en cambio sí respalda la convergencia. 
Por su parte, ASAJA nacional también lamenta la aprobación por no recoger sus alegaciones. En concreto, ASAJA, que cree que este reglamento debería ser puente de transición entre el actual modelo de aplicación y la nueva  PAC diseñada por Bruselas que entrará en vigor en 2023, lamenta que esta normativa, de gran trascendencia para el sector ya que afecta a más de 700.000 productores, se haya elaborado desoyendo las demandas que hemos planteado y para la que básicamente se reclamaba una transición más moderada y real hacía en nuevo modelo, con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías de nuestros agricultores y ganaderos.
Asimismo, ve «premura» en la aprobación del Real Decreto porque «ha impedido a los agricultores planificar sus cosechas», lo que «les acarreará recortes en las ayudas desde esta misma campaña». La organización había pedido una transición «más moderada y real» hacía el nuevo modelo, «con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías» de los productores.
En opinión de ASAJA, para que las reformas «resulten eficaces y de verdad» contribuyan a lograr los objetivos previstos, deben ser planificadas de forma que «los principales actores conozcan de antemano los cambios que se vayan a producir y tengan tiempo suficiente para prepararse e introducir los cambios que sean necesarios, evitando tensiones».
DIVISIÓN: UPA NACIONAL RESPALDA AL GOBIERNO, UPA ANDALUCÍA LA RECHAZA Y SE MOVILIZARÁ Y UPA JAÉN, LA APLAUDE
Por su parte, la organización agraria UPA ha valorado la aprobación del decreto de ayudas porque «da certezas» a los productores «en cuanto a presupuesto disponible y a reglas que seguir». Respecto a la convergencia aprobada, UPA ha considerado que puede tener efectos para «algunos agricultores y ganaderos» que tienen derechos de pago básico «con un valor alto y que verán cómo ese importe se reduce hacia la media de su región».
«No disponemos de datos para cuantificar ese impacto y pedimos que no se genere intranquilidad en el sector de forma intencionada», han añadido las mismas fuentes. Esa convergencia también hará que los productores con importes de pago bajos, pasen a recibir más por su derecho, han subrayado.
Para UPA, en la conformación del valor de los derechos «hay que tener en cuenta criterios de carácter social y más dirigidos a las explotaciones familiares».
Sin embargo, las principales organizaciones agrarias andaluzas han expresado su rechazo al decreto de Convergencia aprobado y anuncian manifestaciones «contundentes» cuando la pandemia lo permita.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han denunciado que esta norma es «muy dañina» para el modelo social y profesional de la agricultura y que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, «con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato.
Por ello, anuncian «contundentes movilizaciones» para revertir la situación cuando la pandemia lo permita.
Consideran que se trata de reforma «brutal con una convergencia casi total (del 80 % de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores».
«Se trata de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita. No va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento y plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción», han advertido las organizaciones.
Y para que nada falte, dese UPA Jaén se desmarcan de su dirección regional y lanza un mensaje de tranquilidad a los olivareros y defiende medidas para un reparto de la PAC más justo y social con las que ganarán las explotaciones que más lo necesitan
El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, lamenta que la consejera de Agricultura, que ahora se envuelve en la bandera de Andalucía, fuera cómplice en el año 2014, cuando ocupaba el cargo de delegada del Gobierno, del hachazo perpetrado por el Ejecutivo de Rajoy con el recorte lineal de las ayudas que seguimos sufriendo los olivareros de Jaén
UPA Jaén entiende que, frente a lo que sostiene la Junta de Andalucía y su propia organización a nivel andaluz, el decreto de ayudas de transición para 2021 y 2022 beneficiará «a la gran mayoría de agricultores que solicitan las ayudas de la PAC y, por supuesto, ganarán los pequeños y medianos productores, que son la gran mayoría en nuestra provincia y en Andalucía».
Agroinformación.




-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el recién publicado Real Decreto 41/2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 

  

2021 y 2022 de la PAC, lamenta la reducción delos límites máximos establecidos para las ayudas directas de esta política comunitaria para el periodo transitorio previo hasta la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023.
Unión de Uniones resalta que, de acuerdo con lo publicado, todos los límites de las ayudas directas en el marco de FEAGA –régimen de pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplemento para los jóvenes agricultores, ayuda asociada voluntaria y pago específico para el algodón – suman un total de 4.961,9 millones de euros en 2021 y 4.957,9 millones de euros en 2022, frente a los 5.057,4 millones de 2019 y 2020. Esto implica una reducción para el presente año del 1,90% y del 1,96% para el siguiente. En el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), el límite máximo también se reduce en un 3,89% para el año 2021.
La organización explica que el recién publicado RD articula las disposiciones nacionales del Reglamento Europeo 2020/2220 publicado el 23 de diciembre, que incluyen las actualizaciones de los reglamentos de la PAC a nivel europeo, asignando ya montantes sobre la base de los acuerdos de la futura, siguiendo para el período transitorio el principio de “mismas reglas con presupuestos nuevos”.
Estas cifras, no obstante, contrastan con diferentes declaraciones emitidas desde el Ministerio de Agricultura que han venido defendiendo que para España se mantendrían los mismos fondos para la PAC reformada en términos corrientes e incluso anunciaban un ligero incremento.
Respecto a los límites presupuestarios, Unión de Uniones indica que sus reducciones no necesariamente implicarían una disminución del importe de las ayudas individuales a los agricultores y ganaderos estatales y señala que dicho importe dependerá tanto de la situación de partida de estas ayudas en cada una de las explotaciones, así como de la aplicación del mecanismo de convergencia que contempla el Real Decreto.



-Endesa, a través de su división de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha comunicado la finalización de la construcción de una planta solar fotovoltaica para la generación de electricidad en la localidad de Carmona (Sevilla). Este anuncio no tendría nada de particular si no fuese porque la compañía tiene previsto el cultivo de tres hectáreas de plantas aromáticas entre los paneles fotovoltaicos para la producción de miel a partir de abejas que serán emplazadas en la misma instalación. Miel solar, la han llegado a llamar.
A la convivencia de agricultura y fotovoltaica en un mismo suelo se la ha bautizado como Agrovoltaica, pero ¿qué hay de marketing y qué hay de realidad en estos proyectos? En verano, la revista científica Nature ya publicó dos estudios en los que se señalaban los beneficios de esta práctica, tales como proporcionar sombra a los cultivos, reduciendo los requerimientos hídricos, o protegiéndolos en caso de granizo.
L.Farrás.




-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, haciéndose eco de la Videoconferencia informal de Ministros de Agricultura de la UE celebrada este lunes, pide a los ministros de agricultura que se imponga y respete el principio de reciprocidad en la agenda comercial de la UE para defender el modelo agrario europeo.
Unión de Uniones destaca que la Comisión europea viene cerrando acuerdos con diversos países terceros sin haberlos acompañado de previos informes de impacto en el sector agroalimentario europeo.
La organización muestra su sorpresa ante un avance del estudio realizado por el Centro Común de Investigación de la UE presentado este lunes en la videoconferencia de Ministros de Agricultura, donde se subraya que este tipo de acuerdos, entre ellos el de Mercosur, pueden beneficiar al sector agrario de la UE.
En tal sentido, estas conclusiones chocan frontalmente con otros informes, como el elaborado a petición del Ejecutivo francés el año pasado, que habla de un aumento significativo de las importaciones de aves de corral, carne de vacuno, etanol y miel de los países del Mercosur.
Además, dicho informe señalaba una simplificación y aligeramiento de los controles sanitarios en frontera para la entrada de las producciones de aquellos países, con escasa capacidad de las autoridades europeas para auditar el cumplimiento de los estándares europeos. El informe cuestiona también ambientalmente el tratado, ya que prevé una aceleración de la deforestación anual de alrededor del 5% en los países Mercosur y un total de entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas de CO2 equivalente más de emisiones adicionales atribuibles al Acuerdo, debido al aumento de su producción para beneficiarse de la apertura de los mercados europeos.
Unión de Uniones reclama que, ante la propuesta de cualquier acuerdo comercial, la Comisión haga público un análisis pormenorizado de las consecuencias sobre los sectores productivos más afectados, recogiendo los efectos sobre los ingresos de agricultores y ganaderos y la previsión de las medidas compensatorias, sin las cuales los tratados no deberían aprobarse ni ponerse en marcha.
Asimismo, la organización echa en falta no solo estudios europeos, sino también estudios desde la perspectiva nacional, como en Francia, que permitan a España adoptar posiciones razonadas con respecto a sus producciones específicas “y que ilustre, por ejemplo, a los diputados cuando tengan que decidir si ratifican o no estos acuerdos”.
“Ir a ciegas en la firma de políticas tan trascendentales para los europeos es muy arriesgado” reclaman desde la organización, “No hacemos más que ver cómo se firman acuerdos sin contar con igualdad de condiciones a la hora de producir”. Unión de Uniones considera que la línea roja de cualquier negociación es que se exijan a las importaciones los mismos requerimientos ambientales, éticos y de seguridad que a las producciones europeas.
En este sentido, Unión de Uniones destaca cómo ciertas producciones de países terceros han tenido un impacto muy negativo, creando una suerte de competencia desleal con las europeas y españolas.
“Por no hablar de las políticas comerciales decididas unilateralmente, como el veto ruso o los aranceles impuestos por Trump”, han añadido, reclamando a Planas que siga insistiendo en Bruselas para retomar las negociaciones con la Casa Blanca en la nueva administración Biden y para que se instrumenten compensaciones y medidas de apoyo a los sectores afectados.




-GWPF ha pedido al gobierno inglés que suspenda el impuesto verde de £ 10 mil millones a los hogares que sufren pobreza.
A la luz de la creciente preocupación por un fuerte aumento de la pobreza energética entre millones de hogares, el Global Warming Policy Forum (GWPF), pide al gobierno que suspenda de inmediato los gravámenes verdes sobre las facturas de energía, un costo que ahora ya, cuesta más de £ 10 mil millones al año, principalmente en subsidios de apoyo a inversores en electricidad renovable.
Esta suspensión debería permanecer en vigor mientras se necesiten medidas de salud pública para combatir el coronavirus y en espera de nuevas reformas.
Aproximadamente un tercio del impacto de la política climática del gobierno afecta a los hogares directamente a través de sus facturas de electricidad, y dado que son los hogares de bajos ingresos los que usan calefacción eléctrica, se ven afectados de manera desproporcionada.
Los otros dos tercios de este costo de la política climática afectan a todos los hogares indirectamente, a través del costo de vida general, ya que las empresas industriales y comerciales transfieren su costo adicional de energía a los consumidores. Cuando la factura de electricidad de un supermercado aumenta debido a los subsidios a las energías renovables, el precio de caja de una pinta de leche refrigerada también tiene que subir.
Este impacto indirecto es muy poco apreciado, incluso por organizaciones benéficas preocupadas por la pobreza energética, que ya están comenzando a expresar su preocupación de que las medidas de salud pública destinadas a abordar el coronavirus están agravando los problemas para los hogares de bajos ingresos.
GWPF señala que, debido al impacto indirecto en el costo de vida general, el problema es en realidad mucho peor de lo que parece, afectando más a los hogares de bajos ingresos e incluso a los hogares de ingresos medios.
El bloqueo ha expuesto al sistema eléctrico del Reino Unido como técnica y económicamente débil, debido a la dependencia excesiva de las energías renovables. Los costos de gestión de la red, que ya eran elevados antes del coronavirus, de 1.500 millones de libras esterlinas al año, se han disparado durante el bloqueo, ya que el operador del sistema eléctrico ha tenido que recurrir a medidas extremas para equilibrar la producción eólica y solar fluctuante durante períodos de demanda tanto baja como alta, y se espera que ronden los 2.000 millones de libras esterlinas al año.
El alcance total de este costo adicional aún no ha afectado a los consumidores, ya que se ha permitido a los proveedores diferir el pago a National Grid. Si, como tememos, millones de hogares simplemente no pueden pagar sus facturas cuando se cargan estos cargos, los proveedores, grandes y pequeños, pueden verse abocados a dificultades financieras, lo que agravará aún más la crisis.




-Por quinto año consecutivo se celebra en Madrid la Circular Sustainable Fashion Week Madrid desde el próximo 1 de febrero hasta el 15 (dos semanas de desfiles, debates, charlas y encuentros sobre la temática que suena muy bien si no fuera porque caerá en saco roto otra edición más). Esta industria responde en Occidente cada vez con más fuerza al reclamo social de conservar planeta. Y, aunque todos los titulares de belleza y moda se centren en el desastre de Demi Moore durante el desfile de Fendi, todavía hay sitio para la cordura y el respeto a la naturaleza. La pregunta es dónde acaba el marketing para dar paso a la verdadera solidaridad con el ecosistema. 
Agotada la mitad de la colección de Lee para H&M (entre los ‘must have’ (debes tener), están los pantalones de algodón 100% reciclados, con etiquetas veganas elaboradas a partir de corcho y papel Jacron -yo tampoco conocía este papel-), ambas marcas se suman a la moda sostenible con esta colección cápsula.
Y es que hace ni un mes que NoTime lanzaba las primeras zapatillas creadas a partir de pelotas de tenis recicladas, pues al parecer, cada año, se tiran 300 millones de pelotas de tenis usadas, que tardan más de 2000 años en descomponerse. Seis empresarios españoles se embarcaban en esta locura, después de dar con la fórmula para elaborar unas actuales y urbanas zapatillas sostenibles producidas en Elche. 
Por si fuera poco, en esta línea descubría esta semana, en el acogedor showroom, (sala de exposiciones), de la agencia Villarrazo, una marca de calcetines llamadas MyEcoSide, también 100% fabricada en España. Además de contar con unos divertidos diseños y de nacer en pleno confinamiento, sus productos están fabricados con algodón orgánico, cuyo cultivo está libre de sustancias tóxicas como fertilizantes, insecticidas y pesticidas de origen petroquímico; y, además, el 60% de su composición es de algodón reciclado obtenido de los desechos del proceso de fabricación.
Como a estas marcas no les llega para contratar a Greta Thunberg de embajadora, al menos son ejemplo de la vanguardia y la solidaridad con el medioambiente. 
Me encanta hacer ironía y aspirar al humor en todo lo que plasmo los sábados en este espacio, pero es momento de tomarnos la moda más en serio. El éxito de la moda sostenible se materializará en actos (y no sólo eslóganes) cuando haya un equilibrio entre producto sostenible y precio (económicamente) sostenible. Hablamos de algo doblemente sostenible: economía circular en el vestir y economía lineal en el bolsillo. Porque lo de comprar menos pero mejor no se lo cree nadie. En Occidente nos gusta “estrenar”, y no necesariamente el producto, sino el diseño. Estrenar, y acumular. “Síndrome de Diógenes textil” y el “porsionismo” que viene a ser “no lo regalo por si… adelgazo (o lo que se tuerza)”. El verdadero y gran problema con el que me encuentro es que esa “ecomoda” eleva a casi 3 veces el coste de un producto “normal” (dícese de producto ‘contaminante y contaminado’). Por lo que la clave será ofrecerle al consumidor la sostenibilidad no desde la aspiración sino desde la capacidad real del consumidor. Desde luego, para unos MyEcoSide con avispas (mi diseño favorito) nos llega a todos. Porque, reconozcámoslo, la mayoría somos (como dice @elchicofitness1) “transeconómicos”: ricos atrapados en cuerpos de pobres.
K.Mikhailova. CHIC. 




- El Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros y publicado hoy en el BOE, no responde a criterios redistributivos de carácter social. Ajusta el valor de los derechos, pero no el montante de ayudas. Asimismo, rechazamos de antemano la pretensión del Ministerio de Agricultura de eliminar los derechos de pago básico y transformarlos en un pago por superficie, prevista para la aplicación de la próxima reforma de la PAC. Los derechos deben permanecer asignados a los hombres y mujeres del campo que trabajan como titulares activos del sector agrario y viven de esta actividad.
Ante la publicación en el BOE del Real Decreto 41/2021 para la aplicación de la PAC en España durante las campañas 2021 y 2022, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reitera su posición contraria a la aplicación de una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022.  
Esta organización es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia al año 2023, coincidiendo con la aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan Estratégico Nacional.
COAG siempre ha apostado por una convergencia progresiva en el marco del nuevo Plan Estratégico Nacional de la reforma PAC en España, manteniendo los derechos individuales de una forma equilibrada dentro de cada región agronómica y a lo largo de todo el período PAC (hasta 2027).  Tal como establece el Reglamento de Planes Estratégicos (provisional), esta convergencia debe situarse al menos en el 75% del valor medio de los derechos de cada región.  El objetivo debe ser evitar desajustes y distorsiones entre agricultores, sectores y regiones.
COAG ha trasladado este posicionamiento al Ministerio de Agricultura de forma reiterada:  a través de las observaciones al Proyecto de Real Decreto enviadas el pasado mes de septiembre, durante las dos últimas reuniones del Comité Asesor Agrario y en las propuestas de Plan Estratégico de la PAC. Lamentablemente no han sido tenidas en cuenta.
Además de desechar estas observaciones, el MAPA ha privado al sector de la información que permita medir el impacto de estas decisiones en las explotaciones agrarias.  Una cosa es señalar las diferencias existentes entre la cuantía unitaria de los derechos dentro de una región y otra, considerar el impacto que estas decisiones tienen sobre la renta de explotaciones profesionales con pequeña base territorial.  Pérdida de renta que es muy significativa en ciertas explotaciones ganaderas y de regadío. En ningún caso, el citado Real Decreto responde a criterios redistributivos de carácter social, ajusta el valor de los derechos, pero no el montante de ayudas.
COAG.



- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado este jueves que si el decreto de transición que regula las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2021 y 2022 continúa adelante "será un atropello para el campo andaluz" y ha asegurado que hará "lo posible" para que el Gobierno lo retire "porque nos jugamos mucho".
"El real decreto supone un clarísimo perjuicio para los agricultores y ganaderos porque el modelo propuesto por el Gobierno impone requisitos que penalizan de manera clara y directa a nuestra gente del campo", ha dicho.
Moreno, quien ha visitado este jueves las instalaciones de la cooperativa Murgiverde en El Ejido (Almería), se ha situado al lado del sector "que ha expresado su rechazo prácticamente unánime y de forma contundente" a esas reglas, que, tal y como ha remarcado, "no las demandan Europa ni tampoco son lo que se acordó en 2015".
"No puedo entender porque el Gobierno no atiende las peticiones casi unánimes de un sector que, de manera mayoritaria y con una enorme diversidad asociativa agrícola y ganadera, le está diciendo que por ahí no", ha señalado el presidente andaluz, para quien el real decreto es "clarísimamente malo para campo".
Ha lamentado, en esta línea, el "esfuerzo de diálogo" que ha mantenido la Junta andaluza y ha afeado que "eso" no se haya traducido "de manera clara en un cambio de posición" o en que no se tuviesen en cuenta por parte del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, las alegaciones hechas.
"Es inconcebible, un gravísimo error no tener en cuenta las propuestas de una comunidad autónoma que el líder en el sector agroalimentario español", ha asegurado Moreno, quien concluido instando al ejecutivo a "reconsiderar" el real decreto y advirtiendo de que trabajará "de manera muy decidida" para que sea "retirado".
La Vanguardia.




- El ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Despierta Andalucía ha salido al paso este jueves 28 de las críticas que tanto las organizaciones agrarias como la Junta han vertido sobre el decreto de transición de la ayudas de la PAC. Esta transición va a suponer un cambio en el criterio del reparto de los fondos europeos a la agricultura. «Menos de un 1% – ha dicho – de los 227.000 perceptores que tiene la PAC en Andalucía se van a ver afectados en estos dos años (2021-2022)». Y la respuesta ha sido tajante, ya que COAG Andalucía no oculta su «estupefacción ante las falsedades del ministro, porque o no sabe del tema o está ocultando algo” .
El ministro recuerda en a entrevista que la PAC es para agricultores y ganadores, no para superficies o suelo cultivado o explotación.
Asimismo, Luis Planas defiende que se han mantenido contactos mensuales con las consejerías del ramo para informarles de la evolución de este nuevo periodo. También asegura que se han mantenido reuniones con el sector.
El ministro ha asegurado que Europa apuesta por la convergencia y en este sentido él está de acuerdo «porque es justo desde el punto de vista redistributivo».
ESTUPEFACCIÓN ANTE LAS FALSEDADES DEL MINISTRO: “O NO SABE DEL TEMA O ESTÁ OCULTANDO ALGO”
Por su parte,  la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG de Andalucía no da crédito a lo manifestado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista televisiva. Esta organización muestra su preocupación «ante el discurso cargado de falsedades de Planas, lo que parece indicar que el enemigo está en casa. En vez de defender a los agricultores y ganaderos, se va a favorecer el expolio de nuestro tejido productivo a manos de los fondos de inversión y los mercados financieros».
Y es que, para COAG, el titular de Agricultura ha realizado unas declaraciones que pueden ser rebatidas una por una. Por ello, el secretario general de COAG Andalucía, considera que el ministro ha dejado claro que “o no tiene ni idea del tema, o está ocultando algo”.
Para empezar, el ministro asegura que no hay recorte presupuestario de la PAC, cuando sí lo hay. “El presupuesto baja. La actualización del límite máximo presupuestario de pago básico supondrá una modificación lineal de los derechos que se estima en torno al 1,8%”, señala Miguel López.
Por otro lado, Planas ha afirmado que siempre ha buscado el diálogo con el sector para consensuar las políticas agrarias, justo cuando se está negociando el próximo escenario de la PAC. “Esto no es así –asegura López-. Es cierto que ha habido reuniones, precisamente en la que todo el sector le hemos alertado sobre la gravedad del impacto de las medidas que recoge el decreto, por las importantes alteraciones en el reparto de los recursos sin tener en cuenta las distintas realidades productivas. Pero el ministro ha hecho oídos sordos y nunca ha puesto encima de la mesa un informe de impacto que demostrara que nuestros temores son infundados”.
En este sentido, el responsable de COAG Andalucía explica que “en Andalucía hay un 25% de agricultores y ganaderos que tienen derechos que superan la media regional en más de un 30%. Son cerca de 60.000 explotaciones familiares, autónomos del campo, que pueden perder un 40, un 50 y hasta un 70% de las ayudas”.
Respecto a la convergencia, COAG Andalucía ha rescatado unas manifestaciones de Planas cuando era consejero de Agricultura de Andalucía. Así, en junio de 2013, el ahora ministro valoraba que se hubiese logrado limitar la convergencia interna al 60% del pago medio de su región o país, así como destacaba que la media actual por beneficiario en España era de 5.600 euros, “frente a los 15.000 de un agricultor alemán o los 20.000 de un francés”. El giro que ha dado Luis Planas es, por tanto, considerable.
concluye López, que insiste en que «o no sabe del tema o está ocultando algo».
Agroinformación.
 
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