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Semana del 14 al 21 de febrero de 2021

El ministerio mete la pata con la renta agraria

El Ministerio ha lanzado su 2ª estimación sobre la renta agraria obtenida en 2020 y dice, sin ningún pudor que, el año del COVID19, ha sido mucho mejor que el anterior. Como era absolutamente esperable, tras esta "patochada", todas las Organizaciones Profesionales Agrarias se le han lanzado a la yugular y le han recordado lo inapropiado por populista de su afirmación y lo lejos que se está de admitir la nueva PAC que se les propone por el MAPA.

Actualizado 25 febrero 2021  
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Redacción Agrolibre
  
“Unión de Uniones le ha recordado que el indicador de Renta Agraria solo ofrece una visión macroeconómica a nivel estatal del desempeño del sector agrario a lo largo del año natural y le ha vuelto a reclamar que se incorpore el indicador de la Agencia Tributaria en el seguimiento y evaluación de la PAC para dar cuenta cierta de la realidad que viven los agricultores y ganaderos españoles.

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La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados ha criticado el “ninguneo” del Gobierno al sector agrario en sus decisiones sobre la PAC y sobre los fondos europeos para la reconstrucción. Ha aludido al real decreto del Gobierno sobre las ayudas a los agricultores en 2021 y 2022, plazo transitorio hasta que se aplique la reforma de la PAC.
En el real decreto se avanza hacia la llamada convergencia en las ayudas, es decir, a igualar los derechos de pago entre todas las regiones productivas, que el PP ha rechazado el momento y el “oscurantismo” a la hora de aprobarlo.
Por su parte, el portavoz de Agricultura de Vox en el Congreso, ha manifestado que el Gobierno “ha pasado por encima” de los acuerdos entre los grupos políticos del Parlamento Europeo sobre la PAC, “en perjuicio de los agricultores”, en relación al último real decreto sobre las ayudas al campo para 2021 y 2022.
UP y ERC insisten en la definición de “agricultor genuino”
Unidas Podemos está “en principio a favor de los ecoesquemas”, unos incentivos que pueden poner en práctica medidas sostenibles, si bien todavía “hay que definir quién entra en esos mecanismos y con qué criterios”. Se considera que lo que aprobó en su día el Parlamento Europeo “ha quedado bastante desdibujado por las enmiendas que fueron negociando los grandes grupos”. El grupo republicano (ERC) en el Congreso apuesta por una “profesionalización al máximo”, a la hora de definir qué es un agricultor genuino en la próxima programación de la PAC.
Ciudadanos pide al Gobierno estar a la altura y PNV voces para las autonomías
La portavoz de Agricultura de Ciudadanos ha pedido al Gobierno que esté “a la altura” en las negociaciones finales de la reforma de la PAC y frente a la pandemia, y protección de sectores estratégicos como el olivar. Como ejemplo, ha señalado que las instituciones de la Unión Europea (UE) aún debaten la ayuda al almacenamiento privado, prevista en la organización común de mercados agrícolas, lo que supondría “apoyos importantes a la aceituna de mesa”.
El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Joseba Agirretxea, se ha quejado de que las “naciones sin Estado” no tengan “excesiva voz” en la negociación de la próxima PAC.
Señalemos finalmente que Unión de Uniones considera un error grave del Ministerio aplicar esta convergencia PAC en el período transitorio “a palo seco””
 
Como ven el MAPA está inmerso en un auténtico guirigay, tan es así que ha tenido que salir a la palestra y en Nota Oficial ha aclarado, en la medida que ha podido muchas de las noticias que se han venido afirmando en esta última semana y tildar de Fake´s su contenido.
 
Comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 16 de febrero de 2021.
Ante determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quiere hacer las siguientes precisiones:
Primera. La discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC.
Segunda. Consecuentemente, la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y aplicación en España, para el periodo 2023-2027.
Tercera. Por tanto, cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los eco-esquemas y todos los restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión.
Cuarta. Un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, sendas discusiones políticas han tenido lugar con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas.
Quinta. Es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos.
Sexta. La voluntad del Gobierno es lograr el acuerdo más amplio posible, en forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de euros obtenidos por España en el Consejo Europeo de julio de 2020, el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores.
Séptima. La posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.”
 
¿Es normal que nadie haya entendido nada de lo que se pretende desde el MAPA? Ustedes mismos.
 
En esta misma línea, y para que no haya ninguna duda sobre sus posiciones, también los principales responsables de las Organizaciones Agrarias se han visto en la necesidad de expresarse conjuntamente sobre el tema de la Cadena, la joya de la corona Planas y también han generado una respuesta oficial que trascribimos a continuación.
 
“El avance necesario para un reparto equitativo del valor”
“Con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor funcionamiento. Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por escrito obligatorio como baluarte, que encontró – y encuentra – muchas resistencias. Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar. La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedentes desde las históricas de 1977, con un sector harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada vez más desregulado y volátil, y con crecientes importaciones sin la justa equivalencia y control de estándares. La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la Covid-19, provocó la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la desconvocatoria de las reivindicaciones.
Las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como eso. La prohibición de comprar por debajo del precio de coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutamente necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país. Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable, como comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la cadena. Cuando hace más de siete años se aprobó la Ley también proclamaban los agoreros que no sería aplicable y, aunque con zancadillas y gradualmente, se va aplicando.
Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad. Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada Directiva.
Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: el funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente.
Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios.
Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.
Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.
También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE.
Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores”.
Pedro Barato, Presidente de ASAJA. Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Lorenzo Ramos, Secretario General de UPA.”
 
Planas lo empiezas a tener crudo. Ya casi nadie cree en lo que dices.
 
 
Noticias.
 -En este segundo cálculo presentado en enero, el Ministerio sitúa en 29.127 millones de € en 2020 el valor de la renta obtenida para el conjunto del sector agrario, lo que para el sector agrario supondría un aumento del 4,4% respecto al año 2019 y un ligero aumento (de 0,1 puntos) sobre su primera estimación realizada en diciembre pasado.
También se ofrecen en el informe cifras por Unidad de Trabajo Año, que se podría equiparar a la renta obtenida de media por alguien ocupado en la agricultura o la ganadería durante todo un año a tiempo completo. En este caso se estaría hablando de una cantidad de 37.121 € y el aumento respecto a la cifra del 2019 seria, ni más ni menos, que del 13,8%.
Las cuentas oficiales basan estos resultados en los aumentos en las producciones tanto agrícolas (+1,3%) como ganaderas (+2,9), acompañadas, además, de un aumento de los precios del 1,8% en el caso de la agricultura, aunque con un recorte del -1,2% en el caso de la ganadería. Cereales, fruta y vino son los sectores que más han contribuido, junto con porcino, leche y huevos.
Esto, junto con un incremento, según los datos del Ministerio del 3% y una moderadísima subida del 0,1% de los consumos intermedios, explicarían los resultados de renta obtenidos
Unión de Uniones recuerda que el indicador de Renta Agraria ofrece una visión macroeconómica a nivel estatal del desempeño del sector agrario a lo largo del año natural y es estimado a través de la agregación de las aportaciones de los distintos subsectores agrarios y ganaderos. La organización viene criticando durante un tiempo las deficiencias detectadas en las estimaciones de determinadas partidas de este indicador y que sitúan al sector como una de las agriculturas más rentables de Europa, datos que contrastan significativamente con los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria para el sector agrario (en 2017 los rendimientos netos de los profesionales agrarios se situaron en apenas 11.700 euros por declarante).
Unión de Uniones reclama que se incorpore el indicador de la Agencia Tributaria en el seguimiento y evaluación de la PAC para dar verdadera cuenta de la realidad que viven los agricultores y ganaderos estatales.
MAPA.

 - Los partidos discrepan sobre la PAC más adecuada para el campo español
La Política Agrícola Común (PAC) es prioritaria para los partidos políticos, que divergen sobre la actuación del Gobierno español y las medidas adecuadas para el campo. Los portavoces parlamentarios de Agricultura destacan, en declaraciones a Efeagro, otros asuntos importantes como la Ley de la Cadena Alimentaria y los fondos de reconstrucción.
El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a legislar todo aquello que permita a los agricultores y ganaderos seguir viviendo del campo, según su portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, Amaro Huelva.
Huelva ha señalado que existen “muchos elementos que convergen en las ayudas de la Administración a los agricultores y ganaderos para que puedan vivir de la tierra”, fijando así la población al territorio.
El portavoz ha citado la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que califica de “revulsivo” en el campo. Esas iniciativas deben “conjugarse” con la PAC, según Huelva, quién está “satisfecho” con la gestión del Ejecutivo central por “sacar adelante” los fondos para los agricultores y ganaderos españoles en la Unión Europea (UE).
El senador ha remarcado la necesidad de adaptación de la PAC ante los cambios que están ocurriendo en los ámbitos del medio ambiente y la ecología.
Rechazo al reglamento transitorio de la PAC en la oposición
La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, ha criticado el “ninguneo” del Gobierno al sector agrario en sus decisiones sobre la PAC y sobre los fondos europeos para la reconstrucción.
Marcos ha aludido al real decreto del Gobierno sobre las ayudas a los agricultores en 2021 y 2022, plazo transitorio hasta que se aplique la reforma de la PAC.
En el real decreto, criticado por organizaciones agrarias y por comunidades autonomías como Andalucía, el Gobierno avanza hacia la llamada convergencia en las ayudas, es decir, a igualar los derechos de pago entre todas las regiones productivas, pero el PP ha rechazado el momento y el “oscurantismo” a la hora de aprobarlo.
También ha criticado los planes del Ejecutivo para la distribución de los fondos de la UE) para la recuperación tras la pandemia, pues a su juicio, ofrecen una partida insignificante para el campo, Ha lamentado que Vox, con su abstención, facilitara la aprobación en el Congreso del decreto ley sobre la gobernanza de los fondos de reconstrucción europeos.
Por su parte, el portavoz de Agricultura de Vox en el Congreso, Ricardo Chamorro, ha manifestado que el Gobierno “ha pasado por encima” de los acuerdos entre los grupos políticos del Parlamento Europeo sobre la PAC, “en perjuicio de los agricultores”, en relación al último real decreto sobre las ayudas al campo para 2021 y 2022.
Chamorro ha afirmado que el Gobierno “no se está esforzando los suficiente” para apoyar al sector agroalimentario frente a la covid-19, pues sus ayudas al campo han sido “solo una limosna”.
Por otro lado, ha abogado por aprovechar los fondos de reconstrucción para bajar impuestos que afectan a los agricultores.
UP y ERC insisten en la definición de “agricultor genuino”
Unidas Podemos defiende los ecoesquemas y una nueva distribución de los fondos de la PAC, según su portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, Antón Gómez-Reino.
El diputado explica que su grupo parlamentario está “en principio a favor de los ecoesquemas”, unos incentivos que pueden poner en práctica medidas sostenibles, si bien todavía “hay que definir quién entra en esos mecanismos y con qué criterios”.
Gómez-Reino considera que lo que aprobó en su día el Parlamento Europeo “ha quedado bastante desdibujado por las enmiendas que fueron negociando los grandes grupos”. Pese a las diferencias de criterio, opina que la reforma “va por buen camino, pero ahora hay que aterrizarla”.
El grupo republicano (ERC) en el Congreso apuesta por una “profesionalización al máximo”, a la hora de definir qué es un agricultor genuino en la próxima programación de la PAC.
Su portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja, Xavier Eritja, ha asegurado que serán “muy insistentes” en la necesidad de definir “el marco en el que figurará” ese concepto de agricultor.El.
En cuanto al segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), al grupo parlamentario le da “miedo” que las comunidades autónomas pierdan en este próximo período su capacidad de diseñar los planes, en favor del Estado.
Ciudadanos pide al Gobierno estar a la altura y PNV voces para las autonomías
La portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Congreso, Mari Carmen Martínez Granados ha pedido al Gobierno que esté “a la altura” en las negociaciones finales de la reforma de la PAC y frente a la pandemia, y protección de sectores estratégicos como el olivar. Como ejemplo, ha señalado que las instituciones de la Unión Europea (UE) aún debaten la ayuda al almacenamiento privado, prevista en la organización común de mercados agrícolas, lo que supondría “apoyos importantes a la aceituna de mesa”.
Respecto al reglamento transitorio de la PAC para 2021 y 2022, la diputada ha considerado que “ha faltado diálogo por parte del Gobierno, algo que por desgracia se está convirtiendo en la tónica habitual”.
Por su parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Joseba Agirretxea, se ha quejado de que las “naciones sin Estado” no tengan “excesiva voz” en la negociación de la próxima PAC.
Agirretxea también preside la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, ha asegurado que han “reclamado siempre” que esas naciones puedan participar más activamente en este proceso. Su grupo difiere con el hecho de que cada Estado miembro vaya a tener un único plan estratégico nacional. “España debería haber defendido que su sistema político le impide adoptar una única política porque su estado autonómico da competencias exclusivas en agricultura a las autonomías”, ha remarcado.
EFEAGRO
.-Unión de Uniones considera un error grave del Ministerio aplicar esta convergencia PAC en el período transitorio “a palo seco”
En el período de consulta pública sobre el Real Decreto 41/2021 abierto en septiembre pasado, Unión de Uniones alegó que retomar la senda de la convergencia aisladamente para estos dos años y sin una definición de agricultor activo vinculado a la condición de profesional de la actividad, ni ayudas redistributivas, ni una revisión del resto del esquema de ayudas, podía tener un impacto importante. Ahora numerosas explotaciones profesionales se ven muy perjudicadas, mientras que se beneficiará también a productores no profesionales.
La organización pone el acento en quienes viven de sectores ganaderos lácteos y vacuno de cebo, particularmente para las granjas de montaña a las que se redujo su superficie por el coeficiente de admisibilidad de pastos, así como en explotaciones orientadas a cultivos como arroz o tomate de industria.
Con esta convergencia, según los datos del Ministerio un 56% de los actuales beneficiarios de la PAC incrementaría sus derechos y un 44% sufriría recortes. “Al no introducir elementos que permitan enfocar las ayudas a quienes vivimos de verdad del campo y para amortiguar el efecto de la convergencia a muchos nos han hecho un roto importante, considerando que, de no mediar una rectificación, quedaría además todavía la convergencia del 2022 por delante”, comentan desde Unión de Uniones.
La organización ha pedido al Ministro de Agricultura una reflexión sobre ello y que reconsidere la decisión a la vista de las consecuencias que está teniendo la convergencia “a palo seco”.
Unión de Uniones critica también a las Comunidades Autónomas, que conocieron en proyecto de Real Decreto en septiembre, contando en sus bases con todos los datos que necesitaban para prever que esto iba a pasar y salvo Andalucía y Galicia que querían una convergencia más moderada, ninguna puso pegas, según manifiesta la organización, no habiendo hecho bien su trabajo.
La organización está estudiando la aplicación del mecanismo de la convergencia
Unión de Uniones considera que lo que está pasando es una demostración de que la PAC tiene que cambiar y que el Plan Estratégico de la PAC tiene que poner a los beneficiarios el filtro de profesional y combinar todos los instrumentos de reequilibrio de los pagos directos disponibles para un reequilibrio no traumático de los apoyos. “No somos de los que se aprovechan ahora de este error para defender que todo siga igual… nosotros queremos que cambie a mejor para los agricultores y ganaderos profesionales”, recalcan.
Al margen de ello la organización está realizando sus comprobaciones para constatar que el mecanismo de la convergencia se está aplicando correctamente conforme al Reglamento (UE) 2020/2220, que establece las normas para el período transitorio. Para ellos se ha reunido la pasada semana con el FEGA y ha pedido un canal de resolución de dudas con el organismo. “Si esto no se corrige y además tenemos dudas de que se esté aplicando bien, llegaremos hasta donde haga falta para que lo expliquen”, concluyen.
Unión de Uniones.
-La decisión de incluir al lobo ibérico dentro del Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) en España ha desatado una verdadera tormenta dentro del Gobierno y en algunas comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha encontrado a un aliado inesperado, Pablo Iglesias, y a un enemigo predecible, respecto a este asunto, como es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde figura el Ministerio de Transición Ecológica -liderado por Teresa Ribera- y las comunidades autónomas llegaron a este acuerdo que abre el camino para la prohibición de la caza del lobo para su control y regulación de la especie. Un acuerdo que no han tenido en cuenta las precisiones técnicas que hizo el Ministerio de Planas, según las fuentes consultadas y que afectan de lleno a la ganadería española.
La versión de los ganaderos (Planas).
El malestar del ministro de Agricultura, Luis Planas, fue palpable al destacar a Ribera que se han olvidado de los ganaderos. España ha pasado de 300 a 3.000 lobos de los años 60 a la actualidad, según los datos aportados por las asociaciones de ganaderos. El lobo mata cada campaña a más de 15.000 reses declaradas o no declaradas, porque “algunas ni compensa declararlas”, señalan desde las asociaciones.
El problema de no mantener controlada a la población de lobos es que los ganaderos apenas pueden vivir de tener ganado y las pérdidas son cuantiosas. Pero también cabe resaltar que no todas las asociaciones y todos los ganaderos buscan la caza del lobo, sino que también habría soluciones intermedias como buscarles unos espacios protegidos y controlados para que tanto la especie como la ganadería puedan subsistir en armonía.
Documental realizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
“Yo no estoy de acuerdo y como ministro de Agricultura, yo estoy del lado de los ganaderos y están preocupados, contestó Planas a la ministra Ribera en un acto. “Respeto esa decisión, pero a nivel técnico, durante la elaboración del plan de gestión para el lobo, el Ministerio de Agricultura indicó hasta en dos ocasiones que la protección actual nos parecía suficiente“, continuó Planas.
El ministro de Agricultura apuesta por elevar la “reparación” a los ganaderos cuando se produzcan ataques e incluir en la próxima Política Agrícola Común (PAC) un pago adicional por este riesgo y que el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) permita “financiar estructuras y animales que sirvan para proteger el ganado”.
“Hay que buscar un equilibrio entre mantener la biodiversidad y, al mismo tiempo, proteger los intereses del sector de la ganadería extensiva”, recalcó Planas.
Los ganaderos en pie de guerra.
El ministro Planas ya explicó en público que su compañera, la ministra Ribera, no ha contado con la opinión de su Ministerio ni con la de los ganaderos, que se encuentran en pie de guerra tras el acuerdo.
Las tres principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) se reunieron esta semana para cargar contra Ribera acusándola de actuar con “sectarismo ideológico”, bajo “la idiotez humana”, con un “oportunismo político” o “postureo de escaparate”.
Los responsables de ASAJA, Pedro Barato; COAG, Miguel Blanco; y UPA, Lorenzo Ramos, solicitan interlocución con la ministra Ribera tras enviar una carta esta semana al presidente del Gobierno.
N.Val. Economía Digital.
-ASAJA, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabaja con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.
ASAJA, COAG Y UPA sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.
La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.
En opinión de las Organizaciones Agrarias la única forma de solucionar este disparate normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.
Entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración). Según los datos que manejamos las organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.
UPA.
-Los consumidores más atentos o preocupados por su salud habrán percibido que, desde hace algún tiempo, ciertos productos del supermercado contienen una especie de semáforo de colores, con letras de la A a la E, que indican el valor nutricional del alimento. Es más fácil de encontrar en los productos que obtienen buena puntuación, como los yogures sin azúcar, y brilla por su ausencia en la comida basura. Además, no lucirá en el aceite de oliva y quizá tampoco en ibéricos como el jamón, lo que ha reavivado las críticas hacia Nutriscore, el etiquetado que el Gobierno quiere implantar antes de abril. El objetivo es mejorar los hábitos de consumo y disminuir la ingesta de azúcar y productos procesados que contribuyen a los altos índices de obesidad.
Según el ministro de Consumo, Alberto Garzón, una de las deficiencias del etiquetado Nutriscore es que no es obligatorio para las empresas, pero, aun así, él espera que la industria «se incorpore de forma masiva» una vez que este se apruebe, mediante real decreto. «Las marcas que no lo hagan estarán dejando sobre sí una mancha de sospecha», explicó recientemente a este diario.
Garzón admite que Nutriscore no «es perfecto» pero, a su juicio, es el sistema que cuenta con más apoyo tanto por parte de los científicos como de las asociaciones de consumidores. Pero la decisión de su ministerio de dejar fuera el aceite de oliva, catalogado primero con una D y luego con una C, ha reabierto la caja de Pandora. El ministro sostiene que «el aceite es bueno para la salud y una etiqueta no debe decir que es malo».
Alertas de expertos
Basándose en la excepción del aceite, la patronal del cerdo ibérico, ASICI, pide también que el jamón, la paleta y el lomo ibérico sean excluidos porque, el algoritmo de Nutriscore, no valora adecuadamente sus «propiedades saludables». Ante ello, han sido varios los nutricionistas que han alertado, vía redes sociales, de que la decisión de dejar fuera a ciertos productos evidencia los fallos del etiquetado y las presiones de la industria.
Uno de ellos es Juan Revenga, quien asegura que, «aunque sobre el papel los etiquetados frontales de alimentos parecen herramientas útiles, hasta la fecha su efectividad para modificar el comportamiento de consumidores es muy discreta». Y, en su opinión, entre todos los sistemas, Nutriscore «parece ser de los menos eficaces». La presidenta del Consejo General Dietistas-Nutricionistas, Alma Palau, también avisa de que con Nutriscore puede suceder «como en la década de los 80, cuando aparecieron los productos light, que promovieron la obesidad».
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, apoya que España esté ahora coordinando esfuerzos con otros países de su entorno como son Francia y Alemania para la implantación de Nutriscore porque en su opinión es un «etiquetado útil» a la hora de elegir «la mejor opción nutricional».
El Periódico Mediterráneo.
-El principal debate dentro de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) está girando en torno a su «arquitectura verde«, según la Comisión Europea (CE), que ve importantes cambios en relación con la condicionalidad de las ayudas y los ecoesquemas.
Tras elaborar sus propuestas legislativas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos comenzaron a finales del año pasado unas reuniones o trílogos para la reforma de la PAC, que se espera que culmine durante el primer semestre de 2021 y se aplique a partir de 2023 mediante un plan estratégico que debe diseñar cada país.
«Sobre la arquitectura verde de estos planes estratégicos ha habido muchos avances con respecto a lo que llamamos la condicionalidad, que es lo que deben hacer los agricultores para recibir las ayudas directas», asegura el portavoz de la representación de la CE en España, Ioannis Virvilis.
A su juicio, el reglamento sobre los planes estratégicos, en especial su arquitectura verde, es uno de los asuntos que más se está debatiendo, al igual que hay «mucha discusión» sobre los ecoesquemas (ayudas vinculadas a prácticas sostenibles), una cuestión que se abordará más «hacia el final de la primavera».
MÁS EXIGENCIAS AMBIENTALES
Con el refuerzo de las exigencias ambientales, el portavoz comunitario argumenta que habrá un «mejor enlace» entre la PAC y el Pacto Verde de la Unión Europea (UE).
Detalla que con se fijarán normas específicas para verificar los pagos directos y los ecoesquemas, y que se apoyarán los compromisos voluntarios en favor de una agricultura más verde con fondos del primer y segundo pilar de la política agraria.
Según Virvilis, será importante determinar el nivel de ambición financiera de esos objetivos, es decir, qué porcentaje de los fondos de la PAC se utilizarán finalmente para que el sector agroalimentario contribuya al medioambiente.
Igualmente, están por decidir tanto el mecanismo que se pondrá en marcha para que los países miembros informen a la Comisión Europea sobre el uso que hacen de las ayudas como los indicadores que serán necesarios para supervisar los resultados de la PAC y del Pacto Verde.
Virvilis afirma que el calendario previsto «va a permitir a los países de la UE tener el tiempo necesario para preparar sus planes estratégicos, una de las novedades de la nueva PAC para el próximo periodo» (2023-2027).
“ES MUY IMPORTANTE QUE LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES SE COMPROMETAN CON LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS VOLUNTARIAS Y, POR SUPUESTO, VAN A RECIBIR DINERO PARA ESO»
La Comisión publicó en enero pasado una listacon medidas para la condicionalidad y de posibles ecoesquemas y poco después el Gobierno español presentó a las comunidades autónomas una propuesta de nueve puntos, que incluye ayudas para impulsar la sostenibilidad de los pastos y del uso de fitosanitarios, la fertilidad del suelo o la biodiversidad.
«Para nosotros es muy importante que los agricultores españoles se comprometan con las prácticas agrícolas voluntarias y, por supuesto, van a recibir dinero para eso», asevera Virvilis, quien cita los ejemplos de la agricultura ecológica, la agroforestería y la agricultura de alto valor natural.
Aunque los planes nacionales no están aún finalizados, la CE está en contacto «continuo» con las autoridades de los países para ayudarles en su elaboración y ha realizado recomendaciones en cada caso.
En el de España, el portavoz subraya que han indicado varias áreas que deben abordarse, como el aumento de la superficie para agricultura ecológica, acciones para reducir las pérdidas de nutrientes y la modernización de infraestructuras hídricas y sistemas de riego.
También hay referencias a la necesidad de avanzar en la convergencia interna y la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios; impulsar la integración de los productores primarios y la explotación empresarial de sus explotaciones; y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de los plaguicidas.
Al margen de la condicionalidad y de cara a combatir la despoblación, la Comisión insiste en expandir la banda ancha en las zonas rurales como parte de la transformación digital, una de las grandes prioridades de la UE en la actualidad.
Agroinformación.
-La aplicación de la nueva reforma de la PAC tiene en Andalucía su principal frente abierto, hasta el punto de que las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía –ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias– han dejado clara su postura contraria y han lanzado una advertencia al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señalando que «solo le queda un camino: Diálogo o dimisión».
Y esta negativa a aceptar esta reforma y el modelo de convergencia aprobado se basa en datos. Para ello, COAG Andalucía ha realizado un pormenorizado estudio de las consecuencias para tendrá para el campo andaluza no solo en el periodo transitorio, sino posteriormente.
En este sentido, recuerdan que la diversidad productiva española se reconoció, en la pasada reforma de la PAC, mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda que se definían en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores .Al mismo tiempo se estableció un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de los agricultores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con topes (30% máximo de pérdida del valor de los derechos) en su impacto sobre la renta individual de los agricultores afectados.
El Real Decreto de convergencia para 2021 y 2022 avanza en la convergencia (actualmente no hay derechos por debajo del 60% de la media de cada región y se acercarán al 80% de la media en 2 años) y elimina la limitación en las pérdidas (más allá de que bajen hasta la media de sus regiones), sin tener en cuenta la repercusión de su puesta en marcha.
En este sentido, recuerdan las declaraciones de Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación: «Solo el 1% de los andaluces reducirán sus importes de la PAC más del 20% y sólo un 9% perderá entre un 10% y un 20%”.
ES MENTIRA – Se refiere a 2021: los que para el MAPA pierden entre un 10% y un 20%, perderán casi el doble en el período de transición.
. En Andalucía hay identificadas 38.500 personas que perderán al menos el 20% del total de sus ayudas en dos años.
. Andalucía NO pierde presupuesto. Pero sí se daña brutalmente a los profesionales de la agricultura.
Ejemplos tipo de las explotaciones que pierden: Vacuno leche, Caprino leche y Olivar regadío
LA PAC DESDE 2023:
El Real Decreto de convergencia es la antesala de la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023 y que tiene en el reparto de las ayudas directas el debate “más trascendente”… … pues se obvia que la PAC no da respuesta a las necesidades actuales del sector agrario (reequilibrio cadena valor, acuerdos comerciales, etc…).
Con este real decreto el ministro prepara el terreno para la reforma que pretende llevar a cabo en 2023: se prevé la reducción de las regiones determinadas en función de las características agronómicas y de las ayudas percibidas desde las 50 actuales hasta un máximo de 7 (Baleares, Cornisa Cantábrica, pastos, leñosos en secano y en regadío y herbáceos en secano y regadío). Dentro de ellas, se produciría la convergencia total de las ayudas (tasa plana regional).
Esto va en perjuicio del modelo profesional y beneficia a las grandes explotaciones menos productivas, favoreciendo la concentración de superficies.
Independientemente de la aplicación de la PAC por la que se opte, exigimos que toda decisión que se tome nos sea debidamente comunicada y valore objetivamente qué se persigue, cómo se consigue y qué repercusiones sociales y económicas puede tener.
También destacan las declaraciones de Luis Planas: “Los derechos deben desaparecer porque no es justo que el 20% de los perceptores se lleve el 80% de las ayudas. Hay que apoyar a la clase media”
. La homogeneización empeora el reparto 20-80.
. En Andalucía el 20% que más cobra se lleva el 76% del presupuesto. Con la tasa plana se podría llevar hasta el 83%.
Esto se corrige limitando la ayuda máxima por perceptor con el capping, una herramienta que ya existe
¿A qué clase media se refiere el ministro?
Perjudicados: sistemas productivos cuyos agricultores, con menos superficie, han conformado explotaciones profesionales gracias a fuertes inversiones en tecnología, en riegos localizados, etc, para incrementar la producción.
Beneficiados: titulares de explotaciones extensivas, que han conformado sus ayudas no en base a la elevada superficie.
. Falsa solidaridad. … “Porque dos personas que hagan lo mismo deben cobrar igual estén donde estén”
Pero no todos los riegos son iguales. El 75% del riego andaluz es localizado (más productivo, requiere más inversión: 2.500 millones euros modernización), frente al resto (ver cuadro).
Anexo Explotaciones tipo afectadas por convergencia acelerada 2021-2022
1.- Explotación prioritaria vacuno leche poca base territorial (1,2 ha)120 vacas de ordeño
     En 2015-2020 perdió el 20%… (2.600€)
     En 2021–2022 perderá un 48%… (5.050 €)
.   En 2015-2020 cerró un 20% explotaciones lecheras andaluzas
.   Precios (informe FEGA diciembre): 0,35 €/l
.   Costes producción mínimos 0,36€/l
   Costes alimentación (suponen la mitad): +9% último año
2.- Explotación prioritaria caprino con poca base territorial (11 ha):
En 2015-2020 perdió el 14%…: (1.180 €), 488 reproductoras en 2015, 780 reproductoras en 2020
En 2021-2022 perderá el 25%… (1.880 €)
SIN MARGEN DE MANIOBRA. PAC NO PAULATINA
3.- Explotación prioritaria olivar de regadío (16 ha en Mágina):
En 2015-2020 perdió el 9,5% (1.990 €)
En 2021-2022 pierde un 27% (5.100 €).
Agroinformación.
-El nuevo Gobierno de Estados Unidos liderado por Joe Biden no considera necesario modificar o enmendar los aranceles sobre productos europeos, entre ellos la aceituna española, que aprobó el Ejecutivo de Donald Trump en el marco de la disputa por los subsidios a Airbus. “El Representante Comercial de Estados Unidos, junto con la industria afectada, ha acordado que es innecesario en este momento revisar la acción de la investigación en torno al cumplimiento de los derechos de Estados Unidos en la disputa de la Organización Mundial de Comercio sobre los subsidios a aviones comerciales”, aseguró el organismo del país en la edición del viernes del Federal Register, el equivalente al BOE de España.
Durante la campaña electoral, Biden aseguró que no tenía previsto dar marcha atrás a las acciones comerciales que había emprendido Donald Trump, pero que las revisaría cuando llegara al cargo. A principios de febrero, el nuevo presidente decidió reactivar los aranceles a las importaciones de aluminio de Emiratos Árabes Unidos, que Trump había eliminado al final de su mandato.
Estados Unidos aprobó aranceles de entre un 10% y un 25% a una serie de importaciones europeas, desde productos de aviación civil a productos agrícolas. Estos impuestos, autorizados por la OMC por los subsidios a Airbus afectan principalmente a Alemania, Reino Unido, Francia y España, gravando sectores como el del queso, el aceite, el vino o la aceituna.
«Inquietud» en España
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció ayer la «inquietud» de los sectores afectados tras conocerse que el nuevo Gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, no considera necesario modificar o enmendar los aranceles sobre productos europeos, entre ellos el aceite de oliva y la aceituna española.
«Comprendo la inquietud del sector y de los afectados, pero la organización de la nueva Administración lleva un tiempo. Estoy convencido de que, en los primeros contactos europeos, tanto por la CE como los bilaterales de España, con la nueva Administración de EEUU esta cuestión estará presente y antes o después conseguiremos la eliminación de estos injustos aranceles», aseguró.
«Estamos en contacto con la Comisión Europea, a la cual le he reiterado el tema, para que, de aquí a agosto, fecha de la siguiente revisión, y cuanto antes mejor, se pueda negociar con EEUU la eliminación de estos aranceles injustos», subrayó, recalcando que este tema es una «prioridad» para Bruselas.
Por otro lado, Planas volvió a reiterar que su Departamento está trabajando para conseguir un «acuerdo nacional» para la futura aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, tras haber surgido en las últimas semanas «determinadas informaciones que no se ajustan a la realidad».
«No puedo tolerar que se empiecen a difundir informaciones que no se ajustan a la realidad, que quiero cortar de raíz, porque genera preocupación en el sector. Quiero hacer una llamada a la responsabilidad de todos. Hace falta información, pero veraz para que este debate tenga lugar de forma sosegada para alcanzar un gran acuerdo nacional que es lo que beneficiará a agricultores y ganaderos», recalcó.
El Independiente.

 
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