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Semana del 7 al 14 de marzo de 2021.

Las Asociaciones reclaman contundencia y como quien oye llover

Una vez más, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la "guerra de precios" de las cadenas de distribución pase factura en el campo. 

Actualizado 18 marzo 2021  
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Redacción Agrolibre
  
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Una vez más, decimos nosotros, se comprueba la inanidad de la “cadena” como garantizadora de precios, porque se quiera o no el productor necesita vender para que su empresa siga viva y dado que cada productor tiene un precio de coste, o mejor produce con costes diferenciales, en eso consiste la “competitividad empresarial, lo que siempre ocurrirá, es que nadie acuerde un precio satisfactorio para todos. ¿Cómo compaginar un precio único en origen por ejemplo para el aceite de oliva, cuando la diferencia de costes es de uno a cuatro?    

Aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se asegura siempre que están dispuestos a dialogar ante las críticas de todo el sector ganadero español, el Pleno del Senado ha rechazado este miércoles 10 una moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proceso de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) dejando de ser una especie cinegética.
Es decir que el MITECO miente con toda la cara y sin embargo el MAPA permanece absolutamente callado, ¿para qué queremos a ningún Planas?
El MITECO se basa para su decisión en el informe del Comité Científico y de nuevo miente porque en el informe del comité científico “no se dice en ningún caso que se tenga que incorporar al lobo en el Lespre” y se ha aclarado que, “mayores especialistas en el tema son los ganaderos que al estar en ese medio rural con sus ganados son los que sufren los ataques de los lobos”. 

La Fundación Savia ha remitido una carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresando su respaldo hacía esa convergencia real que está generando un debate bastante polémico y donde le plantea “¿es qué queremos continuar con el actual desequilibrio entre regiones? ¿O estamos dispuestos a reconocer todos de forma clara esta realidad como primer paso para cambiarla y mejorar la justicia de la aplicación de la PAC en nuestra tierra?” El último informe de la ONU, sólo se han cumplido en un 0,5% de los objetivos planteados para la lucha contra el cambio climático, una lucha a la que se suma el Pacto Verde Europeo, una herramienta en la que debe apoyarse la futura PAC, que anteriormente ha podido contribuir “lastimosamente” a la despoblación, pues una gran cantidad de los fondos agrarios han tenido como destino las grandes y medianas ciudades y no el medio rural. Actualmente, España tiene “50 Regiones productivas con diferencias en los valores medios de las ayudas por hectárea difíciles de asimilar”.
A estas ideas se han adherido autonomías como la de Castilla la Mancha que están en la zona baja de las percepciones y ya esta semana Francisco Martínez Arroyo, su consejero de Agricultura, habló sobre la reunión que mantuvieron hace unos días con el ministro de Agricultura, en su Comunidad Autónoma. Para el consejero, en el caso de la PAC, tanto las organizaciones, las cooperativas como la administración volvieron a reiterar que haya una convergencia “en muy poquitas regiones y de manera rápida a partir de 2023”, en la nueva PAC.
A su juicio, “es lo que va a tener una verdadera incidencia en la renta de los productores en el futuro y con pocas regiones para conseguir ese objetivo de que los agricultores reciban la misma ayuda por hectárea tengan donde tengan su explotación”. Para ello, considera que hay que aproximarse al resto de países europeos que tienen una única región agronómica, “o dos como mucho”, y que tratan por igual a los agricultores y ganaderos.
Terminemos señalando sobre este tema que también, en la semana pasada, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha vuelto a señalar que estamos en la recta final de las negociaciones de la PAC, pero que aún, como hace ya dos años, quedan por acordar temas de gran transcendencia. En las próximas semanas, nos ha dicho, se iniciarán reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, que concluirán en mayo con el tercer debate político y en el que se tomarán decisiones claves para una PAC destinada a agricultores y ganaderos.
Respecto al decreto de convergencia, ha destacado que es una exigencia de la Comisión, si bien asegura estar abierto a buscar fórmulas que, respetando el avance de la convergencia, permitan alcanzar un acuerdo de futuro que incluya el 2022.
“Por otra parte, se ha referido a la necesidad de concluir el proceso de convergencia, de manera que, dentro de una misma región, la ayuda básica a la renta, al final de dicho proceso, dos agricultores en semejantes condiciones reciban el mismo apoyo a la renta”.
Ven ustedes como se intenta escapar el ministro… Ahora ya nos habla de región…  

El exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, ha denunciado un despilfarro de 50 millones de euros para descontaminar el embalse de Flix (Tarragona) que ya estaba limpio. Dicha adjudicación fue realizada por la actual dirección de Acuamed ante la sospecha de posibles irregularidades cometidas por el equipo anterior.
El Ministerio de Medio Ambiente aprobó en 2007 el proyecto para la descontaminación química del embalse y se lo adjudicó a FCC por 133.743.146 euros. Un informe del CSIC en octubre de 2015 indicó que se había descontaminado el 98% y entonces se dieron por concluidas las tareas de descontaminación.
Aclararemos alguna vez el contubernio MAPA, Acuamed, Tragsa…

Noticias.
-El sindicato se presenta a las elecciones al campo del 25 y el 26 de marzo para continuar siendo presente en todos los ámbitos donde se da voz a la agricultura. 
Unió de Pagesos reclama, en su programa para las elecciones agrarias del 25 y el 26 de marzo, con el lema Con Unión ganas tú, el logro de unos precios justos y una renta digna para el campesinado. Para ello, el sindicato reivindica una regulación de las lonjas y los mercados en origen, y el establecimiento de un nuevo mecanismo público de información comercial. También ha trabajado, y sigue trabajando para que la Ley de la cadena alimentaria defina cuál es la posición de dominio para la gran distribución, y que sancione la reventa a pérdidas. Por otra parte, el sindicato reivindica las organizaciones de productores y las circunscripciones económicas catalanas como figuras que pueden ayudar a organizar campesinado dentro del mercado.
Por otra parte, Unió de Pagesos, que ha presentado hoy su programa, en rueda de prensa en Lleida, pide la creación de un instrumento de estabilización de ingresos financiado por la Unión Europea para ayudar en la mejora de los precios en origen, y mientras no se alcance, reclama la mejora de las actuales líneas de seguro y también propone un seguro autonómico catalan.
Otro de los puntos del programa del sindicato hace referencia a la necesidad de acabar con las situaciones de fraude de propietarios y usufructuarios que no se dedican a la agricultura. Por ello, insiste en el reconocimiento de la figura del agricultor activo a la Política Agraria Común (PAC). También pide que la PAC sirva para declarar situaciones de perturbación de mercado y que desencadene mecanismos para socorrer sectores en crisis.
En cuanto a la garantía del relevo generacional, el sindicato defiende un plan nacional que contemple la asesoría, un fondo de tierras, financiación, un programa para emprendedores y una red de viveros de empresas. Unió de Pagesos también reivindica unos costes asumibles para el campo profesional, con un IVA reducido para todos los bienes y servicios de la producción, tarifas específicas para el regadío y PYME agroindustriales, así como un gasóleo profesional y la exclusión de los vehículos con fines agrarios y forestales de las inspecciones periódicas de las ITV. También exige acabar con la tributación ilegal de las construcciones e instalaciones de regadío y al derecho del campesinado a producirse el material vegetal que necesita.
El sindicato también trabaja para dejar sin efecto las obligaciones adicionales del Decreto de fertilización, por una verdadera mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias, para detener la especulación y el modelo depredador de los espacios agrarios, por unas prestaciones y cotizaciones sociales para campesinado equiparables a las del resto de la ciudadanía, una gestión eficiente de la fauna salvaje, unos espacios agrarios protegidos y productivos, una simplificación de los trámites burocráticos para la agricultura y unos servicios al mundo rural en igualdad de condiciones a los del resto del territorio.
Unió de Pagesos se presenta a las elecciones agrarias del 25 y el 26 de marzo, las séptimas que se convocan, con el objetivo de obtener la máxima representatividad para continuar estando presente en todos los ámbitos donde se da voz a la agricultura. El sindicato, que es el que tiene más implantación territorial, más incidencia social y política y más compromiso con el territorio, su gente y el país, quiere seguir presente en todos los ámbitos de interlocución.
Unió de Pagesos formula un programa de objetivos de política agraria, económica y social, como interlocutor del sector agrario y del mundo rural en defensa del campesinado. En las últimas elecciones agrarias, el 28 de febrero de 2016, Unión de Pagesos obtuvo el 56,78% de los votos y la 67,37% de la representatividad, y es la organización agraria mayoritaria.
Las elecciones en el campo se harán por primera vez mediante voto electrónico. El jueves 25 de marzo podrán votar personas físicas y jurídicas desde casa y los puntos de voto telemático habilidades para Agricultura, y el viernes 26 de marzo sólo las personas físicas, presencialmente, en los puntos de voto telemático. 
Unió de Pagesos.
-Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la “guerra de precios” de las cadenas de distribución pase factura en el campo. Así se lo han trasladado durante la ronda de contactos celebrada durante las últimas semanas en el marco de la tramitación del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Ante la pérdida de poder adquisitivo provocada por la pandemia en millones de hogares, las ofertas promocionales de productos de primera necesidad (pollo, leche, huevos y aceite) han ganado peso en las estrategias comerciales. Las organizaciones temen, que tal y como ha sucedido en otras crisis económicas, la batalla por arañar puntos en la cuota de mercado acabe “financiada” por el sector agrario. “Resulta intolerable que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice para atraer consumidores a los puntos de ventas, destruyendo tejido productivo y abocando a la mayoría del sector a producir a pérdidas”, han afirmado los máximos responsables de UPA, COAG y ASAJA.
Los ganaderos avícolas y de vacuno de leche ya han experimentado esa presión a la baja durante el proceso de renovación de los nuevos contratos. En el caso de los productores de leche, actualmente los precios en origen se han reducido entre 2 y 3 céntimos por cada litro, mientras que el resto de eslabones mantienen rentabilidad en sus márgenes. En el sector avícola, varias cadenas han lanzado ofertas al consumidor mientras que los productores afrontan una subida de costes continuada recibiendo precios un 5,5% inferiores en lo que va de año respecto a las cifras del año pasado.
Ante esta situación en las cadenas de distribución, COAG, ASAJA y UPA han traslado su preocupación a todos los partidos políticos. Varias de las enmiendas planteadas en conjunto han sido contempladas por los grupos, ya sea de aquellos vinculados al gobierno como de la oposición, y se sigue trabajando para ampliar la aceptación de las principales reivindicaciones del sector agrario.
Tanto en las comparecencias públicas que tuvieron lugar en el mes de enero en la Comisión de Agricultura del Parlamento, como en dichas reuniones, las organizaciones agrarias han insistido, entre otras cuestiones, en la necesidad de prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón, en crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal HORECA a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, reforzar la figura del mediador, y en generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública.
Las organizaciones agrarias consideran que ahora, y no en otro momento, se debe avanzar en la dirección correcta con la inclusión de estas enmiendas en la ley, así como consolidar el cambio de paradigma introducido a raíz de las históricas movilizaciones del sector en febrero y marzo de 2020: la prohibición de comprar por debajo del precio de coste y de destruir valor en la cadena.

Aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se asegura siempre que están dispuestos a dialogar ante las críticas de todo el sector ganadero español, el Pleno del Senado ha rechazado este miércoles 10 una moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proceso de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) dejando de ser una especie cinegética.
La moción, consecuencia de una interpelación sobre este tema impulsada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) que ha contado con la inclusión de una enmienda de adición, ha registrado 257 votos emitidos telemáticamente, ha tenido 107 votos a favor, 118 en contra y 32 abstenciones, según ha anunciado la presidenta del Senado, Pilar Llop.
A iniciativa del senador del Partido Regionalista de Cantabria José Miguel Fernández, la moción ha contado con la inclusión de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Mixto, para añadir que “el Senado muestra su apoyo al sector de la ganadería extensiva que contribuye al sostenimiento del medio natural y a la pervivencia del mundo rural”.
La moción ha recibido cinco enmiendas procedentes de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Mixto, Izquierda Confederal, el grupo socialista y vasco.
El senador por el Grupo Parlamentario Popular, Jorge Domingo Martínez ha afirmado que la inclusión del lobo en el Lespre “no tuvo consenso suficiente como para sacar esa decisión adelante, ya que fue necesario una segunda votación”.
EL INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO “NO SE DICE EN NINGÚN CASO QUE SE TENGA QUE INCORPORAR AL LOBO EN EL LESPRE” Y LOS “MAYORES ESPECIALISTAS SON LOS GANADEROS”
Durante la defensa de la moción, Martínez ha criticado que en dicha elección “tuvo el mismo peso una comunidad autónoma que tiene una elevada población de lobo y daños provocados por el mismo, que aquellas que ni siquiera tienen lobo”.
Martínez ha manifestado que en el informe del comité científico “no se dice en ningún caso que se tenga que incorporar al lobo en el Lespre” y ha declarado que los “mayores especialistas son los ganaderos” al estar en ese medio rural con los “potros y ovejas que son atacados por los lobos”.
Durante el encuentro, Martínez ha destacado una nueva carta abierta por parte de diez comunidades autónomas que “están defendiendo lo mismo que nosotros” y que reflejan “las necesidades que están pidiendo nuestros ganaderos que no se quejan por capricho”.
Por su parte, el senador del grupo socialista, José Fernández, ha respondido que la coexistencia entre ganadería y esta especie se trata de un tema “prioritario para el Gobierno” y ha destacado que la “España rural suministra bienes y servicios”, así como alberga “el mayor índice de biodiversidad que podemos encontrar”.
En este sentido, Fernández ha abogado por “huir de estereotipos e interpretaciones interesadas que quieren hacer parecer que la defensa del medioambiente implica olvidarse de las personas y no es así porque los pueblos habitados garantizan la conservación del medio natural”.
Así, el senador socialista ha expresado que el objetivo es “encontrar armonía en estos territorios donde ecosistemas y especies que aseguran su equilibrio pervivan juntos donde las personas ganen peso”.
Por último, Fernández ha anunciado que “empoderando a los ganaderos estamos protegiendo a los ecosistemas, así como a las especies incluyendo al lobo” al subrayar, además, que no se trata de elegir entre lobo y ganadería sino de “fortalecer la coexistencia predecible para las instituciones y personas”.
Agroinformación.
-Las organizaciones profesionales agrarias están haciendo una defensa cerrada de la posición de privilegio de una parte de sus representados, oponiéndose a cualquier modificación que los debilite en las Ayudas Directas de la PAC. Ciertas autoridades territoriales, también están mostrando su rechazo al cambio.
La reforma de la Política Agraria Común para el periodo 2023-2027 plantea una convergencia en la cuantía de pagos que realiza una redistribución, un reequilibrio en la distribución de los pagos. La Fundación Savia le ha remitido una carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresando su respaldo hacía esa convergencia real que está generando un debate bastante polémico y donde le plantea “¿es qué queremos continuar con el actual desequilibrio entre regiones? ¿O estamos dispuestos a reconocer todos de forma clara esta realidad como primer paso para cambiarla y mejorar la justicia de la aplicación de la PAC en nuestra tierra?”
El último informe de la ONU, sólo se han cumplido un 0,5% de los objetivos planteados para la lucha contra el cambio climático, una lucha a la que se suma el Pacto Verde Europeo, una herramienta en la que debe apoyarse la futura PAC, que anteriormente ha podido contribuir “lastimosamente” a la despoblación, pues una gran cantidad de los fondos agrarios han tenido como destino las grandes y medianas ciudades y no el medio rural. “El municipio de Madrid (con 101 explotaciones) recibe 206 millones de euros de los fondos agrarios”.
Actualmente, España tiene “50 Regiones productivas con diferencias en los valores medios de las ayudas por hectárea difíciles de asimilar”, afirma Savia, y añade que las diferencias reales en el reparto dentro de cada una de las regiones son “estrambóticos”. Ponen como ejemplo la Región 09.02 de cultivos permanentes, “el intervalo va desde los 0,76 a los 20.063,39 €/ha”, aseguran en su misiva.
La organización manifiesta que “algunos olivares de Jaén, recogidos en dos de las tres de las regiones productivas de cultivos permanentes, se encuadran en:
. “19.02” en la que están los olivares de las Sierras de Segura y Cazorla, y los del Condado, olivares tradicionales de sierra, en general de secano, sobre suelos en pendiente, poco desarrollados; en resumen, producciones cortas y coste de cultivo altos ya que es muy difícil la mecanización de las labores, especialmente la recolección. Con los precios actuales medios del aceite no se cubren gastos, el pago directo medio es de 338´31 €/ha.
. “21.02”, olivares de La Loma, también tradicionales, pero sobre suelos de campiña y con una alta proporción en regadío, producciones mucho más altas, costes por aceite producido, mucho menores, con rentabilidad positiva. La subvención media es de 503´81 €/ha”.
. La entidad lo denomina como discriminatorio según el modelo de producción y del territorio, y aportan datos de uno de los estudios de costes del olivar de la Asociación de Municipios del Olivo (AEMO), donde en el cálculo de la rentabilidad de cada uno de los tipos de olivar, “mantienen la cuantía de la ayuda directa de la PAC como un tanto fijo por unidad de peso de aceite (0´90 €/Kg de aceite), igual para todos, se trate de “olivar tradicional de secano no mecanizable” o “intensivo de riego” o cualquier otro”.
La Fundación Savia sostiene que el actual sistema de reparto de ayudas contribuye a incrementar la desventaja de las zonas con más dificultades y no encaja con los objetivos declarados de la futura PAC, con mantener el incremento de la competitividad, con el apoyo al relevo generacional, ni con mantener las zonas rurales vivas.
El tejido socioeconómico, de las zonas rurales, necesita, que la nueva PAC establezca una convergencia real y “acabar definitivamente con los privilegios”, concluyen su escrito desde Savia.
Murcia.com
-En la emisión de AGROPOPULAR del 6 de marzo, Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, habló sobre la reunión que mantuvieron hace unos días con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en su Comunidad Autónoma. En el encuentro, en el que estuvieron representantes del Gobierno regional, de las distintas organizaciones y de las Cooperativas, hablaron fundamentalmente de las ayudas de la PAC y de medidas de apoyo al mercado de vino.
Según el consejero, en el caso de la PAC, tanto las organizaciones, las cooperativas como la administración volvieron a reinterar que haya una convergencia “en muy poquitas regiones y de manera rápida a partir de 2023”, en la nueva PAC.
A su juicio, “es lo que va a tener una verdadera incidencia en la renta de los productores en el futuro y con pocas regiones para conseguir ese objetivo de que los agricultores reciban la misma ayuda por hectárea tengan donde tengan su explotación”. Para ello, considera que hay que aproximarse al resto de países europeos que tienen una única región agronómica, “o dos como mucho”, y que tratan por igual a los agricultores y ganaderos.
Según Martínez Arroyo, Planas tomó nota la posición de la Comunidad, pero hay que esperar “a ver qué pasa en las próximas semanas y meses porque tendremos que tener más reuniones con el Ministerio y definir esa política entre todas las Comunidades Autónomas”.
Apoyo al sector del vino
En cuanto a las medidas del mercado del vino, el consejero aseguró que el ministro ha mostrado su compromiso con el sector “llevando este punto en la orden del día del Consejo en Bruselas para ver qué se puede hacer para ayudar a este sector, si hay fondos extraordinarios”.
Espero que así sea”, aseguró, pero si no “hemos mostrado al ministro nuestra disposición de que una parte del programa de apoyo se utilice para ayudas nuestras bodegas y cooperativas” en un momento de dificultad en el que es necesario relanzar el mercado.
Importe unitario definitivo de las ayudas acopladas
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el importe unitario definitivo de las ayudas acopladas a cultivos correspondiente a 2020. Se trata de los pagos al arroz, los cultivos proteicos, los frutos de cáscara y algarrobas, las legumbres de calidad, la remolacha y el tomate para industria.
Una vez fijado este importe, las Comunidades Autónomas pueden proceder ya a abonar el 100% de las ayudas. Hay que recordar que el importe definitivo de la ayuda específica al algodón suele publicarse hacia el mes de mayo. El provisional se comunicó a finales del pasado mes de enero.
Martínez Arroyo recordó que es prácticamente el último paso que faltaba para conocer los importes definitivos de las ayudas en esta campaña.
En Castilla-La Mancha hicieron el pago de los frutos de cáscara, que tiene muchos perceptores en la región. Según el consejero, “es una ayuda muy social, 2,4 millones de euros en esa ayuda acoplada que se suman a las ya hechas antes de Navidad para todos los sectores ganaderos -en total 25 millones para ayudas acopladas y en el conjunto de la PAC 545 millones en esta campaña-, que pone de manifiesto la importancia de esta política”.
Finalmente, Martínez Arroyo mostró su satisfacción por la suspensión temporal de los aranceles por parte de la Administración Biden, que afectaba al vino, al aceite de oliva y al queso manchego. “Es una noticia muy buena que tengamos cuatro meses de tregua que permite negociar a dos socios comerciales leales”, concluyó.
Agropopular.
-El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.
Este programa, que cuenta con una dotación de 30 millones de euros, favorecerá el ahorro energético y, con ello, la mejora de la competitividad del sector, así como la utilización de las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que prevé la necesidad de medidas de apoyo al ahorro energético, instalación de renovables y reducción de emisiones en el sector primario. Las ayudas cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto.
Las inversiones que se apoyan contribuirán a la generación de empleo y la actividad económica, claves en un contexto de recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19.
Esta línea de ayudas se financiará con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y será coordinada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Tras la publicación de este Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, cada comunidad autónoma deberá aprobar y publicar su convocatoria de ayudas y designar al órgano competente para instruir y resolver su proceso de concesión. El programa estará en vigor desde el día siguiente a su publicación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Las subvenciones se concederán de manera directa por orden de entrada a las convocatorias que establezcan las comunidades autónomas.
El programa se suma a otras actuaciones impulsadas por el Gobierno que contribuirán al ahorro de costes energéticos en el sector, como la nueva metodología de cargos que, junto a los nuevos peajes establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, fomentarán las medidas de ahorro y eficiencia
Actuaciones centradas en el ahorro de energía
Entre las actuaciones subvencionables destacan aquellas centradas en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío como:
. La sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes energéticamente
. La implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos o la sustitución por equipos más eficientes energéticamente en bombeos
. La implantación o modernización de sistemas de regulación, control y monitorización de la red de riego que contribuyan de forma directa al ahorro de energía
. La instalación o sustitución de baterías de condensadores para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo.
No serán elegibles aquellas actuaciones que contribuyan al incremento en el consumo de agua o de la superficie regable.
También serán elegibles aquellas actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y a la utilización de energías renovables térmicas en explotaciones agrarias como:
. Actuaciones sobre la envolvente térmica que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración de los edificios agropecuarios, incluyendo soluciones bioclimáticas
. Actuaciones en las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria como las destinadas a los procesos de pasteurización y conservación de productos perecederos, a la climatización de naves de ganado e invernaderos, refrigeración en procesos de fermentación del vino, etc.
. Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación, distribución, regulación y control y elementos terminales de las instalaciones térmicas, incluyendo el aprovechamiento de calores residuales y nuevas redes de calor
. Sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por energías renovables térmicas (energía solar térmica, biomasa, energía geotérmica, energía ambiente (aerotermia o hidrotermia), bombas de calor o una combinación de ellas). No se considerará elegible la sustitución de un generador térmico por otro que utilice combustible de origen fósil
. Reforma o sustitución de instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior
. Renovación de motores para accionamientos mecánicos y otros servicios propios de estas actividades
Requisitos de elegibilidad
Para que un proyecto sea subvencionable deberá:
. Conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de partida
. Justificar el ahorro de energía final mediante uno de los métodos de cálculo del anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, y según la Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019
Destinatarios de las ayudas
Los destinatarios de esta línea de subvenciones serán aquellas personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que sean titulares de una explotación agropecuaria; las Comunidades de Regantes y otras organizaciones dirigidas a la gestión de agua para el riego agropecuario o la gestión común de otros combustibles y fuentes de energía para fines agropecuarios; los titulares de explotaciones agropecuarias de regadío que utilicen redes de riego que necesiten consumo de energía eléctrica; cualquier organización de productores agropecuarios reconocida, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, según queda recogido en la Directiva 2018/2001 sobre fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; así como las empresas de servicios energéticos.
El reparto presupuestario por comunidades autónomas se corresponde con la distribución de explotaciones agrarias y regadíos en los distintos territorios. Para la distribución territorial del crédito se han utilizado los siguientes informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los que se ha determinado la distribución presupuestaria: Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) de 2020 para explotaciones agrícolas, del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) de 2020 para las ganaderas, así como los datos de superficie de regadío de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) de 2019. En todo caso, constituye un reparto inicial que podrá ser ampliado en aquellos casos en que se agote el presupuesto inicial en alguna Comunidad, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
Consejo de Ministros. 
-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que estamos en la recta final de las negociaciones de la PAC, pero aún quedan por acordar temas de gran transcendencia
En las próximas semanas se iniciarán reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, que concluirán en mayo con el tercer debate político y en el que se tomarán decisiones claves para una PAC destinada a agricultores y ganaderos
Respecto al decreto de convergencia, destaca que es una exigencia de la Comisión, si bien asegura estar abierto a buscar fórmulas que, respetando el avance de la convergencia, permitan alcanzar un acuerdo de futuro que incluya el 2022
El acuerdo comercial con el Reino Unido será positivo para el sector agroalimentario y dotará de estabilidad a la flota pesquera española
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 y su aplicación en España, así como sobre el resultado de las negociaciones de la Unión Europea con Reino Unido por el BREXIT.
Con respecto a la PAC, ha recordado que España contará con un presupuesto suficiente, 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027. Fondos que, con la cofinanciación de las administraciones y los planes de recuperación, ascenderán a más de 53.000 millones de euros con los que agricultores y ganaderos podrán hacer frente a los desafíos de la próxima década: sostenibilidad ambiental, digitalización y relevo generacional, con especial atención a la mujer, para trabajar por una igualdad real de género en el medio rural.
BILATERALES EN ABRIL Y CONFERENCIA MONOGRÁFICA EN MAYO
De forma paralela, y en las próximas semanas, el ministro ha anunciado que iniciará reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas para explorar los puntos de acuerdo sobre cuestiones fundamentales y antes de que se celebre la tercera y última sectorial monográfica de la que saldrá el modelo de aplicación de la PAC en España.
Entre las cuestiones clave está la definición de agricultor genuino, en la que se deberá tener en cuenta el caso de los pequeños perceptores de ayuda y la simplificación de las regiones de pago. A este respecto, Planas ha señalado el esfuerzo que va a suponer llegar a un acuerdo sobre el número a adoptar, “que aún no está escrito”, pero se ha mostrado dispuesto a trabajar con las comunidades autónomas para encontrar una fórmula que pueda ser aceptada por todas. 
Por otra parte, se ha referido a la necesidad de concluir el proceso de convergencia, de manera que, dentro de una misma región, la ayuda básica a la renta, al final de dicho proceso, dos agricultores en semejantes condiciones reciban el mismo apoyo a la renta. 
También se abordará la necesidad de introducir un pago complementario redistributivo, así como los aspectos relativos a la degresividad de las ayudas, a partir de 60.000 euros y la limitación de los pagos a partir de 100.000 euros, teniendo en cuenta los costes salariales y los costes imputables a los servicios contratados por las explotaciones. 
En cuanto a las ayudas asociadas, hay un amplio consenso en mantener la tipología actual de estas ayudas, sin perjuicio de que sea necesario realizar ajustes puntuales. Igualmente, los eco-esquemas serán otro de los puntos sobre los que habrá que acercar posiciones. 
El ministro ha señalado que, tras la reunión de mayo, España presentará a la Comisión Europea un borrador informal de plan estratégico nacional antes de agosto. Ha confiado en que podría estar definitivamente presentado a la Comisión Europea a finales de 2021 o a comienzos de 2022, con suficiente tiempo para hacer los desarrollos legislativos y técnicos, antes de la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2023. “Un cronograma muy apretado”, ha señalado.
TRANSICIÓN Y CONVERGENCIA
Hasta que entre en vigor la nueva PAC, para los años 2021 y 2022 ha habido que asegurar que agricultores y ganaderos puedan seguir percibiendo los apoyos de la PAC, ha explicado el ministro en referencia al real decreto de transición, que cumple con las recomendaciones de la Comisión que ha instado a España a continuar con la convergencia. El ministro se ha mostrado abierto a debatir acerca del proceso de convergencia para la nueva PAC, incluyendo -en el acuerdo global- la convergencia del año 2022. 
BREXIT
Acuerdo que ha puesto en valor, porque en el ámbito agroalimentario se ha cerrado sin aranceles ni contingentes, lo que facilitará mantener los flujos comerciales de exportación, mientras que en el pesquero permite a la flota trabajar con total normalidad y sin apenas fricciones.
Por lo que se refiere a la pesca, la negociación fue dura, pero con un resultado positivo para España porque mantiene el statu quo en el acceso a las aguas británicas de la flota española. Se cerró como España había solicitado: con una cesión de cuotas directamente proporcional a la actividad pesquera de cada Estado miembro en aguas británicas.
Ha valorado que fuera del acuerdo se quedaran los stocks del sur que utiliza fundamentalmente la flota de bajura como la caballa, bacaladilla, anchoa y jurel. 
Un acuerdo que dota de la necesaria estabilidad a la flota pesquera española.
MAPA.
-La CE reconocía esta semana que los planes de la transición verde de Bruselas tendrán «impactos negativos a corto plazo» para la agricultura comunitaria, pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prefiere mostrarse optimista y ha asegurado que “vamos a contar con financiación e instrumentos para abordar esa transición hacia un modelo del siglo XXI con garantías“, a la vez que ha puesto en valor el papel que jugará el sector agroalimentario en la recuperación económica en España, avalado por su capacidad de abastecer y mantener la fluidez de los mercados interior y exterior.
Luis Planas ha realizado estas declaraciones, este lunes 8, en el webinar ‘Presente y futuro del sector agroalimentario en España’ organizado por el grupo empresarial de Lleida “Forum Empresa”.
Ha recordado que, en un escenario mediatizado por la crisis sanitaria durante este último año, el sector ha demostrado un comportamiento ejemplar, tanto a la hora de abastecer de alimentos a la población como en las exportaciones.
De hecho, en un año tan difícil como el 2020, ha generado 55.746 millones de euros en exportaciones, que suponen un incremento del 3,9 % respecto al año anterior, con un saldo positivo de 18.076 millones de euros, un 28 % más que en 2019.
Es una prueba de que el sector ha respondido de manera positiva ante una situación muy compleja y difícil. Por tanto, “ahora que afrontamos el escenario de la recuperación, el sector agroalimentario va a jugar un papel protagonista en la reactivación económica del país por su carácter estratégico y esencial, así como por su capacidad para generar actividad en el mundo rural”.
El ministro Planas ha indicado que este papel de palanca tractora en la recuperación económica va a coincidir, además, con una transformación profunda del sector, ya que en línea con los objetivos de sostenibilidad a nivel europeo y mundial, el objetivo es aumentar la productividad con menos recursos.
Ha remarcado que “contamos con las condiciones y la experiencia para que el sistema agroalimentario siga creciendo al mismo ritmo que en estas dos últimas décadas y siga siendo el máximo impulsor de la creación de empleo y riqueza en las zonas rurales”.
EL SECTOR CONTARÁ CON HERRAMIENTAS, FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS PARA SEGUIR EN LA VANGUARDIA
«Es importante que el conjunto del sistema alimentario se posicione en la vanguardia a la hora de satisfacer las demandas sociales y medioambientales globales para continuar ocupando posiciones de liderazgo en la suficiencia alimentaria de Europa y en las exportaciones internacionales», según Planas.
La transición hacia un sector agroalimentario sostenible requiere de un enfoque colectivo y un importante ejercicio de coordinación y colaboración con los diferentes eslabones de la cadena alimentaria: productores, agentes del sector privado, organizaciones no gubernamentales, interlocutores sociales, mundo académico, y ciudadanía y consumidores, así como con el resto de administraciones.
Luis Planas ha insistido en que «afrontamos una década decisiva de transición hacia un modelo agroalimentario del siglo XXI y que vamos a contar con financiación e instrumentos para abordarla con garantías. En este orden de cosas, ha recordado que los tres ejes de esa profunda evolución implican la a transformación hacia sistemas productivos sostenibles y de economía circular; la innovación y digitalización de los procesos; y la vertebración del territorio mediante el relevo generacional en el medio rural».
Agroinformación.
-¿Y si el Nutriscore se cargara la dieta mediterránea? No tengo muy claro quien ha creado el famoso Nutriscore, porque entre unos y otros me han liado, y no lo sé a ciencia cierta, pero el despropósito informativo, o desinformativo mejor diría yo, que ha ocasionado este tema en España, tiene ya dimensiones desproporcionadas.
Este fin de semana leía declaraciones de un responsable de una Administración Pública regional que decía que los productos con DOP e IGP tendían que estar fuera del ámbito de este sistema de etiquetado frontal, cuestión que también han reclamado otros.
Luego hay varias corrientes de científicos, unos a favor y otros en contra del tema, y otros, que han firmado en ambas listas, que también se han enzarzado por el tema. Entrevistas, artículos bien y mal hechos en la prensa generalista que sufren, porque no tienen toda la información, las medias verdades de quien se lo cuenta y que tiene intereses, y los que lo escriben no lo saben, y nunca lo sabrán.
Todo un despropósito, pero lo que sí que tengo claro es que, si un sistema de etiquetado frontal tiene que sacar, por el artículo 33, determinados productos de su ámbito de aplicación, el modelo no funciona y parece ser que es lo que ocurre con Nutriscore.
Y voy a ir un poco más allá. Este fin de semana me hacía una reflexión. ¿Y si resulta que el Nutriscore acaba con la Dieta Mediterránea? Pues es difícil que esto ocurra, pero analizando bien todo lo que está pasando y los resultados del algoritmo famoso, habrá que tener cuidado, porque hay muchos productos amparados por este estilo de vida que salen tocados y hundidos con un etiquetado frontal como el que se propone.
La Dieta Mediterránea es uno de los estilos de vida más saludables del mundo, como lo demuestran los datos de esperanza de vida de nuestro país, pero un sistema de etiquetado como el que pretende implantarse puede demonizar determinados productos de este patrón alimentario y conseguir que la ciudadanía no los tome por tener uno u otro color. Hace falta más formación, es una de las cuestiones en las que inciden la mayoría de los expertos, pero ya sabes qué pasa con esas políticas a medio plazo: no interesan. 
Pero lo que más me llama la atención es que el fin para el que dicen que tiene que servir un sistema de etiquetado frontal, ayudar al consumidor a discernir entre las cualidades de uno u otro producto, no lo va a cumplir Nutriscore, porque va a confundir más aún a los ciudadanos de a pie que no van a saber si ese etiquetado realmente aplica a los productos que compran ellos o no, porque no olvidemos que es un sistema voluntario. Vaya por delante que la idea de un sistema de etiquetado frontal, como ayuda a reducir el sobrepeso en nuestro país, es muy loable, pero comparar productos basándose únicamente en los ingredientes sin contemplar los hábitos y sobre todo propiedades nutricionales y su impacto en la salud me parece que no ofrece muchas garantías.
Parece que Nutriscore NO se adapta a nuestro estilo de vida, no se adapta a la dieta mediterránea: no distingue la calidad y la procedencia de las proteínas de los productos y no es comprensible ni práctico, y no hablemos ya si atendemos a las porciones o frecuencia de consumo de estos alimentos, pero es difícil asumir esto ahora que el debate ya está en la sociedad. Será mejor que reflexionen todos los implicados, también la Administración Pública y salvemos la Dieta Mediterránea, no vaya a ser que de este experimento haya gente que deje de tomar algunos productos amparados por este patrón de vida que, además, es símbolo de nuestra cultura y tradición.
R.Miguelañez. Qcom.es
-El exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, ha denunciado un despilfarro de 50 millones de euros para descontaminar el embalse de Flix (Tarragona) que ya estaba limpio. Dicha adjudicación fue realizada por la actual dirección de Acuamed ante la sospecha de posibles irregularidades cometidas por el equipo anterior.
El Ministerio de Medio Ambiente aprobó en 2007 el proyecto para la descontaminación química del embalse y se lo adjudicó a FCC por 133.743.146 euros. Un informe del CSIC en octubre de 2015 indicó que se había descontaminado el 98% y entonces se dieron por concluidas las tareas de descontaminación.
Tras estallar el caso Acuamed, el nuevo Consejo de Administración de esta empresa pública aprobaba en octubre de 2017 encargar a TRAGSA la finalización de la descontaminación del embalse de Flix con un presupuesto inicial de 44 millones que ascendería finalmente a un total de 50 millones. El presidente actual de Acuamed se ausentó en la votación de la citada adjudicación porque "ocupó puestos directivos en TRAGSA durante más de 25 años"… …
M.A.Perez. Libertad Digital.
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