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Semana del 11 al 18 de abril de 2021.

A veces ,es mejor callarse

Ante el enorme problema de los regantes levantinos, derivados de la escasez de agua, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), en nos ha recordado que ""el agua del Tajo es de todos los españoles y de los de la cuenca, no de toda Castilla-La Mancha" y añadió que "cualquier ciudadano que no pertenezca a la cuenca del Tajo tiene el mismo derecho al agua que un murciano".

Actualizado 22 abril 2021  
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Redacción Agrolibre
  
¡Qué machote verdad! y cuando ocurrió la negativa del trasvase del Ebro, (que hubiera solucionado todos estos problemas), ¿dónde estabas? Y, ahora incluso que te niegas a que Toledo tenga el caudal ecológico necesario para no convertirse en un estercolero… ¿sigues permitiendo que la cuenca del Ebro tenga reconocido un caudal ecológico 20 veces superior a la del Tajo? A nosotros estas actitudes nos parecen más que dudosas. 

Comentarios.
“Se necesitan transformar los sistemas agroalimentarios del mundo porque, sin desarrollo rural, no hay desarrollo sostenible, comentó Julio Berdegué, subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la inauguración del séptimo Congreso Anual de Economía y Políticas Públicas Sobre México organizado por la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)”. Tomamos buena nota de que, en el fondo “sine agricultura nihil”. 

La Unió de Llauradors ha denunciado, con toda la razón del mundo, la doble vara de medir que utiliza la Comisión Europea que, por una parte, pretende imponer una dura condicionalidad social para acceder a las ayudas con la nueva Política Agrícola Común (PAC), mientras que, por otra parte, “hace la vista gorda y concede ayudas a países terceros o permite las importaciones que incumplen la normativa comunitaria en materia laboral, fitosanitaria o de apoyo a la mujer”. Carles Peris, secretario general de la Unió, ha señalado también que, “la Comisión Europea que nos impone cada vez más exigencias, nos retira productos fitosanitarios sin alternativas, nos quiere pedir ahora más condicionalidad social en una Europa del siglo XXI sobre aspectos en los que somos de los más avanzados del mundo, mientras que permite que luego entren productos en los mercados comunitarios que no cumplen con ninguno de esos condicionantes”. 
Es un viejo tema que, al menos nuestros dirigentes agrarios, deberían enfrentar. 

Según nos cuentan en Libre Mercado:
 “el Gobierno ha presentado por fin, el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia” exigido por Bruselas. 
Nos dicen que, en uno de los apartados y en letra pequeña se puede leer las reformas fiscales que planea el Ejecutivo, entre ellas, "la revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos, todo apunta a que incluirá subidas de impuestos a estos combustibles para desincentivar su uso.
Según informa el diario El Economista, la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es retomar el polémico impuesto al diésel, tal y como han indicado fuentes cercanas al Ministerio a dicho diario. El pacto verde del Gobierno con la Unión Europea trataba la necesidad de equiparar la fiscalidad de los combustibles de España con los fijados por la UE. Ahora, el Plan de Recuperación recoge esa nueva amenaza para los contribuyentes españoles, que sufren una de las presiones fiscales más altas del territorio europeo.
Además de la reforma de medidas fiscales en los carburantes, el documento también incluye "las bonificaciones de la revisión de los hidrocarburos utilizados como carburante", que figuran dentro del plan hacia la transición ecológica marcada por el Gobierno.
Otro de los ‘impuestazos’ que aparece es el tributo sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que introduzca un gravamen a los envases de plástico no reutilizables. En este sentido, el plan del Gobierno señala una modificación del "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero", cambio que se contempla dentro la revisión de la fiscalidad de los carburantes.
Pero el plan no solo prevé subidas a los impuestos del hidrocarburo. El texto recoge el deseo de "analizar en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes". Es decir, el informe habla de subidas también al Impuesto de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, tal y como venía comentando la ministra de Hacienda.
Como hemos recogido en nuestro artículo semanal, todo lo que nos han informado, desde Libertad Digital, debe poner sobreaviso a todos los componentes del Sector agrario. 
¡Atención Planas que vienen curvas! 


Según Teresa Ribera, quienes deseen adquirir un vehículo eléctrico podrán recibir ayudas de hasta 7.000€ siempre y cuando se desprendan de un coche con hasta siete años de antigüedad. La cuantía se reduce a los 5.000€ para los híbridos enchufables. En total, el gobierno desea invertir unos €400 millones en subvenciones directas a la compra del automóvil (eléctrico), englobadas todas ellas en el MOVES III.
Aunque nada, nos extraña, de lo que ocurre en nuestra actual España, sí queremos insistir en que, en esta ocasión, la cuantía reservada por el Estado para fomentar la adquisición de vehículos privados cuadruplica a la habitual. El MOVES II estuvo dotado con apenas €100 millones. La práctica cuenta con una larga tradición entre gobiernos de todos los colores: desde el Plan 2000E de 2009 (€100 millones y hasta 1.500€ por compra); hasta los ¡siete! planes PIVE aprobados por el ejecutivo de Rajoy entre 2012 y 2015 (€890 millones en total). Es política de estado.
Semejante torrente de dinero público puede generar agravios comparativos. ¿Por qué se subvenciona la adquisición de bienes de consumo carísimos reservados, por lo general, a las clases más pudientes? El coche eléctrico más barato en el mercado, recordemos, ronda los 15.000€, pero el precio medio del sector es mucho más elevado (en torno a los 30.000€). En contraposición, sigue sin existir un plan de ayudas estatales para la compra de bicicletas eléctricas (igualmente móviles y sostenibles).
Sólo dos comunidades autónomas, Madrid y Valencia, contemplan hoy programas de subvenciones directas para las dos ruedas, ambos lindantes en los 500.000€ (600€ por aparato siempre y cuando no sea deportiva o gama alta). Una minúscula fracción en comparación con las ayudas que no sólo este año, sino todos los precedentes, obtiene el coche. Similares comparativas se pueden trazar con otras ayudas o subvenciones. 
¿Es el coche un bien social que debamos costear entre todos? Ustedes mismos… …

Planas, sigues sin levantar la voz. Hasta el mini-ministro Garzón, ejemplo de la mayor inanidad posible, te está “mojando la oreja”. 
“El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido en regular el sistema voluntario de etiquetado frontal de alimentos Nutriscore, a pesar de las críticas en su contra vertidas por parte de las empresas del sector, y ha anunciado que le pedirá a la Comisión Europea que sea obligatorio.
“En nuestra intención no está, en absoluto, aplazar el Nutriscore. Es una herramienta que ya existe, lo que hacemos es regular lo existente”, ha afirmado Garzón, que también ha destacado que el sistema es voluntario y no pueden obligar a adoptarlo, a la espera de que la Unión Europea aborde cambios en el etiquetado -bajo este modelo u otro-, de forma obligatoria.
De verdad Planas, es que no te das cuenta de que, Nutriscore, si no se modifica, supone un ataque frontal a todas las producciones mediterráneas. ¡A qué esperas para levantar la voz! 
Al menos el eurodiputado de Ciudadanos y portavoz en materia de comercio y consumo, Jordi Cañas, ha conseguido un nuevo respaldo del Parlamento Europeo a su iniciativa para que, el aceite de oliva y otros productos de la dieta mediterránea queden al margen de la etiqueta Nutriscore que prepara la Comisión Europea, una reivindicación del sector agroalimentario español.


“La gente teme que pueda aumentar la inflación y ante esto no hay mejor protección que invertir en agricultura, porque la subida de alimentos reflejará esa inflación. La industria se ha preparado con fondos de energía y tecnología, pero en agricultura hay muy pocos. Y es necesario invertir en este tipo de empresas para que mejoren su productividad y contaminen menos. Con el Covid la tecnología ha sido la ganadora, pero la agricultura va a continuar con buenos rendimientos los próximos años.”
Para Marc Garrigasait de Panda Fund, “nada protege más contra la inflación que invertir en agricultura”. Pensemos sobre ello.

Terminemos señalando con ASAJA-Jaén que: “en la Ley de medidas urgentes contra la sequía, publicada el 7 de marzo de 2018 en el BOE, se recogía en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. En este sentido, Pedro Barato se ha dirigido de nuevo al ministro de Agricultura, Luis Planas, para demandar un desarrollo reglamentario para poder aplicarse y que, de esta manera, se palíe en parte el grave problema que se creó a partir de 2008 con la desaparición de las tarifas especiales de riego. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa”. 
¿Cuándo se va a aplicar lo ya aprobado?


Noticias.
- Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), contó que está preocupado por el incremento del caudal del río Tajo que prevé implementar el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en el marco de su nueva planificación hidrológica, y por las repercusiones que tendrá para el uso del agua en el Levante.
Jiménez detalló en antena que la ministra de Transición, Teresa Ribera, ha anunciado una subida de caudales ecológicos que “responde a intereses meramente ideológicos “. A su juicio, la planificación hidrológica debe seguir dos directrices básicas: primero debe asegurar el buen estado de las masas de agua y su potencial ecológico, es decir, que todos los hábitats asociados a esas masas de agua estén en buenas condiciones; en segundo lugar, debe asegurar los usos sociales y económicos que se produzcan con el agua.
Por ello, desde SCRATS reclaman que se mantengan los caudales ecológicos actuales ya que “como dice la propia planificación del Ministerio consiguen el buen estado de las masas de agua y que tengan un buen potencial”. Además, añadió Jiménez, al mismo tiempo se consigue mantener la otra parte de la planificación, es decir que, “con esa agua, que se deriva, florezca una actividad agraria de máximo prestigio en Europa”.
“Hay agua suficiente en este país”
Asimismo, durante su intervención Jiménez resaltó que “el agua del Tajo es de todos los españoles y de los de la cuenca, no de toda Castilla-La Mancha” y añadió que “cualquier ciudadano que no pertenezca a la cuenca del Tajo tiene el mismo derecho al agua que un murciano”.
También reconoció que la situación de los regantes de Albacete “no es buena” y que hay que dotar de agua a todos, aunque recordó que “hay agua suficiente en este país y hay que hacer una gran concienciación social para que esté bien repartida” y evitar que ocurra lo de ahora, “que usuarios de distintas regiones no estemos dando golpes por unos recursos que son de todos los españoles”.
Agropopular.

-El Círculo por el Agua del Levante llevará a cabo protestas ante la delegación del Gobierno en Murcia y las subdelegaciones en Alicante y Almería y buscará la alianza de los municipios afectados, dentro de las acciones que ha anunciado contra la rebaja volúmenes a trasvasar desde el Tajo al Segura.
Asimismo, realizarán distintas acciones en Madrid, tanto "presenciales como no presenciales" y entre las que se incluyen una concentación en la capital para hacer visible su malestar ante la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rebajar los volúmenes del trasvase.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, explicó que "probablemente habrá una asamblea del Círculo en Madrid que termine en algún tipo de concentración frente al ministerio", en la plaza de San Juan de la Cruz, al tiempo que recordó que, aunque no se podrán desplazar mayoritariamente a la capital por la situación de pandemia, la última gran protesta en la plaza de Colón en 2018 convocó a 30.000 personas.
Para Jiménez, portavoz del Círculo por Agua, "estamos en un momento decisivo, en un punto de inflexión, para el futuro de una infraestructura que ha vertebrado hasta ahora el Levante español con el conjunto de la nación" y en este momento se ha aprobado un "elevado e injustificado aumento de los caudales circulantes en el alto Tajo" cuando el Plan Hidrológico del Tajo aseguraba que con los actuales caudales el río gozaba de buena salud ecológica.
A su vez, Jiménez criticó la revisión "a marchas forzadas de las reglas de explotación del trasvase, más allá de los planteamientos ideológicos de la señora ministra del ramo", Teresa Ribera. Con el cambio en las reglas de explotación pasarían de enviarse 38 hectómetros cúbicos a 27 cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) se encuentren en nivel 2.
"El roto que nos va a hacer Ribera con el trasvase", supone algo más de 91 hectómetros cúbicos de agua, según Jiménez, quien rememoró que la ministra "dijo que lo iba a arreglar con un zurcido de desalación", cuando no existen infraestructuras para trasladar las aguas desaladas a las fincas agrícolas, para que se estiman unos ocho años de obras.
En el encuentro, celebrado en la Cámara de Comercio de Murcia, han participado organizaciones agrarias levantinas, sindicatos y empresarios, de industrias hortofrutícolas, quienes han llegado a la conclusión de que para protestar deberán salir a la calle e informar a la población, porque no afecta exclusivamente a los regantes, dado que se producirán incrementos de precio en el agua de abastecimiento.
El presidente del Scrats recalcó que "vamos a estar en Madrid cumpliendo obviamente con la legislación vigente y específica derivada de la covid, y no vamos a estar solamente una vez, sino que estaremos presencial y no presencialmente, y nos vamos a hacer ver física y no físicamente; echaremos manos de la imaginación porque a veces no importa el número, sino hacernos ver y al final buscaremos medidas que visualicen el malestar de los regantes".
El Círculo por el Agua pide además una reunión de cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, es decir, Valencia, Murcia y Andalucía, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "en última instancia es el responsable directo de lo que pueda pasar a partir de este momento".
Jiménez agradeció a los alcaldes de Elche (Alicante), Mula, Archena y Lorca, por su reciente apoyo al trasvase del Tajo, y anunció que habrá "marcha generalizada en todos los municipios" afectados, además de la celebración de asambleas abiertas para trasladar a la sociedad civil las causas de este "cabreo monumental que existe en el sector agrícola".
Finalmente, comentó que se instará a que se reúna el Pacto Regional del Agua de Murcia, ya que PSOE, PP y Cs defendieron el trasvase del Tajo como "pata fundamental" del riego y, por ello, el Círculo por el Agua pide que la Asamblea Regional se pronuncie sobre este aspecto.
Agrodiario.com.
-Se necesitan transformar los sistemas agroalimentarios del mundo porque sin desarrollo rural no hay desarrollo sostenible, comentó Julio Berdegué, subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la inauguración del séptimo Congreso Anual de Economía y Políticas Públicas Sobre México organizado por la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
"Conforme los países crecen y se desarrollan económicamente, el peso de la agricultura en Producto Interno Bruto (PIB) y en (indicadores de) empleo caen; esto lleva a la imagen equivocada en donde lo rural es un sector cada vez más marginal", comentó.
El funcionario de la FAO llamó a cambiar la visión prejuiciosa que se tiene sobre lo rural porque no sólo es la actividad económica primaria de la agricultura, sino hay que observar los servicios y la manufactura directa que influyen en la producción agropecuaria. En este sentido, la actividad económica de la región pasaría de 6 a 30% del PIB y en el caso particular de México, sólo la manufactura y servicios relacionados con la actividad primaria representa 25% del PIB, pero si se agrega todo a la cadena de valor, desde la cosecha hasta que el producto llegue a la mesa de las personas, rondaría 40% PIB mexicano.
"La forma en cómo ocupamos la ruralidad, en todos los aspectos, es una forma que hace casi imposible y (además) cierra todo camino al desarrollo sostenible, por eso la discusión global la necesidad de transformar los sistemas agroalimentario", dijo.  
El panelista recordó que desde la posguerra se creó una narrativa mundial errónea en donde lo rural es sinónimo de retraso o de subdesarrollo y en donde el paradigma fue que el progreso debe ser a costa de lo rural y es ahí donde se empezaron los problemas.  
Emisión de gases de efecto invernadero
Sin embargo, se debe tener cuidado en cómo atenuar el impacto del sector rural en las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global porque en la región latinoamericana este sector produce 50.7% del total de los gases emitidos, a pesar de que la región sólo concentra 9% de la población mundial.
"La agricultura, el cultivo, ganadería, pesca, silvicultura y cambio del uso del suelo aportan más de la mitad del total de los gases de efecto invernadero de toda la región (...) Más que la suma del transporte, la energía, la industria y la vivienda, podemos poner coches eléctricos, lograr que las industrias sean eficientes en materia energética y no suman lo que impacta este sector en gases de efecto invernadero y esto no sólo afecta a los agricultores o la gente del medio rural, nos afecta a todos", sentenció.
El Economista.
-La Unió de Llauradors denuncia la doble vara de medir que utiliza la Comisión Europea, ya que por una parte pretende imponer una dura condicionalidad social para acceder a las ayudas con la nueva Política Agrícola Común (PAC). Mientras, de otra parte, “hace la vista gorda y concede ayudas a países terceros o permite las importaciones que incumplen la normativa comunitaria en materia laboral, fitosanitaria o de apoyo a la mujer”. La pasada semana, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, presentó la nueva PAC y propuso a los gobiernos autonómicos llegar a un acuerdo nacional. La nueva PAC se encuentra en proceso de acuerdo y negociación por parte de las Comunidades Autónomas, junto al Estado y los agentes sociales implicados.
Carles Peris, secretario general de la Unió, señala que “la Comisión Europea nos impone cada vez más exigencias, nos retira productos fitosanitarios sin alternativas, nos quiere pedir ahora más condicionalidad social en una Europa del siglo XXI sobre aspectos en los que somos de los más avanzados del mundo, mientras que permite que luego entren productos en los mercados comunitarios que no cumplen con ninguno de esos condicionantes”. 
En el contexto del Pacto Verde Europeo, que marca el camino para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050, la Política Agrícola Común será fundamental para gestionar la transición hacia un sistema alimentario sostenible y reforzar los objetivos climáticos. La Comisión Europea desea vincular las ayudas agrarias en una nueva condicionalidad social al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones agrarias. “Algo que ya se hace aquí, pues la agricultura europea es de las más avanzadas del mundo en los aspectos agronómicos, medioambientales o laborales”, explicó la Unió. 
De otro lado, el campo exige precios dignos y el reconocimiento del valor añadido de los alimentos europeos, bajo los criterios de sostenibilidad ecológica y social. Preocupa en el sector que “esa adaptación que ya cumplimos sea una nueva vuelta de tuerca y provoque al final un aumento de costes y de burocracia que suponga una pérdida de competitividad frente a las agriculturas de países terceros que no cumplen con los mismos estándares”, añaden los agricultores valencianos en un comunicado. Por ello, la Unió, propone que exista una reciprocidad con las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas, desde las laborales hasta las democráticas pasando por las fitosanitarias o de condicionalidad. Hasta que esto no se cumpla, la organización opina que habría que restringir las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias.
Que se paralicen las importaciones de Turquía
En este sentido, aboga, por ejemplo, por la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países que no tengan ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, como es el caso de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha retirado a su país hace unos días del Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 
También insta a la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países terceros que no cumplan con los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como es el caso de Egipto que prohíbe el reconocimiento oficial de los sindicatos independientes y el pluralismo sindical. Otro caso es el del golpe de estado en la República de la Unión de Myanmar -antigua Birmania-, con una gran represión diaria por las protestas, y donde la Unió ya pidió que se suspendieran cautelarmente las importaciones de arroz libre de aranceles con ese país hasta que no hubiera garantías democráticas.
Valenciaplaza.
-El Gobierno ha presentado el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que enviará a Bruselas. En uno de los apartados y en letra pequeña se puede leer las reformas fiscales que planea el Ejecutivo, entre ellas, "la revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos". Siguiendo los anteriores intentos del Gobierno de Sánchez por subir los tributos en esta materia, todo apunta a que incluirá subidas de impuestos a estos combustibles para desincentivar su uso.
Según informa el diario El Economista, la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es retomar el polémico impuesto al diésel, tal y como han indicado fuentes cercanas al Ministerio a dicho diario.
El pacto verde del Gobierno con la Unión Europea trataba la necesidad de equiparar la fiscalidad de los combustibles de España con los fijados por la UE. Ahora, el Plan de Recuperación recoge esa nueva amenaza para los contribuyentes españoles, que sufren una de las presiones fiscales más altas del territorio europeo.
Además de la reforma de medidas fiscales en los carburantes, el documento también incluye "las bonificaciones de la revisión de los hidrocarburos utilizados como carburante", que figuran dentro del plan hacia la transición ecológica marcada por el Gobierno.
Otro de los ‘impuestazos’ que aparece es el tributo sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que introduzca un gravamen a los envases de plástico no reutilizables. En este sentido, el plan del Gobierno señala una modificación del "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero", cambio que se contempla dentro la revisión de la fiscalidad de los carburantes.
Cabe destacar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aconsejaba subir las formas reducidas e hiperreducidas de IVA en España cuando la crisis económica se superara. Sin embargo, el Ejecutivo no ha seguido estas instrucciones y adelantará la subida de los tributos verdes al 2022, pese a que España tiene siete millones de personas sin trabajar y no se espera que el país se recupere para la fecha estimada por el Gobierno.
Pero el plan no solo prevé subidas a los impuestos del hidrocarburo. El texto recoge el deseo de "analizar en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes". Es decir, el informe habla de subidas también al Impuesto de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, tal y como venía comentando la ministra de Hacienda.
Libre Mercado.
-El gobierno de Pedro Sánchez hizo público ayer el desglose de partidas presupuestarias incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, su proyecto bandera post-pandemia. La movilidad tendrá un rol clave. El ejecutivo ha reservado alrededor de €13.000 millones, casi una décima parte de los fondos recibidos por la Unión Europea, para avanzar la transición hacia la sostenibilidad. Objetivo que pasa irremediablemente por el vehículo eléctrico, con su correspondiente subvención.
El dinero. 
Lo hizo público también ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: quienes deseen adquirir un vehículo eléctrico podrán recibir ayudas de hasta 7.000€ siempre y cuando se desprendan de un coche con hasta siete años de antigüedad. La cuantía se reduce a los 5.000€ para los híbridos enchufables. En total, el gobierno desea invertir unos €400 millones en subvenciones directas a la compra del automóvil (eléctrico), englobadas todas ellas en el MOVES III.
A lo grande. 
Nada a lo que España no esté habituada. Sólo que en esta ocasión la cuantía reservada por el estado para fomentar la adquisición de vehículos privados cuadruplica a la habitual. El MOVES II estuvo dotado con apenas €100 millones. La diferencia aquí es la tipología del automóvil. La práctica cuenta con una larga tradición entre gobiernos de todos los colores: desde el Plan 2000E de 2009 (€100 millones y hasta 1.500€ por compra); hasta los ¡siete! planes PIVE aprobados por el ejecutivo de Rajoy entre 2012 y 2015 (€890 millones en total). Es política de estado.
El coche eléctrico no generará tantos trabajos como el convencional. Y España puede quedarse fuera
Agravio. 
Semejante torrente de dinero público puede generar agravios comparativos. ¿Por qué se subvenciona la adquisición de bienes de consumo carísimos reservados, por lo general, a las clases más pudientes? El coche eléctrico más barato en el mercado, recordemos, ronda los 15.000€, pero el precio medio del sector es mucho más elevado (en torno a los 30.000€). En contraposición, sigue sin existir un plan de ayudas estatales para la compra de bicicletas eléctricas (igualmente móviles y sostenibles).
Sólo dos comunidades autónomas, Madrid y Valencia, contemplan hoy programas de subvenciones directas para las dos ruedas, ambos lindantes en los 500.000€ (600€ por aparato siempre y cuando no sea deportiva o gama alta). Una minúscula fracción en comparación con las ayudas que no sólo este año, sino todos los precedentes, obtiene el coche. Similares comparativas se pueden trazar con otras ayudas o subvenciones. ¿Es el coche un bien social que debamos costear entre todos?
¿Sí? 
La respuesta de España a la pregunta siempre ha sido la misma: sí. Parte de la explicación se encuentra en su industria. Emplea a unos 650.000 trabajadores, genera un 10% del PIB y acapara casi el 20% de las exportaciones. España lleva años presa de un dilema que no puede resolver: su industria automovilística es tan grande e importante que se ve obligada a verter toneladas de dinero público en su mantenimiento. En unas ocasiones esta inversión se traduce en ayudas a las plantas con la esperanza de esquivar su deslocalización; en otras, en avivar la demanda por medio de subvenciones directas a la compra.
Sí, es un bien social. Si acaso porque España es rehén de su gigantesca escala económica.
La comparativa. 
Hay otra forma de verlo. La puramente medioambiental. El vehículo privado no va a desaparecer a corto o medio plazo (en Madrid su uso ha crecido de un tiempo a esta parte, por ejemplo), por lo que sería mejor sustituir los viejos (contaminantes) por los nuevos (EV, sostenibles). España tampoco innova aquí. Todos los países en los que el automóvil eléctrico acapara ya porcentajes importantes de la cuota de mercado disponen de planes de ayudas o desgravaciones.
Pensemos en el ejemplo paradigmático, Noruega, donde el 30% de los coches en circulación ya son eléctricos. Aquí se desglosa el éxito de su política. Si descontamos explicaciones culturalistas (la ancestral cultura verde nórdica, etcétera, etcétera) nos topamos con un sistema de incentivos económicos y logísticos que hicieron del EV una inversión tan razonable, sino más, como el vehículo a combustión. Pequeño resumen de las ayudas habilitadas por el gobierno noruego para los poseedores de un EV:
. Importación libre de impuestos desde 1990.
. IVA del 25% exento desde 2001.
. Sin impuesto de circulación desde 1996.
. Coste del 50% en peajes y ferris desde 2019.
. Aparcamiento callejero gratuito entre 1999 y 2017.
. Acceso a los carriles reservados para el bus.
No es dinero en mano, como lo que plantea España, pero sí dinero que se deja de pagar. Hoy en día un Volkswagen Golf asciende en Noruega a los 34.000€, de los cuales 12.000€ son impuestos. Un Volkswagen e-Golf es más barato, 33.000€, con apenas 249€ en impuestos. El estado está dejando de recaudar 10.000€ por Golf. Nada mal, ¿verdad?  
Competencia. 
Hay un último factor: España no quiere quedarse atrás. En la carrera global por hacerse con la producción de los coches eléctricos del futuro no dispone de una posición ventajosa. Este mismo año Francia anunciaba una inversión de €8.000 millones para relocalizar las plantas de sus principales grupos de automoción (PSA y Renault, participada, para más inri, por el estado). Alemania, hogar de algunos de los grupos más poderosos del planeta, ha adoptado un camino similar. El coche del futuro generará menos puestos de trabajo. Todos los países los quieren.
Pero al contrario que Francia o Alemania, España ya no cuenta con ningún gran grupo de titularidad nacional (SEAT pertenece a Volkswagen). Su única herramienta para competir en la captación de la industria es mediante las ayudas directas al consumidor y la mano de obra barata. Y puede que ni siquiera así sea suficiente.
Mohorte. Magnet.
-El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido en regular el sistema voluntario de etiquetado frontal de alimentos Nutriscore, a pesar de las críticas en su contra vertidas por parte de las empresas del sector, y ha anunciado que le pedirá a la Comisión Europea que sea obligatorio.
“En nuestra intención no está, en absoluto, aplazar el Nutriscore. Es una herramienta que ya existe, lo que hacemos es regular lo existente”, ha afirmado Garzón, que también ha destacado que el sistema es voluntario y no pueden obligar a adoptarlo, a la espera de que la Unión Europea aborde cambios en el etiquetado -bajo este modelo u otro-, de forma obligatoria.
“Lo que hacemos es regular que quien lo quiera poner lo ponga bien, dentro de unos estándares, y que funcione adecuadamente para que no se engañe al consumidor. Sin embargo, hay una reacción por parte de determinada gente, especialmente de la patronal, que está en contra”, ha señalado el ministro.
También se ha referido a la reacción contraria de ciertos nutricionistas que creen que “es insuficiente”, si bien ha defendido que Nutriscore es el sistema que ha recibido “mayor respaldo científico”.
En este sentido ha mencionado la experiencia en Francia y Alemania, donde se ha visto que “el consumidor va cambiando progresivamente su pauta de consumo y el productor va cambiando su pauta nutricional”, esto es, reformulando sus productos para reducir su cantidad de azúcar, grasas o sal, y mejorar así su clasificación.
“Dentro del propio Gobierno se tiene que aprobar” este etiquetado.
En España, Garzón ha insistido en que una empresa puede no poner la etiqueta del Nutriscore en sus productos si estos salen mal puntuados, ya que se trata de una medida voluntaria hasta que no se implante de forma obligatoria en la UE.
“Dentro del propio Gobierno se tiene que aprobar” este etiquetado, ha enfatizado el ministro de Consumo, quien ha anunciado que el 30 de abril abordará la cuestión con la Comisión Europea para que el Nutriscore sea obligatorio.
Finalmente ha apuntado que, a su juicio, el problema es que este tipo de etiquetado solo abarca el ámbito nutricional y no otros como sus dimensiones “ecológica, laboral o de procesamiento”, que también necesitan incorporarse y en las que están trabajando.
Agropopular.
-El eurodiputado de Ciudadanos y portavoz en materia de comercio y consumo, Jordi Cañas, ha conseguido un nuevo respaldo del Parlamento Europeo a su iniciativa para que el aceite de oliva y otros productos de la dieta mediterránea queden al margen de la etiqueta Nutriscore que prepara la Comisión Europea, una reivindicación del sector agroalimentario español y que la formación naranja defiende en Bruselas.
Cañas logró el mes pasado el apoyo a esta enmienda en la Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara y este miércoles 14 ha sumado también el de Comercio Interior y Protección del Consumidor. El objetivo del eurodiputado es lograr que el aceite de oliva y otros productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida no tengan que someterse a este etiquetado que prepara la UE: que queden al margen.
La Comisión Europea busca con la etiqueta Nutriscore ofrecer a los consumidores una información nutricional más clara, pero el algoritmo que clasifica los alimentos no recoge correctamente la calidad de los citados productos españoles. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, el sistema lo equipara con grasas no saludables a pesar de que está demostrado su beneficio para la salud.
ADEMÁS DEL ACEITE ABARCA A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS, LAS IGP O LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS
Lo mismo ocurre con otros alimentos propios de la dieta Mediterránea, ha defendido Jordi Cañas, que están asociados con una menor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como enfermedades cardiovasculares y neurológicas, así como con algunas formas de cáncer.
La enmienda ha sido aprobada por una amplia mayoría de 30 votos a favor, procedentes de todos los grupos de la eurocámara salvo dos, 13 en contra y dos abstenciones. La propuesta queda así incluida en la opinión de esta Comisión de Comercio Interior sobre el proyecto ‘De la granja a la mesa’, en el que está incluida la etiqueta nutricional.
En concreto, con esta propuesta se reclama que la Comisión Europea estudie la necesidad de aplicar exenciones específicas a determinadas categorías de alimentos o productos alimenticios, como el aceite de oliva, o para aquellos abarcados por las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas o las especialidades tradicionales garantizadas.
También se reclama que queden exentos los productos de un solo ingrediente y se hace hincapié en que, al implantar este etiquetado, se tomen medidas de apoyo a las pymes, las microempresas y las empresas de economía social.
Agroinformación.
-El miércoles -14 de abril- la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, principal órgano de cooperación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en materia medioambiental, abordó la tramitación de la inclusión del lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, tras el acuerdo adoptado en la Comisión de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado mes de febrero, “al tiempo que se sigue avanzando en la elaboración de una nueva estrategia que actualice la aprobada en 2005”.
Durante el encuentro once Comunidades Autónomas (Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta) han solicitado al Gobierno que retire la inclusión del lobo en la lista de especies silvestres protegidas (Lespre) hasta que se modifique la vigente Estrategia Nacional de Gestión y Conservación de esta especie silvestre “buscando el consenso”.
También han mostrado “rechazo y malestar” por el procedimiento seguido por parte del Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al que se le había solicitado esta Conferencia Sectorial de Medio Ambiente extraordinaria y monográfica con el fin de conocer el posicionamiento de las comunidades autónomas ante la apertura de expediente por parte del ministerio de incluir al lobo en el Lespre.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que es un asunto “muy complicado en el que es importantísimo” atender a las distintas sensibilidades para garantizar la coexistencia con todas las garantías para los titulares de explotaciones de ganadería extensiva y, al mismo tiempo, “respetar la recomendación y el criterio del comité científico”.
En este sentido, la vicepresidenta y titular de este Departamento, Teresa Ribera, instó a la convocatoria cuanto antes del grupo de expertos para agilizar los trabajos y disponer cuanto antes de una planificación de manejo de la especie que dé tranquilidad y seguridad a todas las partes implicadas.
Agropopular.
-Pensar en ocupaciones de riesgo siempre ha sido acordarse de bomberos, policías o trapecistas de circo, por ejemplo. Trabajos, en definitiva, que coqueteaban en el día a día con el peligro. Pues bien, a lista de actividades que acongojan tendríamos que añadir la ganadería. Una labor que cada vez resulta más difícil de ejercer por los ataques que sufre desde múltiples frentes y que, como única trinchera para resguardarse, tiene la profesionalidad de los hombres y las mujeres que la llevamos a cabo.
Las acusaciones ecologistas de que el sector ganadero es culpable de los desastres ambientales y climáticos de nuestro tiempo, se han incorporado ya al ideario colectivo, no por ser justas - que no lo son -, sino por su reiteración. Los eructos de las vacas son, al parecer, mucho más contaminantes que los millones de coches, barcos y aviones que cada día circulan por nuestro mundo y los vertidos al aire y al agua de las macroindustrias.
Ahora, además, los ganaderos tenemos que ver de esquivar las arremetidas animalistas que nos colocan el sambenito de maltratadores y las de los veganistas que amenazan a los consumidores con imaginarios males por comer carne o beber leche.
Cuestionan lo que hacemos, cuestionan cómo lo hacemos y cuestionan lo que producimos. O sea, cuestionan como somos y como vivimos.
Es innegable que el cambio climático está aquí y que es vital preservar el entorno. Y los ganaderos, en la misma medida que todos, nos sentimos comprometidos con estas cuestiones, a costa incluso de nuestra economía familiar, usando lo que los gobiernos y la ciencia ponen a nuestra disposición.
Los productores, tanto agricultores como ganaderos, trabajamos siempre con la vista puesta en el medio ambiente. De hecho, gestionamos el territorio y nuestra actividad es esencial para la biodiversidad, para el mantenimiento del paisaje y para fijar población.
Sobre el bienestar animal y lo que se ve y lee por ahí ¿qué decir? Desaprensivos los hay en todos los colectivos. En el nuestro, abominamos de ellos los ganaderos que somos incontable mayoría y que nos desvivimos con nuestros animales, primero por vocación, y segundo porque de su bienestar dependen nuestros ingresos.
No se puede generalizar y más valdría que aquellos que lanzan acusaciones generalistas den la cara y se haga un debate abierto y no de tapadillo como se está haciendo ahora
Y la última moda - así me lo parece - es la chifladura de pensar que los sucedáneos de la carne o de la leche son mejores que los originales… la de pensar que la excrecencia orgánica que sale fabricada de una impresora 3D en un laboratorio mola más que la carne natural que los ganaderos hemos puesto en el mercado con todas las garantías sanitarias, de trazabilidad y de seguridad alimentaria que regulan nuestra producción.
De hecho, muchos laboratorios presentan a esta carne artificial con titulares tan elocuentes como apocalípticos del tipo “la carne que quiere salvar al mundo”.
No niego que le tengo pánico a estas modas si acaban derivando en que una administración pública - la de Castilla y León, nada menos - da su visto bueno a un libro de texto que adoctrinaba a niños de primaria con falacias contra la ganadería, o que se presente en horario de máxima audiencia la impresora 3D de turno que hace “carne” vegetal en el momento.
Y me da pánico, sobre todo, cuando quien promueve parte de estas cosas también tiene el suficiente dinero como para que el Real Madrid lo publicite en sus camisetas (por favor, que el sector ganadero y el Atlético de Madrid, se pongan de acuerdo, pero ya).
Me horripila, porque nuestros políticos olfatean estas cosas como los gorrinos las trufas y fascinados por lo que creen un sentir general acaban tomando decisiones que barren la ganadería y a los ganaderos hacia el rincón de lo prescindible. Y mientras, sin embargo, consideran que esta sociedad se encamina al apocalipsis si no cuenta con 200 o 300 lobos más, de esos que en las fotos con macro tienen unos preciosos ojos ambarinos, pero que entran en nuestras granjas como en un self-service por más medidas que tomemos.
Esto es lo que últimamente nos está esperando a los ganaderos cuando nos levantamos cada día a las 5 o las 6 de la mañana para echar de comer a los animales, para ordeñar o para coger el hato a pasar el día pateando rastrojos con el ruido de fondo de las esquilas. Todo para que, al final, el precio al que nos pagan ni compense lo que nos cuesta producir (ponga lo que ponga la Ley de la Cadena Alimentaria). 
No es de extrañar que cientos, miles, de ganaderos haya tirado la toalla en estos años. Pero hay muchos otros que vamos a seguir viviendo esta vocación como nuestra profesión, llevando siempre a las mesas alimentos sanos, naturales y de calidad; asegurando los abastecimientos en épocas de crisis; generando empleo y fijando población en la España Vaciada y respetando a nuestros animales y los campos que pisamos y recorremos con ellos.
Abiertos a mejorar, claro que sí… a lo que no estamos dispuestos es a pedir perdón por existir y por hacer un trabajo digno y necesario.
Unión de Uniones.
-La puesta en marcha de las nuevas tarifas eléctricas que entrarán en vigor el próximo 1 de junio preocupa a ASAJA-Jaén, que lleva varios años trabajando en la mejora de las tarifas eléctricas para el sector agrario. De hecho, nos hemos dirigido al Gobierno e incluso el presidente de Asaja nacional, Pedro Barato, lo manifestó en su participación en la Comisión para la reconstrucción social y económica de nuestro país en el Congreso de los Diputados, para que se tenga en cuenta la situación de nuestro sector con respecto a las temporadas de riego y el incremento de coste que supone para los agricultores (en los últimos años se trata de subidas del 120%, que en la situación económica que vive nuestro país es imposible afrontar en la mayoría de los casos).
En la Ley de medidas urgentes contra la sequía, publicada el 7 de marzo de 2018 en el BOE, se recogía en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. En este sentido, Pedro Barato se ha dirigido de nuevo al ministro de Agricultura, Luis Planas, para demandar un desarrollo reglamentario para poder aplicarse y que, de esta manera, se palíe en parte el grave problema que se creó a partir de 2008 con la desaparición de las tarifas especiales de riego. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa.
Con esta medida largamente reivindicada por Asaja, se abría la posibilidad de que un agricultor contrate una mínima potencia para el suministro eléctrico básico del mantenimiento de sus equipos de riego, y otra superior en temporada de riego, teniendo en cuenta el carácter estacional del regadío. Pero para ello es necesario el desarrollo reglamentario
Por otra parte, y también en materia fiscal, desde la organización agraria exigimos la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la rebaja de módulos fiscales para la declaración de la renta, toda vez que el plazo para formalizarla está en marcha desde el pasado 7 de abril. Asaja trabaja durante todo el año con las diferentes administraciones en ese ajuste fiscal para compensar las posibles inclemencias naturales y estructurales del sector, y lo que no es de recibo es que se demore este trámite para miles de agricultores y ganaderos.
Sirva como ejemplo el modelo 184 de declaración de las comunidades de bienes, que se realiza en enero y que tienen que modificarlo cuando se haga pública la rebaja de módulos por la renta agraria 2020, ya que esta información es necesaria para que los partícipes de la comunidad de bienes se realicen las imputaciones de rentas que obtienen de dichas comunidades.
Asaja Jaén.
-La preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la actual Unión Europea (UE) desde su fundación con otro nombre. Y, por lo tanto, es también un principio fundamental de la Política Agraria Común (PAC). Significa, ni más, ni menos, que las mercancías producidas en cualquier Estado miembro tendrán preferencia frente a las que vienen de países terceros. Está clarísimo. Sin embargo, como suele suceder en muchos otros casos, esos principios fundamentales terminan por olvidarse o por no aplicarse.
Un ejemplo evidente, y cada vez más frecuente, lo tenemos en la PAC y más en concreto en el sector de las frutas y hortalizas, porque a base de querer ayudar a países en vías de desarrollo, como es el caso de Marruecos, entre otros, la UE ha provocado que se debilite la preferencia comunitaria hasta el punto de casi desaparecer. Lo estamos viviendo actualmente en el caso de productos como el tomate.
La preferencia comunitaria es que las mercancías producidas en cualquier Estado miembro tendrán preferencia frente a las que vienen de países terceros.
Está muy bien que la UE quiera ayudar a los países en vías de desarrollo o a los más pobres. Pero lo que no puede suceder es que sean los agricultores y ganaderos los que terminen pagando la factura de ese apoyo. Es lo que sucede ahora, porque esas naciones más pobres lo único que pueden exportar al mercado comunitario son sus productos agrícolas. Además, si a los problemas puramente comerciales, como los citados anteriormente, añadimos la competencia desleal que supone el que los agricultores de esos países terceros pueden usar, por ejemplo, productos fitosanitarios que están prohibidos en el mercado comunitario, nos encontraremos con una doble competencia desleal.
Hay tres fórmulas para solucionar el problema. La primera, que la UE y sus Estados miembros respeten el principio de preferencia comunitaria sí o sí. La segunda que si se quiere ayudar a esos países más pobres, se apoye de alguna manera a los agricultores y ganaderos comunitarios para que no soporten todo el peso de la factura. Y, la tercera, y esta se encuentra en manos de nosotros, los consumidores, es que, cuando vayamos a comprar, miremos detenidamente el origen de cada uno de los productos y que, a ser posible, optemos por los nacionales, por los producidos aquí. Ni más, ni menos.
Agropopular.
-Aragón y Castilla (al menos la parte de Castilla-La Mancha) se han unido para defender a sus tierras y sus agricultores. Los dos consejeros del ramo han firmado un decálogo con diez premisas para cambiar el modelo de la PAC, la Política Agrícola Común, en España. Ese modelo se tiene que negociar ahora entre el Ministerio y las autonomías. Hay dos que tienen claro qué quieren y además representan por sí solas el 25% de toda la superficie del país.
“Hay que cambiar radicalmente el planteamiento”, expuso el consejero de Agricultura castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo. “La PAC actual es injusta, no con Castilla-La Mancha o con Aragón, sino con los agricultores que tienen explotaciones familiares”, avisó. Cree que, pocas oportunidades, va a haber como esta, para cambiar así la PAC.
El consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, añadió que toca ser ambiciosos. “No podemos defraudar a quienes están esperando que las cosas cambien. ¿Quiénes son esos? Los agricultores profesionales y el modelo familiar”, reivindicó. En otras palabras, dice que quieren “favorecer a los agricultores normales y corrientes que aspiran a poder vivir de su trabajo”.
No a los derechos históricos.
La apuesta por esos agricultores profesionales y por un modelo de explotación familiar, y por tanto de un tamaño pequeño y mediano, es lo que pretenden conseguir con este decálogo y con la nueva PAC. Para ello piden cambios de 180 grados como suprimir el sistema de derechos históricos. El consejero aragonés expuso que este sistema “propicia un mercantilismo y nos debería llamar la atención cómo se puede comprar y vender derechos por subvención”. El castellano-manchego añadió que incluso Andalucía, que primero se opuso, podría estar modulando su posición. “Creo que es razonable que nos olvidemos de lo que se producía en el año 2000”, comentó, “creo que hay una amplísima mayoría de comunidades autónomas a favor del cambio”.
Misma ayuda por hectárea en todo el país
Otra de sus propuestas consiste en igualar lo que cobran los productores en todos los sitios de España. En estos momentos las ayudas varían en función de más de cincuenta regiones, que se diferencian por tipos de cultivo y también por zonas geográficas. Martínez Arroyo asegura que por una hectárea de olivar se recibe una ayuda diferente en función del punto de España en la que esté. La Unión Europea pide precisamente esa convergencia dentro de los países y la propuesta de Castilla-La Mancha y Aragón sería dejar el número de regiones en seis: herbáceos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío, pastos y pastizales.
“Hacemos una propuesta muy flexible”, señaló el consejero de Agricultura, que explicó que en la mayoría de países hay incluso menos regiones. En Francia solo hay dos, una para la parte continental y otra para Córcega. En Alemania solo hay una. Arroyo subrayó que en estos países promueven algo que “aquí se ha denostado mucho, la tasa plana, por la que se cobra por el hecho de ser agricultor o ganadero, independientemente de lo que se tenga”.
Apuesta por la ganadería extensiva.
Las dos comunidades autónomas también quieren cambiar la PAC para ayudar a la ganadería extensiva. Desde hace años el sistema europeo va encaminado hacia las ayudas desacopladas, no vinculadas a la producción sino a la superficie, algo que puede tener cierto sentido con los cultivos, pero que perjudica a los ganaderos de ovino, caprino o bovino. “Con el sistema de pagos por hectáreas es difícil ayudar a quien no tiene superficie, que es lo que ocurre con la ganadería extensiva”, explicó el consejero aragonés. Olona señaló que, para compensar, la ganadería extensiva debe llevarse buena parte de los fondos del otro sistema de ayudas, las acopladas.
Ayudar a las mujeres, los jóvenes y a los que cumplen.
Además, Aragón y Castilla-La Mancha incluyen peticiones para ayudar más a las mujeres que se dedican al campo, a los jóvenes que se quieren incorporar y reclaman que no puedan cobrar las subvenciones quienes no cumplen con la normativa laboral. Arroyo señaló que la gran mayoría sí cumple, así que toca ser contundente con los que no. “Los mensajes hay que darlos claros”, sentenció.
Ambos consejeros esperan que más comunidades se sumen a sus peticiones y que al final haya un acuerdo a nivel nacional. Para lograrlo el consejero aragonés subrayó su disposición a dialogar y matizó que para acordar no se puede ser intransigente, pero tampoco ceder en todo. “Estamos expresando unas líneas maestras, fundamentales y nuestra obligación es defenderlas”, recalcó. Arroyo añadió que lo ideal es que se consiga unanimidad, pero “no hay que dramatizar si no hay acuerdo entre todos si no es posible, para eso existen las mayorías”. Insistió en que no lo importante es hacer “un cambio real, que no se quede a medio camino”.
La Tribuna de Ciudad Real.
-… …Como los bancos centrales empezaron a inyectar dinero artificial hace diez años, hace siete años decidimos crear un fondo de agricultura para invertir en activos reales. Y no hay activo más real y conservador que la agricultura y el agua, porque de ellos dependen la alimentación y la producción de alimentos. 
Las dinámicas demográficas también influyen. Aquí no lo vemos porque se está produciendo en África y Asia, pero el mundo está creciendo. Los próximos 40 años la Humanidad debe producir más comida que la que hemos producido en los últimos 10.000 años. Hemos de aumentar la producción un 50%, con menos agua, con menos terreno y con menos emisión de CO2 a la atmósfera. 
No había ninguna macro-tendencia mejor que esta y nos sorprendió que no hubiera ningún fondo de este tipo en España. En Europa hay 5 o 6, pero no combinan el agua como tendencia. Nos equivocamos de “timing”, porque no ha captado la atención de los inversores hasta hace nueve meses. También es cierto que ha habido un ciclo de caídas de precios que ha penalizado la valoración de los activos agrícolas estos años. Pero desde el pasado verano ha cambiado.
¿Por qué?
La gente teme que pueda aumentar la inflación y ante esto no hay mejor protección que invertir en agricultura, porque la subida de alimentos reflejará esa inflación. La industria se ha preparado con fondos de energía y tecnología, pero en agricultura hay muy pocos. Y es necesario invertir en este tipo de empresas para que mejoren su productividad y contaminen menos. Con el Covid la tecnología ha sido la ganadora, pero la agricultura va a continuar con buenos rendimientos los próximos años.
¿Aplican alguna ponderación de las dos temáticas en el fondo?
No, pero en activos patrimoniales tenemos entre un 40% y un 60% del fondo. Lo que más nos gusta es el valor patrimonial, porque estás invirtiendo en los mejores terrenos agrícolas del mundo. Y ayudamos a estas empresas a que aumenten la producción agrícola. El otro 40% de la cartera son empresas más innovadoras… …
Marc   Garrigasait  (Panda Fund):  "Nada protege más contra la inflación que invertir en agricultura".
-El ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, ha denunciado la impunidad del PSOE frente a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en esta causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Arcadio Mateo afirma que ha transcurrido más de un año desde su declaración en la que desveló "el contenido de la reunión solicitada por el Senador del PSC-PSOE, Joan Sabaté", sin que se haya llevado a cabo "ningún acto de investigación a instancia de las acusaciones existentes en la causa y estando próximos a que se cumplan 10 años desde los hechos".
En el escrito, Mateo se refiere a la adjudicación sospechosa en mayo de 2011 de un "servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales" por importe de 39.000 euros al citado Antoni Sabaté, exsenador, exdiputado socialista por Tarragona en el Parlamento catalán y exalcalde de Flix. Dicha adjudicación se materializó a propuesta de Gracia Ballesteros Fernández, nombrada entonces subdirectora de construcción en el Ebro y Cuencas internas de Cataluña.
Mateo también destaca que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado, apenas han investigado pagos fijos mensuales de 220.702 euros por servicios de "asesoría en comunicación" a Bassat Ogilvy y de 227.050 euros a la Fundación privada Institut Cerdà por servicios de "asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local", que supuestamente se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).
Según el escrito, "estos hechos, indiciarios de una conexión entre la visita del senador D. Joan Sabaté, el contrato adjudicado en 2011 a D. Antoni Sabaté y probablemente los supuestos servicios facturados como si fueran tablestacas de la obra de descontaminación de Flix, precisan de una minuciosa investigación alentada por las acusaciones presentes en esta causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado)".
"Es inverosímil", añade, "que la organización compuesta, al menos, por Doña Gracia Ballesteros, D. Marc Pujols y D. José Manuel Plaza, comenzaran sus actuaciones irregulares precisamente en 2012, justo tras un cambio de Gobierno, de Ministro de tutela, de Secretario de Estado de Medio Ambiente, de Director General del Agua (a la vez que Presidente de Acuamed) y de Director General de Acuamed.
"Es más lógico considerar que en años anteriores a 2012 se estuvieran pagando con cargo a la obra de descontaminación de Flix importes irregulares que poco tenían que ver con la misma, y que desde 2012 se decidiera esconderlos como certificación en la unidad de obra del muro de tablestacas, dado su elevado importe presupuestado y no agotado en su totalidad (más de once millones de euros)".
"Un significativo perjuicio al erario público"
En el mismo escrito, el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, sostiene que "resulta difícil de asumir que tres años después de conocerse estos hechos y habiéndose interrogado por los mismos a los dos Directores de Obra implicados, no se haya arrojado la más mínima luz sobre semejante dispendio, que bien podría haber causado un significativo perjuicio al erario público".
"Como también resulta necesario destacar que la Dirección de obra y la ADO de Flix autorizaban un incremento de coste del 6% sobre las citadas cantidades pagadas ‘en comunicación, planes de relación con el entorno y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local’. Sobre estos hechos, ni la policía judicial, ni las acusaciones presentes en los interrogatorios han mostrado el necesario interés para su efectiva investigación, en contraste con situaciones que en ningún caso representan ‘liberalidades’ como las acontecidas en la obra de Flix".
"Estos hechos", continúa, "de los cuales en los próximos meses se cumplirán diez años, precisan de una minuciosa investigación alentada por las acusaciones presentes en esta causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado). Existen contundentes indicios de la adjudicación irregular de un contrato de prestación de servicios con 24 meses de duración que sorprendentemente, transcurridos apenas siete meses, deja de prestarse".
"O quizás esos ‘servicios’ no dejaron de prestarse y cobrarse. Únicamente una exigente investigación, liderada por las acusaciones presentes en esta causa permitirá conocer lo acontecido, que bien podría tener una estrecha relación con la presunta malversación realizada mediante el pago encubierto de multitud de conceptos que eran certificados como tablestacas de la obra de descontaminación de Flix", concluye.
M.A Pérez. Libertad Digital.
-China da luz verde a cinco unidades nucleares para reducir el carbono y apuntar a objetivos climáticos, dicen las fuentes
. El Consejo de Estado aprobó los proyectos nucleares que desarrollará la Corporación Nuclear Nacional de China en una reunión el miércoles.
. El Consejo de seguridad dice que la energía nuclear es necesaria si China aspira a alcanzar un pico de emisiones de carbono para 2030 y para que la nación sea neutral en carbono para 2060
El presidente Xi Jinping prometió que China sería neutral en carbono para 2060. La nación debe alejarse de los combustibles fósiles para alcanzar el objetivo. 
China aprobó la construcción de cinco unidades de energía nuclear, con una capacidad instalada total de 4.9 gigavatios, aproximadamente el 10 por ciento del total del país, dijeron dos fuentes, mientras Beijing se esfuerza por alternativas a los combustibles fósiles  para cumplir sus objetivos climáticos.
China necesita acelerar su desarrollo nuclear para lograr su compromiso de llevar las emisiones de gases de efecto invernadero a un pico antes de 2030 y convertirse en "carbono neutral" para 2060
El mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo se ha quedado atrás de su objetivo anterior de operar 58 GW de capacidad de energía nuclear para 2020, en parte debido a que 
El accidente nuclear de Fukushima  en Japón ralentizó la aprobación de nuevos proyectos.
En una reunión celebrada el miércoles, el Consejo de Estado de China aprobó cinco proyectos nucleares, que serán desarrollados por la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), dijo una de las dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Funcionarios, incluidos los de la Administración Nacional de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, asistieron a la reunión en la que se discutió el desarrollo de la industria nuclear en el país, dijeron cuatro fuentes. Pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.
“La energía nuclear es una opción 'imprescindible' si China pretende alcanzar los objetivos de llevar las emisiones de carbono [a un pico] para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060”, dijo un funcionario de la oficina de seguridad nuclear.
Los cinco reactores aprobados incluyen cuatro unidades nucleares regulares: el número 7 y el número 8 en la planta de energía nuclear de Tianwan en la provincia oriental de Jiangsu, y el número 3 y el número 4 en Xudapu, en la provincia nororiental de Liaoning.
Los cuatro utilizarán tecnología VVER-1200 de fabricación rusa y tendrán una capacidad individual de 1,2 GW, dijeron dos de las fuentes.
El gobierno también aprobó un proyecto de demostración de reactor modular pequeño (SMR) de 125 megavatios en la planta de energía nuclear de Changjiang en la provincia de Hainan.
En uno de los primeros experimentos del país con pequeños reactores destinados a mejorar la economía, CNNC utilizará tecnología ACP100 de cosecha propia. Se espera que la construcción de tres de las cinco unidades, la SMR y una de Tianwan y Xudapu, comience a finales de este año y esté programada para completarse en 2026, dijo un funcionario.
"Están avanzando como estaba previsto", dijo el funcionario, y agregó que eso significa que China ha restablecido su ritmo normal en el avance de nuevos proyectos.
El Consejo de Estado y CNNC no respondieron de inmediato a las solicitudes en busca de comentarios.
China también está acelerando el desarrollo de un modelo mejorado de su tecnología nuclear de tercera generación local, Hualong Two.
La Asociación de Energía Nuclear de China espera que el país haya instalado o tenga en construcción un total de 200 gigavatios de capacidad nuclear para 2035.
El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo a Reuters el viernes que Brasil necesitaría recibir $ 10 mil millones anuales en ayuda exterior para alcanzar emisiones netas de carbono cero en toda la economía para 2050, en lugar de 2060 como se planea actualmente.
Salles ha pedido regularmente a la comunidad internacional que recoja parte del cheque para reducir las emisiones de carbono de Brasil, que provienen principalmente de la deforestación.
Su pedido de $ 10 mil millones al año en ayuda se produce cuando Brasil negocia un posible acuerdo por separado con los Estados Unidos para reunir fondos extranjeros para luchar contra la creciente deforestación en la selva amazónica. Salles dijo que no espera que se anuncie un acuerdo en la cumbre del Día de la Tierra de la próxima semana en Estados Unidos, pero que las conversaciones con Estados Unidos continuarán.
"No existe ni fue nunca el objetivo de negociar algún tipo de acuerdo para cumplir el 22 de abril", dijo Salles en una entrevista.
Reuters informó el jueves que un posible acuerdo había llegado a un punto muerto, con Brasil exigiendo fondos por adelantado para aumentar los esfuerzos para combatir la deforestación, mientras que Estados Unidos exigía resultados antes de abrir sus bolsillos.
Reuters.

 
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