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Semana del 25 de abril al 2 de mayo de 2021.

Tenemos por  ministro a un desconocido

Según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Luis Planas es el ministro más desconocido de todos los que acompañan a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa y figura también entre los peor valorados, ya que obtiene una calificación de tan solo 3,9 puntos. 

Actualizado 6 mayo 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Esto era absolutamente esperable y bien que lo sentimos porque nadie dude que su invisibilidad va a suponer un olvido, en el mundo de las asistencias gubernamentales, para el sector agrario. Y no es que, como ya hemos dicho en numerosísimas ocasiones, Luis Planas sea un incapaz, que no lo es, pero lo que sí podemos afirmar ya es que su afán por estar o por esperar volver en las mejores condiciones a la UE, le ha llevado al total sometimiento a los colegas que de una u otra manera compiten con él. 

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En concreto nos estamos refiriendo a sus más que teóricas discusiones con la hooligan Ribera, ministra de la cosa verde, con la ministra comunista de trabajo o con la sinigual ministra de Hacienda, que de una u otra forma le han desdibujado ante todos los agricultores. Planas ya no consigue nada, aunque eso sí, todo lo que produce lo reviste de un aura de unicidad y ejemplaridad que… …aunque quiera, ¡ya no convence a nadie! Ya no creen en él ni los Consejeros de las Autonomías de su mismo signo político.
Eso sí seguimos saliendo de excursión y diciendo estupideces. Su última ocurrencia para satisfacción de la UPA y según afirmó, para la de todos los ganaderos españoles es la aprobación, para este mismo año 2021, de un decreto de regulación de las granjas del sector vacuno de carne y de leche que afirmó, puede representar que se abre la puerta a limitar los proyectos de macro-granjas que imperan actualmente en España.
El secretario de Ganadería de UPA calificó las palabras del ministro de “acertadas, valientes y necesarias”. “No necesitamos macro-granjas en España, cuyo único objetivo es sacar del mercado a cientos o miles de explotaciones pequeñas y medianas”.
Y nosotros nos volvemos a preguntar por enésima vez y les preguntamos a ustedes, ¿de verdad queremos seguir con multitud de explotaciones ganaderas de leche y carne manteniendo un tejido productivo absolutamente arcaizante y totalmente dependiente de la subvención estatal, incapaz de cualquier competencia exterior?, ¿no es ya hora de que vayamos a estructuras más actualizadas e independientes? 

Nuevamente nuestro ministro, esta misma semana, ha vuelto a poner en valor el esfuerzo que deberán realizar agricultores y ganaderos para dar cumplimiento al compromiso ambiental de la UE. “Debemos contribuir a generar certidumbre y a disipar cuanto antes las dudas que su puesta en marcha puede suponer”, nos ha dicho. Y así y con respecto a los eco-esquemas, Planas ha defendido el equilibrio alcanzado con el acuerdo del Consejo del pasado mes de octubre dejando constancia de la novedad que suponen los eco-esquemas para agricultores y para las propias administraciones. España apoya a la presidencia portuguesa en sus esfuerzos para llegar a un acuerdo final sobre la arquitectura medioambiental y la PAC durante su mandato y ha apoyado el umbral del 30 % para el gasto medioambiental del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en cuyo cálculo deben contabilizarse las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, por los beneficios para el medioambiente que reporta su actividad de marcado carácter extensivo y su aportación a la lucha contra la despoblación.
Planas no hay que pedir reconocimientos sino pagos por las nuevas tareas que haya que realizar, porque todo lleva a la conclusión de que las ayudas directas, las de verdad, las que van al bolsillo del agricultor, se veras por fas o por nefas, seriamente disminuidas.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2020 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices. 
Las reducciones aprobadas hoy se suman a la del 20 % aplicada de forma horizontal a todos los agricultores y ganaderos de forma excepcional para ayudar a los sectores especialmente afectados por la actual situación generada por la COVID-19 (Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre). 
Esta rebaja de la base imponible de los declarantes en el régimen de estimación objetiva agraria se calcula en 1.081 millones de euros. Unos 534 millones de euros corresponden a la orden aprobada hoy y otros 547 millones de euros son debidos a la rebaja del 20 % que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar.
La Orden de módulos, histórica para el Ministro, es una balandronada más, como comentamos en nuestro artículo “Menos lobos Caperucita”, de esta semana. Ya empezamos a estar hasta el gorro de una política de eslóganes sin hecho fáctico alguno.

Terminamos hoy con un nuevo desplante del gobierno contra el regadío español. Nos dicen desde ASAJA- Córdoba y suponemos que Fenacore estará sobre ello que:
“Se ha preparado un nuevo golpe para la agricultura de regadío que supondrá la entrada en vigor a partir de junio del nuevo cálculo de los peajes de transporte y distribución de la electricidad propuesto por el Gobierno, que elevarán hasta un 50 por ciento la factura de los regantes.
Los cambios eléctricos que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) tiene previsto introducir a partir del 1 de junio incorporan nuevos tramos horarios dependiendo del día, mes y zona, incrementando los periodos más caros y reduciendo los más baratos justo en los momentos en que el riego es más necesario para los cultivos. Además, los tramos horarios menos caros son más breves y hacen prácticamente imposible que el agricultor pueda agrupar sus riegos en los periodos más baratos y planificar un manejo óptimo de su explotación.
Según las estimaciones de ASAJA, la subida prevista por el Miteco supondría en muchos casos un sobrecoste del 40 al 50%. En regadíos particulares, con un coste medio entre 170 y 200 €/hectárea tipo, ahora tendrán que hacerse cargo de 240 a 270 €/ha, según están informando ya las propias compañías eléctricas a estos particulares.
Todos los suministros, tanto la baja tensión con potencias superiores a 15kW como la media tensión independientemente de la potencia contratada, pasarán a tener seis periodos tarifarios con discriminación horaria, es decir, seis precios diferentes en función de la temporada, el día de la semana y la hora del día, tanto para la potencia contratada como para la energía consumida.  Los suministros domésticos incluidas naves agroganaderas, por su parte, tendrán dos precios diferentes para la potencia y tres precios distintos para la energía.
Para ASAJA, “el Gobierno penaliza a la agricultura más productiva y desarrollada con esta subida de tarifas eléctricas al regadío”. Este brutal incremento de costes tendría un reflejo directo “no solo en la cuenta de resultados del agricultor, que ya es grave, sino también en la necesaria modernización del regadío y en el despegue, ya en curso, de las inversiones en energías renovables para mejorar su sostenibilidad”. Lo que estaba previsto para inversiones tendrá que dirigirse ahora a sufragar los mayores gastos en el suministro eléctrico para producir lo mismo.
INSTA A LA DOBLE TARIFA DE RIEGO
Por tanto, la organización agraria pide al Gobierno que reconsidere su decisión de elevar la factura a los regantes, “más en este momento de crisis económica global, en el que lo más importante es crear estímulos, no reducir la actividad”. Hay que recordar que la densidad de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano, y que el número de incorporaciones de jóvenes agricultores es hasta 6,5 veces superior en estas zonas de regadío.
Por otra parte, sigue pendiente la entrada en vigor de la normativa, prevista en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos generales, que permitiría la doble tarifa de riego con diferentes potencias según los meses que necesita regar y los que no. ASAJA ha venido reclamando todos estos años que se establezca una tarifa de temporada a la que pudieran acogerse agricultores que solo usan el agua, y por tanto la luz, durante cinco o seis meses al año, aunque hasta ahora los sucesivos gobiernos se han negado a propiciar cualquier cambio en este sentido. Con el cambio de tarifas que se avecina, ASAJA urge a que la normativa que regule esta posibilidad se publique con carácter de urgencia y que la entrada en vigor de estas nuevas tarifas no sea nunca antes del final de la campaña de riego en curso.
La doble tarifa, aprobada en la LEY de Presupuestos ¿es que no se va a aplicar? Planas déjate ya de buenas palabras y enfréntate a tus colegas. 

Noticias.
-Al mismo tiempo que se conocían los datos del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indicaban que Luis Planas es el ministro más desconocido de todos los que acompañan a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa y que figura también entre los peor valorados, ya que obtiene una calificación de tan solo 3,9 puntos, los consejeros, especialmente los del Partido Popular, que han acudido al «confesionario de Atocha», han insistido y le han pedido que «se retrate».
Para ello, no han dudado en exigir al equipo ministerial que responda a una serie de cuestionarios con preguntas relativas a la nueva Política Agraria Común (PAC) que se aplicará en España. Por lo menos, desde Galicia y Andalucía han dicho que necesitan conocer esas respuestas, en las que se recoja la posición de los responsables del Ministerio de Agricultura, en las próximas semanas, con el fin de tener tiempo para preparar sus posiciones de cara a la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que tendrá lugar a finales de mayo.
Y es que, hasta ahora, el ministro se limita a preguntar y preguntar a los consejeros de Agricultura durante sus reuniones bilaterales, pero él no suelta prenda de su postura. Y lo que es más grave, en los casi tres años que lleva en el puesto, tiempo que coincide con la presentación por parte de la Comisión Europea de su propuesta inicial sobre la PAC del futuro, Planas no ha planteado a las comunidades autónomas ni un solo documento global con su oferta sobre la aplicación de esa nueva PAC en España a partir del año 2023.
Esta falta de propuesta ministerial de conjunto es la principal crítica que se hace al titular del Ministerio de Agricultura desde los Gobierno autonómicos, que han exigido asimismo que se convoquen reuniones de carácter técnico en las próximas semanas para avanzar hacia el acuerdo definitivo. En resumidas cuentes, que quieren que Planas se retrate.
La Razón.C.Lumbreras.
-El 10º Congreso Federal dejó importantes novedades y anuncios que marcan la tendencia de futuro del campo para los próximos años. Uno de los anuncios más relevantes, sobre todo para los ganaderos españoles, es el que realizó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su intervención ante los representantes de UPA. Planas anunció, para este 2021, la aprobación de un decreto de regulación de las granjas del sector vacuno de carne y de leche que, para parte del sector, como es la organización UPA, puede representar que se abre la puerta a limitar los proyectos de macrogranjas que imperan actualmente en España.
Tras este anuncio, desde la organización agraria se destaca que «parecen estar las intenciones del Gobierno de frenar y limitar los proyectos de macrogranjas en el sector vacuno que podrían tener un impacto enorme en el sector. UPA ha valorado muy positivamente la noticia, un objetivo por el que llevan años luchando», según han reconocido.
El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha calificado las palabras del ministro de “acertadas, valientes y necesarias”. “No necesitamos macrogranjas en España, cuyo único objetivo es sacar del mercado a cientos o miles de explotaciones pequeñas y medianas”, ha declarado.
GRANJAS NECESARIAS
España tiene ahora mismo unas 12.000 granjas de leche de vaca, que producen al año 7,5 millones de toneladas de leche y unas 7.000 de ovino y caprino. “Todas son absolutamente necesarias”, aseguran desde UPA. La organización se ha mostrado “esperanzada” en que el anunciado decreto logre que las explotaciones familiares puedan seguir modernizándose y adaptándose, y logren no solo cubrir los costes de producción, sino obtener una remuneración justa.
“Tenemos que ser competitivos y eficientes, pero sin perder la red que supone la agricultura y ganadería familiar”, aseguró Planas en la clausura del 10º Congreso de UPA. Unas palabras que no han caído en saco roto para esta organización, que trabaja para lograr que las granjas familiares puedan seguir combatiendo el cambio climático, fijando población, respetando la tierra y produciendo alimentos de la mayor calidad.
Agroinformación.
-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la contribución medioambiental de la Política Agraria Común (PAC) y el papel que juega para el conjunto de la sociedad. En este sentido, ha recordado que esta política destinará, para el próximo periodo, el 40 % de su presupuesto a estas medidas, cifra que resulta superior a la media de las políticas europeas al medioambiente y el clima, que es del 30 %.
En el transcurso del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se ha celebrado por videoconferencia en jornada de mañana y tarde, el ministro ha puesto en valor el esfuerzo que deberán realizar agricultores y ganaderos para dar cumplimiento a este compromiso ambiental. “Debemos contribuir a generar certidumbre y a disipar cuanto antes las dudas que su puesta en marcha puede suponer”, según el ministro. 
Con respecto a los eco-esquemas, Planas ha defendido el equilibrio alcanzado con el acuerdo del Consejo del pasado mes de octubre. “Es muy necesario valorar lo que esto significa”, ha recalcado Planas, que ha querido dejar constancia de la novedad que suponen los eco-esquemas para agricultores y para las propias administraciones. Por eso ha reivindicado que se mantengan en la negociación todos los elementos de flexibilidad acordados en el Consejo en octubre, entre ellos, el periodo de aprendizaje de dos años (2023 y 2024). 
En todo caso, España apoya a la presidencia portuguesa en sus esfuerzos para llegar a un acuerdo final sobre la arquitectura medioambiental y la PAC durante su mandato. 
Así, el ministro ha apoyado el umbral del 30 % para el gasto medioambiental del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en cuyo cálculo deben contabilizarse las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, por los beneficios para el medioambiente que reporta su actividad de marcado carácter extensivo y su aportación a la lucha contra la despoblación. 
MERCADOS
También se ha abordado la propuesta española, con el apoyo de otros 15 países, de solicitar fondos adicionales para el sector vitivinícola comunitario. Planas ha expuesto la situación de desequilibrio por la que atraviesa el comercio a nivel comunitario como consecuencia de las limitaciones a la actividad económica en el canal HORECA. Otras muchas delegaciones han puesto de manifiesto los problemas que afectan a otros sectores agrarios de otros países, particularmente por las heladas que han afectado a algunos Estados miembros en abril. En este contexto, la Comisión ha indicado que todavía no puede proponer medidas y que hará un seguimiento cercano a la situación. 
Por otro lado, “la estrategia de la Comisión relativa a la política comercial de la Unión Europea es un ejemplo en la defensa de un comercio abierto, basado en normas, justo y sostenible”, ha destacado el ministro. Ha subrayado que es positiva la actualización del estudio sobre el impacto y el efecto acumulativo de los acuerdos de libre comercio. Si bien el ministro ha solicitado que se revise el estudio, ya que no incluye los compromisos derivados de las estrategias del “Pacto Verde” y “De la granja a la mesa”. Ha remarcado que “el esfuerzo que asumen los productores europeos tiene que ser asumidos también por nuestros socios comerciales”. 
Ha recordado que se está negociando un acuerdo con Australia y Nueva Zelanda y que en las próximas semanas la Comisión debería hacer llegar una oferta a estos países. “Pedimos que se extreme la prudencia en relación con los sectores vulnerables y que no se hagan ofertas que perjudiquen nuestros intereses”, ha remarcado. 
BIENESTAR ANIMAL
También se ha analizado la cuestión del bienestar animal, cuya normativa actual, una de las más exigentes del mundo, se está evaluando. 
España espera que la Comisión presente la actualización de la estrategia de bienestar animal y la revisión de la legislación prevista para 2023. Igualmente, España ha apoyado la armonización normativa en materia de etiquetado de origen de los productos agrarios, incluyendo en este contexto el etiquetado propuesto por Alemania de los métodos de cría de los huevos en los productos transformados.
MAPA.
-UPA ha pedido una normativa para implantar placas solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas que sirva para responder a las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y de las naves ganaderas.
UPA Castilla y León ha sacado adelante una propuesta en el último Congreso Federal de UPA, celebrado días atrás, para solicitar una normativa para implantar placas fotovoltaicas o solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas. Nuestra apuesta es la de reclamar una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica e incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen.
Nuestra organización no puede olvidar que España, junto al resto de los países europeos, tiene el objetivo de que en el año 2030 el 32 % de la energía final consumida provenga de renovables. Y por otro lado, la realidad dice que Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas, por lo que deben blindarse los terrenos de cultivo frente la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, puesto que bajo nuestro punto de vista agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.
UPA alerta sobre el afán de búsqueda de suelo por parte de la iniciativa privada que actualmente se extiende a prácticamente todas las comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Andalucía… …etc. Este nuevo boom de las renovables ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería.
Consideramos que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas administraciones a establecer medidas legislativas en tal sentido. Como organización profesional agraria progresista, UPA solicita tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León que adopten medidas de apoyo, en este sentido, para las explotaciones familiares agrarias.
Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para los agricultores y ganaderos. Todo lo demás, y por lo tanto el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras, es rechazado contundentemente por parte de UPA.
Así pues, UPA CyL apuesta por las energías renovables, y reclama a las administraciones que a través de legislación se regulen la implantación de este tipo de infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola. Además, UPA solicita tanto al Gobierno central como regional una línea de ayudas para la instalación de infraestructuras y placas solares en zonas baldías y terrenos poco aptos para los cultivos, que sirvan para responder a las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y de las naves ganaderas.
UPA CyL.
-El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2020 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices. 
Las reducciones aprobadas hoy se suman a la del 20 % aplicada de forma horizontal a todos los agricultores y ganaderos de forma excepcional para ayudar a los sectores especialmente afectados por la actual situación generada por la COVID-19 (Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre). 
Esta rebaja de la base imponible de los declarantes en el régimen de estimación objetiva agraria se calcula en 1.081 millones de euros. Unos 534 millones de euros corresponden a la orden aprobada hoy y otros 547 millones de euros son debidos a la rebaja del 20 % que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar. 
IMPORTANTE LÍNEA EN UN AÑO DIFÍCIL PARA EL SECTOR AGRARIO
La reducción de módulos es un importante apoyo para todos los agricultores y ganaderos españoles en un año difícil como el 2020, en el que la producción agraria se ha visto afectada también por problemas de mercado, como los aranceles de Estados Unidos, o por los derivados del cierre de la hostelería como consecuencia de la COVID-19. 
Además, se han tenido en cuenta los daños en el sector agrario por adversidades climáticas como la falta de precipitaciones en el noroeste y en el suroeste peninsular, el exceso de las mismas en amplias zonas del tercio este y en puntos del centro y norte de la península, así como otros episodios extremos, como la tormenta Gloria en enero de 2020. 
La orden beneficia, a nivel estatal, a agricultores y ganaderos de flor cortada, olivar, uva de vinificación, productores de ganado ovino y caprino de carne, porcino ibérico y vacuno de carne, además de apicultores. 
Así, por ejemplo, la reducción de módulos para la flor cortada responde a los graves efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre el sector, que impidió la normal comercialización del producto por los canales habituales en los momentos de mayor producción de demanda del año. 
En lo que se refiere al olivar, la minoración refleja descensos de producción en determinadas zonas de cultivo y la complicada coyuntura de mercado que atraviesa el sector, agravada por las consecuencias del Panel Airbus y los aranceles en EE.UU.
También se reduce el índice de tributación para uva de vinificación, que ha visto caer la producción de forma relevante en determinadas zonas, a lo que se suma que la producción de vino se ha visto particularmente afectada por el cierre del canal Horeca a causa de la COVID-19. 
Además de las reducciones a nivel estatal, se han efectuado un elevado número de rebajas a nivel autonómico, provincial o municipal. En esta línea, destacan las importantes reducciones de fruta dulce en áreas relevantes para esa producción de Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura, debido a un descenso importante de cosecha. 
De forma adicional, para la declaración de la renta de 2020 se continúa aplicando el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego. Los agricultores que utilicen electricidad para el riego podrán beneficiarse de una reducción de un 20 % del rendimiento neto para cultivos regables. 
Las reducciones de módulos establecidas con carácter estatal para la declaración de la renta 2020 de agricultores y ganaderos son las siguientes: 
Sectores agrícolas:
- Flores y plantas ornamentales: de 0,32 a 0,06
- Olivar: de 0,26 a 0,18
- Uva para vino con DOP: de 0,32 a 0,22
- Uva para vino sin DOP: de 0,26 a 0,18 
Sectores ganaderos:
- Bovino de cría: de 0,26 a 0,18
- Bovino de carne: de 0,13 a 0,09
- Ovino de carne: de 0,13 a 0,09
- Caprino de carne: de 0,13 a 0,09
- Porcino ibérico de carne: de 0,13 a 0,09
- Porcino ibérico de cría: de 0,26 a 0,18
- Apicultura: de 0,26 a 0,13
MAPA.
-En las dos últimas décadas hemos asistido a un aumento en la legalización mundial del cultivo y consumo de cannabis medicinal y recreativo. De hecho, es legal para ese uso en Uruguay, Canadá, 12 estados de los Estados Unidos y con fines médicos en 36 países. Los valores económicos combinados de los mercados mundiales de cannabis legal e ilícito crecen y ya se estiman en 284.000 millones de euros mientras se espera que el mercado crezca significativamente para 2025.
Pero a medida que los gobiernos regulan este cultivo anteriormente ilegal, su impacto medioambiental cada vez es más notorio y está contribuyendo en gran medida al cambio climático.
El estudio. Hoy en día, la mayoría de los cultivos ocupan lugares al aire libre, sin embargo, eso no siempre es posible debido al clima o las regulaciones. Por eso existen indicios de aumentos recientes en el cultivo de interior. Una investigación de la Universidad de Colorado publicada hace unos meses en Nature Sustainability sugería que cultivar cannabis en interiores requiere mucha energía. Demasiada. Desde la electricidad hasta el bombeo de dióxido de carbono a los cuartos de cultivo para acelerar el crecimiento de las plantas. Y eso tiene un impacto nefasto para el medioambiente.
El estudio analizaba la energía y los materiales necesarios para cultivar cannabis en interiores y se cuantificó el ciclo de vida resultante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la ubicación, de 2.283 a 5.184 kg de equivalente de CO2 por kg de flor seca. De hecho, una onza de hierba puede tener una huella de carbono de hasta 148 kilos. Y esto perjudica a muchos países como EEUU, por ejemplo, que todavía depende en gran medida de la industria de los combustibles fósiles para obtener energía, de la cual la industria del cannabis necesita ingentes cantidades cuando se cultiva en interiores.
Consumo extremo. Otro estudio concluía que la producción de cannabis en interiores consume 20.000 millones de kilovatios-hora, produce hasta 15 millones de toneladas métricas de CO2 y tiene un gasto monetario de 5.000 millones de euros anuales. También que representa el 9% del consumo de energía de los hogares de California, el 3% del uso de energía en todo el estado y el 1% de toda la electricidad utilizada en los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea: es básicamente el equivalente a lo que se necesita para alimentar a más de 2,5 millones de hogares durante un año. En Colorado, la industria de la marihuana representa el 1,3% de las emisiones anuales totales. Esto es similar a las emisiones de la minería del carbón y la recolección de basura del estado.
Más consumo, más cultivo: la industria del cannabis ha encontrado una oportunidad en el coronavirus
¿La razón? Las luces que se utilizan para cultivar marihuana en interiores consumen mucha electricidad, y las instalaciones requieren mucha energía para mantener un ambiente adecuado para las plantas. Eso significa acondicionadores de aire o calentadores para mantener las temperaturas adecuadas. Los productores también bombean dióxido de carbono al interior para aumentar el crecimiento de las plantas. Sólo esto ya representa del 11% al 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones. Pero el mayor uso de energía proviene de la necesidad de llevar constantemente aire fresco a los interiores, que necesita ser tratado para que tenga una humedad correcta.
¿Por qué cultivamos en interiores? Por un lado, a menudo se considera que es de mayor calidad que el cannabis al aire libre o de invernadero, y obtiene el mejor precio en los dispensarios. Un ambiente interior también protege a las plantas del clima impredecible y otros peligros para los cultivos. Además, puede maximizar las ganancias al requerir menos empleados y poder operar durante todo el año en cualquier clima y múltiples cosechas por año. Pero quizás la razón más importante de que haya tantos es la forma en que se ha regulado el cannabis.
Históricamente, la ilegalidad del cannabis obligó a los cultivadores a ocultar sus operaciones de cultivo en interiores, con ventanas oscurecidas, luces potentes y filtros de alta potencia y unidades de aire acondicionado para mantener las cosas frescas y evitar que los olores escapen y levanten sospechas. Si bien la legalización del cannabis en algunas áreas ha generado mejoras, todavía existen desafíos regulatorios que mantienen el cultivo en interiores.
¿Qué se está haciendo? Algunas geografías como el Valle de Coachella en California, donde las condiciones son óptimas para el cultivo al aire libre, han establecido requisitos de metros cuadrados para las instalaciones interiores. Otras ciudades han aplicado recargos a la electricidad para desincentivar el cultivo en interiores, especialmente para el mercado no regulado, pero esto simplemente lleva a los productores a prácticas más intensivas en energía, como el uso de generadores diésel. Algunos estados como Massachusetts e Illinois exigen a los cultivadores que utilicen tecnología más eficiente en energía, y California está considerando exigir que los cultivadores de interior usen LED en lugar de luces HPS que acaparan la energía.
¿Regular o prohibir? Pero la cuestión de si la prohibición del cannabis está dañando el planeta, al permitir que los agricultores no regulados utilicen estas técnicas de cultivo dañinas, es algo que los países deberán considerar a medida que avanza el debate sobre la legalización. Ya se discute en países como Reino Unido. "Estos impactos son el resultado del cannabis no regulado, pero ninguno de estos impactos estaría aquí si no tuviéramos una prohibición", decía el Dr. Anthony Silvaggio, sociólogo ambiental de la facultad del Instituto Humboldt, en un reportaje de EuroNews.
Otros expertos son más radicales: "No se puede decir que la legalización tiene un impacto u otro. Pero, en última instancia, una prohibición total del cultivo de cannabis a gran escala es la única forma de abordar la crisis ambiental. Los métodos dañinos que se utilizan en masa están destruyendo nuestra tierra".
A.Sanchis. Magnet.
-Los fondos destinados a los eco-esquemas contemplados en la futura PAC podrían contar con el 25% del presupuesto para ayudas directas. Esa es la propuesta de compromiso presentada por la presidencia portuguesa de la UE para tratar de favorecer un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre este punto.
Hay que recordar que el pasado mes de octubre, cuando adoptó su posición sobre la futura PAC, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE decidió que ese régimen de ayudas contara con el 20% del dinero disponible para pagos directos, mientras que el Parlamento Europeo quiere llegar al 30%. La fórmula de compromiso del 25% planteada por la presidencia portuguesa podría contar con el apoyo de una mayoría de los Estados miembros, tal y como quedó de manifiesto ayer, 26 de abril, en la reunión informal por videoconferencia de los ministros de Agricultura de los 27.
Ese apoyo, sin embargo, está condicionado. Los ministros quieren máxima flexibilidad a la hora de aplicar este régimen de ayudas. Por un lado, habría un período de dos años considerado de “aprendizaje”, de forma que en 2023 y 2024 no habría sanciones para los Estados miembros que no consigan ejecutar el presupuesto que finalmente se asigne a los eco-esquemos; por otro lado, piden que ese porcentaje del presupuesto pueda reducirse si se destinan una parte importante de los fondos de desarrollo rural a objetivos medioambientales.
La fórmula de compromiso del 25% planteada por la presidencia portuguesa podría contar con el apoyo de una mayoría de los Estados miembros
El ministro de Agricultura español, Luis Planas, parece reticente a ese incremento del presupuesto para los eco-esquemas. En un comunicado, el Ministerio señala que el ministro defendió “el equilibrio alcanzado con el acuerdo del Consejo del pasado mes de octubre”, recordó la novedad que supone este régimen para agricultores y administraciones y reivindicó que se mantengan en la negociación todos los elementos de flexibilidad acordados en el Consejo en octubre, entre ellos, el periodo de aprendizaje de dos años (2023 y 2024). No obstante, apoya “a la presidencia portuguesa en sus esfuerzos para llegar a un acuerdo final sobre la arquitectura medioambiental y la PAC durante su mandato”.
En relación también con la arquitectura medioambiental de la PAC, Planas apoyó el umbral del 30% para el gasto medioambiental del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), en cuyo cálculo deben contabilizarse, insistió, las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, por los beneficios para el medioambiente que reporta su actividad de marcado carácter extensivo y su aportación a la lucha contra la despoblación.
La presidencia portuguesa del Consejo sigue confiando en que se llegue a un acuerdo sobre la reforma de la PAC con el Parlamento Europeo este mes de mayo a pesar de que aún hay elementos clave de la misma en los que las diferencias entre las dos instituciones son importantes: definición de agricultor activo o genuino, dispositivos para derivar más ayudas a las pequeñas explotaciones, condicionalidad… … Para lograr ese objetivo la presidencia podría adelantar en una semana la próxima sesión de los ministros de Agricultura, a los días 25 y 26 de mayo, y organizar de forma paralela un “super trílogo” con el Parlamento Europeo.
Agropopular.
-En 2021 se producirá el segundo mayor aumento de la historia de emisiones de CO2
La mitad de las tecnologías necesarias para alcanzar la neutralidad de carbono aún no están listas para el mercado, según la AIE.
La dramática interrupción de la actividad económica el año pasado debido a la pandemia solo tuvo como consecuencia una breve caída en las emisiones globales de CO2. Pero este año, se prevé que la demanda mundial de energía crezca con fuerza, y el uso de carbón y gas aumentará por encima de los niveles de 2019, según los últimos datos y estimaciones en tiempo real para 2021 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Como resultado, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía están en camino de aumentar en 1.500 millones de toneladas en 2021, el segundo aumento más grande en la historia, revirtiendo la mayor parte del declive del año pasado.
El crecimiento es un claro recordatorio de los desafíos que enfrentan los gobiernos de todo el mundo para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.
Más carbón en Asia
Según el Global Energy Review 2021, el aumento esperado en el uso de carbón de este año eclipsa el de las energías renovables en casi un 60%, incluso cuando la generación de electricidad a partir de energías renovables aumentará en más del 8%.
Se prevé que más del 80% del crecimiento proyectado en el uso del carbón provenga de Asia, liderado por China. El uso de carbón en los Estados Unidos y la Unión Europea se mantendrá muy por debajo de los niveles previos a la crisis.
Más renovables
Se espera que las energías renovables proporcionen un 30% de energía, lo que supone un récord de la generación de electricidad en 2021, frente a menos del 27% en 2019.
El crecimiento de las emisiones de CO2 este año proporcionó un trasfondo desolador para la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que fue organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante dos días la semana pasada. El director ejecutivo de AIE, Fatih Birol, habló el viernes y destacó la necesidad de respaldar las promesas de reducir las emisiones con acciones políticas creíbles.
Sus severos comentarios fueron recogidos por el enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, quien habló después de él. "Como nos advirtió el Dr. Birol, no estamos haciendo el trabajo. La prueba no es la retórica, como dijo el Dr. Birol, es si podemos ponernos el cinturón de seguridad y hacer esto".
Durante su discurso, Birol dijo en la Cumbre que se requería una transformación completa del sector energético para alcanzar emisiones netas cero, y que aproximadamente la mitad de las tecnologías necesarias para alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo aún no están listas para el mercado, destacando la necesidad de grandes avances en la innovación en energías limpias.
También anunció que el próximo mes la Agencia Internacional de la Energía publicará la hoja de ruta hacia cero emisiones netas. Si los países de todo el mundo persiguen emisiones netas cero para 2050, las oportunidades de inversión con bajas emisiones de carbono se triplicarán solo en la próxima década. El informe, Net Zero en 2050 para el sistema energético mundial, se publicará el 18 de mayo.
Almacenamiento de CO2.
El mundo tiene una gran capacidad para almacenar CO2 y necesitaremos usarlo. La captura, utilización y almacenamiento de carbono, o CCUS para abreviar, es un pilar clave para lograr una transición exitosa a un sistema de energía limpia. Este grupo de tecnologías no solo reduce directamente las emisiones en sectores económicos críticos, sino que también elimina las emisiones de dióxido de carbono que no se pueden evitar.
La necesidad de almacenamiento de CO2 aumentará de alrededor de 40 Mt/año en la actualidad a más de 5.000 Mt/año a mediados de siglo.
La buena noticia, según un comentario reciente de los analistas de la IEA Samantha McCulloch y Raimund Malischek, es que la capacidad de almacenamiento potencial del planeta se estima en entre 8.000 gigatoneladas y 55.000 gigatoneladas, con la mayor disponibilidad en Rusia, América del Norte y África.
El CO2 se puede comprimir e inyectar en las profundidades de la superficie de la tierra en un proceso que imita cómo el petróleo y el gas han quedado atrapados bajo tierra durante millones de años. Varios proyectos en Noruega, Australia, Canadá, Australia y Estados Unidos han demostrado el potencial de utilizar formaciones salinas profundas y depósitos de petróleo y gas agotados, con solo pequeños riesgos de fugas fácilmente manejables. 
Leve repunte del gas
Después de una caída récord en la demanda mundial el año pasado, los mercados de gas natural se vieron afectados por repuntes y picos de precios en los primeros meses de 2021 a causa de las olas de frío en el noreste de Asia y luego de América del Norte.
Estos episodios invernales tuvieron un efecto significativo en los mercados mundiales de gas, alejando los suministros de GNL de Europa y provocando retiros de almacenamiento y picos de precios.
Se espera que la demanda mundial de gas crezca un 3,2% en 2021, más que recuperando la caída del año pasado, según el Informe del mercado de gas del segundo trimestre de la AIE. No obstante, las perspectivas para el gas siguen estando sujetas a diversas incertidumbres, incluido un repunte potencialmente lento de la actividad económica en algunas partes del mundo y el cambio a otros combustibles.
INVERTIA.
-Hay dos formas de matar las cosas: por activa y por pasiva. Y el Gobierno español, con su Ley de Cambio Climático, ha apostado decididamente por esta última. Las supuestas medidas ambiciosas en todo lo relacionado con la sostenibilidad que el Gobierno decía traer bajo el brazo en el programa que en su momento presentó a los españoles han terminado convertidas en un conjunto completamente descafeinado de generalidades, de patético conformismo, de obvia insuficiencia y, sobre todo, de una lentitud que dilapida un tiempo que no tenemos. 
¿De qué sirve decir de manera grandilocuente que "España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050" cuando resulta que eso es precisamente lo que establece el Acuerdo de París, del que España es firmante?
¿Es que acaso antes de la ley de cambio climático, España pensaba simplemente incumplir los compromisos del tratado que había firmado? 
¿Qué supone "reducir en al menos un 20% el conjunto de las emisiones de la economía española con respecto a los niveles de 1990"? Simplemente, escasa ambición, por debajo del objetivo fijado por la Unión Europea, por Estados Unidos, por el Reino Unido o por Japón. 
El Gobierno español promueve medidas con plazos tan pasmosamente lentos y conservadores, que incluso las propias industrias afectadas se adelantan a ellos. Son ya varias las compañías de automoción que han adelantado sus planes para fabricar únicamente vehículos eléctricos a plazos como 2025 ó 2030. Algunos rezagados lo plantean para 2035.
¿Dónde lo sitúa el gobierno español? En 2040, y se refiere únicamente a la prohibición de venta de vehículos de combustión interna, sin planes para prohibir efectivamente su circulación, lo que implica que aún pasarán muchas décadas en las que seguiremos viendo esos vehículos contaminar el aire de nuestro país, incluso cuando las alternativas eléctricas sean mejores, más baratas y competitivas. 
El Gobierno español promueve medidas con plazos tan pasmosamente lentos y conservadores, que incluso las propias industrias afectadas se adelantan a ellos
La fecha, para la descarbonización del parque de centrales eléctricas no imponen a las compañías generadoras ningún tipo de prisa, sino todo lo contrario. Tranquilos, hay tiempo… total, solo hablamos de una emergencia.
¿De verdad alguien en su sano juicio es capaz de ver algún tipo de sensación de emergencia o de prisa en la ley de cambio climático española? No, todo lo que vemos es una transición lenta, pausada, tranquila, como si tuviésemos todo el tiempo del mundo. No vaya a ser que los sectores económicos implicados se nos estresen. Emergencia implica estrés, cambios rápidos, fuertes golpes de timón, no patético conformismo. 
Hablamos de una ley con un planteamiento que solo puede ser calificado como de lento, obsoleto e insuficiente. De una lentitud insostenible. Y es precisamente ese pecado, el de la lentitud, el más grave de todos los que podía cometer, porque tiempo es precisamente lo que no tenemos. 
España es uno de los países de Europa con mejores posibilidades para el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, el plan de descarbonización de la energía que el Gobierno pone encima de la mesa es conservador, planteado como para "no molestar"a unas empresas eléctricas que, de hecho, ya prácticamente iban por delante en sus objetivos corporativos.
En lugar de ser ambicioso y proactivo, nuestro país ha decidido plantear una transición lenta, conformista, y que no tiene en cuenta lo que la ciencia dice que el planeta realmente necesita.
Hay un clarísimo desfase entre los objetivos que los científicos afirman que tenemos que cumplir para evitar una emergencia climática, y lo que nuestro Gobierno dice estar dispuesto a hacer para ello, y a pesar de eso, todavía pretende vendernos la ley como algo supuestamente ambicioso. No, no es ambicioso en absoluto. Los objetivos planteados son claramente insuficientes. 
Supeditar unos objetivos como esos a los beneficios empresariales o al intento de evitar tensiones económicas es no entender de qué estamos hablando. Hacer las cosas para la galería, para simplemente cumplir o, peor, para que "parezca" que estamos haciendo algo. Es el equivalente al greenwashing gubernamental, a reducir los objetivos de descarbonización a meras medidas cosméticas, que no molesten a nadie. 
Muchos años de greenwashing empresarial, de reducir los objetivos de sostenibilidad a simple marketing, nos llevaron a aberraciones de todo tipo en las que algunas empresas nos decían que sus productos eran supuestamente limpísimos, mientras contaminaban cuarenta veces por encima de los límites establecidos legalmente.
Mentiras que los ciudadanos toleraban, porque aún son demasiados los que no han entendido lo que nos jugamos en esto. Ahora, tras el greenwashing empresarial, llega el greenwashing gubernamental, mucho más peligroso. 
La Ley de Cambio Climático española es lenta y conformista, de una lentitud insostenible. Carece de proactividad, de innovación y de actitud de progreso. Tenemos que seguir trabajando. 
Enrique Dans.
- UPA Andalucía. Tras conocer su contenido, la citada disposición ha cosechado un aluvión de críticas por no ser la mayor rebaja del siglo y por dejar fuera a muchos sectores en la mayor parte de Hace unas semanas Luis Planas anunció en Sevilla la que, según sus propias palabras, sería la orden ministerial con “la mayor rebaja de los módulos de este siglo”. Fue antes de acudir al congreso de las provincias españolas. Las organizaciones agrarias más importantes han multiplicado sus peticiones para que se publique otra orden y se corrijan los errores cometidos.
A continuación, adjuntamos un resumen de las posiciones de las organizaciones agrarias.
ASAJA
En Andalucía, ASAJA Córdoba ha considerado “insuficiente” la reducción de módulos ante las pérdidas del sector agrario ya que “en el vacuno y ovino-caprino de leche, olivar, cereales, leguminosas, oleaginosas, cítricos y almendros, suben los módulos con respecto a los que se aplicaron en 2019, mientras que en porcino, vacuno y ovino-caprino en extensivo, son iguales a las de 2019”.
En la provincia de Sevilla, según ASAJA, la reducción se deja fuera a la mitad de los sectores afectados como el tomate de industria, el algodón o los cereales, y critica que tampoco haya contemplado los cultivos del almendro, la patata o el girasol.
En Almería, consideran “injusto el trato que ha recibido la provincia” ya que “Hacienda pasa de largo e ignora las peticiones realizadas por los daños sufridos, entre otras situaciones, por la borrasca Gloria a su paso por Níjar y el Levante”. Además, añade que se debería haber ido un paso más en el caso de la flor cortada y haber dejado el módulo en 0.
ASAJA de Castilla y León ha criticado que el Ministerio se haya olvidado del sector vacuno de leche, la patata y de otros sectores cuya rentabilidad se ha visto muy afectada por la crisis de consumo derivada de la pandemia, aunque ha considerado positiva la revisión a la baja en los sectores de vacuno de carne, ovino y caprino de carne, porcino ibérico, uva para vino, apicultura y flores y plantas ornamentales coincidiendo con la petición que en su día hizo esta organización agraria.
COAG
COAG Andalucía ha pedido una corrección de errores que contemple la reducción de módulos para sectores tan vitales para la región como las frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y la ganadería de leche, “marginados en la orden”.
Por otro lado, ha mostrado satisfacción por las justas rebajas fiscales para algunos sectores específicos como los de la flor cortada, olivar, ganadería de carne y uva de vino.
UPA 
UPA Andalucía ha señalado que la reducción se queda lejos de la del pasado año y eso implica, según la organización, que los productores tengan una carga impositiva de dos puntos superior a la registrada en 2020.
También ha lamentado “la poca ambición y el escaso apoyo al sector” porque “no se cumplen ni mucho menos las expectativas creadas desde el propio Gobierno de España al aprobarse una reducción hasta el 0,18, por ejemplo, en olivar y uva para vino sin DO cuando el año pasado fue del 0,13”.
Agropopular.
Ante la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden de reducción de los módulos del IRPF, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera que “son insuficientes al no tener en cuenta suficientemente las pérdidas que ha sufrido el sector agrario en el último año, a pesar de la crisis de precios de la mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas y el esfuerzo realizado por el sector durante la pandemia del Covid”.
Fernández de Mesa lamenta que no se haya cumplido el compromiso anunciado por el ministro Planas hace dos semanas en Sevilla, quien afirmó que se “trata de la reducción más importante en este siglo en fiscalidad en el sector agrario”, lo cual no se corresponde con lo publicado en el BOE, pues en vacuno y ovino-caprino de leche, olivar, cereales, leguminosas, oleaginosas, cítricos y almendros, suben los módulos con respecto a los que se aplicaron en 2019. En porcino, vacuno y ovino-caprino en extensivo, son iguales a las de 2019.
El presidente de Asaja Córdoba considera que “no es justo ni razonable subir impuestos a la renta con respecto a 2019 cuando ha habido pérdidas muy importantes en 2020 en cultivos herbáceos y en el olivar con precios mínimos históricos, y en casi todas las producciones ganaderas, situación que dio lugar a las importantes manifestaciones que se realizaron a principios de 2020 y que se vieron frenadas por el Covid”.
Y es que, por ejemplo, en el caso del olivar, aunque se reduce del 0,26% al 0,18%, es superior al 0,13% que se aplicó en la renta de 2019, lo que supone una subida del módulo a aplicar. En los cítricos, no se ha producido ninguna reducción, fijándose el índice de rendimiento neto en 0,26% frente al 0,18 que se fijó finalmente en 2019, por lo que realmente también se ha producido una subida. Lo mismo ocurre con las oleaginosas, con un 0,32% frente al 0,22% de 2019. También, en los cereales y leguminosas el índice se ha fijado en 0,26 en comparación al 0,18% de 2019; y en los frutos no cítricos (como el almendro), en 0,37% frente al 0,30% del ejercicio anterior.
En el caso del ovino y caprino de leche, tampoco se ha producido ninguna reducción, sino más bien al contrario, fijándose el índice en el 0,26, cuando, en 2019, se redujo a 0,18%. También, el bovino de leche ha sufrido una subida, pasando del 0,18% al 0,20%.
No obstante, en el caso de porcino, bovino y caprino de carne extensivo y el porcino y bovino de cría extensivo, se mantienen igual que en 2019 al situarse en 0,09%. Y sí se produce una bajada en la uva para vino con DOP (del 0,32% al 0,22%), en la uva sin DOP (del 0,26% al 0,18%) y el algodón en la provincia de Córdoba (del 0,37% al 0,26%).
Por último, sí es positivo que se confirme que se mantiene el acuerdo ya alcanzado hace algunos meses de aplicar una reducción general del 20% al rendimiento neto de módulos.
Por tanto, ante la publicación de estos indicadores y al haberse producido una bajada en sólo esas tres producciones, Asaja afirma que seguirá trabajando para que en la corrección de errores “se modifiquen estas injustas situaciones”.
ASAJA Córdoba
-Los diversos fenómenos climatológicos adversos, la incidencia de las plagas y el hundimiento de precios, derivado del cierre del canal Horeca y de los cambios en los hábitos de consumo como consecuencia del COVID-19, provocaron en 2020 importantes pérdidas de renta en sectores tan importantes para la provincia de Sevilla como el olivar, la ganadería, el arroz, el algodón, los cereales, el girasol, el tomate, la patata, el almendro y la flor cortada. Sin embargo, y pese a los informes presentados por ASAJA-Sevilla, la reducción de los módulos publicada hoy en el BOE se deja fuera a la mitad de estos sectores.
ASAJA-Sevilla valora que la reducción aprobada por el Ministerio de Hacienda y publicada hoy en el BOE contemple la reducción del índice de módulos para la ganadería de carne (ovino, bovino, caprino y porcino ibérico) el olivar (mesa y molino), las flores, la apicultura, la uva de vinificación y el arroz cultivado en los municipios sevillanos de Aznalcázar, Isla Mayor y la Puebla del Río (los más afectados por el incremento de la salinidad del agua de riego).
No obstante, son muchos los agricultores y los sectores de la provincia de Sevilla que tendrán que tributar por unos ingresos que no han obtenido, puesto que en la orden no se ha contemplado una reducción del módulo del tomate de industria, el algodón o los cereales, que sufrieron importantes mermas de producción como consecuencia de las plagas, ni tampoco ha contemplado los cultivos del almendro, la patata o el girasol, que sufrieron un grave hundimiento de los precios tras la declaración del estado de alarma, el inicio del confinamiento y el cierre del canal Horeca.
Los índices aprobados en la orden de reducción de módulos para los agricultores y ganaderos que tributen en el régimen de estimación objetiva correspondientes al ejercicio de 2020 en las provincias de Sevilla, son las siguientes:
 
Debemos recordar que todos los módulos, tanto los que ahora se han visto reducidos como aquellos para los que no se ha contemplado reducción por circunstancias excepcionales, se vieron ya minorados tras la publicación del Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre, que elevaba la reducción del rendimiento neto del 5 al 20 por ciento, lo que habrá que tener también en cuenta a la hora de presentar la declaración del IRPF de 2020.
ASAJA-Sevilla
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2020 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos), una orden muy esperada por todo el sector que se encontraba expectante y con gran incertidumbre, ya que la campaña de la renta dio comienzo el pasado 7 de abril y hasta el día de hoy sabían cómo hacer sus declaraciones.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía considera que esta orden presenta luces y sombras y sentimientos encontrados en el sector agrario andaluz.
Por un lado, esta organización muestra su satisfacción por las justas rebajas fiscales para algunos sectores específicos como la flor cortada, productos del olivo, uva para vino, castaña, apicultura, ganado ovino y caprino de carne, porcino ibérico y vacuno de carne. Pero, al mismo tiempo, considera las medidas como insuficientes, ya que se quedan fuera de las reducciones sectores tan importantes y perjudicados por la pandemia y las incidencias meteorológicas como el almendro, los subtropicales, los cítricos, los hortícolas (excepto el tomate de Conil), la ganadería de leche, el algodón (excepto en Córdoba) y los cereales. Tampoco se contempla en la orden la reducción a cero solicitada por COAG Andalucía para la apicultura afectada por el incendio de Almonáster La Real y El Campillo (Huelva). Por ello, las reacciones ante esta publicación han sido dispares en los distintos sectores agrícolas y ganaderos andaluces.
Los beneficiados: flor cortada, olivar, ganadería de carne y uva de vino
Los floricultores se felicitan porque sus reivindicaciones han sido tenidas en cuenta: la reducción de módulos para la flor cortada y las plantas ornamentales pasa de 0,32 a 0,06, ayudando a paliar así a los graves efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre el sector, que impidió la normal comercialización del producto por los canales habituales en los momentos de mayor demanda del año.
Lo mismo ocurre con el sector del olivar, que pasa de 0,26 a 0,18, tras los descensos de producción en determinadas zonas de cultivo y la complicada coyuntura de mercado que atraviesa el sector, y el sector de la uva de vinificación, que presenta una reducción de 0,32 a 0,22 (con DOP) y de 0,26 a 0,18 (sin DOP).
También han recibido con alivio la orden publicada hoy el sector ganadero de carne, que reduce los índices de esta manera: bovino de cría, de 0,26 a 0,18; bovino de carne, de 0,13 a 0,09; ovino de carne, de 0,13 a 0,09; caprino de carne, de 0,13 a 0,09; porcino ibérico de carne, de 0,13 a 0,09; porcino ibérico de cría, de 0,26 a 0,18; y apicultura, de 0,26 a 0,13.
Frutas y Hortalizas, olvidadas
En el otro lado de la moneda se encuentran los productores de frutas y hortalizas andaluces, los grandes olvidados por el Ministerio de Agricultura, que ha ignorado las demandas del sector ante los graves daños provocados por adversidades climáticas como Gloria en enero de 2020 o la alta incidencia de virosis durante el pasado año.
En la misma línea de decepción se encuentran el sector algodonero y el cerealista, para los que no se contempla ninguna rebaja fiscal (a excepción del algodón de Córdoba), así como muestran su disconformidad con la medida los ganaderos de leche, que, a diferencia de los ganaderos de carne, no ven reducidos los módulos a pesar de los efectos del COVID.
Por ello, desde COAG Andalucía se pide al ministro de Agricultura que rectifique y que el Ministerio de Hacienda publique una nueva orden con corrección de errores que sí contemplen reducción de módulos para sectores tan vitales para Andalucía como las frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y la ganadería de leche, que no pueden ser marginados de esta manera.
COAG Andalucía.
-Poca ambición y apuesta por la agricultura y la ganadería. El Ministerio de Hacienda tenía una buena oportunidad para demostrar su apoyo a un sector estratégico y no la ha aprovechado, porque la reducción de módulos del IRPF aprobada ha sido menor a la que se aplicó el año pasado. Incluso algunos cultivos ni siquiera están incluidos en la medida. De ahí que UPA Andalucía reclame su modificación para que dicha rebaja sea, como mínimo, la misma que la de 2020 y que se incorporen todas las producciones que se han quedado fuera. El secretario general de la Organización, Cristóbal Cano, justifica esta petición porque, a lo largo de todo el año pasado, los precios en origen estuvieron por los suelos, y, sin embargo, en la declaración de la renta de los agricultores y ganaderos habrá un valor impositivo mayor.
“El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de Rendimiento Neto aplicables en 2020 en el sistema de estimación objetiva de IRFP (módulos) para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Y tenemos que lamentar la poca ambición y el escaso apoyo al sector porque no se cumplen ni mucho menos las expectativas creadas desde el propio Gobierno de España al aprobarse una reducción hasta el 0,18, por ejemplo, en olivar y uva para vino sin DO cuando el año pasado fue del 0,13”, critica Cristóbal Cano.
Después de un análisis pormenorizado de la orden, UPA Andalucía considera que varios índices distan mucho de la reducción necesaria y no recogen las circunstancias excepcionales de bajos precios en origen que se produjeron durante el año pasado, graves pérdidas sufridas en sectores estratégicos para nuestra comunidad autónoma. “El Ministerio no recoge las pérdidas sufridas en cultivos como la almendra, ni tampoco la producción de leche de caprino, cuando en 2020 sí tuvieron reducciones. En cuanto a los cítricos, Hacienda tampoco ha tocado los módulos, perjudicando seriamente a los agricultores de este sector en nuestra región. En el caso de la uva con denominación de origen, la reducción solo ha sido de cuatro puntos cuando en bodega se ha comprado menos de la mitad producida, generando pérdidas para los viticultores. A nuestro juicio se trata de una reducción que no viene a paliar la grave crisis de precios en origen que sufrimos en 2020, cuando en la mayoría de las producciones en origen estuvieron por los suelos”, lamenta Cristóbal Cano.
En opinión de UPA Andalucía, la imposición para los agricultores será mayor en esta declaración de la renta con respecto a la del año pasado, y eso a pesar de la aprobación de la rebaja del 20% aplicada de forma horizontal a todos los agricultores y ganaderos de forma excepcional para ayudar a los sectores afectados por la Covid 19. “Hacienda no ha tenido en cuenta la reducción de ingresos que hemos sufrido los agricultores y los ganaderos por la venta de nuestro producto. Nos grava este año en la Renta por un beneficio que no hemos tenido en absoluto. En la práctica, con los mismos ingresos brutos del año pasado, aplicando las dos reducciones un agricultor o ganadero tributa por un 12,95% frente al 11,10% que supuso el año pasado con la disminución de módulos aprobada en 2020. No podemos volver a ser quienes soportemos, una vez más, la carga recaudatoria de la administración central, máxime en un contexto de pandemia donde hemos demostrado ser un sector estratégico, con un máximo compromiso con nuestra sociedad a todos los niveles y eso tiene que ser reconocido”, concreta Cristóbal Cano.
Ante esta situación, UPA Andalucía trabajará para intentar que el Ministerio apruebe una mayor reducción en una modificación que corrija la orden hoy publicada. “Nuestra Organización pondrá en marcha toda su capacidad negociadora y de interlocución para conseguir, como mínimo, lo mismo que se aprobó el año pasado”, concluye Cristóbal Cano.
UPA Andalucía.
-ASAJA Granada considera insuficiente la bajada de módulos del IRPF para agricultores y ganaderos aplicables a la Declaración de la Renta 2020 publicada mediante la Orden HAC/411/2021, de 26 de abril (BOE n.º 101, de 28 de abril), pues a pesar de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciara una rebaja fiscal histórica, esta se ha quedado en una bajada testimonial que no responde a las necesidades del sector (solo determinadas actividades se han visto favorecidas en todas las CCAA y todas las provincias) y ha ignorado completamente a Granada.
En el caso del olivar, se ha producido una reducción del 0,26 al 0,18, lo que la sitúa bastante lejos del 0,13 que se alcanzó el año anterior, a pesar de haber sufrido las consecuencias de los aranceles, la merma de cosechas y rendimientos, y la crisis sanitaria.
Se ha olvidado la ganadería de leche de ovino, caprino y vacuno.
En el caso de la ganadería la reducción se ha centrado en la producción de carne: bovino de carne (0,09); el bovino de cría (0,18); el caprino de carne (0,09); el ovino de carne (0,09); pero se ha olvidado la ganadería de leche de ovino, caprino y vacuno.
Tampoco se ha aplicado la reducción a los cereales, las hortalizas (únicamente el guisante verde en el municipio de Alpujarra de la Sierra 0,05), ni a la almendra, que tendrán que tributar por unos ingresos que no han obtenido debido a importantes mermas de producción y hundimiento de los precios tras la declaración del estado de alarma, el inicio del confinamiento y el cierre del canal HORECA.
Sí se ha tenido en cuenta, por otra parte, la apicultura, cuyo índice de rendimiento neto se situaría en el 0,13 y las flores y plantas ornamentales, que estará en el 0,06; la uva para vino sin D.O, (0,18); la uva para vino con D.O (0,22); el porcino ibérico de carne (0,09) y el porcino ibérico de cría (0,18).
Desde ASAJA Granada “hacemos público nuestro descontento con la Orden del Ministerio de Hacienda y solicitamos una modificación que corrija y tenga en cuenta las situaciones excepcionales de los cultivos excluidos”.
ASAJA-Granada.
-Olimerca.- La catalogación nutricional de los productos agroalimentarios así como la inclusión del sello NutriScore y sobre todo la información que recibe el consumidor a la hora de enfrentarse a un lineal sigue siendo objeto de debate y de enfrentamientos entre países y miembros de los distintos gobiernos.
El gran problema es que desde la Unión Europea todavía no hay una posición común y en paralelo Italia defiende su sello, Francia defiende el NutriScore y en España el Ministerio de Sanidad y Consumo no se ponen de acuerdo con el Ministerio de Agricultura en cómo y cuándo implementarlo.
Concretamente, en el último encuentro mantenido entre representantes del conjunto del sector del aceite de oliva y portavoces del Ministerio de Sanidad y Consumo se puso sobre la mesa la necesidad de no precipitar la toma de decisiones, de que los ministerios de Agricultura y Consumo fueran de la mano y sobre todo que se espere a conocer la propuesta comunitaria que sería igual para todos los países miembros, y favorecerían la exportación de nuestros aceites de oliva a todos los mercados y la información igual para todos los consumidores.
Lo que sí está claro es que, el gobierno no va a aprobar nada que vaya contra alimentos que forman parte de la dieta mediterránea; mientras que desde Consumo se apuesta por dejar fuera del NutriScore al Virgen extra y se pide una mejor calificación para que tenga la letra B.
En España, en estos momentos, cada vez son más los que piensan que si se acepta este etiquetado de los alimentos con NutriScore el aceite tiene que estar incluido porque es prioritario defender y sustentar sus cualidades organolépticas y propiedades saludables con la letra A.  Se considera que dejar fuera al aceite de oliva virgen extra generaría confusión en el consumidor. Hay que defender el AOVE frente a otras grasas vegetales con la máxima categoría identificativa.
Al mismo tiempo se defiende que hay que simplificar un tema que es más complejo de lo que parece y para ello hay que hacer un esfuerzo importante en la formación de los consumidores y apoyarse en las pirámides nutricionales adaptadas a las dietas de cada país. Porque al igual que no hay una pirámide única, no se puede imponer una dieta a todos los países. Se trata de ir alineados con una ley comunitaria lo que evitaría que cada país fuera por libre.
-El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves de forma definitiva el acuerdo alcanzado con los Estados miembros en noviembre de 2020 para dedicar 5.400 millones de euros a proyectos de clima y medio ambiente, según recoge en su página web. El acuerdo salió adelante con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos europeos: los socialdemócratas, el PPE, Renew, La Izquierda, Los Verdes y ECR.
El programa, llamado LIFE, se define como "el más ambicioso de la historia de la UE en este ámbito" y tiene por objetivo "la mejora de la biodiversidad y medidas para una economía de bajas emisiones y resistente al clima". El dinero se repartirá entre los países miembros entre los años 2021 y 2027 y ha sido aprobado en plena pandemia del coronavirus, a pesar de la fuerte crisis económica que golpe a todo el continente.
Del montante total, 3.500 millones serán para actividades medioambientales y otros 1.900 para actividades climáticas. El Parlamento Europeo asegura que el proyecto "contribuirá al progreso hacia una economía más limpia, circular y eficiente en el uso de energía, de bajas emisiones y resistente al clima, para proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y detener y revertir la pérdida de biodiversidad".
Más presupuesto a medio plazo
Se trata de "situar la acción climática en el centro de la política europea", según aseguran, con el objetivo a medio plazo de que el 30% del presupuesto de la UE vaya a objetivo climáticos. A partir del año 2024 el 7,5% del presupuesto anual irá a proyectos de biodiversidad y a partir de 2027 el porcentaje se incrementará hasta el 10%.
El finlandés Nils Torvalds, del grupo Renew, fue el encargado de presentarlo y afirmó que "habría querido aún más dinero, pero está satisfecho con el nivel de compromiso con la naturaleza y el clima, ya que permitirá seguir probando ideas y buscando soluciones verdes".
El programa LIFE se puso en marcha en 1992 y es el único dedicado a la acción climática y medioambiental. Tiene por objetivo garantizar que las legislaciones y políticas comunitarias cumplan con los compromisos adquiridos en este ámbito a través de la financiación de los proyectos que cumplan los requisitos exigidos.
E.Berberana.
-Tras la reunión de la tarde de ayer con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ASAJA COAG y UPA reiteran su rechazo a dejar de controlar el lobo y mantienen el proceso de movilizaciones ante la negativa de Teresa Ribera a dar marcha atrás a esta decisión. Ya son 11 las Comunidades Autónomas que se han mostrado también contrarias a la decisión de la ministra para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
No obstante, las tres organizaciones valoran la apertura de un nuevo marco de diálogo del MITECO con el sector agrario, pero advierten que debe servir para negociar desde cero, con todos los actores implicados, un plan global de gestión y control del lobo que garantice la coexistencia con la ganadería extensiva.  Este proceso debería recoger un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y las posibles medidas para facilitar la coexistencia con la ganadería, el control poblacional y las compensaciones frente a los daños.
Actualmente, el lobo ibérico es una especie en expansión en España. Su número no ha dejado de crecer en las últimas cuatro décadas y sus poblaciones en el noroeste peninsular son las de mayor densidad de toda Europa occidental. Esta abundancia, unido a la presencia de explotaciones de ganado extensivo en las zonas rurales, está generando un conflicto, que se ve agravado con medidas como las que pretende adoptar el Ministerio. Por tanto, los ganaderos/as, no entendemos que el Canis lupus precise una protección especial, como no lo hace en los países de nuestro entorno donde las medidas de control son más rigurosas.
La ganadería extensiva ha constituido tradicionalmente una actividad esencial para el mantenimiento del medio ambiente y de forma especial en las áreas de montaña. Generadora de empleos y economía, la ganadería extensiva y el mantenimiento de razas autóctonas ha resultado fundamental en la gestión de los recursos y la ordenación del territorio, habiendo contribuido de forma determinante a la conformación del legado natural y la biodiversidad.
UPA.
-En coincidencia con la tramitación parlamentaria en España de la revisión de la Ley de la Cadena, Unión de Uniones ha analizado el proyecto de ley presentado este mes de abril en la Asamblea Francesa para modificar su Ley EGALIM de equilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias y constata y critica la gran diferencia que existe entre la posición inmovilista del Gobierno español y la voluntad de ir más allá del Gobierno francés para proteger la remuneración de los agricultores.
La organización agraria Unión de Uniones se hace eco de que este mes de abril el diputado Besson-Moreau ha impulsado en la Asamblea Nacional un proyecto, “Visant à proteger la rémunération des agriculteurs”, para modificar la Ley EGALIM a partir del informe realizado de evaluación de la norma y, sobre todo, de las propuestas de mejora contenidas en el estudio encargado por los ministerios galos de Agricultura y de Economía. Estas recomendaciones y propuestas fueron bien recibidas por Gobierno francés y se han trasladado en buena parte al proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses, con vistas a su entrada en vigor en los dos primeros meses del próximo año.
Así, según ha podido analizar Unión de Uniones, el proyecto francés propone hacer obligatorios los contratos plurianuales por tres años, entre el productor y el primer comprador, con precios referidos a los indicadores que ya son obligatorios en la vigente ley. También establecería que en los acuerdos de una negociación comercial entre un proveedor de productos alimenticios y su comprador debe incluirse información sobre el precio de la materia prima agrícola de la composición y su carácter no negociable.
De la misma forma, un sistema más garantista para la mediación en la resolución de conflictos y el que la publicidad de las operaciones promocionales quede supeditada a la autorización de la autoridad competente, complementan el proyecto de Ley, junto con el etiquetado obligatorio de origen para productos agrarios y alimentarios cuyas propiedades estén ligadas a su procedencia, por una cuestión de “patriotismo agrícola”.
Para Unión de Uniones es frustrante la gran diferencia entre la ambición francesa para regular su cadena alimentaria y la resistencia del gobierno español a ir más allá en el actual proceso de reforma de la Ley española.
El Ministerio de Agricultura se sacude la responsabilidad
“Tanto el Ministerio, como el Grupo Socialista en el Congreso, están siendo impermeables a las propuestas de enmienda a la Ley que se han presentado por la organización, pero también por el resto de fuerzas políticas, incluido su partido socio en el Gobierno.”, señalan desde Unión de Uniones. “No quieren introducir índices oficiales de costes de producción, ni la definición de posición de dominio o de dependencia económica y también rechazan incluir en la ley la reventa a pérdidas”, añaden.
En este punto Unión de Uniones apunta que los informes de evaluación de la EGALIM señalan, precisamente, la fijación de un umbral de reventa a pérdidas del 10% ha generado un valor añadido adicional en la cadena de 550 millones de euros, sin efectos negativos sobre la inflación de la alimentación.
Unión de Uniones observa que el Ministerio tiene el objetivo, transmitido por vía directa al Grupo Socialista, de que la ley pase por el Congreso como la vez anterior -en el trámite del Real Decreto Ley 5/2020- tocando lo menos posible “o peor, modificándola en lo necesario para poder sacudirse la responsabilidad de tener que hacer cumplir que a los agricultores y ganaderos se nos pague al menos conforme a los costes de producción”, temen desde Unión de Uniones.
La organización agraria critica la cerrazón del Ministerio y el partido que sustenta mayoritariamente el gobierno en todo aquello que no sea la transposición de la Directiva Europea de Prácticas Desleales: “y encima lo van a hacer tarde y puede que hasta mal y si es así, habrá que dar cuenta de ello a la Comisión, a ver qué opina”.
Unión de Uniones, insta a los Grupos Parlamentarios en el Congreso a que sigan el ejemplo francés y acometan una verdadera reforma de la Ley que permita avanzar realmente en el objetivo de fortalecer al sector productor y de un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena.
Unión de Uniones.
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