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Semana del 9 al 16 de mayo de 2021.

La ley del Cambio Climático, aprobada por las Cortes

Al fin, el Congreso de los Diputados aprobó, el jueves pasado 13 de mayo, la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España; Ley en la que se establece la hoja de ruta para recortar la emisiones de gases contaminantes, alcanzar la plena descarbonización y acabar con la venta de coches contaminantes en 2040.

Actualizado 20 mayo 2021  
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Redacción Agrolibre
  
La normativa aprobada ayudará a nuestro país a cumplir con sus compromisos internacionales para combatir el cambio climático y alcanzar antes de 2050 la neutralidad climática. Además, favorecerá el desarrollo de un sistema eléctrico con, al menos, un 74 por ciento de generación de renovables, frente al 40 por ciento actual.
Comentarios.
Por un lado, se afirma, en 2030 España deberá reducir un 23 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace casi un año). Por otro, en 2050 nuestro país tendrá que alcanzar la neutralidad climática.
La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, Vox y Más País. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que se trata de “una ley que el país necesitaba e imprescindible”.
Hasta aquí la noticia más reseñable de la semana que próximamente desarrollaremos con más detalle pero que, ya de entrada, les decimos que estamos en total desacuerdo con la posición española y que no duden que, si estos objetivos se cumplen será a costa fundamentalmente del sector agrario. 
“Qui Prodest”, podíamos preguntarnos hoy, como ya nos preguntamos en su momento con los biocombustibles y las desaladoras del presidente Zapatero, “¿a quién beneficia la Ley?” ¿quién sale ganando con ella?, “cui prodest scelus, is fecit”, “aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido”.

Si ya se nos dijo desde el MAPA que la UE había aprobado la “vendimia en verde”, para sustanciar el problema de la superproducción de uva, nos puede decir Planasa y su equipo ¿a que se espera para responder la petición de COAG- Rioja?, concretada en que: “Ante la grave crisis que atraviesa el sector vitivinícola riojano, estimamos en al menos 40 millones de euros la cantidad que debería destinarse esta campaña a la vendimia en verde para disminuir las existencias de vino hasta que se recupere el mercado”. Luego, como siempre, llegaremos tarde y mal.

Andalucía está redescubriendo los Servicios de Extensión Agraria, eso sí modernizados y actualizados y para su Consejera el plan de modernización de las oficinas comarcales agrarias (OCAS), emprendida por la Junta de Andalucía con una inversión de 17,6 millones de euros, es «clave» para garantizar el futuro del mundo rural andaluz. Estamos absolutamente de acuerdo con la Consejera porque, desde hace ya demasiado tiempo, el empresario agrario, está desprotegido técnicamente y pagando costes excesivos para poder cumplimentar las actuales exigencias técnico-agronómicas y las derivadas del propio Estado, administrativas y fiscales, absolutamente cambiantes año tras año.

Siguen los líos derivados de la anulación del trasvase del Ebro. Y como siempre ocurre los responsables de la “hazaña” ya no estás ni se les espera, aunque eso sí ahora sus propios conmilitones se revisten de grandeza y exigen lo inexigible. 
La ministra Ribera anula la cita para hablar del trasvase y Puig espera que se haga antes del decreto. El entorno del presidente de la Generalitat asegura que "no les temblará el pulso al acudir a los tribunales", como han hecho con la trasferencia 'cero' de septiembre. La ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, anuló ayer in extremis la reunión prevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, prevista para ayer. Sin embargo, en el Palau de la Generalitat insisten en que se debió única y exclusivamente a un problema de agenda. No quieren pensar que tenga que ver con la aprobación por Decreto Ley del cambio de reglas del trasvase Tajo-Segura -aprobado en la Comisión Nacional del Agua- al que la Generalitat se opone. 
Ximo Puig volvió ayer a apelar al diálogo para defender el trasvase y a los regantes alicantinos. Pero también a la desalación, la bestia negra de los agricultores del Levante español la con que la anterior ministra socialista, Cristina Narbona, derogó el trasvase del Ebro y el trazado original del Júcar Vinalopó en 2005. Una "bestia" que multiplicaría sus gastos de producción y les impediría ser competitivos.
Se instó a Ribera, a que "recapacite" sobre la decisión de reducir el trasvase Tajo-Segura y espera que sea "consciente" de que la nueva planificación "no puede ser la tumba para la agricultura de la Comunidad Valenciana".
Y… …querido Ximo ¿dónde estabas tú cuando se dispuso la anulación del trasvase del Ebro? Y tus últimos votantes y los Compromís, muchos de ellos agricultores, ¿es que no sabían cuando te votaban que con tu ascendencia y tu actitud había que botarte?

Y seguimos atacando con todas las fuerzas de que son capaces los “calentólogos” el futuro de la ganadería europea y española. 
COAG CASTILLA Y LEÓN exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que inicie los trámites y la vigilancia necesarios para lograr que la denominación carne vaya solamente asociada al producto generado en las ganaderías tradicionales. Y que el resto de producciones lleven los pertinentes términos aclaratorios para la información de los consumidores, como sucedáneo, o falso, o adulterado, o fingido, que es en realidad lo que son. Las regulaciones sobre estas materias se contemplan en el reglamento sobre higiene de alimentos de origen vegetal, la normativa europea sobre etiquetado (Reglamento 1169/2011) y el Real Decreto que define en España qué es un derivado cárnico (R.D. 474/2014).
ANICE, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ya se ha ocupado de este asunto y ha anunciado (recoge www.xataca.com) que “en España y probablemente en la Unión Europea (UE) no será posible etiquetar como carne, ya que la normativa de la UE define como tal las ‘partes comestibles de los animales, incluida la sangre’”. Y continúa: “No sería posible en España comercializar estos productos con la etiqueta carne. Creemos que ninguna empresa está vendiendo este tipo de productos” en España.
Qué ingenuidad la de ANICE… …así no se reacciona ante para nosotros lo inevitable y es que, al socaire de la falsa veganía reinante y lo peligroso que resulta la existencia de la ganadería para el cambio climático, todo será posible… … ya lo verán. ANICE aún estamos a tiempo reacciona. 

Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA valoran de forma muy positiva la reunión mantenida en la tarde de ayer con el Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, ya que supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo. Tal y como habían reclamado las tres principales organizaciones agrarias en las calles y en los despachos, ministerio de Transición Ecológica, Comunidades Autónomas y representantes de los ganaderos, negociarán desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo que garantice la coexistencia de con la ganadería extensiva.
Con que poco os conformáis ya, qué vergüenza, no sabéis que, tras salir de la reunión, el MITECO anunció a toda la opinión pública que, todo seguía de acuerdo con el Plan previsto
¡Una nueva y van… …, tomadura de pelo!  

Noticias.
-Ante la grave crisis que atraviesa el sector vitivinícola riojano, estimamos en al menos 40 millones de euros la cantidad que debería destinarse esta campaña a la vendimia en verde para disminuir las existencias de vino hasta que se recupere el mercado.
El año pasado fue la primera ocasión en la que se habilitaron ayudas para la vendimia en verde. Este año de nuevo se plantea la posibilidad de retraer fondos del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) para ayudar al sector ante la grave crisis derivada de las restricciones por la pandemia de la COVID19.
Apostamos en primer lugar por la implementación de ayudas extraordinarias, tanto por el gobierno de España como por la UE, que no provengan del citado Plan. Pero si no se habilitaran fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, la Unión apuesta porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde.
Teniendo en cuenta que los fondos empleados el año pasado fueron 91 millones de euros, de los cuales solo 10 fueron a la cosecha en verde, consideramos que este año sería aconsejable dotar con al menos 40 millones de euros la cosecha en verde, ya que es la única medida que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino.
Respecto al resto de ayudas que se están analizando, opinamos que el almacenamiento de vino no es una medida que ayude al sector, puesto que el vino sale al mercado al año siguiente y, además, el aumento del vino almacenado en bodega contribuye siempre a que bajen los precios de la uva.
Y sobre la destilación de crisis sostenemos que, tal y como se planteó el año pasado (con precios de 0,4 euros por litro para todas las Denominaciones de Origen), no es una medida que beneficie a regiones como Rioja: La apuesta por bajada de rendimientos y aumento de la calidad provoca un aumento de los ya elevados costes de producción, por lo que esa cifra de ayuda se queda muy escasa. Es, por tanto, una ayuda que no resulta adecuada para las Denominaciones que más se han visto afectadas por el cierre del canal HORECA debido a la COVID19.
COAG traslada al Ministerio que la cosecha en verde es la mejor medida contra la crisis del sector vitivinícola
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG, de la que formamos) ha trasladado al Ministerio de Agricultura que la cosecha en verde es la medida más adecuada para abordar a corto plazo la crisis del sector vitivinícola, ya que es la única actuación que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino.
COAG-Rioja.
-La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado que el plan de modernización de las oficinas comarcales agrarias (OCAS), emprendida por la Junta de Andalucía con una inversión de 17,6 millones de euros, es «clave» para garantizar el futuro del mundo rural andaluz.
Crespo ha subrayado que el plan puesto en marcha por su consejería para modernizar y digitalizar las OCAS es «una prioridad» del Gobierno que preside Juanma Moreno, ya que mejorar los servicios que prestamos a agricultores y ganaderos «contribuye a evitar la despoblación de los municipios rurales al ser puntos neurálgicos para impulsar la dinamización de la zona».
En este sentido, la consejera ha resaltado que la apuesta de la Junta por el futuro de la Andalucía rural es clara y se refleja en una inversión de 17,6 millones de euros que permitirá modernizar un total de 26 OCAS. «Hacía décadas que no se mejoraban las oficinas comarcales agrarias de Andalucía y es necesario adaptar estos centros a la agricultura y ganadería del siglo XXI, apostando para ello de forma decidida por su digitalización», ha recalcado.
El plan de modernización de la OCAS tiene como objetivo principal poner a disposición del sector agrario y de los municipios rurales de Andalucía una red de oficinas más moderna, ágil y eficaz, que facilite la puesta en marcha de proyectos que generen nuevas oportunidades y empleo en las comarcas de la comunidad. «Debemos ofrecer un servicio público de calidad y accesibilidad en el mundo rural», ha apostillado Crespo.
A este respecto, la consejera ha apostado por oficinas comarcales agrarias «inteligentes» y ha apuntado a la implantación de una oficina virtual agraria «abierta las 24 horas del día, los siete días a la semana», que facilite la tramitación electrónica, dé respuesta a las necesidades reales del sector y concilie las especiales dificultades del mundo rural.
Agroinformación.
-Los autónomos afrontan sus obligaciones tributarias con un nuevo varapalo impositivo. 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia no pueden deducirse en el IRPF sus gastos de manutención por los «criterios restrictivos» que está aplicando la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de valorar estas deducciones, que hace su propia interpretación de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo –aprobada en octubre de 2017–. Ésta estableció que los autónomos podrían deducirse los gastos de manutención hasta un máximo de 27,27 euros diarios –48 euros en el extranjero– en concepto de gastos de dietas y manutención.
Sin embargo, la asociación de autónomos UPTA ha denunciado que cientos de miles de estos trabajadores y empresarios están viendo cómo se deniegan una a una estas deducciones, lo que dejaría en las arcas públicas en vez de en los bolsillos de los autónomos 3.400 millones de euros.
«La interpretación de la Agencia Tributaria sigue siendo restrictiva. Continúa siendo imposible deducir los gastos de manutención en los que incurren miles de autónomos cuando por necesidades de su actividad tienen que desplazarse fuera de su domicilio para realizar su trabajo», avisa.
Se refiere esta asociación a que la AEAT exige para aceptar estas deducciones la hora, el día y el motivo exacto del gasto, algo que no exige a las empresas. «Es un agravio comparativo, que nos exijan un diario y una trazabilidad imposibles de cumplir, y ellos lo saben».
Estos gastos únicamente podrían determinarse en el desarrollo de la actividad económica en establecimientos de restauración y cuando el pago se efectuase por medios telemáticos o con pagos indirectos, como propone UPTA.
Según su presidente, Eduardo Abad, a los autónomos «les mintieron en la negociación de esta Ley aprobada en la legislatura de Rajoy junto a Ciudadanos.
Lo peor es que siguen sin resolver el problema los que en su día estaban en la oposición y ahora gobiernan. Es un auténtico despropósito y no podemos continuar así. PSOE y Podemos no lo cambian y se aprovechan de ello», critica.
Su solución sería relativamente fácil de resolver y evitaría interpretaciones equívocas mediante «un sistema en el que se define claramente la jornada de trabajo, dejando prueba efectiva del gasto legible e incorporando los pagos indirectos como un medio adecuado para realizar la transacción dineraria».
A los autónomos también les han desautorizado las deducciones de los gastos de suministro –como la luz o la factura del teléfono o el agua– por teletrabajo. Esto supondría otros 1.600 millones.
Así lo dispuso la Dirección General de Tributos en un dictamen que determinó que la realización esporádica de la actividad económica en la vivienda, en una «circunstancia excepcional» como la producida en la pandemia, «no permite la deducibilidad de la parte proporcional de los suministros utilizados» a la hora de determinar el rendimiento neto de la actividad.
En el caso de que sí se aceptasen los gastos de suministros en la vivienda destinada a la actividad económica, solo podrán deducirse el 30% de los gastos de un máximo del 30% de los metros cuadrados declarados como superficie útil de trabajo, lo que en realidad se convierte en un 9% máximo de deducción total. «Es una vergüenza que se hizo mal y que ahora seguimos pagando en el peor momento», concluyó Abad.
Ante esta inseguridad jurídica, gestores, asesores fiscales y graduados sociales recomiendan a sus clientes que no incluyan la mayoría de estos gastos, aún siendo deducibles, porque la normativa no está clara y Hacienda lo comprobará y lo eliminará al considerarlos gastos conflictivos,
Por tanto, no se dispone de ningún tipo de seguridad jurídica para poder deducirlos porque los inspectores ponen en duda la presentación de estas facturas, critican fuentes de los gestores.
La Razón.
-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que las administraciones deben proceder con total transparencia y contar con todos los interesados, también agricultores y ganaderos, en la revisión de la regulación de los organismos modificados genéticamente (OMG) que resultará del reciente estudio de la Comisión sobre nuevas técnicas genómicas.
La organización agraria destaca que en el estudio que la Comisión presentó a finales de abril, a petición del Consejo de la UE, sobre el estatus legal de los organismos obtenidos mediante nuevas técnicas de alteración genética, el Ejecutivo Europeo apunta que la diversidad de las mismas no permite evaluar en su conjunto la seguridad de todas ellas, aunque afirme que algunas sí lo son.
Igualmente, la posibilidad de que puedan convertirse en herramientas para el sector invita a una revisión de su regulación para sacarlas del limbo legal en que actualmente se encuentran en muchos aspectos.
Unión de Uniones considera que dicha revisión no debería alejarse en su interpretación de la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), basado en el principio de cautela. “Los agricultores estamos muy interesados en que la ciencia nos dé herramientas con las que mejorar nuestros resultados, pero también queremos que nos garanticen que sean seguras, en beneficio de la salud y el medio ambiente.”, señalan.
Preocupación por la dificultad en la trazabilidad
Por esta razón, una de las cuestiones que preocupa a Unión de Uniones es que el estudio concluye la gran dificultad de detección y trazabilidad de estos nuevos productos bajo las técnicas actuales y propuestas, coincidiendo con la Comisión en la necesidad de que estos nuevos OMG sean identificados mediante un etiquetado adecuado.
En el estado actual de los conocimientos, la organización cree que es poco probable que los laboratorios de control detecten la presencia de productos editados genómicamente no autorizados sin información previa sobre las secuencias de ADN alteradas, lo que supone un riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.
Para Unión de Uniones, un asunto tan complejo como este obliga a las administraciones a proceder con total transparencia y a consultar con todos los agentes concernidos, desde los agricultores y ganaderos, hasta los consumidores.
En este sentido, Unión de Uniones se ha dirigido por escrito a la comisaria responsable de la Dirección General SANTE (Salud y Seguridad Alimentaria) de la Unión Europea (UE), Stella Kyriakides, para informar de que la posición preliminar de las autoridades españolas respecto a las nuevas técnicas genómicas se ha conformado sin la participación del sector agrario ni de las personas consumidoras. La organización agraria observa también una total falta de transparencia de los órganos nacionales encargados de conformar dicha posición.
Unión de Uniones señala que el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente (CIOMG), encargado de coordinar la respuesta en España, no ha realizado el proceso de participación con los actores interesados y sólo ha consultado a los miembros de la Comisión Nacional de bioseguridad (CNB). Este último organismo, a su vez, únicamente ha pedido opinión sobre las nuevas técnicas de mutagénesis al tejido empresarial biotecnológico en España, a través de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) y de la Asociación Nacional de obtentor Vegetales (ANOVE). “Ni siquiera se ha vuelto a convocar desde 2011 el Comité de Participación creado en el seno del Consejo Interministerial, incumpliendo su propio régimen de funcionamiento, pese a la rápida evolución tecnológica de los OMG”, comentan desde la organización.
Unión de Uniones se muestra a favor de las innovaciones tecnológicas que contribuyan a aumentar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias “pero no nos convence cómo se está gestionando. Esto es muy sensible y los pasos que demos tienen que ser muy argumentados, muy sólidos científicamente y muy consensuados”, concluyen.
Unión de Uniones.
-La ministra Ribera anula la cita para hablar del trasvase y Puig espera que se haga antes del decreto.
El entorno del presidente de la Generalitat asegura que "no les temblará el pulso al acudir a los tribunales", como han hecho con la trasferencia 'cero' de septiembre.
La ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, anuló ayer in extremis la reunión prevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, prevista para ayer. "Con los billetes de tren comprados", afirmaban desde el entorno del castellonense.
Sin embargo, en el Palau de la Generalitat insisten en que se debió única y exclusivamente a un problema de agenda. No quieren pensar que tenga que ver con la aprobación por Decreto Ley del cambio de reglas del trasvase Tajo-Segura -aprobado en la Comisión Nacional del Agua- al que la Generalitat se opone. "Es irrenunciable", reiteró ayer Puig en Vinaroz, cuando pensaba que iba a reunirse con Ribera en unas horas. Y es que el cambio de estrategia, endureciendo el discurso después de que sus socios de Compromís a través de la consellera Mieria Mollà, hayan hecho cambiar la hoja de ruta PSOE, nada tiene que ver con lo dicho la semana anterior.
Puig calificó de "aquelarre" la reunión del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y el presidente de Murcia,  Fernando López Miras (PP), en defensa de un trasvase atacado por el PSOE nacional y castellano-manchego cada vez que hay ocasión. Poco después, forzado por Compromís, el presidente valenciano volvió a la senda de la reivindicación.
Diálogo y tribunales.
Ximo Puig volvió ayer a apelar al diálogo para defender el trasvase y a los regantes alicantinos. Pero también a la desalación, la bestia negra de los agricultores del Levante español la con que la anterior ministra socialista, Cristina Narbona, derogó el trasvase del Ebro y el trazado original del Júcar Vinalopó en 2005. Una "bestia" que multiplicaría sus gastos de producción y les impediría ser competitivos.
Recientemente desde el PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana se volvió a enarbolar la bandera de la desalación como "agua para siempre", lema del lobby ecologista Nueva Cultura del Agua al entrar en las estructuras del Ministerio. Lo hizo el presidente de la CHS, Mario Urrea (nombrado por el PSOE de Pedro Sánchez), en una reunión de trabajo con el director general del Agua, Manuel Aldeguer.
Y mientras socialistas valencianos allanan el camino para cumplir con la voluntad del PSOE nacional, Puig mantiene que la única forma de rechazo a las decisiones gubernamentales pasa por los tribunales. Como han hecho recientemente, ratificando el recurso contra el trasvase 'cero' de septiembre.
Frente a él, incluso los nacionalistas parecen más beligerantes. Ayer, la propia Mollà, instó a Ribera, a que "recapacite" sobre la decisión de reducir el trasvase Tajo-Segura y espera que sea "consciente" de que la nueva planificación "no puede ser la tumba para la agricultura de la Comunidad Valenciana".
Aseguró que Puig mantendrá ante el Gobierno una posición "sin fisuras y contundente" respecto a un trasvase que es "necesario" para la Comunidad y que espera que la ministra tenga una actitud "receptiva, cosa que en los últimos tiempos no ha sido así". "Esperemos que recapacite", añadió.
El Español.
-Con la NASA llegó el escándalo. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio norteamericana, por sus siglas en inglés, comenzó a experimentar con carne in vitro para procurar comida a los astronautas y las empresas tomaron muy buena nota del invento. Hoy, firmas como Beyond Meat o Impossible Foods, con sede en Silicon Valley, fabrican carne sin carne, con pingues beneficios en sus cotizaciones bursátiles.
Y el fenómeno se expande porque referentes mediáticos como Bill Gates, Leonardo de Carpio o el mismo Real Madrid se han apuntado al carro con argumentos ecotarianos o veganos o ecofriendly, que pretenden argüir sin base científica que estos alimentos son limpios y no contaminan frente a los productos cárnicos tradicionales.
Los sociólogos sostienen que en el fondo del problema se aloja la existencia de un público joven más entusiasta que formado, al que enganchan estas modas y que está haciendo nicho en los mercados. Tanto, que incluso las cadenas ancestralmente adeptas a la carne como Burger King se están pasando al enemigo. Ya sirven carne falsa en sus menús.
Todo ello infringe un daño comercial y de imagen a la carne tradicional que desemboca en una serie de premisas falsas: la ganadería contamina enormemente, la carne no es saludable. Hasta el punto en que el número de granjas se desploma irremisiblemente cada año. La existencia de la ganadería peligra.
Por todo ello, COAG CASTILLA Y LEÓN exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que inicie los trámites y la vigilancia necesarios para lograr que la denominación carne vaya solamente asociada al producto generado en las ganaderías tradicionales. Y que el resto de producciones lleven los pertinentes términos aclaratorios para la información de los consumidores, como sucedáneo, o falso, o adulterado, o fingido, que es en realidad lo que son. Las regulaciones sobre estas materias se contemplan en el reglamento sobre higiene de alimentos de origen vegetal, la normativa europea sobre etiquetado (Reglamento 1169/2011) y el Real Decreto que define en España qué es un derivado cárnico (R.D. 474/2014).
ANICE, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ya se ha ocupado de este asunto y ha anunciado (recoge www.xataca.com) que “en España y probablemente en la Unión Europea (UE) no será posible etiquetar como carne, ya que la normativa de la UE define como tal las ‘partes comestibles de los animales, incluida la sangre’”. Y continúa: “No sería posible en España comercializar estos productos con la etiqueta carne. Creemos que ninguna empresa está vendiendo este tipo de productos” en España.
Sin embargo, COAG CASTILLA Y LEÓN ha constatado que sí se está vendiendo y que sí se está utilizando el término carne para referirse a estos sucedáneos.
Sin ir más lejos, la firma Meatless Farm, patrocinadora del Real Madrid, ofrece en su página web www.meatlessfarm.com “carne de vacuno vegetal”, “carne de cerdo vegetal” y “carne de pollo vegetal”. Y sobre una bandera española kilométrica, ubica esta frase: “ya disponible en España. Pulsa en los logotipos para comprar”. Y los logotipos corresponden a 12 tiendas de comida vegana entre ellas, Veggie Room, situada en la calle Vicente Ferrer de Madrid, u Only Vegan situada en Chueca, barrio también madrileño o Vegacelona, en Barcelona. En estas tiendas se puede comprar, por ejemplo, una barqueta de 400 gramos de Carne Picada The Meatless Farm, cien por cien de origen vegetal, por 6,30 euros.
COAG CASTILLA Y LEÓN exige también a los ministerios de Sanidad y de Consumo que aclaren si estos productos que se hacen pasar por cárnicos son efectivamente aptos para el consumo. No en vano, el producto referido ha estado bajo los microscopios de la FDA (organismo para la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) por ser potencialmente alergénica.
COAG reitera una vez más, que las acusaciones contra la producción cárnica carecen de base científica. Se ha demostrado que la emisión de gases a la atmósfera solo es ganadera en un 5 por ciento, o sea, una cantidad ínfima. Y que la alimentación recomendada por los expertos incluye una ingesta periódica de carne por sus valores proteicos.
-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la nota de prensa enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se recoge la voluntad del Gobierno de acelerar la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, muestra su evidente descontento.
La organización agraria, que en repetidas ocasiones se ha mostrado contraria a este acuerdo, insiste en la ausencia de estudios profundos de impacto, tanto a nivel europeo como a nivel estatal.En este sentido, si bien el avance que presentaba este año el Centro Común de Investigación de la UE señalaba el acuerdo como algo positivo, el informe chocaba con el realizado por el gobierno francés que destacaba cómo, la firma de este acuerdo, dispararía las importaciones de aves de corral, carne de vacuno, etanol y miel.
Igualmente, Unión de Uniones destaca que para poder evaluar el impacto real de este acuerdo hay que aumentar la visión. “No todo son productos y alimentos, es también la manera de producirlos, utilizando además muchas sustancias activas que están prohibidas en Europa” – critican desde la organización. Mientras que en Europa se es cada vez más estricta en cuanto a temas ambientales y de emisiones, el uso de fitosanitarios, antibióticos, medidas de bienestar animal o las condiciones de trabajo, tal y como se propone en la estrategia de la Granja a la mesa, por el otro lado, se quiere firmar este acuerdo sin exigencias equivalentes a los productores de MERCOSUR. “Parece una medida de doble rasero, cuando menos, y hay un elevado riesgo de deslocalización de la producción”, añaden.
Así pues, Unión de Uniones señala las consecuencias medioambientales para las regiones de Mercosur, con un aumento de la deforestación anual de alrededor del 5% y un total de entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas de CO2 equivalente más emisiones adicionales atribuibles al Acuerdo, debido al aumento de su producción que no sigue estándares tan estrictos como los europeos.
La organización critica que tanto Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, como el propio Pedro Sánchez estén apostando por el acuerdo sin haberse preocupado por conocer las consecuencias sobre las producciones españolas ni por el contexto de competencia desleal que se puede crear.
Unión de Uniones pide además que se siga el principio de reciprocidad con terceros países, así como que se aumente también el control en la entrada de mercancías que puedan contener plagas, como fue el caso de la mancha negra en los cítricos provenientes de Argentina y cuya importación se suspendió temporalmente y se ha retomado este 1 de mayo.
Asimismo, la organización insiste en que este acuerdo se sumaría a los ya existentes y que, por tanto, no debe estudiarse tampoco de manera individual si se quiere tener una fotografía de la realidad, incluyendo también el BREXIT.
Unión de Uniones.
-La Comisión Europea ha evaluado el impacto de la Política Agraria Común, PAC, en la producción de alimentos, en base a un estudio externo y un análisis económico adicional. 
El informe señala que el apoyo directo a la renta contribuye en gran medida a estabilizar los ingresos agrícolas, y los pagos directos y el apoyo a las zonas que enfrentan limitaciones naturales desempeñan un papel importante. 
Asimismo, indica que las medidas de mercado, los regímenes de calidad de la UE y las diversas medidas de desarrollo rural que contribuyen al crecimiento de la productividad también contribuyen a respaldar los ingresos agrícolas limitando la volatilidad a la baja de los precios y mejorando la competitividad. 
Sin embargo, a pesar de una mejora constante y continua, la brecha de ingresos entre los ingresos agrícolas y no agrícolas sigue siendo considerable. Estos son algunos de los hallazgos clave de la evaluación del impacto de la PAC en la producción de alimentos viables publicada hoy por la Comisión Europea.
Margen de mejora
Las conclusiones de la evaluación son, en general, positivas sobre la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE de las medidas. Aun así, la evaluación identifica un margen de mejora para la eficacia de la ayuda asociada en términos de finalidad y competitividad, para una mejor orientación de la ayuda a la renta por parte de los Estados miembros y herramientas destinadas a estabilizar los mercados agrícolas. 
También podría mejorarse la eficiencia administrativa y de gestión de los pagos ecológicos y de las normas que definen a los agricultores activos. Además, la evaluación concluye que la coherencia de la PAC requiere un seguimiento estrecho, en particular en lo que respecta a la mayor flexibilidad en la implementación de la futura PAC y los objetivos de las Estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad.
No obstante, la ayuda directa a la renta contribuye en gran medida a estabilizar la renta agraria, y ambos pilares de la PAC desempeñan un papel importante. La parte media de la UE de la ayuda de la PAC en la renta agrícola es del 36% y la parte de los pagos directos es del 26%.
La convergencia externa, un mecanismo que tiene como objetivo ajustar progresivamente las ayudas a la renta en cada país para acercarlas al nivel medio de la UE, es eficaz para reducir las disparidades entre los Estados miembros. La convergencia interna, cuyo objetivo es ajustar la ayuda a la renta dentro de cada país o región, es generalmente eficaz para reducir las disparidades entre los agricultores de los Estados miembros. 
Sin embargo, su implementación y la reducción de los pagos (degresividad) ha sido limitada y no siempre condujo a una reducción notable en la concentración de la ayuda directa a la renta en general. Aun así, el pago redistributivo ha sido eficaz para apuntar a las fincas más pequeñas.
Finalmente, la evaluación destacó que la focalización de las medidas ha mejorado en la PAC 2014-2020, pero depende de las opciones de implementación de los Estados miembros.
Olimerca.
-La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados. El texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050.
La vicepresidenta considera que la ley aprobada por la Cámara Baja es un documento "imprescindible" que había sido postergado demasiado tiempo. "Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad".
Un texto enriquecido y reforzado.
Ribera ha hecho énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han venido realizando y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto. La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a "apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos".
Los impactos del cambio climático son ya patentes en nuestro país: la tormenta Gloria que azotó el litoral español y la borrasca Filomena que el pasado enero inmovilizó gran parte del país, son solo dos fenómenos que muestran la contundencia de los efectos de la alteración climática. Los eventos meteorológicos extremos de este tipo suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año. Por ello, la vicepresidenta ha insistido en la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.
Modernizar la economía.
En los últimos dos años España ha avanzado más que nunca en la asunción de compromisos climáticos, liderazgo internacional y desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, Ribera ha señalado que "hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo, adaptarse a los impactos climáticos y realizar estos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona".
En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.
En su intervención, Ribera ha expresado que esta ley es "de todos y para todos", y ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo "cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático". La vicepresidenta ha recordado que en la lucha contra el cambio climático "hace falta la audacia de la juventud para anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que abren las tecnologías del futuro".
Compromiso con la descarbonización.
El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
Por otro lado, mientras la Unión Europea establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
La Moncloa.
-Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA valoran de forma muy positiva la reunión mantenida en la tarde de ayer con el Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, Jorge Marquínez, ya que supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo. Tal y como habían reclamado las tres principales organizaciones agrarias en las calles y en los despachos, ministerio de Transición Ecológica, Comunidades Autónomas y representantes de los ganaderos, negociarán desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo que garantice la coexistencia de con la ganadería extensiva.
Además, durante el encuentro los altos cargos del MITECO se comprometieron a vincular la entrada en vigor de la Orden que incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración previa de la nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad.
ASAJA, COAG y UPA han reiterado al MITECO que este proceso deberá partir de un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y recoger un paquete de medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la PAC.
La ganadería extensiva ha constituido tradicionalmente una actividad esencial para el mantenimiento del medio ambiente y de forma especial en las áreas de montaña. Generadora de empleos y economía, la ganadería extensiva y el mantenimiento de razas autóctonas ha resultado fundamental en la gestión de los recursos y la ordenación del territorio, habiendo contribuido de forma determinante a la conformación del legado natural y la biodiversidad.
-La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado el informe sobre el estado del clima de España 2020. Sus datos indican que el año pasado fue el más cálido en España y Europa desde que hay registros.
A escala mundial estuvo al mismo nivel que 2016, el año más cálido hasta la fecha, incluso a pesar de que en 2020 tuvo lugar el fenómeno de La Niña, que tiende a disminuir la temperatura global cuando se produce.
Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en 2020, pese a las restricciones de la COVID-19
El informe de AEMET destaca que es muy significativo que siete de los diez años más cálidos en España se hayan registrado en la última década. Las temperaturas en nuestro país se han incrementado 1,7ºC desde la época preindustrial y la mayor parte de este aumento (1,3ºC), se ha producido en los últimos 60 años.
Esta tendencia ha sido fielmente reproducida por los mismos modelos climáticos que prevén un ascenso de la temperatura media en España de hasta 5ºC en el peor escenario de emisiones de gases de efecto invernadero a finales de siglo. En 2020, las concentraciones de estos gases marcaron máximos históricos, pese a la reducción temporal de emisiones causadas por las restricciones provocadas por la pandemia de la COVID-19.
Tres olas de calor
En el verano de 2020 hubo tres olas de calor. Una de ellas, con nueve días de duración entre principios de julio y comienzos de agosto, fue la tercera más larga desde 1975. El incremento de olas de calor en los últimos años es una de las consecuencias del aumento de las temperaturas con mayor impacto.
Se estima que en el último quinquenio han fallecido alrededor de 1.800 personas al año como consecuencia del calor extremo
Se estima que en el último quinquenio han fallecido alrededor de 1.800 personas al año como consecuencia del calor extremo, según el Instituto de Salud Carlos III. En los últimos 30 años, el número de récords diarios de temperaturas altas es mucho mayor que el que cabría esperar en un clima que no se estuviese calentando, y lo contrario ocurre con el número de récords de temperaturas bajas.
Desde 1951, los días extremadamente cálidos en España han aumentado notablemente y en la última década fueron once veces más frecuentes que los días extremadamente fríos, aunque estos tampoco desaparecieron por completo.
Las aguas marinas circundantes a España también registraron temperaturas más altas de lo normal en 2020. En su conjunto, se situaron 0,5ºC por encima de lo normal.
2020, un año normal en nivel de precipitaciones
En cuanto a las precipitaciones, según la Agencia, aunque en 2020 quedaron en España ligeramente por debajo del valor medio, puede considerarse un año normal. 2020 terminó sin que se pudiera hablar de sequía meteorológica en la España peninsular. Hay que señalar que se produjeron episodios de lluvias muy significativos.
Entre los que destaca el asociado a la borrasca Gloria que, en enero, dejó la mayor cantidad de precipitaciones sobre el conjunto del Mediterráneo español considerando tres días consecutivos, con más de 400 l/m2 en algunos puntos.

 
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