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Las comunidades autónomas necesitarán más de 35.000 M€

La pandemia ha añadido presión sobre el gasto de las comunidades autónomas (CCAA), que representa un tercio del gasto público del conjunto de administraciones. 

Actualizado 14 junio 2021  
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Redacción
  
En torno al 68% de ese gasto soportado por las regiones se destina a los servicios sociales básicos: sanidad (37%), educación (24,5%) y protección social (6,5%), afectados tanto por la crisis sanitaria actual como por el impacto a largo plazo del envejecimiento progresivo de la población sobre el gasto y de la baja tasa de natalidad sobre los ingresos. El estudio 'La sostenibilidad del gasto social en las haciendas autonómicas. Perspectivas 2018-2030', editado por Funcas, esboza un posible escenario del gasto social autonómico e identifica los epígrafes que van a sopo rtar mayor presión al alza en los próximos años.


En el escenario base prepandemia, las necesidades de gasto social autonómico que se infieren exclusivamente de la evolución demográfica alcanzarían los 14.371 millones de euros hasta 2030, con un incremento medio anual del 0,8%. La mayor parte de ese aumento (94%) se explica por el componente sanitario y se concentra en aquellas comunidades donde los tramos de edad superior a 65 años crecerán más en términos absolutos (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana). El incremento restante corresponde a la evolución de los gastos en dependencia. En contraste, por razones demográficas el gasto en educación podría generar incluso un ahorro de no mediar otros factores que lo impulsen al alza.
Es decir, la presión demográfica por sí sola no pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto social autonómico atendiendo a la regla fiscal vigente ("regla de gasto"), excepto en los primeros años del periodo analizado, hasta 2022. Son las CCAA mencionadas las que tendrían mayor dificultad para el cumplimiento de dicha regla fiscal.

En un escenario complementario, teniendo en cuenta otros factores de crecimiento del gasto adicional al demográfico como la tecnología sanitaria o la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo, las necesidades de gasto se duplican hasta los 35.837 millones, casi dos veces y media el previsto si se considera solo el factor demográfico. En este caso, el 62% del incremento de gasto se explica por sanidad, el 15% por "otros servicios sociales", seguido de educación (12%) y dependencia (10%). El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1% para el conjunto autonómico que se agudiza en las comunidades con más crecimiento del número de mayores, como Baleares, Madrid, y Canarias. En este escenario, más realista, las previsiones de evolución del gasto social podrían quebrar con mayor claridad la regla de gasto en términos agregados.


El estudio incorpora un escenario postpandemia, que recoge el aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales. En el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4% de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, es decir, unos 5.125 millones en términos reales. El gasto sobre PIB real aumenta de manera muy significativa y se mantendría cerca del 7,1% hasta 2030, lo que supone 1,2 puntos más respecto al nivel que hubiera alcanzado en el escenario prepandemia. La subida del gasto sanitario en términos de PIB resituaría a España en el contexto internacional en términos relativos.
En cuanto al gasto educativo, el aumento de 2.000 millones de euros derivado del fondo Covid supone un salto de nivel que cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia. Esta previsible consolidación del gasto educativo excepcional de 2020 se explica no solo por las medidas de seguridad sanitaria, sino también por nuevas necesidades derivadas del confinamiento para ir adaptando el sistema educativo, como inversiones en digitalización de la educación y adecuación de infraestructuras o gasto corriente dirigido a mantener la contratación de los nuevos profesores o formación permanente de los docentes.


En dependencia y otros servicios sociales, no hay datos ni avances firmes hasta ahora para suponer incrementos adicionales de gasto. La diferencia entre los escenarios pre y post pandemia en dependencia es un incremento extra de unos 1.800 millones en 2020, hasta los 2.638 millones diez años después.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, es previsible que la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas se prorrogue más tiempo del esperado. En la medida en que se reactiven dichas reglas (déficit, deuda y regla de gasto) -en 2022 se espera un punto de inflexión, con un ajuste de los recursos de financiación con consecuencias sobre el déficit-, será necesario establecer una hoja de ruta interna (por subsectores) factible para recuperar la disciplina fiscal y garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en particular déficit y deuda.
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