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Semana del 27 de junio al 4 de julio de 2021.

Los temas se pudren y todo sigue igual

Seguimos igual, todos los problemas que ahogan al sector agrario siguen absolutamente vigentes y mucho nos tememos que entramos en una fase en la que serán ignorados por las administraciones europeas.

Actualizado 8 julio 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Empezamos a vivir una época en la que todo lo “verde” primará ante todo lo demás que pasará a un segundo plano. Y esa actitud que quiérase o no primará en el futuro europeo la tendremos que aceptar por lo que, si queremos sobrevivir, tendremos que actuar como los “ecologetas”, que llevan décadas viviendo del “momio” climático sin creer en nada de lo que predican.   

Comentarios.
Sigue de toda actualidad el gravísimo problema de los Acuerdos UE-Marruecos y así:
 “las organizaciones que defienden los intereses de los profesionales agrarios y sus cooperativas (COPA-Cogeca) han expresado su creciente preocupación por las consecuencias que está teniendo el actual Acuerdo UE-Marruecos en los mercados de frutas y hortalizas y, en particular, en el mercado del tomate.
Las disposiciones establecidas en el Acuerdo UE-Marruecos, que fueron revisadas en 2014 y que regulan la exportación de tomates originarios de Marruecos a la UE, son ineficientes, señalan estas organizaciones y, además, los mecanismos de precios de entrada y derechos, que resultaron tener efectos limitados en los volúmenes importados, las cláusulas de salvaguardia previstas en el Tratado, nunca se han activado a pesar de la grave depreciación de los precios del tomate en los mercados comunitarios, que dieron lugar a la importación de 500.000 t de tomates en 2020, correspondientes al doble de la cuota calculada -teóricamente- para preservar el flujo de exportación tradicional marroquí”.
España y otros países europeos han denunciado la entrada masiva de tomates y fruta de verano desde Marruecos y Turquía, un asunto que este martes abordaron los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
El tema se trató en un Consejo de Agricultura en Luxemburgo en el que, como se hace dos veces al año, la Comisión pasó revista a la situación de los distintos mercados agrarios.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó en declaraciones a Efe al inicio del Consejo, el lunes, que preocupa «la situación del mercado del tomate, las importaciones de productos terceros y cómo afecta a nuestra producción, en materia de precios y de superficie cultivada».
«En particular con los tomates y la fruta de verano, los estados miembros están informando de una creciente presión desde hace unos años por las importaciones desde países terceros, en particular de Turquía y Marruecos y piden revisar los acuerdos de importación y han pedido la revisión de los acuerdos de importación con esos países», señala un documento elaborado con vistas a la reunión.

Siguen los incumplimientos de este gobierno.
Unión de Uniones ha requerido formalmente al Ministro de Transición Ecológica para que dé cumplimiento a la Ley de Presupuestos, que disponía la regulación, a más tardar el 30 de junio, del contrato de doble potencia para regadío.
La organización agraria pone en evidencia que el Gobierno ha vuelto a incumplir los compromisos adquiridos, dejando pasar el plazo del que disponía para regular la doble tarifa eléctrica en el regadío, con el precio de la electricidad en máximos históricos y la campaña de en marcha, provocando un claro perjuicio económico para los agricultores.
Unión de Uniones recuerda que, durante los debates presupuestarios en las Cortes, quedó incorporada, literalmente, en la Disposición final cuadragésima quinta de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 la propuesta de enmienda presentada por Unión de Uniones a los grupos parlamentarios sobre el contrato de doble potencia para regadío. La Ley obligaba así al Gobierno a establecer reglamentariamente -en un plazo de 6 meses que concluía el 1 de julio- una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplara la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
“El Gobierno ha dejado que se agote el plazo sin hacer nada y nos encontramos con el precio de la electricidad más caro de la historia y con los motores de riego en plena campaña”, denuncian desde la organización.
Unión de Uniones ha presentado un requerimiento al Ministro de Industria, competente en este asunto, para que se ponga inmediatamente manos a la obra y cumpla con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.
¡Planas donde estás!


Las llamadas renovables están empezando a tener contestación en el mundo rural. En Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia... las protestas de determinados sectores rurales se extienden por la geografía española ante la proliferación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos. 
Entre sus reivindicaciones está el impacto paisajístico o contra la fauna local y la falta de generación de riqueza. 
Esta ola de movimientos ya tiene algunos nombres como Alienta (Alianza Energía y Territorio) o Renovables sí pero así no, Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, y así un “suma y sigue”. Todos ellos coinciden en que la transición energética y los objetivos del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) que prevé la construcción de 57 GW renovables en los próximos diez años no se puede hacer sin un control.
Terminemos hoy reseñando la magnífica Nota publicado por APAG, sobre este tema, titulada “No hay quien se lo trague”:
“Resulta asombroso leer en las noticias sobre la presentación del Megaparque Fotovoltaico de Trillo (el mayor de Europa hasta la fecha), que semejante proyecto “ayudará a luchar contra la despoblación rural” generará “miles de empleos directos e indirectos” y además será “un ejemplo de integración con el entorno rural y los usos tradicionales”.
Los que somos de pueblo y de campo, nos quedamos helados. Pero los que no lo son y andan tan inquietos con eso del reto demográfico, deberían tranquilizarse, porque –¡Abracadabra! – ha llegado el maná que terminará con el problema de nuestro medio rural “vaciado”.
La pregunta es la siguiente: ¿tenemos que tragarnos esta “bola solar”, así a palo seco, sin anestesia, sin explicaciones, sin una Ley de Régimen general que regule estos proyectos desmesurados?
La respuesta es no. No hay quien se lo trague.
No es razonable ni sensato que Guadalajara tenga que albergar más de la 25% de la potencia solar futura, que resta para cumplir el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima (según datos de Dalma).
Los responsables de Desarrollo Sostenible quieren acallar sus conciencias y, lo que es peor, las voces de los agricultores, ganaderos, apicultores, cazadores y vecinos en general, sembrando unas plantitas de lavandín entre placa y placa y, unos metros más allá, unas colmenas Layens; a ver qué pasa con las abejas, que nunca se han visto en otra de entrar y salir de casa entre un mar de espejos solares ardientes…
Buscarán también a algún ganadero necesitado de pastos, que lleve a sus ovejas a pastar entre las placas y así, con esos “convenios con agentes locales” (que por cierto los propios agentes, como la Asociación de Apicultores de Guadalajara o APAG ya han rechazado firmar), miran hacia otro lado frente al drama que supone la pérdida de miles de hectáreas de la mejor tierra agraria productiva, –unas 10.000 ya en Guadalajara según Dalma- y de los agricultores que serán expulsados de su actividad al no poder seguir trabajándola.
Parece que también abrirán algún aula de formación, pero es como lo de los empleos, no sabemos de qué tipo, ni si habrá alumnos en la comarca o tendrán que traerlos en autobús desde otros sitios.
En la presentación del parque de Trillo, brillaban los zapatos, las corbatas y las sonrisas, y también la desfachatez de querer hacer creer que esta barbaridad será buena para nuestras comarcas, al margen de los millones en impuestos municipales que, ni podrán tapar a la vista el mar de espejos, ni reponer la actividad que generaban esas tierras.
El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, dijo en Cifuentes que “en esta provincia hace no tanto se nos prometían cementerios nucleares o fracking y ahora tenemos energía limpia”, pero olvida que estas energías limpias generan también un grave problema de residuos industriales, que quizás ahora no se vea, pero se verá en un futuro.
Al diputado de Turismo, Rubén García y al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero nos gustaría también preguntarles, ¿cómo se come esto de llenar de placas, ‘la puerta’ del Parque Natural del Alto Tajo?, al que por cierto quieren convertir en Nacional.”

 Noticias.
-En una carta enviada al comisario de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, las organizaciones que defienden los intereses de los profesionales agrarios y sus cooperativas (COPA-Cogeca) expresaron su creciente preocupación por las consecuencias que está teniendo el actual Acuerdo UE-Marruecos en los mercados de frutas y hortalizas y, en particular, en el mercado del tomate.
En concreto, con los efectos acumulativos del Brexit, según el COPA-Cogeca, los precios del tomate de la UE se han desplomado a niveles que no cubren los costes de producción para la mayoría de los productores europeos, poniendo en riesgo la producción de regiones estratégicas de la UE.
Las disposiciones establecidas en el Acuerdo UE-Marruecos, que fueron revisadas en 2014 y que regulan la exportación de tomates originarios de Marruecos a la UE, son ineficientes, señalan estas organizaciones y, además, los mecanismos de precios de entrada y derechos, que resultaron tener efectos limitados en los volúmenes importados, las cláusulas de salvaguardia previstas en el Tratado, nunca se han activado a pesar de la grave depreciación de los precios del tomate en los mercados comunitarios, que dieron lugar a la importación de 500.000 t de tomates en 2020, correspondientes al doble de la cuota calculada -teóricamente- para preservar el flujo de exportación tradicional marroquí.
Según el COPA-Cogeca, la salida de Reino Unido de la UE (Brexit) es un factor adicional que está agravando la disrupción del mercado europeo, ya que este país era hasta entonces un destino importante para más del 50% de los tomates europeos destinados a la exportación.
Sin embargo, las cuotas del Acuerdo UE-Marruecos no se han renegociado, tras la retirada del Reino Unido de la UE para reflejar el criterio que hizo necesario ampliar estas cuotas en el pasado, cuando los nuevos Estados miembros se adhirieron a la Unión.
Además, por si fuera poco, ahora los tomates originarios de Marruecos pueden entrar en el mercado británico sin aranceles.
Para estas organizaciones, “el comercio está pasando por alto a Europa y los productores europeos de tomate se enfrentaron a una reducción en las exportaciones al Reino Unido en los primeros meses de 2021 y no consideran que el acuerdo comercial se haya actualizado.”
Acuerdo sin actualizar.
El secretario general de Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, afirmó que “lo menos que podemos decir hoy es que no consideramos que el acuerdo comercial sea haya actualizado, tras la salida de Reino Unido de la UE. La situación sobre el terreno está empeorando rápidamente, por lo que la Comisión debe reaccionar con rapidez. Pedimos al comisario de Comercio Valdis Dombrovskis y a su Administración que hagan una evaluación exhaustiva del impacto del aumento de los volúmenes de frutas y hortalizas importadas, en el deterioro de la situación económica en las zonas rurales europeas y en los ingresos de los agricultores.
La Comisión también debería sugerir la activación de las cláusulas de salvaguardia previstas y compensaciones asignadas a las zonas rurales europeas que se han visto afectadas”, añadió Pesonen.
En la carta enviada a la Comisión, el COPA-Cogeca también propone volver a calcular las cuotas de importación de frutas y hortalizas, y los valores de importación a tanto alzado para reflejar la nueva realidad del mercado de la UE-27, así como nuevas disposiciones que pretenden reducir las ventajas competitivas que existen hoy en día en relación con los métodos de producción en Marruecos.
Agronegocios.
-Los países de la Unión Europea (UE) dieron luz verde este lunes 28 al acuerdo alcanzado hace unos días por las instituciones europeas sobre la Política Agrícola Común para el periodo 2023-2027, la mayor reforma de la PAC en décadas y que pretende responder a los retos ambientales y climáticos a través de una producción más sostenible.
Los ministros de Agricultura debatieron en una reunión en Luxemburgo el acuerdo logrado el pasado viernes entre las instituciones europeas (Consejo y Eurocámara, con el apoyo de la Comisión).
«Quiero calificar el acuerdo de hoy de acuerdo histórico. Es la mayor reforma de la PAC desde los años 90. Implica un cambio de enfoque sustantivo por la novedad que suponen los planes estratégicos nacionales y por la ambición ambiental», dijo en rueda de prensa al término de la reunión el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
La mayoría de delegaciones reconoció que algunos aspectos no son exactamente como lo que el Consejo quería conseguir, pero lo consideraron en general equilibrado y positivo.
España opinó que es un «buen acuerdo», primero desde el punto de vista del «objetivo financiero», dijo Planas.
La PAC estará dotada en los próximos años de unos 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que unos 47.000 irán a parar a los agricultores y ganaderos en España (donde hay unos 695.000 beneficiarios).
Además, asegurará un «equilibrio» entre la rentabilidad económica de las explotaciones y los objetivos ambientales y de lucha contra el cambio climático, dijo Planas.
También destacó la «flexibilidad y subsidiariedad» que facilitará en la toma de decisiones sobre los planes estratégicos nacionales, una de las principales novedades de la nueva política.
El ministro confió en un próximo acuerdo entre las comunidades autónomas españolas sobre la PAC. «Si hemos sido capaces de hacerlo a nivel europeo espero y deseo que seamos capaces de hacerlo en España», dijo Planas. Este miércoles se anunciará la fecha de la conferencia sectorial para abordar el tema, dijo el ministro.
Planas destacó durante el debate con sus homólogos el papel de liderazgo de las mujeres que han ayudado a lograr el acuerdo de la PAC, empezando por la titular portuguesa, Maria do Céu Antunes, cuyo país preside la UE este semestre.
Por su parte, la ministra portuguesa resaltó, que es la mayor reforma de la PAC y dedicó el acuerdo en particular a las mujeres del sector agrícola y ganadero.
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA FUTURA PAC
LOS ECOESQUEMAS
Un nuevo pago que quiere incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.
Los países estarán obligados a ofrecer este nuevo instrumento, que será voluntario para los productores y al que se destinará el 25 % de los pagos directos, con un periodo de aprendizaje de dos años, en el que ese porcentaje se podrá limitar al 20 %.
LA DIMENSIÓN SOCIAL
Desde 2023 con carácter voluntario y 2025 de forma obligatoria, la concesión de ayuda a las explotaciones quedará sujeta al respeto de las normas laborales.
Para ponerlo en práctica se cruzarán datos con las autoridades responsables con el fin de excluir de las ayudas a aquellas que incurran en abusos.
Planas consideró que el acuerdo alcanzado sobre este punto «no supone una carga administrativa adicional» y precisó que, en todo caso, la gran mayoría de los productores no incurren en este tipo de infracciones.
PEQUEÑOS AGRICULTORES
Los Estados miembros repartirán el 10 % de los pagos directos a las explotaciones agrícolas más pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos cómo planean hacerlo.
JÓVENES AGRICULTORES
Se fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores, que será del 3 % de los presupuestos de los países para el apoyo a la renta de la PAC.
Las instituciones deberán concluir los detalles técnicos de la reforma propuesta, y después será aprobada formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo.
Los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 para presentar sus proyectos de planes estratégicos nacionales a la aprobación de la Comisión.
Agroinformación
.-Las renovables en España se topan con una ola rural en contra de su desarrollo
También se ha incorporado a esta movilización el sector pesquero gallego que está en contra de los planes de Iberdrola de instalar eólica marina. 
En Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia... las protestas de determinados sectores rurales se extienden por la geografía española ante la proliferación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos. Entre sus reivindicaciones está el impacto paisajístico o contra la fauna local y la falta de generación de riqueza. 
Esta ola de movimientos ya tiene algunos nombres como Alienta (Alianza Energía y Territorio) o Renovables sí pero así no, Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, y así un “suma y sigue”.
Todos ellos coinciden en que la transición energética y los objetivos del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) que prevé la construcción de 57 GW renovables en los próximos diez años no se puede hacer sin un control.
Teruel y la eólica.
Forestalia tiene un ambicioso plan para el sur de la provincia de Teruel. Quiere construir en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar Javalambre 22 parques eólicos, un total de 161 aerogeneradores de gran tamaño equivalentes a 1 GW.
Sin embargo, los empresarios del sector de los alojamientos turísticos no lo ven con buenos ojos. Por eso, preparan un aluvión de alegaciones contra el plan. Consideran que la iniciativa atenta contra el entorno natural del sur de la provincia, que es su motor turístico y laboral. 
Extremadura y la fotovoltaica.
Otro tanto de lo mismo ocurre en Extremadura. Badajoz ostenta el honor de concentrar el mayor número de MW fotovoltaicos, 499 MW según el mapa de instalaciones de eSios de REE seguida muy de cerca por Murcia, con 493 MW. 
Y en Cáceres está previsto la construcción de megaparques fotovoltaicos como el de Núñez de Balboa o el de Francisco Pizarro de más de 500 MW. En marzo pasado, el Club Sénior de Extremadura, un grupo formado por 230 profesionales de la economía, ingenieros industriales y agrónomos, presentó el informe Cómo evitar la tercera colonización energética de la región, en el que denuncian el despliegue de la industria fotovoltaica en la región que no tiene una traducción en riqueza económica.
Los viticultores, en armas.
Otro de los sectores que se han mostrado más combativos son los viticultores. Expertos de la Universidad de Alicante han publicado un manifiesto en el que resaltan el valor histórico, medioambiental y paisajístico de los viñedos, que pueden perder hasta 5.000 hectáreas en los próximos dos años.
En la zona de la Brihuela, a los pies de la sierra de Chiva (en la provincia de Valencia), se prevé la instalación de una macroplanta fotovoltaica que ocuparía una extensión de 400 hectáreas; lo promueve la empresa Falck Renewables Power.
Ecologistas, vecinos y consistorios de la Comunitat Valenciana advierten que la transición energética puede arrasar con los parajes, flora y fauna que les rodea si el cambio energético no va acompañado de un cambio de modelo de gestión. 
Y muy cerca, en Mula (Murcia), otro movimiento parecido presenta las mismas reivindicaciones.
Eólica marina y los pescadores.
No hay ni un megavatio eólico marino en España, pero hay solicitados hasta 13 GW en el Ministerio para la Transición Ecológica. Y el sector pesquero de arrastre de fondo de Galicia ya se muestra en contra. Según dice, los proyectos traspasan las "líneas rojas" porque afectan al ecosistema y a varios caladeros.

"La afectación de la fotovoltaica es mucho mayor que la eólica por su competencia con la agricultura y el consumo de agua", explican a Invertia fuentes del sector renovable. "Tenemos que poner sentido común y no levantar los controles medioambientales sobre los proyectos renovables, pero no paralizarlos". 
"Además, la eólica terrestre suele estar en zonas montañosas con un impacto menor, y los nuevos sistemas de señalización evita los problemas pasados con la avifauna". 
"Y la eólica marina va más allá. Tiene mayor factor de capacidad de generación y no hay ocupación territorial. Además, las zonas que se proyectan están a 12-15 km de la costa y en fondos a 200 metros como mínimo. Pero con la tecnología flotante no hay ni siquiera vibraciones en el momento de la instalación y evitaría la pesca de arrastre de fondo, uno de los peores y más devastadores sistemas de pesca. De hecho, se crearían santuarios para la biodiversidad".
Alquiler de tierras ventajoso.
"La protección de la naturaleza y la biodiversidad es imprescindible para cumplir con la implantación y extensión de las energías renovables", señalaba Inés Sabanés, coportavoz de Verdes Equo y diputada por Más Madrid durante la jornada 'Renovables, biodiversidad y territorio: hacia un futuro común'.
"Hay que hacer un debate para poner en común las distintas visiones y evitar el conflicto con diagnóstico y realidad, que nos permita avanzar".
"Tenemos un problema de aceptación social" decía por su parte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. "Llevo 40 años en el sector energético y no me podía imaginar que se vean a las tecnologías limpias como extractivas e invasivas. La problemática subyace porque no hay ninguna regulación que fije límites".
Ferrando recuerda que en los próximos días saldrá a concurso el nudo Nudejar, en la antigua central de carbón de Andorra (Teruel) y que debería tenerse en cuenta la inclusión local.
"Otro de los problemas es que se están ofreciendo 1.200 euros por hectárea, por ejemplo, en Huesca, o hasta 2.000 euros en otros puntos del país. Eso son ocho veces más que la renta agraria que puede tener un arrendador. Invita a dejar de cultivar para dar paso a los proyectos renovables. Y además, se añade otro conflicto más. No solo es a quién le toca, sino a los que no le tocan. Por eso desde la Fundación Renovables pedimos que los beneficios se repartan entre todos los del municipio".
"Lo que es una oportunidad histórica para hacer un modelo energético más justo y más barato, se está convirtiendo por su mal uso, en un error histórico y en una irresponsabilidad", puntualizaba Luis Bolonio, portavoz de ALIENTE. "Las renovables están teniendo un gran rechazo social".
Y propone que se transpongan completamente las Directivas Europeas de Energía Limpia de la UE. "Obligan al desarrollo de un modelo energético que prime el ahorro y la eficiencia energética, el autoconsumo, porque permite una mayor penetración de las renovables. Se ahorrarían las pérdidas en el transporte de alta tensión y se podría hacer una mejor gestión de la demanda".
"Hay una falta absoluta de planificación y ordenación territorial. Es el mayor desastre ambiental en siglo y medio", concluye.
Invertia.
-Los Estados miembros de la UE aprobaron la reforma de la Política Agrícola Común, cerrada el pasado viernes por los negociadores del Consejo (que agrupa a los Gobiernos de los 27) y del Parlamento Europeo. Tal y como explicó la ministra de agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, quien lideró las discusiones por parte de los países este semestre, se trata de la reforma "más grande" de la PAC desde los años 90. Tras el espaldarazo de los ministros de Agricultura en Luxemburgo, el Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno en las próximas semanas, antes de que entre en vigor en 2023.
Los 387.000 millones de euros que se dedicarán en este marco presupuestario (2021-2027) al campo no solo tendrán en la mira objetivos de productividad, sino también medioambientales y climáticos. Además, por primera vez, introducirá una condicionalidad social que los beneficiarios deberán cumplir para recibir los pagos, como había demandado el Parlamento Europeo.
La principal novedad de esta nueva PAC será la inclusión de los denominados 'ecoesquemas'. Hasta el 25% de los pagos se reservarán a estos esquemas, que podrían incluir la restauración de humedales para absorber CO2 o la agricultura orgánica, aunque organizaciones ecologistas criticaron que las reglas no definieran qué se considerará un esquema ecológico, dejando enorme manga ancha a los Estados miembros.
Otra de las novedades será la redistribución de las ayudas directas. Hasta ahora, el 80% de los pagos iba al 20% de los agricultores. Con la nueva PAC, los Estados miembros estarán obligados a redistribuir al menos el 10% en beneficio de las explotaciones agrícolas más pequeñas.
Además, tal y como pedía España, Bruselas empezará a estudiar los residuos y los productos fitosanitarios utilizados por productores de países terceros, dejando la puerta abierta a utilizar medidas regulatorias en el futuro para que haya "equidad" con los requerimientos que tienen que cumplir los agricultores europeos.
Los Estados miembros tendrán ahora hasta el 31 de diciembre de este año para elaborar sus planes estratégicos para ejecutar en sus territorios la nueva PAC.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se mostró satisfecho tras el encuentro de dado que se trata de un "buen acuerdo", valorando los cambios que traerá al hacer la PAC más verde. "Hemos visto nuestros objetivos cumplido", dijo, incluyendo los 47.724 millones de euros que España se llevará bajo el nuevo marco.
Ahora Planas tendrá que poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas para finalizar el plan estratégico que tendrá que enviar a Bruselas antes de que concluya el año. El ministro indicó que se pondrá en contacto con las comunidades mañana para convocar una conferencia sectorial para cerrar la negociación en julio. El Gobierno central y los autonómicos tendrán que cerrar varios aspectos, incluyendo los pagos redistribuidos o el número de regiones de pago, uno de los puntos que probablemente despertará más tensiones.
Solo cuatro Estados miembros tienen más de una región de pago, y España tiene 50 en total. La Comisión emitió el pasado diciembre 17 recomendaciones para España para su plan nacional, en las que pidió una reducción significativa del número de regiones de pago.
Planas explicó que lleva tiempo conversando con las comunidades sobre este punto, y que la reforma tendrá que ser "gradual", aunque tanto el Gobierno central, como los regionales y Bruselas "nos tendremos que encontrar en algún punto".
El Economista.
-La reforma de la Política Agraria Común (2023-2027) ratificada hoy por el Consejo de Ministros de la UE no responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones. La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC ratificada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.
El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. "El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa", ha apuntado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.
En el capítulo de ayudas, se observa con perplejidad el "galimatías sin sentido" en torno a la definición de "agricultor genuino", que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias. Asimismo, COAG considera demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros). "Es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico", ha afirmado Blanco.
Respecto a la arquitectura verde, los 28 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados "ecoesquemas", con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. "Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es "un recorte en toda regla", ha subrayado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha recordado que "para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas". Además, con el acuerdo entre las instituciones, el  40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.
Todo ello, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos de regulación de mercado necesarios y un presupuesto acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos. "Se demuestra una vez más la hipocresía e incoherencia de los máximos mandatarios europeos,  ya que en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamentable que ni siquiera se hayan introducido medidas de equivalencia en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios para los productos agrícolas que vienen de terceros países", ha criticado Miguel Blanco.
Esta organización defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental  de la producción agraria, siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social. "La PAC debe responder a  las nuevas exigencias de la sociedad, tanto en materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, pero sin abandonar sus principios básicos. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a precios asequibles para los consumidores y remuneradores para los productores. En un contexto presente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, resulta suicida destruir las pequeñas y medianas explotaciones y con ellas a los agricultores profesionales que son las garantes de la seguridad alimentaria”, ha argumentado Blanco.
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar más que nunca la seguridad alimentaria, la resilencia y la soberanía alimentaria. “Sin embargo, con la aprobación de esta PAC las instituciones europeas dan la espalda a esta realidad, traicionando además sus propios objetivos: caminar hacia una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se impone una mentalidad alejada de la realidad del campo y del medio rural", ha apostillado el máximo responsable de COAG.
COAG participará el proceso de negociaciones del Plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en España, con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas reglas marcadas por la UE en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.
COAG.
-Ribera señala a la hidráulica como causa de la subida de la luz y analiza cómo frenar una posible especulación
El alto precio de la luz, que comenzó su estela ascendente en marzo pasado, trae de cabeza al Gobierno, que busca alternativas para controlarlo.
El precio de la luz preocupa al Gobierno y no es para menos. El precio mayorista de la electricidad en el mes de junio ha cerrado a un precio récord, el más alto de la historia, y todos los dedos señalan como responsables al gas y al mercado del CO2, pero también a la hidráulica.
"El 10% de la electricidad está relacionado con la quema del gas, los ciclos combinados, que es la tecnología más cara y la más contaminante", ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, no siempre es la tecnología que marca el precio marginalista. En la mayoría de las horas es la hidroeléctrica la que aprovecha la oportunidad de que el gas esté tan alto, y oferta a un precio superior. Lo que hace que finalmente se pague mucho más el MWh. 
"Es un asunto que nos preocupa porque muestra cómo a veces se producen distorsiones en el mercado eléctrico, perfectamente legales pero indeseables desde el punto de vista de la administración pública que debe velar por los intereses de los ciudadanos", ha recalcado la ministra. 
La tormenta perfecta.
Con una media de 83,3 euros por megavatio hora (MWh), el mes de junio ha superado el precio récord que hasta ahora era de 71,49 euros en el mes de enero de 2017.
"Estamos viviendo una tensión en los precios por el especial incremento del gas y del CO2, coincidiendo con el cambio en el modelo de tarificación de la luz", ha señalado Ribera. 
El problema es que "no podemos intervenir en las commodities y en los precios de los mercados internacionales", de los que depende el gas y además, "seguirá así en los próximos meses".
Un encarecimiento que tiene que ver con una mayor demanda de Asia, por su reactivación económica y su política de abandono del carbón, y en el caso del mercado europeo de CO2, por la mayor ambición de Bruselas en su proceso de descarbonización.
Un cóctel de factores que hace pensar en la 'tormenta perfecta' de enero, por la borrasca Filomena. En invierno se dispara el consumo de gas porque hace frío y en verano la falta de generación hidroeléctrica y de eólica dejan un hueco térmico que hasta hace dos años se cubría con carbón, pero ahora es con gas.
Objetivo, bajar la luz.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un informe en el que revela que el histórico precio de la factura de la luz en junio se debe a la generación hidráulica. Esta habría influido en el precio de la luz en el 58% de las horas de junio.
OCU argumenta que a pesar de que las subidas del gas y los derechos de emisión de CO2 podrían justificar incrementos en el precio mayorista, fijaron un precio menor que el de la hidráulica. Sin embargo, los altos recibos no cuadran a la OCU y asegura que podría tratarse de una elevación de precios "oportunista" para obtener beneficios extraordinarios a costa de los consumidores.
Esto fue en junio, pero en enero, en plena ola de frío, el agua y las renovables fijaron en el 80% de las horas el precio de la electricidad, y no el gas. 
"El Gobierno tiene en su mano la posibilidad de poner en marcha algunas medidas para controlar estos excesos como la ley que prevé aprobar para recortar los dividendos del CO2", añade. A lo que se conoce como 'beneficios caídos del cielo' se les aplicaría un coeficiente reductor de ingresos que iría destinado a financiar los costes energéticos. 
Esto afectaría principalmente a las centrales nucleares e hidroeléctricas, que en España son propiedad de las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida, de EDP y Acciona Energía. 
Revertir las concesiones.
Otra de las opciones que se han barajado en el pasado es que el Gobierno recupere las concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos una vez que llegue a su fin el periodo de vigencia actual.
"Revertir las concesiones podría ser una manera de tener un mayor control de las emisiones de CO2, de la gestión del agua y de los precios eléctricos".
La otra opción es la de "incorporar un canon hidráulico revisable que se modificara en función de los precios del mercado mayorista".
La solución no se presenta fácil, porque "normalmente las compañías que tienen una central hidroeléctrica suelen tener de todo, ciclos combinados, centrales térmicas, parques renovables... y como empresas buscarán maximizar sus beneficios en lo que es su negocio, vender electricidad". 
"La ley que se prevé aprobar de los dividendos de CO2 va por el buen camino, pero coincido en que la reversión de las concesiones, una vez que finalicen, es la otra opción". De hecho, "no entro en si debe ser gestión privada o pública, pero el Gobierno sí puede poner condicionantes a la explotación de un salto de agua". 
Invertia.
-Las organizaciones agrarias, con la excepción de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han recibido con recelo y preocupación el acuerdo logrado por los ministros europeos de Agricultura sobre la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que comenzará a aplicarse a partir de 2023 y que para España supone un montante de 47.724 millones de euros, unos 5.000 millones anuales para pagos directos y otros 1.500 millones para desarrollo rural. Oficialmente se trata de una cifra similar a la percibida en el periodo anterior, pero desde el sector se estima que supone un ajuste del 10% por el efecto de la inflación y de otras medidas.
Con todo, la principal crítica de las organizaciones es el reparto sectorial de fondos: un 40% irá a las políticas verdes, que incluirán los llamados ecoesquemas. Estos fondos verdes que coparán una cuarta parte del presupuesto, aseguran las asociaciones agrarias, incluyen nuevas exigencias medioambientales que van a suponer mayores costes de producción para una menor oferta, así como la pérdida de competitividad frente a las importaciones extracomunitarias, con menos exigencias laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria.
El sector teme que ello suponga menos rentabilidad, el cierre de pequeñas y medianas explotaciones y menos autosuficiencia alimentaria para la Unión Europea. Critican que no se haya avanzado más en la recuperación de algunos mecanismos para la regulación de los mercados. “Con números rojos”, coinciden medios sindicales, “no podemos ser verdes”.
A la espera de las negociaciones
En este escenario, las organizaciones agrarias señalan la necesidad de esperar a las negociaciones para su aplicación en España, basándose en la elaboración del Plan Estratégico donde la redistribución de los fondos y la aplicación de las políticas de convergencia de ayudas —cobrar lo mismo por una misma actividad— son piezas clave.
El secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, hace una valoración general positiva de la PAC en cuanto recoge puntos importantes defendidos por la organización, como la redistribución del 10% de los fondos de pago básico entre las pequeñas y medianas explotaciones, el techo de las ayudas en los 100.000 euros por beneficiario y el ajuste de las mismas. También el aumento hasta el 3% de los fondos para la incorporación de los jóvenes al sector.
Las posiciones más duras proceden de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), donde su secretario general Miguel Blanco considera que la condicionalidad medioambiental, algo que también defiende la organización, no puede poner en peligro la sostenibilidad de las explotaciones. “Los agricultores no queremos ser los jardineros de la UE”, afirma Blanco. COAG estima que las mayores exigencias derivadas la política verde, que abarca el 40% de los fondos, así como la reducción del uso de fertilizantes, fitosanitarios o zoosanitarios, se va a traducir en una menor oferta con mayores costes a las espaldas de los productores, lo que acarreará una posición menos competitiva frente las importaciones.
En definitiva, augura el cierre de las pequeñas y medianas explotaciones. Un paso más para “uberizar” (en referencia a la compañía de vehículos sin conductor) la actividad.
Autosuficiencia alimentaria en peligro
COAG advierte además que se estaría poniendo en riesgo la propia autosuficiencia alimentaria de la UE en un momento clave para evitar los riesgos de la escasez alimentaria mundial. La organización estima que el techo de 100.00 euros de ayuda por peticionario es una cifra muy elevada y denuncia que se estén descafeinando las condiciones de los agricultores genuinos como destinatarios prioritarios de las ayudas.
Unión de Uniones considera que el acuerdo sobre la futura PAC supone poner en jaque la rentabilidad de los cultivos y de las explotaciones comunitarias por el reforzamiento excesivo de las políticas verdes, que destinan el 25% de los fondos a los ecoesquemas y el 35% de los fondos del segundo pilar, el desarrollo rural, igualmente a fines medioambientales. La organización coincide en sus denuncias contra las importaciones como competencia desleal en este escenario verde frente a las producciones comunitarias y lamenta no se haya avanzado en la recuperación de algunos mecanismos para la regulación de los mercados cuyo desmantelamiento se produjo en los últimos años.
En Asaja y sus organizaciones territoriales se denuncia que la ambición ambiental comunitaria que “todos” en el sector pueden “compartir” no se vea complementada con mayores fondos, lo que afecta a la actividad de los profesionales. Por eso abogan por un Plan Estratégico nacional que recoja la situación real y las necesidades del sector apoyando su viabilidad.
Vidal Maté. El País.
-Cooperativas Agro-alimentarias de España valora el acuerdo alcanzado sobre la futura PAC, que asegura un marco estable hasta 2027. 
El acuerdo es muy ambicioso desde el punto de vista medioambiental y la clave estará en cómo se gestionarán las intervenciones para que el sector productor pueda afrontar el nuevo modelo de sostenibilidad medioambiental, siendo rentable y competitivo. En este sentido, el acuerdo cita expresamente la “necesidad de mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, fomentando las formas de cooperación entre los agricultores”, lo que invita a los Estados miembros a reforzar el cooperativismo agroalimentario.
Reconocemos el esfuerzo realizado por las instituciones para alcanzar el acuerdo tras años de negociación, y aceptamos que la nueva PAC será muy exigente desde el punto de vista medioambiental. A partir de ahora hay que trabajar en la elaboración de los planes estratégicos PAC en los Estados miembros, en particular, en España.
Pese a las críticas de determinadas organizaciones medioambientalistas, la ambición medioambiental de este acuerdo es muy elevada, y el éxito para conseguir los objetivos no sólo depende de un marco exigente para la producción, que lleva años mejorando y reduciendo su impacto medioambiental, sino del diseño de intervenciones para vertebrar al sector productor económicamente y prepararlo para el cambio y, al mismo tiempo, lograr que la sociedad comprenda y valore la nueva producción, especialmente ante importaciones y producciones menos sostenibles.
Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha señalado que “el Pacto Verde y esta PAC son un reto de todos, y no se alcanzarán los objetivos únicamente con reglamentaciones más estrictas si no se resuelve el dilema del cambio climático frente a la rentabilidad. Las cooperativas agroalimentarias estamos dispuestas a ser el instrumento de generación de riqueza para nuestras productoras y productores y de apoyo en la transformación del modelo productivo, y para ello necesitamos coherencia entre las políticas”.
El acuerdo habilita intervenciones fundamentales para afrontar el cambio con sostenibilidad económica y que deberían integrarse en el Plan Estratégico PAC español. Las intervenciones sectoriales que implantan programas operativos desarrollados por organizaciones de productores similares a los de frutas y hortalizas son un instrumento clave para estructurar al sector ante el mercado. Por otro lado, existe incertidumbre en el diseño de los eco-esquemas, que abarcarán al menos el 25% de los pagos directos, creemos que una aplicación colectiva de los mismos facilitará el acceso y una aplicación eficiente para los productores, así como un mayor impacto positivo en el medioambiente. También valoramos que la reglamentación comunitaria tenga en cuenta la especificidad cooperativa a la hora de aplicar el capping o la limitación de los pagos, el pago redistributivo y el régimen de jóvenes, reconociendo así el valor del cooperativismo para afrontar el futuro.
Sin embargo, lamentamos que se haya perdido una oportunidad en la OCM de mercados agrarios de introducir la obligación para que las importaciones respeten los mismos requisitos LMR que las producciones comunitarias, quedándose relegada a una mera declaración política. Tampoco ha sido positivo la no inclusión de la prohibición de la venta a pérdidas, instrumento clave para evitar la destrucción de valor en la cadena alimentaria.
La inversión pública en la agricultura y la ganadería, la vertebración del sector productor, la gestión de los mercados y la reciprocidad de las importaciones sobre el nuevo modelo de sostenibilidad, deberán ser elementos claves en el nuevo marco para para poder alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE. Para ello se deben utilizar las intervenciones de manera adecuada y ambiciosa en el futuro plan estratégico PAC-España, siendo capaces de mirar al futuro y acompañar al sector hacia el cambio.
Cooperativas Agroalimentarias.
-Reforma de la PAC 2021-2027: en lo aprobado sobra ideología y falta agronomía
La reforma de la PAC, que lleva más de tres años negociándose en las instancias comunitarias, ha dado un paso importante para su adopción en los acuerdos alcanzados en Trílogos (reuniones tripartitas entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión) y posteriormente en su ratificación por el Consejo de Agricultura de la UE con el que se finaliza la presidencia portuguesa. En opinión de ASAJA, posiblemente, el hecho más significativo sea precisamente el hecho de haber alcanzado este acuerdo, que cierra una etapa y da paso a las negociaciones nacionales para el diseño y aprobación de los Planes Estratégicos nacionales que implementarán la PAC en cada país.
ASAJA siempre se ha mostrado reticente a muchos de los preceptos que se establecían en las propuestas de la Comisión, así como en el desarrollo de las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo Agrícola, ya que consideramos que se aleja de las verdaderas necesidades del sector frente a un mundo globalizado, unos mercados cada vez más volátiles y unas condiciones de competencia internacional cada vez más duras.
Los compromisos medioambientales y climáticos han marcado, desde el principio, las negociaciones de la nueva PAC, si bien se han visto fuertemente alteradas tras la publicación de las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad del Pacto Verde Europeo y la pretensión del Parlamento y especialmente del vicepresidente Timermans, apoyado por los sectores medioambientalistas más radicales, de imponer  unos objetivos, en principio meramente orientativos, como obligatorios sin que tuvieran base legal, ni estudio de impacto que lo avale.
Lamentablemente, la ambición ambiental y climática, que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acompañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, sino que deberán ser los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual.
La otra gran novedad de la futura PAC reside en el papel que van a desarrollar los Estados miembros a la hora de diseñar y ejecutar los objetivos de la PAC en cada país a través de sus Planes Estratégicos. Si bien, hasta ahora, se han venido desarrollando trabajos exploratorios de análisis, determinación y priorización de necesidades dentro de los distintos objetivos específicos que la UE marca en sus reglamentos, ahora se abre, una vez conocido y delimitado el marco donde nos debemos mover, la fase de desarrollo de estos Planes, que necesariamente el ministerio de Agricultura deberá consensuar con las comunidades autónomas y los principales implicados en la reforma, los agricultores y ganaderos.
Es precisamente en esta fase nacional donde se deberán definir y aclarar muchos aspectos de vital importancia para nuestros agricultores y ganaderos, tales como el futuro de los derechos de la PAC; la determinación del número de regiones productivas; la convergencia interna y sus periodos de aplicación; el control de las superficies que tendrán derecho a pagos en la futura PAC; los sectores e importes que podrán beneficiarse de pagos acoplados a la producción; los límites que se impongan a estos pagos o el tratamiento que se vaya a dar a las primeras hectáreas; el complemento necesario para apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria (tanto en el primero como en el segundo pilar) y por supuesto, diseñar el modelo de arquitectura verde, a través de los ecoesquemas en el primer pilar y las medidas agroambientales y otras inversiones, dentro del segundo pilar. Estos y otros muchos aspectos quedan todavía por definirse en lo que será el futuro Plan Estratégico para España.
Es precisamente en el diseño, elaboración y puesta en marcha de este Plan Estratégico español donde de verdad se completa la reforma de la PAC. Es por tanto, necesario, descender de la literatura que contiene una importante carga ideológica, como hemos podido comprobar, a la realidad de la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España, con su inmensa diversidad productiva y distintas estructuras a nivel de explotación, donde deben primar los criterios técnicos y agronómicos para así lograr mejorar la rentabilidad, viabilidad y competitividad de los profesionales agrarios españoles.
ASAJA.
-La organización agraria lamenta que con la reforma se haya perdido una oportunidad de dirigir las ayudas públicas al agricultor profesional y no para los que no viven del campo ARAG-ASAJA reclama a Planas y a la consejera de Agricultura, Eva Hita, que en la aplicación del Plan Estratégico impongan las tesis “exclusivamente agrarias” frente a la ideología ecologista que pregonan Rivera y Dorado y que tanto daño están haciendo al campo.
El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha destacado hoy que la ratificación por los Estados miembros del acuerdo sobre la nueva PAC, con el que finaliza un proceso que ha resultado muy complejo y cuya negociación se inició hace tres años, supone “pintar una agricultura y ganadería más verde a costa de los números rojos del sector”.  
En este sentido, Fonseca ha lamentado que “la ambición ambiental y climática que incorpora la reforma, y que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acompañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, y lo que es más importante, se aleja de la labor principal que tendría que haber imperado en la reforma de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos”.
En concreto, la organización ha puesto el acento en tres aspectos de la reforma como son la pérdida de fondos, el endurecimiento de las normas medioambientales y la pérdida de oportunidad de dirigir las ayudas públicas a los agricultores profesionales.
Sobre el primer punto, el secretario general ha recordado que el presupuesto de la PAC se ha recortado en casi 39.000 millones de euros, pasando de 383.000 millones a 343.900 en la programación 2021/2027, lo que supone un tijeretazo de más del 10% y un revés muy importante para la agricultura y la ganadería, puesto que España podría llegar a perder hasta 600 millones de euros anuales, y en el caso de La Rioja alrededor de 9 millones de euros.
Por otro lado, Fonseca ha sido especialmente crítico con las nuevas exigencias medioambientales y climáticas (a las que se dedicará el 40% de todos los fondos) y que a su juicio “significarán más costes para el sector ya que deberán ser los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual”.
Por último, y respecto a la agricultura profesional, ha criticado que finalmente la reforma “deje de lado al profesional que vive, trabaja, produce y desarrolla la agricultura y ganadería y que es al que le deberían llegar las ayudas de verdad y no para los que no viven del campo, los llamados agricultores de sofá que en esta nueva PAC van a salir beneficiados aportando solo un 25% de ingresos agrarios”.
Aspectos positivos.
No obstante, el secretario general ha valorado de forma positiva otros aspectos que se han atendido en la reforma. En primer lugar, se ha referido a que el acuerdo haya alargado los derechos de plantación de viñedo de 2030 a 2045, aunque su organización siga defendiendo el 2050 como la fecha más adecuada. En segundo lugar, ha reconocido el compromiso de Bruselas por revisar las normas que afectan a terceros países para que los productores europeos puedan competir en un mismo nivel de condiciones. Y, por último, también ha señalado como buena noticia que se la nueva PAC permita seguir financiando los nuevos regadíos.
Plan Estratégico
Para finalizar, Igor Fonseca ha puesto el acento en la nueva etapa que se abre a partir de ahora y en la que España deberá elaborar un Plan Estratégico. “Es en el diseño, elaboración y puesta en marcha de este Plan Estratégico español donde de verdad se va a completar la reforma de la PAC y donde necesariamente el Ministerio de Agricultura va a tener que descender de la literatura que contiene una importante carga ideológica, a la realidad de la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España, con su inmensa diversidad productiva y distintas estructuras a nivel de explotación, donde deben primar los criterios técnicos y agronómicos para así lograr mejorar la rentabilidad, viabilidad y competitividad de los profesionales agrarios españoles”.
Para ello, ha reclamado a Planas y a la consejera de Agricultura, Eva Hita, que defiendan los intereses de los agricultores y ganaderos e impongan las tesis “exclusivamente agrarias frente a la ideología ecologista que pregonan Rivera y Dorado y que tanto daño están haciendo al campo en general”
ARAG.
-España y otros países europeos han denunciado la entrada masiva de tomates y fruta de verano desde Marruecos y Turquía, un asunto que este martes abordaron los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
El tema se trató en un Consejo de Agricultura en Luxemburgo en el que, como se hace dos veces al año, la Comisión pasó revista a la situación de los distintos mercados agrarios.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó en declaraciones a Efe al inicio del Consejo, el lunes, que preocupa «la situación del mercado del tomate, las importaciones de productos terceros y cómo afecta a nuestra producción, en materia de precios y de superficie cultivada».
«En particular con los tomates y la fruta de verano, los estados miembros están informando de una creciente presión desde hace unos años por las importaciones desde países terceros, en particular de Turquía y Marruecos y piden revisar los acuerdos de importación y han pedido la revisión de los acuerdos de importación con esos países», señala un documento elaborado con vistas a la reunión.
Otro asunto que inquieta, según Planas, «son los mercados ganaderos, el incremento del coste de las materias primas» y la disminución de la rentabilidad de todos los sectores ganaderos, algo que, matizó, no solo afecta a España sino también a otros estados miembros.
En particular, se constató que se ha producido una recuperación en el sector alimentario de la UE tras la reapertura gradual del canal horeca (restaurantes, hoteles y cafeterías) y el levantamiento de las restricciones a la circulación de personas y mercancías por la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, algunos estados miembros «informaron de problemas en sectores y regiones específicos que han afectado los ingresos de los productores», según un comunicado difundido por el Consejo tras la reunión.
El debate de los titulares europeos tomó como partida un documento, elaborado a partir de los datos de la Comisión y los países, que analiza la situación por sector y recoge las preocupaciones de los distintos países.
El documento revela que los estados miembros, y en particular España, han registrado un aumento de entre el 25 y el 60 % en los precios internacionales de piensos para animales, en particular la soja, el maíz, el trigo y la cebada.
LA FALTA DE AGUA EN ESPAÑA «PODRÍA» SER UN PROBLEMA PARA LA CAMPAÑA 2021-2022 EN EL OLIVAR
Por otra parte, el informe señala que los mercados de carne están funcionando bien, ya que tanto los precios del vacuno, como del porcino, la carne de ave y de ovino están por encima de la media del año pasado y de la media de cinco años.
En cuanto al aceite de oliva, la producción europea se estima en unos 1,4 millones de toneladas para el año 2020-2021, un poco inferior a lo esperado, como consecuencia de las extremas condiciones meteorológicas del verano de 2020.
En ese contexto, la falta de agua en España «podría» ser un problema para la campaña 2021-2022, «aunque es demasiado pronto para poder afirmarlo».
En el caso del vino, «tras un año de perturbaciones acumuladas en el mercado (aranceles estadounidenses, pandemia de COVID-19 y cierre de HORECA, Brexit), el mercado del vino está mostrando algunas señales de una esperada recuperación».
Según los datos de los Estados miembros, la producción de vino de la presente campaña es un 9 % superior a la del año pasado.
No obstante, la fría primavera de este año ha provocado daños en muchos viñedos en Europa, lo que «podría conducir a una disminución significativa del rendimiento, aunque actualmente es difícil tener una imagen clara del impacto de las heladas».
Agroinformación.
-Unión de Uniones ha requerido formalmente al Ministro de Transición Ecológica para que dé cumplimiento a la Ley de Presupuestos, que disponía la regulación, a más tardar el 30 de junio, del contrato de doble potencia para regadío.
La organización agraria pone en evidencia que el Gobierno ha vuelto a incumplir los compromisos adquiridos, dejando pasar el plazo del que disponía para regular la doble tarifa eléctrica en el regadío, con el precio de la electricidad en máximos históricos y la campaña de en marcha, provocando un claro perjuicio económico para los agricultores.
Unión de Uniones recuerda que durante los debates presupuestarios en las Cortes, quedó incorporada, literalmente, en la Disposición final cuadragésima quinta de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 la propuesta de enmienda presentada por Unión de Uniones a los grupos parlamentarios sobre el contrato de doble potencia para regadío. La Ley obligaba así al Gobierno a establecer reglamentariamente -en un plazo de 6 meses que concluía el 1 de julio- una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplara la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
“El Gobierno ha dejado que se agote el plazo sin hacer nada y nos encontramos con el precio de la electricidad más caro de la historia y con los motores de riego en plena campaña”, denuncian desde la organización.
Unión de Uniones ha presentado un requerimiento al Ministro de Industria, competente en este asunto, para que se ponga inmediatamente manos a la obra y cumpla con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.
El Gobierno duplica los impuestos a la electricidad
Por otro lado, la organización considera que la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% tiene escaso efecto positivo en el sector agrario al estar reservada para usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kW. “Este umbral deja fuera a la mayor parte del regadío y prácticamente a todos los usos ganaderos”, apuntan desde Unión de Uniones que lo que ha reivindicado es una fiscalidad atenuada para el consumo profesional agrario.
En base a los datos de Eurostat sobre precio de la electricidad para consumos no domésticos inferiores a 20 MWh, señala que, de hecho, en España en 2019 y 2020 las tasas e impuestos aplicables se han casi duplicado, con un incremento del 95,7%; mientras que en la media de la UE27 el aumento ha sido del 11,3%. Esto se ha traducido en que los impuestos a la electricidad en España en esta franja de consumo, que hasta 2018 estaban por debajo de la media comunitaria, la hayan superado ampliamente en los dos últimos años.
Unión de Uniones recuerda igualmente que en la Ley de presupuestos generales también se contemplaba que el Gobierno debía realizar una auditoría de costes de la industria de suministro eléctrico y de seguimiento de la repercusión de los mismos sobre el precio al consumo, algo que tampoco ha cumplido. “A lo mejor al Gobierno no le interesa hacer una auditoría, cuando en 2018 las tasas e impuestos suponían el 20% de precio y en 2020 ya eran más del 40%”, concluyen.
Unión de Uniones.
-El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) invertirá más de 1.600 millones de euros en el entorno de las cuencas cedentes y receptoras del trasvase Tajo-Segura con el objetivo de mejorar la situación en la que se encuentra la zona. Estas medidas, recogidas en los planes hidrológicos de tercer ciclo que actualmente se encuentran en consulta pública, han sido abordadas en la reunión que hoy ha mantenido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Al encuentro también ha asistido el director general del Agua, Teodoro Estrela. 
Ribera ha recordado que el ATS es una infraestructura esencial en España para atender los usos de abastecimiento y regadío en las cuencas receptoras. Sin embargo, existen riesgos derivados del cambio climático que ponen en peligro el buen estado del trasvase. En los últimos 30 años, las aportaciones de agua en la cabecera del Tajo se han reducido en un 40%. Las previsiones indican que estas reducciones continuarán agravándose en el futuro.
 Es por eso que el MITECO ha puesto en marcha una serie de actuaciones para adaptarse a esta nueva realidad y garantizar la sostenibilidad del abastecimiento y el regadío en las cuentas receptoras a corto, medio y largo plazo. Estas medidas están previstas para ser ejecutadas en el periodo 2022-2027.
 Estas actuaciones tienen que ver con actuaciones en materia de depuración y saneamiento para mejorar la calidad del agua en el Jarama y, por tanto, en el Tajo; y con la modernización de regadíos tradicionales en el tramo entre Buendía-Entrepeñas y Aranjuez, en el caso de la cuenca cedente, que permitirían contar con un mayor volumen de agua circulante.
 Por su parte, en la cuenca receptora las actuaciones se centrarán en ampliar la capacidad de desalación. Así, se está trabajando para ampliar la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, hasta un volumen de 70 hm3 adicionales, modificar el esquema energético utilizando energías renovables como la fotovoltaica, lo que supone reducir los costes energéticos de manera apreciable e interconectar las desaladoras para poder llevar el agua desalada a todos los regadíos del ATS a un precio asumible por los usuarios.
MITECO.


 
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