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Egipto mejora su competitividad exterior

Crédito y Caución prevé que el crecimiento anual del PIB egipcio supere el 5% en 2019 y 2020, apoyado por la mejora de la competitividad exterior por el tipo de cambio flotante, la normalización de los tipos de interés, el aumento de las llegadas de turistas y la creciente producción de gas. 2016 constituyó un punto de giro en la economía de Egipto, que puso en marcha un profundo programa de reformas estructurales.
Actualizado 15 octubre 2019
Redacción
Con un déficit público cercano al 12% y bajos niveles de divisas, Egipto aceptó un apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional de 12.000 millones de dólares. Como condición previa, Egipto tuvo que introducir un tipo de cambio flexible y avanzar hacia la consolidación fiscal con incrementos impositivos y reducciones de las subvenciones. La libra egipcia se depreció bruscamente, alrededor del 50% y el banco central aumentó drásticamente el tipo de interés de referencia para apoyar a la moneda y frenar la inflación.
Egipto depende en gran medida del apoyo financiero de los Estados del Golfo, en un contexto de conflicto regional en el que se ha alineado con Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahréin en el boicot económico de Qatar y la alianza contra Irán. La confianza de los inversores ha mejorado y las entradas de capital privado han aumentado. Las perspectivas económicas más favorables también se ven reforzadas por el descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el mar. El aumento de la producción nacional de gas debería mejorar el suministro de electricidad y apoyar la actividad económica en los próximos años.
Tanto las exportaciones como el sector turístico se están beneficiando de la depreciación de la moneda y de la consiguiente mejora de la competitividad de los costes. No obstante, la situación de seguridad interna sigue siendo tensa, con un elevado riesgo de ataques terroristas, que perjudica las perspectivas del turismo. Por otro lado, los fabricantes que dependen de las importaciones de materias primas y los bienes intermedios -alrededor del 40% de las importaciones- se enfrentan a costes de producción más elevados.
Crédito y Caución prevé que la inflación se mantenga por encima del 10% en 2019. La deuda pública alcanzó un máximo del 108% del PIB en 2017, pero se espera que disminuya al 90% del PIB en 2019. Una gran parte del gasto público está orientado a mantener la estabilidad social. La Administración ha introducido un impuesto del valor añadido pero ha vuelto a aumentar algunas subvenciones, como las relativas a los alimentos, para paliar el impacto de la elevada inflación en el poder adquisitivo de los hogares. En el sector bancario, las tasas de morosidad han disminuido, pero persisten varios riesgos de deterioro en la banca comercial local, principal financiadora del déficit presupuestario. El riesgo soberano sigue siendo elevado, ya que representa alrededor de dos tercios del crédito total.