Lunes, 23 de noviembre de 2020    
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Semana del 21 al 28 de junio de 2020.

Las soluciones llegan a paso de tortuga

Según nos comunica el Parlamento europeo, las ayudas de emergencia que los países pueden dar a los agricultores y pymes agrícolas del Fondo para el desarrollo rural, el FEADER, por la crisis del COVID-19, podrán elevarse a 7.000 euros, 2.000 más de lo que, en principio se proponía por la CE. El máximo para pymes agroalimentarias se mantiene en 50.000 euros, en línea con la propuesta de la Comisión.
Actualizado 4 julio 2020
Redacción Agrolibre
.Recordemos que esta medida fue presentada por la CE el 30 de abril, hace ya dos meses, dentro de un paquete más amplio de apoyo al sector agrícola ante la pandemia y que para garantizar su rápida aprobación y puesta en marcha, se solicitó y aprobó su tramitación por la vía urgente.
Ahora, dos meses después, la medida aún deberá ser formalmente ratificado por el Consejo.
Y a esto se le llama tramitación de urgencia… … ¡Así nos va! 


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El vicepresidente de ASAJA, ha trasladado al comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, y a la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, todas la inquietudes que las estrategias sobre “Biodiversidad” y de la “Granja a la Mesa” ha desatado en el agro europeo y español. El Vicepresidente, actuando como Presidente del Grupo de Trabajo Cuestiones Fitosanitarias y Presidente del Grupo de Trabajo Oleaginosas del COPA-COGECA, ha expresado a los Comisarios, su rechazo total a las medidas adoptadas sin que haya habido un estudio previo sobre el impacto socioeconómico de las medidas adoptadas. “Entendemos que la CE en las comunicaciones no tienen obligación de presentarlo, pero no compartirnos sus estrategias ni que ante un cambio del modelo agrícola se plantee un debate dejando a la ciencia de lado. Si hemos aprendido algo de COVID19 es que vamos a salir de la mano de la ciencia y pedimos a la Comisión un posicionamiento más científico y menos político”.

Asimismo, ha mostrado su perplejidad ante la falta de alternativas propuestas por la CE para conseguir estos objetivos: “Es la hora de que de una vez por todas las instituciones europeas apoyen el uso de la biotecnología y sobre todo de la edición genética. Además de ayudarnos a conseguir los objetivos propuestos por la CE, estas herramientas (las nuevas técnicas de edición genética, por ejemplo) ya son utilizadas por nuestros competidores y se da la paradoja que son indetectables en las fronteras lo que nos dejaría claramente en una posición inferior competitiva”. Además, ha reiterado, que “el uso de la biotecnología, siempre que sea segura y apoyada por la ciencia, nos ayudaría a conseguir a corregir el déficit de Piretrinas que nos hace ser más vulnerables ante crisis como el COVID19 o el cambio climático”.
En síntesis, decimos nosotros, tanto en la UE como en nuestro país, el sector agrario, como sector económico, está dejando de existir, todo está ya, sometido a las exigencias bioclimáticas del momento. Pero eso sí todas las políticas que se emprenden lo son a costa de la economía del Sector.

Así resulta que España, lejos de discrepar con la situación creada, ha mostrado este martes, 23 de junio, su apoyo en el Consejo informal de ministros de Medio Ambiente europeos, su adhesión a la nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea (UE), basada en la acción climática, el impulso de energías renovables y economía circular y la conservación de la biodiversidad. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Medio Ambiente, participante vía videoconferencia en la reunión, explicando que la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19 “requiere coherencia de políticas públicas y marcos regulatorios” para permitir “inversiones limpias” ante “el esfuerzo económico que tenemos por delante”. ¡Menudo ganapán!
 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos estudia imponer aranceles de hasta el 100% del valor de una nueva serie de productos por importe agregado de 3.100 millones de dólares (2.750 millones de euros) procedentes de España, Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de la autorización por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la aplicación de tarifas adicionales en respuesta a las ayudas públicas prestadas a Airbus por la UE.
Como siempre, el campo volverá a pagar las guerras comerciales entre EEUU y la UE. En este caso será la aceituna española, que podría ver cómo se incrementa hasta un 100% los aranceles para poder exportar a Estados Unidos, mientras que la aceituna italiana, griega o portuguesa se librará de esta nueva presión. Y no hay que olvidar que los aranceles al aceite ya han provocado que se haya exportado la cifra más baja para un mes de marzo desde1989, con un volumen no llegó ni siquiera a las 600 toneladas, cifra un 92% inferior a la alcanzada en marzo de 2019. O que la exportación de aceituna negra de España a EEUU en el período enero-julio de 2019 se cifró en 8.325 toneladas, lo que equivale un 50% menos.

¿Y?, pues nada, nosotros, nuestro gobierno a lo suyo, a seguir insultando, con todos los medios posible a los actuales dirigentes de los EE.UU.
Pero eso sí ocultando que tras las fanfarronadas sobre la tasa Google, los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido han ofrecido a los Estados Unidos rebajar la medida, tras las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin.
 En la carta firmada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sus homólogos, publicada por el diario El Mundo, que adjuntamos, los cuatro responsables europeos ofrecen por un lado implantar el impuesto por fases, lo que ralentiza la Tasa Google, para intentar un acuerdo. Pero, por otro, también proponen "posibles soluciones transaccionales a negociar con EEUU" sobre "los existentes [caso de Francia] o próximos [España] impuestos nacionales sobre servicios digitales". Por tanto, se abren a rebajarlo si Washington se aviene a negociar.
El tono de los cuatro ministros es conciliador e insistente en intentar un acuerdo en el marco de la OCDE este año como estaba previsto, aunque sea de una forma inicialmente limitada.
¡Y qué pintamos nosotros encabezando siempre la oposición europea a los EE.UU ! Luego nos quejaremos de las medidas defensivas que de forma tajante tomarán desde USA.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la “obligación legal” que tienen los operadores del sector primario de negociar los contratos escritos a partir de los costes de producción. De esta forma, se posiciona sobre una polémica en la que algunos sectores, en especial cooperativas, rechazan tajantemente. En su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Planas ha señalado que “el cumplimiento de la ley no es una opción”, sino una “obligación legal”, en alusión a la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos.

¿Y como se conocen los costes productivos de todas y cada una las producciones agrarias, en todas y cada una de las explotaciones agrarias productoras? ¡Planas, adelante con la tarea!, así empezó el Comandante y mira como ha terminado Cuba, ¿recuerdas cuando hizo obligatorio tener una cabra y un cochino en los domicilios cubanos para así tener leche y poder hacer matanza?
Adelante Ministro, tú mismo, sigue obedeciendo a la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que ha vuelto a denunciar que las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes, tras tener acceso a documentación en torno a la compra-venta de aceite de oliva.
“Despierta niña, despierta, despierta si estas dormida y asómate a la venta que pasa la estudiantina”, cantaba, y sigue cantando, La Tuna. Y a ello se deberían aplicar en el PP, y el resto de los consejeros de Agricultura de las diferentes opciones políticas también, ante el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del ministro del ramo Luis Planas, en relación con las negociaciones de la PAC. A fecha de hoy, dos años después de que tomase posesión como ministro y de que la Comisión Europea presentase su propuesta sobre la nueva PAC, Planas no ha hecho ni un solo amago de consensuar la posición que defenderá España en las negociaciones sobre este asunto, a la espera de que estas entren en su recta final en los próximos meses.
Podría ser entendible que los consejeros socialistas no dijesen esta boca es mía, pero que los del PP estén callados no tiene un pase. ¡Ya lo pagarán!

Era absolutamente esperable, tras las ventajas que este gobierno había prometido a los inversores renovables. De nuevo y tras las políticas energéticas emprendidas, el Gobierno quiere parar la burbuja de 430.000 megavatios que hay en España, siete veces más de los que se necesitan hasta 2030, y para eso ha establecido, al menos sobre el papel, medidas más exigentes para las licencias y ha decretado, una vez más, una moratoria para nuevos permisos. De paso ha establecido nuevas subastas como vía para bajar precios y ha regulado nuevos negocios, como los "agregadores independientes" de electricidad, abriendo además la puerta a que las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola y Naturgy pierdan sus privilegios. ¡Quién se los había dado! El consejo de ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado hoy un plan de choque con ambiciosas medidas energéticas para, entre otras cosas, poner fin a la fiebre descontrolada de proyectos de renovables, ordenar el sector y lograr que éste sirva de motor para la recuperación económica del país. El plan, a través de un Real Decreto-ley, también contempla otras medidas para agilizar el mercado energético, definiendo nuevos modelos de negocio, agilizando trámites o desplegando ayudas económicas para las empresas. Un nuevo enredo sobre el que hablaremos en las próximas semanas.

Noticias.
-El Parlamento incrementó el viernes las ayudas de emergencia que los países pueden dar a los agricultores y pymes agrícolas del Fondo para el desarrollo rural.
Esta medida de emergencia, respaldada con 636 votos a favor, 21 en contra y ocho abstenciones, permitirá a los países utilizar dinero sobrante de los programas de desarrollo rural (FEADER) para conceder ayudas directas a los productores y pequeñas explotaciones más afectados por la crisis del COVID-19.
Esta liquidez adicional debería ayudar a los productores y pymes del sector, que se han visto particularmente afectados por la pandemia, a mantenerse a flote.
Más dinero y tiempo para desembolsarlo
La ayuda a los agricultores podrá elevarse a 7.000 euros, 2.000 más de lo que proponía la CE. El máximo para pymes agroalimentarias se mantiene en 50.000 euros, en línea con la propuesta de la Comisión.
Los eurodiputados también incrementaron, del 1% propuesto por la Comisión al 2%, el porcentaje de fondos de los programas nacionales para desarrollo rural que cada país podrá utilizar para facilitar esta liquidez de emergencia.
Asimismo, el PE decidió dar más tiempo a las autoridades nacionales para liberar las ayudas. El plazo para efectuar los pagos se alargará hasta el 30 de junio de 2021 (seis meses más que la propuesta de la Comisión), pero las solicitudes tendrán que aprobarse antes de que acabe este año.
Próximos pasos
El proyecto de reglamento, ya acordado con los ministros de la UE, deberá ahora ser formalmente ratificado por el Consejo. Entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Contexto
La propuesta de emergencia fue presentada por la CE el 30 de abril dentro de un paquete más amplio de apoyo al sector agrícola ante la pandemia. Para garantizar la rápida aprobación de la medida temporal, la comisión de Agricultura del PE solicitó su tramitación por la vía urgente.
Tras consultar con el Consejo, los eurodiputados decidieron modificar la medida, elevando el límite de las ayudas y extendiendo el plazo a las autoridades nacionales para liberar el dinero.
Parlamento Europeo.
 
-El enfado del sector con las nuevas propuestas europeas sigue cada vez más latente. El vicepresidente de ASAJA Pedro Gallardo, ha trasladado de primera mano al comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, y a la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, todas la inquietudes que las estrategias sobre “Biodiversidad” y de la “Granja a la Mesa” ha desatado en el agro europeo y español.
Gallardo, que ha tomado la palabra como presidente del Grupo de Trabajo Cuestiones Fitosanitarias y presidente del Grupo de Trabajo Oleaginosas del COPA-COGECA, ha expresado su rechazo total a la reducción y a los porcentajes que ha propuesto la CE sin que haya un estudio de impacto socioeconómico previo. “Entendemos que la CE en las comunicaciones no tienen obligación de presentarlo, pero no compartirnos sus estrategias y que ante un cambio de modelo agrícola se plantee un debate dejando a la ciencia de lado. Si hemos aprendido algo de COVID19 es que vamos a salir de la mano de la ciencia y pedimos a la Comisión un posicionamiento más científico y menos político” ha asegurado Gallardo.
Asimismo, ASAJA ha mostrado su perplejidad ante la falta de alternativas propuestas por la CE para conseguir estos objetivos: “Es la hora de que de una vez por todas las instituciones europeas apoyen el uso de la biotecnología y sobre todo de la edición genética. Además de ayudarnos a conseguir los objetivos propuestos por la CE, estas herramientas (las nuevas técnicas de edición genética, por ejemplo) ya son utilizadas por nuestros competidores y se da la paradoja que son indetectables en las fronteras lo que nos dejaría claramente en una posición inferior competitiva”.
Además, ha defendido que “el uso de la biotecnología, siempre que sea segura y apoyada por la ciencia, nos ayudaría a conseguir a corregir el déficit de Piretrinas que nos hace ser más vulnerables ante crisis como el COVID19 o el cambio climático”.
AGRICULTURA ECOLÓGICA Y ESTRATEGIAS ANTE LA SITUACIÓN DEL CEREAL Y LAS OLEAGINOSAS
El vicepresidente de ASAJA también ha expresado que no comparte la necesidad de poner un porcentaje a un determinado tipo de agricultura, tal y como ha hecho la CE con la agricultura ecológica. Gallardo ha transmitido a los máximos dirigentes de estas estrategias que “lo que la CE debería hacer es preservar la capacidad de elección de los agricultores y consumidores para elegir libremente qué modelo desean, siempre escuchando las necesidades del mercado, porque corremos el riesgo de que la CE nos diga qué comer, luego nos dirán qué tenemos que pensar y finalmente nos dirán qué tenemos que votar.”
Por último, el vicepresidente ha asegurado que “no podemos aceptar que en Europa el 10% de la superficie total agrícola se pueda dedicar a elementos no productivos ya que va a suponer una merma considerable en la cuenta de resultado, ya maltrecha, de los agricultores y acelerará el abandono de las explotaciones agrícolas y producirá un efecto mayor y peor: el éxodo rural. Finalmente, lo que conseguirán desde Bruselas es que al final solo se preserve este modelo de biodiversidad en Europa trasladando la presión y la huella de carbono a Terceros Piases para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿es esa la solución -cínica- que propone la CE? “.
En otra reunión, y en el máximo foro de discusión con los servicios generales de la Unión Europea sobre las estrategias de la agricultura, Pedro Gallardo, como presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas del COPA-COGECA ha trasladado los siguientes mensajes:
“Necesitamos contar con más herramientas tras la pérdida del uso de los Neonicotinoides, pero no tenemos alternativas. Solo Europa prohíbe estas sustancias, sin embargo, el resto del mundo sigue usando esa materia activa. Por lo tanto, esto supone una pérdida de protección en nuestros cultivos, pasamos a ser menos competitivos, encarecimiento de costes de producción, menor producción de oleaginosas y proteínas en Europa, más dependencia del exterior… Para este año un 4,5% menos de superficie de #Colza en Europa y 3% menos de producción. Perdemos 262.000 hectáreas”. (principales afectados UK -193.00, Polonia -125.000, Bulgaria -30.000 has, tan sólo crece la superficie de colza en Rumania +67.000 has)”.
Su segunda reflexión ha sido la problemática que tenemos con el aceite de palma: “España ha multiplicado por 21 las importaciones. En el año 2.000 importábamos 77.000 toneladas, ahora superamos 1.700.000 toneladas. ¿Por qué en los lineales de nuestros supermercados no es posible encontrar galletas o helados sin aceite de palma? La Comisión Europea sigue sin aportar datos y no apoya la producción de aceites nacionales al permitir tales importaciones. Francia importa 180.000 toneladas, casi el 10% que España, algo estará haciendo bien el Gobierno galo junto a sus agricultores y sus consumidores”.
Por último, Gallardo se ha referido a los aranceles sobre los cereales trasladando una reivindicación de la sectorial de ASAJA. “Pedimos a la Comisión Europea que cambie sus estrategias y haga una actualización de los contingentes arancelarios para todas aquellas producciones de Cereales y Oleaginosas que se producen fuera de Europa, con otras reglas de juego a las que se nos permiten a los agricultores europeos ya que están distorsionando el Mercado Europeo”.
Agroinformación.
 

-España ha mostrado este martes -23 de junio- su apoyo en el Consejo informal de ministros de Medio Ambiente europeos a la nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea (UE), basada en la acción climática, el impulso de energías renovables y economía circular y la conservación de la biodiversidad.
Así lo ha hecho el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha participado vía videoconferencia en la reunión, y que ha explicado que la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19 “requiere coherencia de políticas públicas y marcos regulatorios” para permitir “inversiones limpias” ante “el esfuerzo económico que tenemos por delante”.
Los responsables europeos de medioambiente han defendido el Pacto Verde Europeo como principio rector de la recuperación que, en este primer semestre, ha incluido la puesta en marcha de tres iniciativas: la ley europea del Clima, el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia de Biodiversidad de aquí a 2030.
En el ámbito nacional, Morán ha recordado que España “ya cuenta con una hoja de ruta para la reconstrucción”, que incluye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, el paquete normativo de economía circular y el real decreto aprobado este martes para ayudar al despliegue de energías renovables.
Agropopular.
 
 
-La Audiencia Nacional ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Danone, a la que ha eximido de pagar la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el caso de la leche por pactar precios. Esta decisión es duro golpe a las demandas de todo el sector lácteo español contra las industrias lácteas para reclamar el dinero que perdieron por este acuerdo de precios decretado por Competencia.
Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional atiende a la petición de Danone y suspende el pago de la multa impuesta por la CNMC en el caso de la leche. Este nuevo giro se une a la larga historia procesal, donde ya hubo una primera suspensión del pago de la multa y una posterior anulación de la resolución original de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional.
En concreto, Danone queda exenta de pagar dicha sanción, que alcanzaba los 80,6 millones de euros entre todas las empresas por pactar precios, condicionada a aportar garantía en forma de aval bancario u otra admisible en Derecho por el importe de la multa que le exigía la CNMC, según señala el auto al que tuvo acceso Europa Press.
Así, según el auto de la Audiencia Nacional, la no suspensión de la sanción produciría “perjuicios de irreparable reparación”, poniendo en “grave riesgo” su propia viabilidad y continuidad o, al menos, de perjuicios de “suficiente entidad e importancia”.
En el auto, Danone argumenta además que debido al “alto” importe de la multa resulta supondría una pérdida de liquidez neta (‘cash flow’) e “inmediata”.
Asimismo, la compañía explica que peligra el normal desarrollo del negocio e incluso podrían llegar a frustrar inversiones ya previstas que persiguen garantizar el buen funcionamiento de sus centros de producción en España.
El recurso actual presentado por Danone ante la Audiencia Nacional se encuentra en una fase muy inicial del procedimiento y no se espera que la Audiencia Nacional dicte sentencia hasta finales de 2021.
Agroinformación.
 

-El Ministerio de Agricultura está apostando por el sector del aceite, con diez medidas concretas de apoyo, pero ha decidido introducir cambios en el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, que obligaría a vender el aceite de oliva virgen extra en vidrio y se prohíbe el uso del plástico, incluyendo las botellas de cinco litros, para hacerlo solo en cristal, y que prohibiría compaginar la actividad relacionada con el aceite de oliva y el aceite de orujo.
El MAPA acaba de publicar un documento con el fin de someter el real decreto, incluyendo estas dos últimas novedades, al trámite de audiencia establecido en la Ley 50/1997. El plazo para remitir sugerencias finalizará el 30 de junio de 2020, inclusive.
Según recoge Olimerca.com, las dos principales modificaciones que incluye este proyecto de Real Decreto se centran en la prohibición de envasar los aceites de oliva virgen extra en formatos de PET o plásticos y la prohibición de que en una misma instalación se compagine la actividad relacionada con el aceite de oliva y el aceite de orujo. En escasos siete días el sector tendrá que argumentar o rebatir dos propuestas que sin duda van a generar importantes problemas.
En el caso de envasar el aceite de oliva virgen extra solo en vidrio, que ya había sido anunciado por Luis Planas en una entrevista reciente” para cumplir los objetivos ambientales y además aportarle una diferenciación y una imagen de calidad”, los mayores problemas se centran en el sector cooperativo que utiliza este material en gran parte para su autoconsumo y para la venta a sus asociados. Esto supondría un importante aumento de costes y pasar de comercializar los tradicionales bidones de cinco litros a botellas de aceite de oliva virgen extra en vidrio en botellas de un litro.
Y la segunda modificación del proyecto de RD, de dividir en instalaciones perfectamente separadas la actividad de aceite de oliva y de orujo de oliva, supone que podría afectar del orden de 25 empresas, que se verían obligadas a hacer importantes inversiones, siempre y cuando sus ubicaciones territoriales se los permitan.
Destacar así mismo que el gobierno propone que este periodo de adaptación se lleve a cabo en un plazo de tres años.

La posible prohibición por parte del Ministerio de Agricultura de utilizar el plástico en los envases para comercializar los aceites de oliva virgen extra en el mercado interior ha levantado un importante revuelo entre los distintos operadores del aceite de oliva.
A escasos dos días para que se puedan presentar alegaciones al proyecto de RD de la Ley de la Cadena Alimentaria, el plazo finaliza el próximo 30 de junio, su aprobación sigue levantando polémica y enfrentamientos, tanto desde el lado de agricultores, cooperativas, almazaras industriales como de envasadores e incluso desde las Denominaciones de Origen.
En este contexto, desde la web de Olimerca abrimos una encuesta pública para conocer la opinión de todos los operadores de la cadena de valor y tras 8 días de vigencia hemos recibido un total de 2.580 opiniones y valoraciones, de donde se desprende como primera conclusión que el 57% de los encuestados se han manifestado en contra de la prohibición del plástico en los envases de la categoría de aceite de oliva virgen extra.
En el lado opuesto nos encontramos que el 27% de los encuestados considera la medida muy adecuada y un 16% opina que apoyarían la medida siempre y cuando se permitiera el plástico en almazaras para autoconsumo de sus asociados.
A continuación, recogemos un balance de las opiniones más destacadas y que nos reflejan los puntos de vista de todo el conjunto del sector:
A FAVOR:
• Apuesto claramente por el vidrio. Hace muchos años que en Italia el PET lo usan solo para las semillas, además el vidrio se recicla mejor que el plástico y dignifica mejor el producto que contiene
• Estoy a favor del cambio, pero por la misma causa, deberían adoptar la medida con las otras calidades y con otros sin fin de productos, ahora eso sí, no hay que perder de vista el encarecimiento de los PVP.
• Me parece un acierto abandonar el envasado en plástico, entiendo que la nobleza de un producto como el aceite virgen extra exige la correspondencia de un envase con un carácter de igual nobleza (fundamente vidrio o lata).
EN CONTRA
• Al sector hay que darle posibilidades y no ponerle trabas, así como recursos económicos y plazos que no supongan una traba en estos momentos difíciles para el sector.
• Hay que explicar y argumentar cuánto se le va a dar de posibilidades, tanto económicas para modificar todo, tecnificar, organizar y comercializar, y tiempo para poder adaptarse a las circunstancias.
• Sería importante no introducir restricciones legislativas a la comercialización de aceites de oliva virgen extra, de forma que no tengan que sufrir una limitación diferente a la del resto de categorías comerciales de aceite de oliva, y de otras grasas vegetales. Estas limitaciones pondrían en riesgo el volumen comercializado de aceite de oliva virgen extra español, y por tanto la rentabilidad de los productores que apuestan por la calidad en sus elaboraciones, entre ellos los inscritos en las DOP.
• La propuesta del Ministerio no se justifica ni por criterios de calidad, ni de seguridad alimentaria, ni de reducción del impacto medioambiental, ni siquiera porque contribuya a una mejora de los precios al olivarero. El PET es un buen material que ofrece seguridad a los aceites y condiciones de envasado similares al vidrio. Este material cumple las normas de la UE y es un plástico fácilmente recuperable, -más del 77% del PET puesto en el mercado se recicla en nuestro país-, y su uso se ha impuesto a nivel mundial como sustituto al BRICK o a los vidrios.
• Su facilidad de uso, de transporte, de menor coste de producción por envase y menor coste logístico, hacen que sea muy apreciado por el consumidor y por la cadena alimentaria. Respecto a los gases efecto invernadero, la botella de vidrio tiene un impacto 2,2 veces superior al de una de plástico.
• Los posibles sustitutivos del PET, aparte de no asegurar un abastecimiento a las plantas, no hay capacidad de fabricación de vidrio para dar respuesta a las necesidades actuales del sector envasador, además de que encarecen el producto final y, debido a su mayor peso y delicado manejo, ocasionan a la vez serios problemas logísticos a la hora del transporte y almacenaje.
• Se trata de una medida que distorsiona la competencia y que sitúa a la industria envasadora española en inferioridad de condiciones respecto a los competidores europeos. Cualquier envasador europeo podrá continuar envasando AOVE en el material que desee (plásticos) en su país y venderlo en España, mientras que los españoles estaremos limitados.
• El gran consumo del AOVE se lleva a cabo por familias y sector restauración, que utilizan el envasado de gran tamaño y fácil manejo, que además es el más económico.
• El paso para el consumidor a envasado sólo en cristal, supondrá un significativo aumento de costes, que junto a las malas perspectivas económicas actuales supondrá un varapalo para el sector olivarero, pues el consumidor se derivará a otras grasas alimenticias de menor coste (girasol, colza...).
• La consecuencia es que el olivarero no solo no mejorará la situación de su bolsillo, sino que la empeorará y los únicos que saldrán ganando serán las empresas de vidrio.
• En España no existen alternativas de materiales económicamente similares al plástico.
• Quien quiera envasar en vidrio que lo haga y quien quiera hacerlo en PET que lo haga, eso permite diferenciación sin tener que recurrir a prohibiciones y sin que se afecten los volúmenes de demanda, además de que permite el acceso al extra a los consumidores con un menor poder adquisitivo.
• En lugar de estas medidas que no conducen a nada e incluso son contraproducentes, habría que multiplicar el presupuesto en promoción como mínimo en tres o cuatro veces el actual y aplicarlo en campañas nacionales e internacionales con inteligencia como vía para incrementar el consumo, que es lo que al final desencadenaría una subida de precio….
• Esta ley llevaría a la ruina el escaso porcentaje de envasado que realizamos en las cooperativas. Con el precio actual de los graneles, si nos quitan el poco envasado que nos permite tener algo más de rentabilidad, iríamos de cabeza al precipicio.
• No se entiende que por un lado nos prohíban el plástico en las botellas y en paralelo impulsen las monodosis. Cuánto plástico se usa en una garrafa de 5 litros y cuánto plástico se gasta en envasar 5 litros en monodosis normales de 10ml.
• Se harían necesarias unas importantes inversiones por parte de las cooperativas y almazaras privadas que envasan, lo que supondría un menor precio a percibir por los agricultores que son los que al final pagarían estas inversiones.
• Podría provocar un mayor resentimiento del consumo de aceite de oliva virgen extra en el mercado interior, causando un efecto contrario al deseado. No es el momento en el que se debe implementar esta medida que, en todo caso, deberá ser siempre recomendable y voluntaria.
• Desde un punto de vista medioambiental, solo el 30% de los aceites de oliva virgen extras producidos se comercializan envasados, por lo que la medida carece de impacto ambiental.
• Sería una discriminación para los productores que elaboran una importante cantidad de virgen extra, y que ya cuentan con canales de comercialización directa al consumidor, con la garantía de origen y calidad de una DOP. Si se permite que el aceite virgen y el aceite de oliva refinado, sí usen el PET, estamos limitando y perjudicando a los que producen y envasan virgen extra, puesto que restringimos su acceso al mercado. En las cosechas tempranas es normal el cristal y lata, pero en los aceites de noviembre y diciembre sería un perjuicio.
• Si lo hacemos por sostenibilidad, entonces deberían restringirse todas las categorías de oliva, así como de aceites vegetales.
Olimerca.
 

-El Departamento de Comercio de Estados Unidos estudia imponer aranceles de hasta el 100% del valor de una nueva serie de productos por importe agregado de 3.100 millones de dólares (2.750 millones de euros) procedentes de España, Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de la autorización por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la aplicación de tarifas adicionales en respuesta a las ayudas públicas prestadas a Airbus por la UE.
Entre los nuevos productos de estos cuatro países amenazados por los aranceles estadounidenses se encuentran las aceitunas, el chocolate y el cacao, la cerveza, la ginebra y el vodka, así como los camiones autopropulsados con motores eléctricos.
El año pasado, EEUU ya había aprobado elevar del 10% al 15% los aranceles aplicados a los aviones importados del fabricante aeronáutico europeo Airbus, mientras que había autorizado un incremento al 25% de la tasa aplicada a una serie de productos de alimentación procedentes de los países de la UE.
En este sentido, la Oficina del Representante Comercial de EEUU abrirá el 26 de junio un periodo de consultas que permanecerá abierto hasta el próximo 26 de julio sobre los productos sobre los que la Administración estadounidense ya había propuesto imponer aranceles adicionales de entre el 15% y el 25%, así como sobre aquellos sobre los que había planteado fijar una tasa de hasta el 100% que finalmente no fue implementada, además de un nuevo listado de productos de cuatro países europeos sobre los que podría fijar un arancel adicional del 100%.
La Oficina del Representante Comercial de EEUU está considerando una lista adicional de productos de Francia, Alemania, España y Reino Unido que pueden ser incluidos en la lista definitiva de aranceles adicionales de hasta el 100% y cuyo valor aproximado alcanzó los 3.100 millones de dólares en 2018", ha anunciado el Departamento de Comercio.
Libertad Digital.
Como siempre, el campo volverá a pagar las guerras comerciales entre EEUU y la UE. En este caso será la aceituna española, que podría ver cómo se incrementa hasta un 100% los aranceles para poder exportar a Estados Unidos, mientras que la aceituna italiana, griega o portuguesa se librará de esta nueva presión. Y no hay que olvidar que los aranceles al aceite ya han provocado que se haya exportado la cifra más baja para un mes de marzo desde1989, con un volumen no llegó ni siquiera a las 600 toneladas, cifra un 92% inferior a la alcanzada en marzo de 2019. O que la exportación de aceituna negra de España a EEUU en el período enero-julio de 2019 se cifró en 8.325 toneladas, lo que equivale un 50% menos.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos estudia imponer aranceles de hasta el 100% del valor a una nueva lista de productos por importe agregado de 3.100 millones de dólares (2.750 millones de euros) procedentes de España, Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de la autorización por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para aplicar tarifas adicionales en respuesta a las ayudas públicas prestadas a Airbus por la UE.
 “El Representante Comercial de EEUU está considerando modificar la lista de productos de ciertos Estados miembros actuales o anteriores de la UE que actualmente están sujetos a aranceles adicionales”, ha anunciado la Oficina del Representante de Comercio de EEUU.
Entre los nuevos productos de estos cuatro países amenazados por los aranceles estadounidenses se encuentran la aceituna española, el chocolate y el cacao, la cerveza, la ginebra y el vodka, así como maquinaria y algunas clases de camiones.
El año pasado, EEUU ya había aprobado elevar del 10% al 15% los aranceles aplicados a los aviones importados del fabricante aeronáutico europeo Airbus, mientras que había autorizado un incremento al 25% de la tasa aplicada a una serie de productos de alimentación procedentes de los países de la UE, incluidos quesos y yogures.
Agroinformación.

EL MUNDO accede a la carta de respuesta de España, Francia, Reino Unido e Italia en la que instan al secretario del Tesoro a seguir negociando el nuevo impuesto "sin represalias"
 
Los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido, ofrecen a Estados Unidos rebajar la llamada Tasa Google tras las amenazas del secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin. Así aparece en la carta firmada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sus homólogos a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Los cuatro responsables europeos ofrecen por un lado implantar el impuesto por fases, lo que ralentiza la Tasa Google, para intentar un acuerdo. Pero, por otro, también proponen "posibles soluciones transaccionales a negociar con EEUU" sobre "los existentes [caso de Francia] o próximos [España] impuestos nacionales sobre servicios digitales". Por tanto, se abren a rebajarlo si Washington se aviene a negociar.
El tono de los cuatro ministros es conciliador e insistente en intentar un acuerdo en el marco de la OCDE este año como estaba previsto, aunque sea de una forma inicialmente limitada. Pero al tiempo, es firme en criticar el tono amenazante de la carta de Mnuchin,"sugerir que EEUU podría tomar represalias contra decisiones fiscales nacionales no sería ni en interés de EEUU ni de Europa ni coherente con la calidad de las relaciones entre aliados". "No se puede lograr unidad [ante la pandemia] con amenazas y sanciones".
Según los ministros europeos, sólo ralentizarlo y aplicarlo al principio sólo a los servicios digitales más automatizados "facilitaría considerablemente el trabajo de alcanzar una solución consensuada y un acuerdo político durante este año".
No obstante, recalcan a Mnuchin que "los gigantes tecnológicos -sin que importe donde tienen la sede- saldrán de esta crisis más poderosos y más rentables. Estas compañías se benefician del libre acceso al mercado europeo. Es justo y legítimo esperar que paguen su cuota fiscal correspondiente en los países en los que crean valor y beneficio".
Montero firmó esta carta, fechada en París, el mismo día que afirmó públicamente que mantendría la tramitación de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales pese a la amenaza enviada por Mnuchin y que también publicó este diario. No explicó que estaba dispuesta a negociar la nueva normativa con Washington.
Su planteamiento hasta ahora es que la Tasa Google gravará a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Su previsión es recaudar con esta versión del impuesto 968 millones de euros anuales.
El Mundo.
 
 
-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles 24 la “obligación legal” que tienen los operadores del sector primario de negociar los contratos escritos a partir de los costes de producción. De esta forma, se posiciona sobre una polémica en la que algunos sectores, en especial cooperativas, rechazan tajantemente.
En su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Planas ha señalado que “el cumplimiento de la ley no es una opción”, sino una “obligación legal”, en alusión a la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos.
“Que los costes de producción sean la base de negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario no es algo que esté sujeto a condiciones, es una obligación legal”, ha indicado.
El titular de Agricultura ha contestado así al diputado del grupo parlamentario vasco Joseba Andoni Agirretxea, quien le ha preguntado por las medidas que piensa tomar el Ministerio para mejorar la capacidad negociadora del sector primario y establecer una política de precios frente al resto de operadores de la cadena.
Planas ha asegurado que la ley de la cadena alimentaria debe cumplirse, con el esfuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, ha apuntado que seguirán trabajando durante los próximos meses para la transposición de la directiva europea en materia de prácticas comerciales desleales y lograr una “cadena alimentaria más justa y equilibrada”.
Además de combatir los desequilibrios, el ministro se ha mostrado a favor de una mayor transparencia en los precios y de la protección del “eslabón más débil”, aludiendo directamente a los agricultores y ganaderos.
Agirretxea ha propuesto que se inicien los trabajos en la cadena de valor de la leche, “a modo piloto”, con el fin de incorporar mecanismos para su correcto funcionamiento.
El diputado vasco ha recalcado que los problemas del campo se han agravado con la pandemia y, en ese sentido, ha afirmado que los mercados “se inundan” de productos de países terceros que no cumplen las exigencias que deben afrontar los productores locales y “los precios al consumidor siguen subiendo, mientras los precios percibidos por los agricultores siguen bajando”.
Agroinformación.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes, tras tener acceso a documentación en torno a la compra-venta de aceite de oliva.
Según esta documentación, los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos, un 25% por debajo del coste oficial (2,70€/kg), reconocidos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el aceite de oliva virgen extra.
“Si hay coacción para vender bajo costes o incluir cláusulas abusivas en los contratos, la sanción recaería para los compradores de aceite"
“Esto tiene un nombre. Son prácticas mafiosas para intentar sortear la reforma de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria que obliga a pagar por encima de costes a los agricultores. En muchos casos las cooperativas se ven obligadas a pasar por el aro por el miedo a perder la venta y no dar salida a la producción de aceite almacenada, en un sector en el que son muy pocos los que concentran el grueso de la comercialización. En medio de una crisis de precios en la que se ve sumida el sector desde hace casi dos años y con miles de olivareros abocados a la bancarrota, este tipo de prácticas no sólo son ilegales, sancionables y perseguibles, sino que muestran la inmoralidad y especulación con la que juegan ciertas industrias”, ha criticado Juan Luís Ávila, responsable del olivar de COAG.
En sentido, desde COAG se va a trasladar toda la información disponible a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que, si se estima procedente, se inicien las denuncias correspondientes, al tiempo que se ha pedido a la Directora de la misma que se active de forma urgente una campaña de inspección y verificación de contratos en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. Se debe verificar que en los contratos de compra-venta de aceites de oliva se cumple el artículo 12 de la Ley para evitar la destrucción de valor en la cadena, es decir, que el precio que se pague sea igual o superior al coste de producción en el sector oleícola.
“Si hay coacción para vender bajo costes o incluir cláusulas abusivas en los contratos, la sanción recaería para los compradores de aceite, no sobre el presidente de la cooperativa o la junta rectora de la misma. En todo caso se deberían aportar pruebas de los hechos”.
Asimismo, COAG se pone a disposición de olivareros y cooperativas para cursar todo tipo de denuncias ante la AICA, manteniendo el anonimato de las partes implicadas. Además, en la web corporativa de la organización, está habilitado un buzón de denuncias de sobre incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria.
Olimerca.
 

-Tras toda la polémica que aún sigue abierta con el trasvase Tajo-Segura, ahora llega el del Ebro.
Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha rechazado el posible trasvase permanente e indefinido de 4,99 hm³ anuales de agua del Ebro a Santander que pretende impulsar el Gobierno de España y que ha sido avalado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro porque considera que “no existen razones objetivas que lo justifique”.
No obstante, la formación nacionalista explica en una nota de prensa que el Instituto Aragonés del Agua y el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón han emitido un informe desfavorable.
Tras el visto bueno de la CHE, la propuesta será trasladada al Ministerio para la Transición Ecológica para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros, que tendrá que atender el dictamen que se emita desde Aragón.
Este dictamen preceptivo, pero no vinculante, será trasladado por el Consejo de Gobierno para ser aprobado por las Cortes de Aragón.
Palacín ha reclamado al Gobierno del Estado que respete el Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge, en el artículo 19.3, que es necesario velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forman parte la Comunidad Autónoma que afectan a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.
“El Gobierno Central no debe tomar una decisión como esta sin contar con las Comunidades Autónomas afectadas, debe respetar la voluntad de los aragoneses y aragonesas”, ha reclamado.
Además, Palacín ha recordado que el Ministerio de Transición Ecológica está tramitando en paralelo un expediente de autorización especial de otro trasvase de 18,61 hm³ y por eso ha añadido que espera que “no tomen una decisión contraria a los derechos de Aragón sobre los aprovechamientos de la reserva de agua”.
Agroinformación.
 

-“Despierta niña, despierta, despierta si estas dormida y asómate a la venta que pasa la estudiantina”, cantaba, y sigue cantando, La Tuna. Y a ello se deberían aplicar en el PP, y el resto de los consejeros de Agricultura de las diferentes opciones políticas también, ante el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del ministro del ramo Luis Planas, en relación con las negociaciones de la PAC. A fecha de hoy, dos años después de que tomase posesión como ministro y de que la Comisión Europea presentase su propuesta sobre la nueva PAC, Planas no ha hecho ni un solo amago de consensuar la posición que defenderá España en las negociaciones sobre este asunto, a la espera de que estas entren en su recta final en los próximos meses.
Podría ser entendible que los consejeros socialistas no dijesen esta boca es mía, pero que los del PP estén callados no tiene un pase. Andalucía es la región que recibe más dinero de la PAC, seguida de Castilla y León: ambas están en manos del Partido Popular y se juegan mucho en este envite. Otro tanto se puede decir de Galicia y de Murcia, que, aunque en términos absolutos reciban menos dinero que las anteriores, en términos proporcionales esos fondos son muy importantes para sus agricultores y ganaderos.
En el PP disponen de argumentos políticos más que suficientes para pedir a Planas que tenga un ataque de laboriosidad, algo que no le caracteriza precisamente, y exigirle que, de una vez por todas, se siente a negociar ese pacto en el que se fije la posición española. Entre esos argumentos destaca uno: hace ahora siete años, con Miguel Arias Cañete se hizo eso y, por cierto, Andalucía, en la que era consejero de Agricultura Luis Planas, no salió mal parada de la negociación en Bruselas. Ya va siendo hora de que, como reza la canción de La Tuna, los del PP «despierten» de una vez y, aunque sus regiones tengan intereses diferentes, exijan a Planas ese pacto.
César Lumbreras.
 

- Las vidas de los africanos también importan, las decisiones de política energética deberían considerar sus necesidades. África es capaz de construir un futuro mejor, acabar con la pobreza energética, fortalecer nuestra economía y mejorar la vida de los africanos cotidianos. Y es por eso que este es un momento horrible para que la OCDE, la AIE o cualquier otra organización externa interfiera con nuestros recursos naturales.
A medida que los países africanos de petróleo y gas luchan con el devastador impacto de Covid-19 en la demanda, dos grupos internacionales parecen estar celebrándolo.
A principios de este mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) describieron los bajos precios del petróleo causados por la pandemia como una "oportunidad de oro" para que los gobiernos eliminen gradualmente el apoyo a los combustibles fósiles y marquen el comienzo en una era de fuentes de energía renovables.
"Subsidiar los combustibles fósiles es un uso ineficiente del dinero público y sirve para empeorar las emisiones de efecto invernadero y la contaminación del aire", dijo el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, en un comunicado conjunto de la OCDE y la AIE. "Si bien nuestra principal preocupación hoy debe ser apoyar a las economías y sociedades durante la crisis de Covid-19, debemos aprovechar esta oportunidad para reformar los subsidios y utilizar los fondos públicos de la manera que mejor beneficie a las personas y al planeta".
Yo diría que la OCDE y la AIE no necesariamente saben qué es lo mejor para las personas que viven en este planeta. Presionar a los gobiernos para que dejen de apoyar los combustibles fósiles ciertamente no sería bueno para las empresas o empresarios africanos de petróleo y gas que luchan por construir un futuro mejor. Y podría ser francamente perjudicial para las comunidades que buscan iniciativas de gas a energía para brindarles electricidad confiable.
Con demasiada frecuencia, la discusión sobre el cambio climático, y el llamado a dejar los combustibles fósiles en el suelo, es en gran medida una narración occidental. No tiene en cuenta las necesidades de los africanos de bajos ingresos que podrían cosechar los muchos beneficios de un enfoque estratégico para las operaciones de petróleo y gas en África: pobreza energética reducida, creación de empleo y oportunidades de emprendimiento, por nombrar algunos.
Irónicamente, se recomienda una política que ponga en peligro la capacidad de los africanos para obtener esos beneficios al mismo tiempo que los manifestantes en todo Estados Unidos piden equidad en algunas de las mismas áreas. Aunque la violencia policial contra las personas de color está en el centro de las protestas, una respuesta a la horrible muerte de un hombre negro, George Floyd, después de que un oficial de policía blanco se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos, las protestas también apuntan a actos sociales y sociales. disparidades económicas entre las razas en América.
Si bien no quiero explotar la muerte de George Floyd, sí veo paralelismos entre las disparidades raciales en Estados Unidos y las luchas de los africanos cuyas vidas podrían mejorarse a través del petróleo y el gas. Siempre veo un patrón común de ignorar las voces negras y africanas.
Con demasiada frecuencia en Estados Unidos, el valor de las vidas de los negros no se consideró adecuadamente hasta que la muerte de George Floyd forzó el tema a la vanguardia y con razón. Y en el escenario global, la OCDE y la AIE están rechazando las voces de muchos africanos que quieren y necesitan que prospere la industria del petróleo y el gas del continente. Aconsejaría a estas organizaciones que no ignoren las necesidades de las personas pobres en los países africanos.
Tal como están las cosas, los empresarios energéticos africanos, el sector energético africano y los africanos que se preocupan por la pobreza energética básicamente dicen: "No puedo respirar".
Es hora de quitarse las rodillas del cuello.
Los peligros de la pobreza energética
Considere el impacto de la pobreza energética. Aproximadamente 840 millones de africanos, en su mayoría en países subsaharianos, no tienen acceso a la electricidad. Cientos de millones tienen un poder poco confiable o limitado en el mejor de los casos.
Incluso durante los "tiempos normales", la pobreza energética es peligrosa. La contaminación del aire de los hogares creada por la quema de biomasa, incluidos los desechos de madera y animales, para cocinar y calentar hogares se ha atribuido a 4 millones de muertes por año. ¿Cómo se desarrollará esto durante la pandemia? Para las mujeres obligadas a abandonar sus hogares para obtener y preparar alimentos, refugiarse en el lugar es casi imposible. ¿Qué pasa con aquellos que necesitan ser hospitalizados? Solo el 28 por ciento de las instalaciones de atención médica de África subsahariana tienen un poder confiable. Los médicos y las enfermeras ni siquiera pueden contar con las luces encendidas, y mucho menos con la capacidad de tratar a los pacientes con equipos que requieren electricidad, o almacenar sangre, medicamentos o vacunas. Todo esto pone en peligro la vida de los africanos.
Eso es lo que hace que las iniciativas de gas a energía sean tan importantes: solo tiene sentido que los países africanos usen sus vastas reservas de gas natural para la generación de energía. Y ya estamos avanzando en ese frente. Hoy, alrededor de 13 países africanos usan gas natural producido en el país o traído de otros países africanos, y hay muchas razones para creer que esta tendencia crecerá.
En Camerún, por ejemplo, Victoria Oil and Gas PLC ya proporciona gas doméstico para la generación de energía, y su subsidiaria, Gaz du Cameroun (GDC), acordó proporcionar el gas del gobierno para una nueva estación de energía con el potencial para satisfacer la creciente demanda.
Y en Mozambique, la central eléctrica de Temane, también conocida como Mozambique Gas-to-Power, se está desarrollando ahora, y se están desarrollando planes para desarrollar una segunda planta. Ambos dependerán de la base Rovuma de Mozambique para la materia prima.
He escuchado llamados, incluidos algunos de la OCDE, para el desarrollo de soluciones de energía sostenible para satisfacer las necesidades de energía de África. Genial, vamos a por ello. Estoy totalmente a favor de las soluciones de energía renovable, pero los africanos no deberían verse obligados a tomar decisiones en esta área. La pobreza energética es una preocupación seria, y está mal hacer que sea más difícil para los países africanos utilizar un recurso natural fácilmente disponible para abordarlo.
•      AJ Ayuk, África Oil & Power. GWPF.
 

-A partir de la aparición del Covid-19 que ha azotado a la humanidad, ha surgido al interior de la Iglesia un debate sobre si tal pandemia es un castigo divino. Hay quienes no dudan afirmar que se trata de una punición de Dios por los graves pecados cometidos en nuestro mundo. Pensemos en el más espantoso de ellos, el aborto; crimen que el año pasado cobró más de 45 millones de víctimas, la pornografía y sus perversiones, la exaltación de la homosexualidad, el exacerbamiento del individualismo, el adulterio y la banalización del matrimonio y la sexualidad, las graves injusticias que mantienen a millones de seres humanos en la pobreza, la miseria y el hambre, el pecado de la impiedad por el que se pretende echar a Dios de la sociedad y encerrar a la fe en el ámbito privado, la perversión de los valores por la que se glorifican anti valores como el ataque a la familia, la ideología de género que niega la naturaleza de la sexualidad, el feminismo, el mal llamado matrimonio homosexual, la idolatría de la ecología y la ridículamente llamada “madre tierra”, el retorno al paganismo, el satanismo y la superstición, y tantas abominaciones que no solo son una grave ofensa a Dios, sino que están llevando a la humanidad a su destrucción.
Por otra parte, hay quienes, aun siendo cristianos, apelan al pensamiento mágico y supersticioso afirmando que se trata de una especie de reacción o venganza de la “madre tierra” -como si fuera un ser animado que piensa y siente-, ante la depredación de la misma y el cambio climático; pero que Dios que es solo misericordia no tiene nada que ver con el virus y que, quienes piensan lo contario son peores que los paganos, se quedaron con el Dios del Antiguo Testamento –como si el del Nuevo Testamento no fuera el mismo-, y no entienden a Cristo que predicó el amor, el perdón y la misericordia.
A los que así se escandalizan y que por lo visto ignoran la más elemental teología y la historia de la Iglesia, confunden el castigo con la venganza, y no es lo mismo, la venganza nace del odio y busca la destrucción, y el castigo nace del amor, de la necesidad de corrección, y de la preocupación por el otro y del establecimiento de la justicia. Si un individuo roba o mata, el estado lo castiga ya sea con la cárcel o con una indemnización, o alguna otra pena que considera justa, pero la ley parte de un sentido de justicia, no de odio, castiga porque es lo justo y porque así protege a sus ciudadanos, además de buscar la reinserción social del delincuente, no su destrucción. Lo mismo en la familia o en la escuela existe el castigo, no como resultado del odio, sino como prevención y preocupación de la persona de la que se pretende su corrección para su propio bien.
Jesús que predicó el amor, el perdón y la misericordia, repetidamente habla en el evangelio del pecado y del castigo y hace una grave advertencia sobre el peor de los castigos que es la condenación eterna –incluso a los condenados los llama “malditos”-, no se puede banalizar su enseñanza ni omitir sus advertencias solo porque no nos gustan, o porque chocan con una percepción teológica pusilánime y dulzona que nada tiene que ver con las exigencias del evangelio y la doctrina de la Iglesia.
Padre Hugo Valdemar.
 

-… …El secretario general en Huelva de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Manuel Piedra, ha advertido de la dramática situación que están viviendo los temporeros inmigrantes en Andalucía. Más de 7.000 trabajadores, con contrato en origen, han terminado ya la recogida de la fresa y no pueden regresar a su país. Marruecos tiene todavía las fronteras cerradas a causa del coronavirus.
Esta situación ha propiciado que las mafias y las ONG, que operan al margen de la ley, estén aprovechando la crisis para estafar a los temporeros: "Estas personas están pagando por venir del campo al pueblo, pagan por hacer la cola, pagan por el papel del empadronamiento, pagan por tasas que no existen. Están en manos de las mafias, son personas que no saben ni leer ni escribir, tampoco saben español. Hemos llamado a Cruz Roja y a las organizaciones que contratan a mujeres marroquíes para que sus mediadores culturales se hagan cargo, y les transmitan correctamente la información", ha denunciado Manuel Piedra.
Es así como las organizaciones agrarias han dado la voz de alarma desde que observaran que sus trabajadores estaban siendo asesorados por grupos organizados, con el único objetivo del aprovechamiento personal.
“Les han hecho creer que con el empadronamiento podían acceder a la ayuda económica. Lo que no saben estas personas es que no pueden acceder a estos ingresos porque ni tienen la antigüedad ni los derechos. No cumplen con los requisitos. Ellos llegan gracias a la contratación en origen, vienen hacen su trabajo y se van. En ningún caso podrían acceder al Ingreso Mínimo Vital porque no son residentes ni trabajadores, para ello tendrían que pasar tres años como residentes aquí y demostrarlo, y, además, tendrían que estar un año más en Palos de la Frontera empadronados en el mismo domicilio", afirma el representante onubense de la Unión de Pequeños Agricultores.
Las autoridades locales trabajan desde hace días intentando explicar los requisitos necesarios. En la zona se respira una gran preocupación por un posible rebrote de coronavirus entre los temporeros, quienes acuden masivamente a las instituciones públicas en busca de la ansiada ayuda económica. Muchos de ellos están sin mascarilla en las colas y apelotonados unos con otros, lo que podría provocar una nueva ola de contagios en los pueblos que viven de la recolecta. Por este motivo, desde UPA llaman a la calma y piden la intervención de organizaciones como Cruz Roja para, de este modo, prevenir lo que ya han denominado como una grave "crisis humanitaria" en las cosechas.
E.Berberana.
 

-El Gobierno quiere parar la burbuja de 430.000 megavatios que hay en España, siete veces más de los que se necesitan hasta 2030, y por eso establece requisitos más exigentes para las licencias y decreta una moratoria para nuevos permisos. De paso, lanza las subastas como vía para bajar precios, regula nuevos negocios, como los "agregadores independientes" de electricidad, y abre la puerta a que las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola y Naturgy pierdan privilegios.
El consejo de ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado hoy un plan de choque con ambiciosas medidas energéticas para, entre otras cosas, poner fin a la fiebre descontrolada de proyectos de renovables, ordenar el sector y lograr que éste sirva de motor para la recuperación económica del país. El plan, a través de un Real Decreto-ley, también contempla otras medidas para agilizar el mercado energético, definiendo nuevos modelos de negocio, agilizando trámites o desplegando ayudas económicas para las empresas.
La parte más relevante del Real Decreto-ley, dividido en cuatro bloques, es sin duda la que afecta al negocio de las renovables, porque supondrá un antes y un después en el sector. El Real Decreto-ley introduce un nuevo modelo de obtención de permisos renovables, y de entrada de proyectos en el mercado, a través de subastas por precio. El objetivo es parar en seco la enorme especulación que se había generado en los últimos años.
En la actualidad, explican en el Ministerio, "existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW)". Es decir, hay 7,1 veces más solicitudes de los megavatios que se necesitan hasta 2030 en España. Según el propio Gobierno, "hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%".
Esta situación "obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes" que, en la próxima década, deben instalar en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.
El Gobierno considera que es "urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias". Por eso, el Real Decreto-ley establece una serie de condiciones administrativas para la obtención de permisos. Los titulares deberán ir acreditando el cumplimiento de cada una de esas condiciones, entre ellas, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción durante unos plazos. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización.
M.A. Patiño. MSN Dinero.
 

-Hoy se ha celebrado la Asamblea General ordinaria de CEOE, en la que se han presentado las conclusiones de la cumbre ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, que se ha desarrollado desde el pasado día 15 y que concluyó ayer con la clausura de S.M. el Rey Felipe VI.
El presidente de Inditex, Pablo Isla, acompañado del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha presentado un primer decálogo de conclusiones, a modo de resumen de lo tratado de manera trasversal en las diferentes mesas, que incluye los siguientes temas:
1.- Visión de medio y largo plazo para llevar a cabo las inversiones necesarias para hacer de España un país más competitivo, resiliente y sostenible. La transición energética es fundamental para alcanzar esta sostenibilidad. España puede acelerar las inversiones en energías verdes, que además pueden tener un efecto arrastre en el corto plazo.
2.- La confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental. Esa confianza es clave para generar credibilidad y atraer y retener inversiones.
3.- Consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis. No se deben revertir reformas que han generado crecimiento económico y mejora del bienestar, y en todo caso se deben mejorar aquellos aspectos en los que exista margen.
4.- Un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios de la economía española.
5.- Colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras.
6.- Conservar el tejido productivo a través de medidas que están funcionando, como los ERTE´s o las líneas de avales públicos, adaptándolas y acompasándolas a la evolución de la actividad económica de cada sector.
7.- Reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado. El objetivo debe ser alcanzar un peso del 20% sobre el PIB. Aquellos territorios que superan este porcentaje son los que también presentan menores niveles de desempleo.
8.- Innovación y digitalización del tejido productivo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de la Administración pública.
9.- Estabilidad presupuestaria. Hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo. Para ello, hay que promover el crecimiento económico y evitar, sobre todo, subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos para salir de la crisis.
10.- Igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación. La prioridad son las personas y el empleo, la mejor fórmula de inclusión social; también que no debemos dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales. Por último, apuesta por revitalizar el contrato social.
Dicho todo esto, Isla ha recalcado que “tenemos que contar con más Europa”. “España tiene que apostar por Europa, que es la que nos ha proporcionado bienestar, estabilidad y progreso. Esa apuesta implica responsabilidad por nuestra parte, en términos de generación de confianza y rigor presupuestario”, ha dicho.
A continuación, Antonio Garamendi y Pablo Isla han repasado conjuntamente y de manera más pormenorizada los principales temas puestos sobre la mesa en los diferentes paneles que han tenido lugar durante estas jornadas.
CEOE.
 
 
-La ministra Ribera ha felicitado a la Red Española de Desarrollo Rural "por sus 25 años de acción local, trabajado por identificar las oportunidades del espacio donde desarrollaban su actividad".
"Yo confío en que los próximos 25 años sean tanto o más productivos, pero sobre todo confío en que en los próximos cinco llenemos España de oportunidades, facilitemos el retorno, la instalación, el mantenimiento de nuestros jóvenes en actividades diversificadas en un mundo rural en el que la vivienda, la movilidad, los servicios, la atención a nuestros mayores, o la conectividad tienen que ser el día a día para que nadie pueda impedir o ver impedido su derecho a hacer volar su imaginación, a generar oportunidades, a crear riqueza, a convivir con la naturaleza, a poner en valor todo aquello por lo que trabaja y por lo que aporta. Porque con independencia de donde vivamos, nuestra España rural es merecedora de todas esas oportunidades", ha destacado Ribera.
La vicepresidenta ha alabado el papel de REDR como "foro de encuentro y de trabajo compartido de los grupos de acción local en España" y su importancia en el desarrollo rural en nuestro país, con más de 180 grupos activos, 11 redes territoriales y presencia en todas las comunidades autónomas, donde se han llevado a cabo más de 50.000 proyectos en este periodo.
Para Teresa Ribera, "los grupos de acción local se han constituido como actores clave para la acción política orientada hacia el cambio económico, social, ambiental y territorial, por su capacidad de diálogo, por su experiencia en la colaboración público-privada, y por su apuesta por la sostenibilidad como eje transversal de todas sus acciones". Este posicionamiento los convierte en socios fundamentales para afrontar la recuperación económica en la que está inmerso nuestro país tras la crisis sanitaria.
En este contexto, la vicepresidenta ha destacado la sintonía y complementariedad entre las políticas comunitarias recogidas por la Comisión en el 'Plan de recuperación para Europa', que apuesta por una salida de la crisis verde e inclusiva; la agenda del cambio del Gobierno, que sitúa a la transición ecológica como palanca de transformación económica y social, y los grupos de acción local, que apuestan por una dinamización socio-económica de las comarcas rurales con la sostenibilidad como eje transversal de sus acciones.
Pacto Verde Europeo.
Para Ribera, el Pacto Verde Europeo -la hoja de ruta para que la Unión Europea alcance la neutralidad climática en 2050- debe incorporarse a la estrategia de los grupos de acción local porque contempla el desarrollo de las áreas rurales y contiene las claves que se plasmarán en la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo.
Las oportunidades para una salida sostenible de la crisis y el desarrollo rural se detallan en sus dos estrategias. La primera, la 'Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030' identifica la recuperación de los ecosistemas marinos y de agua dulce, la mejora de los espacios protegidos de la Unión Europea, el descenso de la contaminación, la ecologización de las áreas urbanas y periurbanas, el impulso a la agricultura biológica y la recuperación y crecimiento de los bosques europeos como líneas de actuación prioritaria.
En segundo lugar, la estrategia de 'De la Granja a la Mesa' señala la alimentación como un sector clave en la transición hacia un modelo que reduce la huella ambiental y climática del sistema alimentario, que limita el uso de los plaguicidas y apuesta por una agricultura ecológica que proteja la salud e impulse la digitalización de esta actividad económica.
Ambas estrategias proponen medidas para compensar a aquellas actividades que hayan superado la transición hacia prácticas sostenibles y crean apoyos para los productores. Tanto la PAC como la Política Pesquera Común, pero también la iniciativa Horizonte Europa o InvestEU, garantizan inversiones y apoyos a los sectores que incorporen a sus actividades el enfoque propuesto en estas políticas.
Digitalización, reactivación económica local y vivienda.
Teresa Ribera ha subrayado que la apuesta por una transición hacia un modelo descarbonizado y sostenible que impulse la restauración de los ecosistemas y las medidas de adaptación basadas en la naturaleza, "necesita territorios vivos, comunidades rurales con capacidad para desarrollar nuevos proyectos e iniciativas", ha señalado.
Ribera ha destacado que el medio rural debe ser "la punta de lanza en los planes de adaptación al cambio climático, en la protección de la biodiversidad y gestión forestal, en la restauración ecológica y gestión sostenible de nuestro entorno, la valorización de los espacios protegidos y el despliegue de las energías renovables". Por estas razones, el Gobierno ha situado la lucha contra la despoblación como una línea prioritaria de trabajo. Así, la Secretaría General del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creada en febrero de este año, desarrolla la Estrategia frente al Reto Demográfico. Su objetivo es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las Administraciones Públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada.
La Estrategia frente al Reto Demográfico apuesta por una transición hacia modelos de desarrollo sostenibles, impulsando proyectos innovadores que faciliten el emprendimiento de colectivos como jóvenes y mujeres, así como la inserción sociolaboral de los trabajadores más vulnerables y que contribuyan a la transición energética y al desarrollo de proyectos de economía circular a escala global.
Ribera ha señalado que el Plan de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno de España presentará a la Unión Europea integrará las prioridades de Reto Demográfico en todas las líneas relevantes y aprovechará las ventajas de financiación para avanzar en la digitalización y plena conectividad del territorio, la reactivación económica a partir de la diversificación y la innovación y el impulso a la vivienda y el desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas prioritarias para el reto demográfico.
"Digitalización, reactivación económica local y vivienda son tres bloques de trabajo fundamentales para la reactivación de las zonas rurales", ha indicado la vicepresidenta.
"Tenemos una tarea por delante, un Pacto de Estado sobre el Reto Demográfico, una agenda pactada en la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico que apuntala nuestro compromiso con la conectividad, nuestro compromiso con la agenda urbana, y nuestro compromiso con el impulso a los servicios de calidad con la España rural", ha concluido.
lamoncloa.gob.es

- La Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, quiere establecer un Fondo de Transición Justa de 40 mil millones de euros, compuesto por 30 mil millones de euros de un fondo de recuperación de coronavirus de la UE y 10 mil millones de euros de su presupuesto para 2021-27.
El fondo tiene como objetivo alentar un cambio de las industrias con alto contenido de carbono que ayudaría a los mineros del carbón a readaptarse y encontrar nuevos empleos con bajas emisiones de carbono, y apoyar a las regiones cuyas economías dependen de sectores contaminantes para construir nuevas industrias.
Los embajadores de los 27 estados miembros de la UE acordaron el miércoles que la Transición Justa "no apoyará el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares" ni "la inversión relacionada con la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento o combustión de combustibles fósiles", según un documento , publicado el jueves (25 de junio). La posición está en línea con la de la Comisión, por lo que es probable que el Fondo de Transición Justa final excluya el nuclear y el gas.
La propuesta se finalizará luego de negociaciones entre los estados miembros, la Comisión y el Parlamento de la UE, y este último típicamente favorecerá políticas ambiciosas de cambio climático.
Con los líderes de la UE aún discutiendo sobre el tamaño y la forma del fondo y el presupuesto de recuperación de la UE, los estados miembros no aceptaron acordar un número para el tamaño de la olla.
Si bien el dinero de transición está fuera de la mesa, los proyectos de gas fósil aún podrían buscar el apoyo de otras partes del presupuesto de la UE y los fondos de recuperación de coronavirus, siempre que esos proyectos "no hagan daño" a los objetivos de reducción de emisiones del bloque .
Ocho países del este el mes pasado instaron a la UE a incluir proyectos de gas natural en la financiación futura, que dicen que necesitan alejarse de la energía del carbón.
El gas natural produce aproximadamente la mitad de CO2 que el carbón cuando se quema en las centrales eléctricas, pero la producción de gas se asocia con fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero.
Los activistas climáticos dicen que las nuevas plantas de gas podrían resistir décadas, amenazando el objetivo de la UE de reducir sus emisiones netas a cero para 2050.
F.Simón. Euractiv.
 

- El 7% de los agricultores en Andalucía tiene menos de 35 años mientras que casi el 50% se encuentra en edad de jubilación. Esta es la fotografía del campo andaluz, un sector que requiere de medidas si quiere sobrevivir ante el panorama agravado por el impacto del Covid-19.
Así lo ha expresado en declaraciones a Invertia el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, que esta semana ha participado en la subcomisión de reactivación económica dentro de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19.
En este marco, Serra espera que se configuren soluciones para “revitalizar” todo lo que ha dañado la pandemia a su paso por el campo. Especialmente afectados han quedado los sectores de la flor cortada y la ganadería que requerirán de inyecciones económicas directas para no caer en la bancarrota.
Pese a la nueva situación, apunta el líder de la organización agraria, los problemas del campo que les llevaron a las calles continúan: las negociaciones del presupuesto de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), la cadena de valor, la conectividad de los sectores o la dificultad de las infraestructuras para garantizar el agua.
En este papel, Ricardo Serra considera que Europa tiene que tomar cartas en el asunto. “Tenemos que hacer, entre todos, un esfuerzo importante para modificar y comprender que Europa tiene que ser capaz de autoabastecerse y tener capacidad para depender de sí misma en materia de alimentación ante futuros retos”.
Consecuencias “catastróficas” si hay rebrotes.
Aunque el campo ha trabajado por y para el abastecimiento de la población, desde Asaja dudan de si el sector podría repetir su labor con las consecuencias económicas que arrastra. “En caso de pandemia, las consecuencias sociales serían tremendas: una catástrofe”.
“Se está perdiendo productividad, competitividad y activos”, alerta Serra quien teme que, ante una nueva crisis sanitaria, no se puedan garantizar los productos de primera necesidad que genera el campo.
Como consecuencia de todo ello, explica Serra, el campo podría quedarse sin activos ni producciones en 10 años, lo que conllevará a la despoblación de las zonas rurales. “De un día para otro no se soluciona esta situación”, ha confesado Serra quien ha subrayado la necesidad de profesionales para mantener el sector.
Preguntado por las movilizaciones, el presidente de Asaja Andalucía es franco: “Si la situación sigue así habrá que pensarlo y hacerlo”. “Los problemas que nos llevaron a las calles no han desaparecido y se han acrecentado. Ahora no era el momento por cuestiones de movilidad,
pero tendremos que volver”, ha zanjado.
Invertia.
 
-Esta es una carrera de obstáculos inacabable. Primero, fue la resistencia de sectores que invocaban la protección del paisaje; luego, la Generalitat aprobó una normativa tan restrictiva que provocó el colapso de los proyectos de las energías renovables durante 10 años, y ahora son sectores del mundo rural y agrícola los que plantan cara al despegue de las energías limpias que se está dando en Catalunya.
El nuevo decreto del Gobierno catalán (noviembre del 2019) destinado a favorecer la implantación de fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica) ha sido muy bien acogido por parte de los promotores. Desde que se aprobó (fue una de las medidas derivadas de la declaración de emergencia climática), se han presentado propuestas para crear 50 nuevos parques eólicos y 52 instalaciones fotovoltaicas. Las nuevas condiciones legales han cambiado el marco legal. Y ahora éste es más favorable.
Una reglamentación menos restrictiva que la anterior y la extraordinaria reducción de costes de generación de las energías renovables en los últimos años –que hacen innecesarias ya las primas– explican este despegue.
Las nuevas condiciones han propiciado un boom de parques eólicos y fotovoltaicos.
Otro factor que lo favorece es la elevada capacidad de conexión a las redes de transporte de la electricidad que tendrían las nuevas infraestructuras energéticas de Catalunya tras años de escaso aprovechamiento. Todo esto permite subsanar las carencias de la anterior planificación de la Generalitat (promovida en el año 2009 por el tripartito), y que se saldó con fracaso: prácticamente cero instalaciones nuevas en 10 años.
Una vez abierta la ventanilla, se han presentado propuestas para instalar (en esos 50 nuevos parques eólicos) 424 aerogeneradores, con un total de 2.046 MW de potencia; esta suma, es el doble de lo que hay instalado hasta ahora: 1.270 MW), aunque, lógicamente, no todas estas iniciativas llegarán a buen puerto, pues deben cumplir su tramitación ante la administración.
Además, el Govern ha recibido propuestas para ubicar 52 proyectos de instalaciones fotovoltaicas (que suman 433 MW y ocupan 719 hectáreas). De estos, ya se han valorado por la ponencia encargada 7 proyectos y se han rechazado 3.
El sindicato se opone a las grandes plantas y a que se pierdan campos de cultivo.
Sin embargo, el boom de las renovables en Catalunya está topando con la oposición de sectores agrícolas, encabezados por el sindicato Unió de Pagesos, contrarios a que se sacrifiquen terrenos agrícolas para levantar plantas fotovoltaicas o aerogeneradores (los proyectos son impulsados por empresas que alquilan las fincas rústicas a sus propietarios para producir electricidad y venderla a la red).
La Unió de Pagesos se opone a lo que considera “un modelo de concentración de parques solares y eólicos en suelo no urbanizable promovidos por grandes empresas energéticas y fondos de inversión”.
El sindicato afirma que estas iniciativas comportan “impactos severos” sobre los espacios agrarios (en parcelas, caminos, riegos, muros de piedra...); y arropa su posición con proclamas en favor de un modelo energético “democrático, descentralizado y con participación del territorio”.
Las críticas de la Unió de Pagesos son rebatidas por los promotores eólicos.
Jaume Morron, gerente de la asociación de empresas Eoliccat, destaca que “no existe tal concentración ni masificación de instalaciones, sino que los promotores están optando, en ocasiones, por un mismo emplazamiento, algo lógico puesto que eligen los lugares con los mejores recursos eólicos, pero estas propuestas se irán depurando y decantando a lo largo de toda la tramitación” que debe llevar a cabo la ponencia del Govern encargada de analizar los proyectos.
Carlos Vicente, responsable de organización de UP, invoca la soberanía alimentaria para defender los suelos agrícolas y justifica el veto a los terrenos en los que ha habido inversión de recursos públicos para regadíos.
Los promotores ofrecen a los agricultores complementar su renta agraria.
Los promotores de la industria fotovoltaica defienden, además, estas inversiones con el argumento de que los ingresos del arriendo pueden ser un complemento para la renta agraria.
“Estos ingresos contribuyen además a fijar población en el territorio y evitar la desertización en zonas de España”, dice José Donoso, director general de UNEF (asociación que agrupa a las empresas del sector).
“Además hemos recomendado a los promotores que den empleo preferentemente a la mano de obra local”, añade.
Desde la industria fotovoltaica se censura la injerencia sindical en asuntos particulares del agricultor. “Los dueños de estos terrenos son libres de hacer lo que quieran con ellos No se les obliga a que arrienden sus fincas”, dicen.
Sí tenemos mucho que decir sobre el modelo agrario y sobre la depreciación de un territorio que es agrícolamente productivo. (C.Vicente. Responsable de organización de la Unión de Pagesos)
Y la réplica de UP. “No tenemos nada que decir sobre las decisiones que adopten los agricultores; pueden hacer lo que quieran con su propiedad; pero, como sindicato, sí tenemos mucho que decir sobre el modelo agrario y sobre la depredación de un territorio que es productivo agrícolamente”, dice Carlos Vicente.
El sindicato agrícola vaticina que la situación creada dará lugar a un fenómeno especulativo, pues la demanda de suelo puede desencadenar un encarecimiento del arrendamiento de fincas y provocar una subida de los precios.
Unió de Pagesos propone como alternativa “avanzar en la implantación mediante un modelo energético planificado” (algo que se intentó sin éxito en la etapa del gobierno tripartido).
Carlos Vicente sostiene que su sindicato defiende un modelo basado en instalaciones de dimensión más pequeña, con un desarrollo relevante del autoconsumo y la generación distributiva, y en el que se dé cabida a la participación ciudadana en los proyectos, mediante la financiación local e inversiones por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, Unió de Pagesos no tiene previsto promover directamente estas plantas con sus propios recursos. También dice que debería darse prioridad a la instalación de placas solares en los techos de edificios y zonas urbanizadas.
El sector fotovoltaico estima que se necesitan más instalaciones de tamaño medio para que Cataluña cumpla sus objetivos sobre renovables.
Desde el sector fotovoltaico se responde que promover instalaciones para el autoconsumo y pequeñas plantas es algo totalmente insuficiente para poder cumplir los objetivos de fomento de las energías renovables marcados por el Govern, pues se necesita habilitar 600 MW fotovoltaicos y 400 eólicos cada año hasta el 2030 para alcanzar las metas planteadas.
“No solo se requieren plantas de autoconsumo y pequeñas plantas, sino también más proyectos, de mayor dimensión y con mayores inversiones” señala Manuel Romero, delegado de Unef en Cataluña.
Parque Eólico El Tallat (Vallvona de les Monges) (.)AMPLIAR
Si hay consenso general en que, en Catalunya, dadas sus características geográficas, tendría poco sentido levantar grandes parques fotovoltaicos (de 400 MW), pero si se atomizara su distribución y todo se fía a pequeñas instalaciones de solo 1 MW, tampoco se conseguirían las metas, pues “6.000 parques de 1 MW significarían 6.000 tramitaciones, lo que administrativamente no es viable. Tenemos que hacer también parques de tamaño intermedio, de 30 o 40 MW,junto con los más pequeños”, dice Romero.
“Nos encantaría que se promovieran más proyectos de energías renovables con iniciativa popular, como Viure de l’Aire del Cel ; pero no siempre se dan las circunstancias; y, en cualquier caso, necesitamos más proyectos e inversiones”, concluye el delegado de Unef.
Estrictos criterios tumban los proyectos fotovoltaicos.
La ponencia de la Generalitat encargada de evaluar las propuestas para ubicar plantas fotovoltaicas está aplicando criterios estrictos. Hasta ahora, casi la mitad de las iniciativas fotovoltaicas evaluadas (3 de 7) han sido rechazadas en un primer examen. Tras un primer examen previo de idoneidad, los proyectos deben pasar luego una larga y exhaustiva tramitación.
El decreto de implantación de las renovables (noviembre del 2019) veta de salida estas instalaciones en “suelos de valor agrológico alto y de interés agrario elevado”.
Posteriormente, el Goven ha dictado unos criterios en los que se pide a los promotores que adopten medidas para proteger la fauna y para proteger el paisaje. Y por su parte el Departament d’Agricultura ha fijado (en un informe de 14 páginas) otros criterios adicionales donde invoca la necesidad de preservar también los suelos de regadío (por ejemplo, en terrenos del Segarra-Garrigues), considerados “singulares”, debido a que sus infraestructuras garantizan el aporte de agua, “el principal factor limitante para la producción agrícola” en el clima mediterráneo.
El Informe de Agricultura parece prohibir directamente la implantación de fotovoltaicas en ciertos terrenos, sin tener competencias. (M.Romero. Delegado de UNEF en Cataluña)
Manuel Romero, delegado de Unef en Cataluña, sostiene en este punto que la posición de Departament d’Agricultura entra en contradicción con el decreto del Gobierno catalán (noviembre
del 2019) para fomentar las energías renovables. “El decreto ley establece que hay que tener en cuenta los suelos de alto valor agrícola, pero no los de riego. El informe de Agricultura parece prohibir directamente la implantación de fotovoltaica en ciertos terrenos, sin tener competencias. No tiene ninguna base legal para establecer esa prohibición”, dice Romero.
Unef señala que si continúan los obstáculos, Catalunya no podrá alcanzar sus metas (6.000 MW fotovoltaicos antes de 2030). Manuel Torrent, director del Institut Català d’Energia, equipara las leyes de Espais Agraris y Canvi Climàtic; y sostiene que ante este “choque de legitimidades”, la Administración debe actuar “de la mejor manera posible y, sobre todo, con consenso con el territorio”. De lo contrario –afirma–, “por mucho que nos empeñemos, no implantaremos un solo megavatio renovable”.
Prohibir el uso de suelos agrícolas puede suponer un fuerte contratiempo al desarrollo de la energía fotovoltaica, puesto que no hay una planificación al respecto que fije niveles y categorías admisibles. “A fecha de hoy no sabemos qué hectáreas hay disponibles para las renovables ni cuáles son priorizan para cultivo, pero ya tenemos bastante claros los criterios para definirlo”, reconoce el director del Icaen. 
Manuel Torrent admite la necesidad de actuar de forma urgente frente al cambio climático (“las renovables son uno de los mecanismos que tenemos para hacerlo”).
Recuerda que se debe competir con otras zonas del Estado, pues “si no hacemos los deberes, Catalunya puede continuar siendo una comunidad consumidora pero no productora (de energía) cuando cerremos las nucleares y los ciclos combinados de gas”. Admite, pues, que, pese a las discrepancias, “debemos evitar que las energías renovables sean la última prioridad”.
El Departament de Territori i Sostenibilitat (que alberga la ponencia) ya rechazó hace unas semanas la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo promovida por el empresario Joan Vila en Beuda (Garrotxa), que iba a ser la más grande de Catalunya. El informe argumenta que el suelo seleccionado está clasificado como terreno no urbanizable agrario protegido (aunque el lugar no está siendo cultivado).
La Vanguardia.