Lunes, 30 de noviembre de 2020    
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Semana del 5 al 12 de julio de 2020.6

La batalla de los precios no se gana de esta manera

Seguimos en la línea equivocada. De nuevo se insiste desde las instancias gubernamentales en prohibir las ventas, que ellos denominan a pérdidas, de leche por debajo de un hipotético nivel de costes.
Actualizado 16 julio 2020
Redacción Agrolibre
“Las organizaciones agrarias de Cantabria se han sumado a la denuncia, realizada por el consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, Guillermo Blanco,  contra la distribuidora Makro, por vender  la leche a un precio irrisorio”. Las Organizaciones han calificado las ventas de “falta de respeto y provocación al sector esta práctica, que además son ventas ilegales, y han pedido a los consumidores que no la compren a 0,48 euros por 1,5 litros. Cantabria «no va a permitir que se juegue y se maltrate» con el precio de ese producto”.
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Estas formas de actuar del Consejero cántabro nos parecen, al menos a nosotros, unas formas absolutamente embaucadoras, tramposas y absolutamente arteras. 
Por supuesto que al carro oficial se han sumado todas las Organizaciones profesionales agrarias sin entender o al menos así lo parece, que este tipo de prohibiciones jamás conseguirá sacar a las explotaciones lecheras del atolladero económico en la que están inmersos. ¡No es el camino!
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este lunes que los rebrotes de coronavirus que se han registrado en las últimas fechas en comarcas de Huesca y Lérida, y que afectan a trabajadores temporeros, pueden estar "más vinculados" a cuestiones relativas al transporte o a las condiciones de alojamiento de estas personas que a su trabajo en sí en determinadas explotaciones. El ministro ha manifestado una "doble preocupación", de carácter "también social", al tiempo que ha querido salir en defensa del sector agrícola "frente a quienes lo han puesto en tela de juicio", "la agricultura es como cualquier otro sector de la economía española, por lo que hay una inmensa parte de gente que lo hace bien y algunos que pueden hacerlo mal", pero "no puede calificarse al conjunto por unos pocos".
¡De verdad se pueden decir estas majaderías! Cómo puede sospecharse que los rebrotes del coronavirus puedan deberse al trabajo… …, ¡naturalmente que no!
Pero, al margen de la paparruchada ministerial anterior, por qué, nos preguntamos nosotros, no se practicaron pruebas previas de PCR a los todos los trabajadores agrarios que llegaron, como todos los años, a solventar nuestros problemas de escasez de mano de obra en las labores agrarias de la recolección de frutas y hortalizas.

Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano.”
“El tweet del Papa Francisco del pasado 4 de julio, con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, es un recordatorio de la encíclica “Laudato si”, y recuerda la lucha contra el cambio climático.
Las cooperativas son una expresión de la comunidad y del amor por su tierra. Un camino que, si se recorre, puede dar mucho en la protección de la Creación.
Con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, que desde hace 96 años se celebra cada primer sábado de julio, Francisco lanzó un tweet recordando el tema de este año, dedicado a la lucha contra el cambio climático. En algunos lugares - escribe el Papa en @pontifex - se están desarrollando cooperativas para la explotación de energía renovable, que permiten la autosuficiencia local. Pueden marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático -concluye Francisco- gracias a un fuerte sentido de la comunidad y al amor por su tierra.
Quienes encontraron una cooperativa tienen coraje.
El Papa Francisco había hablado de las cooperativas en el pasado, recordando la necesidad de "oponer la relación al individualismo, el equipo al interés, el bienestar de todos a los intereses de unos pocos". En la audiencia de la Confederación de Cooperativas Italianas, el 16 de marzo de 2019, había instado a trabajar para convertirse en "empresarios de la caridad", a buscar formas alternativas "para habitar una sociedad que no se rige por el dios dinero, un ídolo que lo engaña y luego lo deja cada vez más inhumano e injusto". "La cooperación -dijo- es una forma de 'destapar el techo' de una economía que corre el riesgo de producir bienes, pero a costa de la injusticia social".
Es vencer la inercia de la indiferencia y el individualismo haciendo algo alternativo y no sólo quejándose. Los que fundaron una cooperativa creen en una forma diferente de producir, en una forma diferente de trabajar, en una forma diferente de estar en la sociedad. Los que encontraron una cooperativa tienen algo de la creatividad y el coraje de estos cuatro amigos del paralítico.
Una creatividad más generosa
Es en el número 179 de la Encíclica Laudato si’ donde se encuentra la referencia a las cooperativas que trabajan para salvaguardar la Creación. Francisco recuerda que "a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias" los gobiernos están obligados a elaborar reglamentos, procedimientos y controles más rigurosos. "Si los ciudadanos no controlan el poder político - nacional, regional y municipal - ni siquiera es posible un contraste con el daño ambiental".
Este sencillo ejemplo muestra que, si bien el orden mundial existente es impotente para asumir la responsabilidad, la autoridad local puede marcar la diferencia. De hecho, es allí donde puede nacer una mayor responsabilidad, un fuerte sentido de comunidad, una capacidad especial de atención y una creatividad más generosa, un profundo amor por la propia tierra, así como pensar en lo que se deja a los hijos y nietos.
¡Sin comentarios! Seguimos, con las Iglesias vacías, jugando a lo que no nos es propio, ¡zapatero a tus zapatos!

“El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentará oficialmente unas nuevas  cuentas con una importante rebaja sobre lo hablado hasta ahora con la esperanza de cerrar un acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio. Un primer elemento es reducir el montante global del presupuesto para los próximos siete años, que situará en una zona intermedia entre los 1,1 billones de euros que plantea la Comisión y los 1,05 billones que piden los frugales. Y como era de esperar, gran parte de los recortes se centrarían en la PAC y los Fondos de Cohesión”.
Y para llegar a esta meta, llevamos más de dos años discutiendo sobre lo que nos interesa o no nos interesa con la reforma de la PAC.
Planas, ¡hasta cuando vas a poder parar la indignación del Sector!
Te vas a conformar y crees que vas a engañar de nuevo a los agrarios, con que la Comisión Europea (CE) incluya, como ya nos dicen, entre las estrategias del Pacto Verde europeo, medidas para mejorar la capacidad de negociación de los precios del agricultor y del ganadero, o para fomentar la concentración de la oferta y el cooperativismo. Al parecer el Ejecutivo comunitario “se compromete” a presentar en 2021 y 2022 propuestas para mejorar la posición del productor en las relaciones dentro de la cadena alimentaria (agricultor, industria y sector minorista), en el marco del Pacto Verde y de la estrategia “De la Granja a la Mesa”. ¡Qué atajo!

Y de nuevo empieza el lío en el sector.
La Junta Directiva de ASAJA Granada tras analizar las últimas propuestas realizadas por las Administraciones ha acordado que se retomarán las movilizaciones donde se habían quedado antes de la declaración del estado de alarma con dos acciones pendientes, una en el puerto de Motril y otra en el puerto de Algeciras, a expensas de una fecha concreta que permita su celebración con las suficientes garantías sanitarias.
La organización ha recordado que la declaración del estado de alarma interrumpió las movilizaciones que todo el sector tenía previsto celebrar en el puerto de Motril, el 19 de marzo, y en el puerto de Algeciras, el 12 de marzo, para exigir el cumplimiento de los acuerdos comerciales que la UE tiene establecidos con terceros países en cuanto a los contingentes y una reciprocidad respecto a los requisitos europeos medioambientales, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales, dado que el descontrol de las entradas de los productos y la diferencia de los estándares de calidad o seguridad generan una competencia desleal que está provocando la ruina del sector agroalimentario y al abandono de las explotaciones.
Nada ha mejorado con la “nueva normalidad” y tras el esfuerzo realizado por el sector agroalimentario para que el abastecimiento de la población no se interrumpiera en los críticos momentos vividos solo nos viene de cara una mayor conciencia social de la problemática que arrastramos: desequilibrios en la cadena del valor de nuestros productos; especulación de la gran distribución; entrada fraudulenta de productos agroalimentarios; aranceles que gravan nuestras producciones; recortes presupuestarios de la Política Agraria Común e incremento de las exigencias burocráticas, así como unas políticas regresivas de la UE con las iniciativas “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad” que ponen en peligro la independencia agroalimentario de la UE.
Todo este nuevo lío era absolutamente esperable.

Terminemos hoy reseñando algo que era previsible.
Según nos advierte un estudio publicado por la revista Nature, la reducción significativa de ciertos gases, como el CO2, tardaría décadas en producir efectos en la temperatura del planeta.
El trabajo, desarrollado por el Centro Internacional de Investigación del Clima de Oslo, en Noruega (CICERO, sus siglas en inglés), insta a "gestionar las expectativas" en este área, pues sus resultados sugieren que cualquier medida encaminada a mitigar la crisis climática exige compromisos a largo plazo. Aunque existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de reducir las emisiones antropogénicas para frenar el calentamiento global, no se puede detallar la escala de tiempo durante la que ocurrirán los cambios atmosféricos deseados, exponen los autores del estudio. En ocasiones, observan, los debates públicos están marcados por asunciones sobre la inmediatez de las medidas de mitigación, pero el propio sistema climático se encarga de "ocultar" cualquier reacción a cambios abruptos a corto plazo. Estudios anteriores han analizado esta cuestión en relación con la emisión de dióxido de carbono (CO2), pero se conoce menos la respuesta de la naturaleza a otros gases de efecto invernadero.
En resumen y para que todos lo entiendan que, tras los miles de millones de euros que nos vamos a gastar, nosotros diríamos tirar, previstos en la lucha contra el cambio climático, intentando que la temperatura global no subiera en el año 2030, nos decían, más de 1,5 ºC, será imposible su comprobación. Según nos dicen serán necesarias muchas décadas para poder comprobar si la temperatura baja lo previsto o es de origen antropogénico. 1Quién lo diría, hace solo unos meses!
 
Noticias.
-Las organizaciones agrarias de Cantabria se han sumado  a la denuncia contra la distribuidora Makro, que ha ofertado la leche «a un precio irrisorio», han calificado de «falta de respeto y provocación» al sector esta práctica, que además es «ilegal», y han pedido a los consumidores que no la compren a esos precios.
El consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, Guillermo Blanco, denunció el vienes públicamente la venta de leche a pérdidas en el establecimiento Makro, por un importe de 0,48 euros por 1,5 litros, y aseguró que Cantabria «no va a permitir que se juegue y se maltrate» con el precio de ese producto.
Este sábado las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, UGAM-COAG, UPA y AIGAS) y las cooperativas agrarias (Agro Cantabria, Comillas-Ruiseñada y Valles Unidos del Asón) se han sumado a esta denuncia y han afirmado que es una práctica reiterada por la empresa.
En un comunicado conjunto, expresan su «absoluto rechazo» a esta práctica porque «además de ser ilegal, supone una falta de respeto y una provocación reiterada al sector lácteo y sus profesionales», que defienden que los costes de producción sean los que inicien la definición del precio final de la leche para que este producto deje de estar infravalorado en el mercado.
«LA PRIMERA VEZ QUE LO HICIERON LO PODEMOS ACHACAR A UN ERROR, PERO DOS VECES YA NO ES CASUALIDAD»
Las organizaciones ganaderas dicen además que «no entienden» que esta distribuidora haya ofertado leche por debajo de su coste de producción, «a un precio irrisorio», un día después de la reunión de la Mesa Regional Láctea, en la que productores, industrias, distribuidores y consumidores acordaron con la Administración regional una estrategia de consenso para reclamar al Ministerio de Agricultura que tome las medidas necesarias que permitan garantizar un precio digno a los productores de leche.
Subrayan que no es la primera vez que Makro lanza este tipo de ofertas en sus lineales en Cantabria e instan a sus responsables a que dejen esta práctica porque «lo único que hacen es banalizar un producto tan básico y esencial como es leche con unos productos que están por debajo del coste de producción».
«La primera vez que lo hicieron lo podemos achacar a un error, pero dos veces ya no es casualidad», por lo que insisten al ciudadano a que no la compren.
Además, consideran que «no es nada justo» que algunas empresas del sector se comporten así con los productores después de un periodo de estado de alarma en la que los ganaderos, dicen, han demostrado «estar a la altura de las circunstancias, abasteciendo de alimentos para que nadie en Cantabria se quedase sin comer a pesar de las circunstancias tan adversas”.
Las organizaciones aplauden que el Gobierno de Cantabria «haya actuado con tanta celeridad a la hora de detectar el posible caso y denunciarlo públicamente» y le han instado a que siga realizando inspecciones para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse en Cantabria.
También reclaman al Ministerio las medidas oportunas para combatir la venta de leche a pérdidas ya que «estas prácticas van en contra de la filosofía de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria».
Y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no la compren leche, ya que a su juicio hacerlo es «contribuir a menospreciar la alta calidad de la leche que se produce con tanta profesionalidad en Cantabria».
Agroinformación.
 
-La Xunta de Galicia ha puesto en marcha tres proyectos motores para reactivar el medio rural. Sobre ello hablamos en la última emisión de AGROPOPULAR -4 de julio- con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
Según explicó, durante la pandemia constituyeron un grupo de trabajo de expertos económicos de la región, entre los que estaban responsables de Inditex, de empresas de automoción, académicos y del círculo de economía, entre otros, y han planteado tres proyectos motores para reactivar la economía tras la situación de emergencia sanitaria.
La Xunta asegura que estas iniciativas serán claves en la transición hacia la sostenibilidad y competitividad del tejido productivo de la Comunidad. Para su financiación, por una parte, se podrá optar a fondos europeos de programas como el Pacto Verde Europeo, el instrumento de recuperación temporal para el período 2021-2024 y a través de una financiación multilateral de distintas instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones. Por otra parte, con fondos propios de la Xunta de Galicia y fondos privado.
Centro para el impulso de la economía circular
En lo tocante al primer proyecto, Feijóo explicó que consistirá en la implantación de un Centro para el impulso de la economía circular. El objetivo es asegurar este principio en la gestión de residuos para su transformación y valorización en productos de máxima calidad.
Con esta iniciativa, que se invertirían aproximadamente 500 millones, se trata de convertir en energía los biorresiduos y también los purines. “Tanto la gallinácea como el purín vacuno y de porcino”, explicó.
Producción sostenible de fibra forestal
La segunda iniciativa estará centrada en la producción sostenible de fibra forestal con la finalidad de impulsar la biodiversidad y cerrar el círculo del aprovechamiento de la madera. Para ello, se propondrá la creación de un centro de fabricación de fibras textiles sostenibles a partir de la celulosa soluble de la madera, que permita diversificar un sector estratégico para Galicia.
“Eso nos va a exigir cuidar mejor los montes, plantar madera certificada y convertirnos en un lugar donde podamos proveer de este tipo de fibras forestales para los tejidos”. En este sentido, recordó que “poco a poco” las grandes cadenas mundiales como Inditex o HyM van abandonando los derivados del petroleo y se van incorporando en una economía circular.
Hidrógeno verde
El tercero de los proyectos consistirá en la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde por electrólisis de 50 MW para su uso en la industria, en la movilidad y para su inyección en la red gallega de gasoductos, según se recoge en la página web de la Xunta.
Asimismo, añaden que se trata de una iniciativa pionera en España y que permitirá incrementar la capacidad de generación renovable en Galicia e impulsar la descarbonización eficiente de la industria gallega.
Agropopular.
 

-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este lunes que los rebrotes de coronavirus que se han registrado en las últimas fechas en comarcas de Huesca y Lérida, y que afectan a trabajadores temporeros, pueden estar "más vinculados" a cuestiones relativas al transporte o a las condiciones de alojamiento de estas personas que a su trabajo en sí en determinadas explotaciones.
Así lo ha expresado el ministro en el turno de preguntas del desayuno informativos de Europa Press Andalucía organizado este lunes en Jaén con el patrocinio de Caja Rural de Jaén, Picualia, Gruppo Pieralisi y Laboratorios VIR.
Acerca de dichos rebrotes de Covid-19 que se han registrado en los últimos días en comarcas de Aragón y Cataluña, el ministro ha manifestado una "doble preocupación", de carácter "también social", al tiempo que ha querido salir en defensa del sector agrícola "frente a quienes lo han puesto en tela de juicio".
En ese sentido, ha comentado que "la agricultura es como cualquier otro sector de la economía española, por lo que hay una inmensa parte de gente que lo hace bien y algunos que pueden hacerlo mal", pero "no puede calificarse al conjunto por unos pocos".
Planas ha agregado que cuando llevó al Consejo de Ministros, "en pleno estado de alarma" por la pandemia del coronavirus, el decreto para facilitar la contratación de temporeros se basó "en un esquema muy local y comarcal, porque en aquel momento se trataba de evitar al máximo la movilidad para evitar la extensión de la enfermedad", si bien ya tenía en aquel momento "en la cabeza" que llegaría el fin del estado de alarma y, con ella, la reactivación de la movilidad.
En todo caso, el ministro ha indicado que, a la pregunta de si esos rebrotes de Huesca y Lérida están "vinculados a la actividad agraria", su respuesta sería que cree que "no están vinculados al centro de trabajo, sino más vinculados al transporte y las condiciones de alojamiento que al propio trabajo agrario en ninguna explotación".
No obstante, ha apostillado que esto, "como todo, nos debe llevar a reflexionar", porque "tenemos que mostrar un nivel de responsabilidad también a nivel de administraciones públicas y empresarial a la altura de lo que somos como país".
Ha comentado el caso de los españoles que siguen acudiendo año a año a participar en la vendimia en Francia no sólo "por razones salariales", sino también "porque las condiciones de alimentación y hospedaje son muy dignas y correctas", y ahí "tenemos que avanzar también".
"Estabilidad en el empleo"
En esa línea, ha valorado lo "importante" que es propiciar "estabilidad en el empleo", y que "a una finca o explotación vayan año tras año trabajadores a los que se les conozca por su nombre y apellidos", y en ese sentido ha apostado por "fomentar" estas cuestiones que son "un elemento de estabilidad, de conocimiento del oficio y las personas".
Por lo demás, en lo referente a la pandemia en sí, el ministro ha comentado en su intervención inicial en este encuentro informativo que ha sido "uno de los momentos más difíciles" en la historia de España "desde el final de la Guerra Civil", un "periodo dramático" que aún no se ha superado, por lo que "tenemos que mantener el máximo de la responsabilidad individual desde el punto de vista de la protección", según ha remarcado Luis Planas, quien ha incidido en que "esa batalla no ha concluido ni la hemos ganado aún", y "tenemos que aprender a convivir en esta situación".
Finalmente, ha valorado el comportamiento "ejemplar" del sector agroalimentario, de sus empresas y trabajadores, durante esta crisis, y su "contribución al conjunto de la sociedad española".
Faro de Vigo.
 

-El Ministerio de Agricultura ha prohibido el almacenamiento de aceite de oliva procedente de terceros países en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero, una medida tendente a frenar el hundimiento de los precios en origen del oro líquido, según ha afirmado este lunes en Jaén el ministro, Luis Planas. El ministro ha pedido el apoyo del PP en la negociación que realice el Gobierno de España en el próximo Consejo Europeo para “blindar” la próxima Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2017.
Se trata de una vieja reivindicación del sector olivarero, que había alertado de que las importaciones de terceros países eran las más altas en los últimos cinco años en un momento en el que los precios en origen del aceite están por debajo de los costes de producción. En concreto, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) durante los primeros seis meses de campaña oleícola se han importado 139.300 toneladas de aceite de fuera de España, un 32,2% más que el año pasado.
Organizaciones agrarias como UPA o COAG denunciaron que las industrias envasadoras utilizan la importación para forzar aún más los precios a la baja, por lo que instan a paralizar los contingentes y a extremar los controles de la calidad de los aceites que están entrando por las fronteras. Para el secretario provincial de UPA en Jaén, Cristóbal Cano, “la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero debe velar por los intereses del aceite de oliva español y no permitir el alquiler a empresas que se quieren beneficiar con la importación de aceite no comunitario, mucho más barato, ayudando a hundir el mercado”.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, en su primera visita tras el levantamiento del estado de alarma, ha presidido en Jaén el Consejo del Aceite de Oliva, un sector que tiene previsto este mes de julio retomar las movilizaciones que dejaron en suspenso antes del confinamiento en protesta por la crisis de precios en origen. El propio Planas, que se ha encontrado a las puertas de la Diputación de Jaén con una sonora protesta de algo más de un centenar de agricultores, ha admitido como algo “ilógico” el comportamiento del mercado oleícola.
El Ministerio ha elaborado un decálogo con medidas de autorregulación y de mercado para intentar revertir la crisis del sector. Planas ha destacado la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, dentro de ella, el referencial de costes de producción elaborado con una horquilla que van desde los 1,50 a los 3,56 euros de coste por kilo, según las tipologías de olivar.
Los precios de venta se sitúan en una media de 2,1 euros para el virgen extra y de 1,9 para el virgen. Eso sí, el ministro ha admitido que se trata de “un referencial indicativo, pero no prescriptivo” y que el precio final debe estipularse a partir del acuerdo contractual entre las partes. Sin embargo, la COAG ha denunciado que las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de los costes. “Si alguien quiere infringir o coaccionar lo que debe hacer el vendedor es denunciar”, ha exclamado el ministro de Agricultura.
Planas también ha hecho una llamada a la “responsabilidad” y ha pedido el apoyo del PP para “blindar” la próxima PAC. El ministro ha reconocido que, en el próximo Consejo Europeo, el presupuesto será “muy difícil de negociar”, pero ha resaltado que la crisis del coronavirus ha servido para demostrar la importancia de la agricultura. Por eso ha defendido una PAC al menos similar a la del último periodo, “dotada financieramente en forma suficiente para afrontar los nuevos retos”.
Sobre la candidatura de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo, Luis Planas no ha dudado al afirmar que “sería una excelente presidenta del Eurogrupo”. Ha recordado que cuenta con el apoyo de todos los partidos en España, aunque, en alusión al PP, ha añadido que espera que ese apoyo también se manifieste en Europa.
El País.
 
 
-De nuevo suenan malos vientos para el sector agrario, que ve cómo otra vez empieza a ser la piedra de cambio de los nuevos presupuestos europeos que se están negociando. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentará oficialmente unas nuevas  cuentas con una importante rebaja sobre lo hablado hasta ahora con la esperanza de cerrar un acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio. Un primer elemento es reducir el montante global del presupuesto para los próximos siete años, que situará en una zona intermedia entre los 1,1 billones de euros que plantea la Comisión y los 1,05 billones que piden los frugales. Y como era de esperar, gran parte de los recortes se centrarían en la PAC y los Fondos de Cohesión.
Según la propuesta adelantada hasta ahora, el presupuesto se situará, en concreto, entre el 1,05% y el 1,094% de la Renta Nacional Bruta (RNB) y, a falta de conocer los detalles, programas como la PAC o la Política de Cohesión –que ya incluían recortes en la propuesta de Bruselas que alcanzarían hasta un 9% de media pese al rechazo del sector– serán los perjudicados porque juntos representan aproximadamente dos tercios de las cuentas europeas.
Unos recortes, que como recordaba el secretario general de COAG, Miguel Blanco, resultan «inaceptables que afectarían negativamente a las ayudas destinadas a las dos compañas de transición, pero también a la actual 2020″.
Con esta bajada, que de nuevo representa para el sector agrario el olvido permanente de lo que ha hecho en tiempos de coronavirus, con este movimiento, el presidente del Consejo europeo confía en que los países del norte del bloque acepten que el plan de recuperación preserve el tamaño de 750.000 millones de euros y la proporción de trasferencias (500.000 millones) y préstamos (250.000 millones) que sugirió la Comisión. Un plan, por cierto, que no olvida, pero sí deja un tanto de lado al campo. Malos vientos de nuevo para la agricultura.
Agroinformación.
 

-La Comisión Europea (CE) ha incluido entre las estrategias del Pacto Verde europeo, medidas para mejorar la capacidad de negociación de los precios del agricultor y del ganadero, o para fomentar la concentración de la oferta y el cooperativismo.
El Ejecutivo comunitario “se compromete” a presentar en 2021 y 2022 propuestas para mejorar la posición del productor en las relaciones dentro de la cadena alimentaria (agricultor, industria y sector minorista), en el marco del Pacto Verde y de la estrategia “De la Granja a la Mesa”, según ha afirmado el jefe de unidad adjunto de la Dirección General de Agricultura de la CE, Ricard Ramón.
El representante de la CE ha intervenido este lunes en un seminario web, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias, sobre la estrategia “De la Granja a la Mesa”, muy criticada por el sector agrario, porque eleva los requisitos ambientales, ya que plantea reducir el uso de fertilizantes, fitosanitarios o antibióticos y un incremento de la producción ecológica.
Ramón ha subrayado que dicha iniciativa tiene como objetivo “acelerar” la transformación hacia un modelo más sostenible, si bien asegura que por primera vez la CE refleja en sus documentos que dicha sostenibilidad también implica medidas para reforzar a los agricultores en la cadena alimentaria.
Por ello, la CE tiene la intención de recoger “ideas”, que ya debate el Parlamento Europeo, y “acelerar cambios” para evitar las prácticas comerciales desleales y plasmar dicha sostenibilidad en las normas de Competencia.
Bruselas también “se ha comprometido” a presentar propuestas legislativas para potenciar la cooperación en el sector primario, en 2021 o 2022.
El representante técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ignacio Atance, ha apuntado que en España ya se ha avanzado en modelos productivos más respetuosos con el medio ambiente y que “nada de lo que pone la estrategia es desconocido”. Por ejemplo, España ha progresado en los últimos años en agricultura ecológica o en la disminución de fitosanitarios.
En el marco del plan estratégico de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que el Gobierno diseña actualmente, habrá que afrontar “objetivos” como el freno de la erosión o el uso eficiente del agua, según Atance.
El presidente del comité que agrupa a las cooperativas comunitarias (Cogeca), Ramón Armengol, ha asegurado que la CE debería haber sido más cauta con la estrategia, pues la ha publicado “en el peor momento”, justo después de las movilizaciones agrícolas por los bajos precios y en medio de la pandemia.
Armengol y el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, han apuntado que “De la granja a la mesa” puede aumentar las diferencias de competitividad de la producción comunitaria respecto a países terceros.
Herrero ha señalado que la agricultura europea podría convertirse en una “isla” mientras que Armengol se ha preguntado si a las importaciones de Marruecos, Ucrania o Rusia se van a exigir los mismos requisitos ambientales que a las producciones comunitarias.
En este sentido, el representante de la CE ha asegurado que Bruselas estudiará la aplicación de sus exigencias verdes en sus nuevos acuerdos comerciales con países terceros. Sin embargo, ha añadido que hay que examinar en qué medida es posible porque, por ejemplo, la UE es deficitaria en piensos y sus ganaderos necesitan proveedores.
Agrodiario.com
 

-La humanidad produjo 36.000 millones de toneladas de CO2 a lo largo de 2019, aproximadamente 98 millones de toneladas al día. Es una escala sin parangón en la historia del planeta, y una que, marginalmente, crece cada año. ¿Es posible revertir el cambio climático dadas estas cifras? Sí, pero necesitaremos algo más que sustituir las fuentes contaminantes por otras renovables y sostenibles. Necesitaremos restar CO2.
Noruega se plantea hacerlo enterrándolo bajo el mar. El plan.
Lo desarrolla aquí Bloomberg: consistiría en capturar las emisiones producidas por una cementera y una planta de producción de energía; comprimirla y almacenarla temporalmente; cargarla en un barco; y trasladarla mediante profundos gaseoductos a cementerios sellados a 1.000 o 2.000 metros por debajo del nivel del mar. Allí pasarían centenares y centenares de años, ahorrando al planeta esas emisiones.
¿Viabilidad? Se trata de un planteamiento preliminar. Dado que el estado noruego acarrearía con la mayor parte de los costes, debe ser aprobado antes por el parlamento. Se votará en octubre. El plan obligaría a una inversión de más de €2.300 millones, de los cuales el gobierno financiaría el 80%. Tres compañías petrolíferas (Equinor, Total y Shell) participarán en la ejecución del proyecto, dada su experiencia en la materia.
Absorber CO2 es el negocio medioambiental del futuro. Y los inversores ya se han dado cuenta.
Muy caro. Es el principal problema del plan: las cifras son apabullantes. El borrador final supera sustancialmente el presupuesto inicialmente previsto. El propio gobierno lo considera "caro", repleto de "incertidumbres sobre sus beneficios" y "a fondo perdido". Cada tonelada métrica de CO2 enterrada en las profundidades marinas tendría un coste de $140, muy por encima de lo que Noruega tendría que pagar por emitirla bajo regulación europea.
Hay ventajas. La cuestión, como apunta su primera ministra, Erna Solberg, no es la rentabilidad. Sino la inversión a futuro: "El almacenamiento de CO2 nunca se ha considerado como algo socio-económicamente rentable. La cuestión es, ¿ofrece este proyecto el aprendizaje para desarrollar la tecnología en el futuro?". Traducido: a Noruega le puede interesar dilapidar €2.300 millones si a cambio se posiciona como una nación puntera en la materia y logra exportar su tecnología y conocimiento a buen precio.
Proyectos.
Otros países, como Reino Unido, ya han explorado proyectos similares. Capturar el CO2 y enterrarlo bajo el mar no es una solución sutil, pero sí efectiva a un problema, el de las emisiones, imposible de solucionar únicamente invirtiendo en renovables o coches eléctricos (donde Noruega, por cierto, es líder mundial). Tanto gobiernos como expertos son conscientes de la necesidad de crear "emisiones negativas", de restar CO2.
Un ejemplo muy prometedor es el de Climeworks, una empresa suiza que ha creado un succionador gigante de CO2. La planta lo absorbe, lo procesa y libera el aire limpio a la atmósfera, para después comercializar con el CO2 almacenado. Es un negocio potencialmente boyante. Sectores como la agricultura (invernaderos) o como las bebidas azucaradas (para carbonatar sus productos) pueden estar interesados en su CO2.
Inversión. Noruega quizá haya leído correctamente la dirección de la industria. Climeworks recibió hace pocos meses una ronda de financiación de €76 millones. Su objetivo ahora es desarrollar la planta de tal modo que sea capaz de almacenar 100.000 toneladas de CO2 para 2022. El parlamento noruego, de momento, podría tomarle la delantera, si acaso para enterrar el gas en un lugar, el lecho marino, donde plantee menos problemas.
Mohorte.
 

-Boris Johnson ha sido advertido de que la adopción de nuevos impuestos al carbono amenaza la recuperación económica y que serán una carga para las familias, los agricultores y las empresas, provocando una gran debacle electoral.
Los cabilderos y activistas ecológicos que conforman la autodenominada "Comisión de Cero Carbono", están proponiendo la introducción inmediata de impuestos sobre el carbono en sectores clave de la economía, varios de los cuales no se han visto profundamente afectados por las políticas climáticas. Por ejemplo, los niveles propuestos del impuesto sobre el carbono pondrían alrededor de £ 3 mil millones al año en las facturas nacionales de calefacción de gas y petróleo, exacerbando un problema, ya muy grave, de pobreza y escasez de combustible.
El sector de la electricidad, donde los subsidios ecológicos a las energías renovables ya cuestan a los consumidores más de £ 10 mil millones al año, tendría una carga impositiva sobre el carbono de alrededor de £ 2.5 mil millones por año, eliminando cualquier ahorro posible de abandonar la UE y su Plan de Comercio de Emisiones. Para más “inri”, la "Comisión de Cero Carbono", sugiere que estos nuevos ingresos, por impuestos al carbono, deberían usarse para pagar la reanudación de los subsidios a los nuevos generadores renovables, mintiendo además con la afirmación, ampliamente difundida, de que ahora, las energías renovables son económicamente viables sin necesidad de subsidios adicionales.
Hasta ahora, las políticas climáticas se han alejado de la agricultura, pero los impuestos a los gases de efecto invernadero propuestos por la Comisión costarían a los agricultores del Reino Unido aproximadamente £ 300 millones al año, agricultores que también perderían, la exención de impuestos sobre el combustible para el diesel rojo. Con asombroso cinismo, la "Comisión" señala que todos estos costos y cargas en el suministro nacional de alimentos "podrían pasar a los consumidores, creando mayores incentivos para adoptar dietas bajas en carbono".
La industria y el comercio también se verían afectados, ya que el consumo de gas de las PYME se vería afectado también por vez primera. La carga total para los usuarios comerciales no intensivos en energía sería de alrededor de £ 2 mil millones al año.
Por ello, el Dr. Benny Peiser, director del Foro de Política de Calentamiento Global, GWPF, dijo:
"Dado que esta propuesta fue elaborada por una empresa de relaciones públicas, es posible que sea política, pero este esquema de impuestos al carbono supone una gran carga para los hogares y las empresas. Adoptar, estas nuevas medidas, sería un suicidio político para cualquier gobierno, especialmente el gobierno de Boris Johnson mientras lucha para restaurar la economía. Probablemente parecía genial en una cena en Islington; no funcionará tan bien en los distritos electorales del Muro Rojo ".
GWPF.
 

-La Comisión Europea ha adoptado el paquete complementario de medidas de apoyo al sector del vino anunciado hace unas semanas. Entre ellas figura una excepción temporal a las normas de competencia de la UE que permitirá a los operadores del sector auto-organizarse y aplicar medidas de mercado para estabilizar el sector durante un período máximo de seis meses.
En virtud de esta excepción, los operadores podrán, por ejemplo, planificar actividades conjuntas de promoción, organizar el almacenamiento y planificar conjuntamente la producción.
El paquete de medidas incluye asimismo un incremento de la contribución de la Unión Europea a las acciones recogidas en los programas nacionales de apoyo al sector del vino. Dicho aumento será del 10% para todas las medidas de los citados programas, con lo que alcanzará el 70% (la Comisión ha recordado que una decisión anterior ya había incrementado esa aportación comunitaria del 50% establecido al 60%).
Por último, se permitirá a los Estados miembros abonar anticipos a los operadores para las operaciones en curso de destilación y almacenamiento en casos de crisis. Estos anticipos pueden cubrir hasta el 100% de los costes y permitirán a los Estados miembros utilizar plenamente los fondos de su programa nacional de apoyo para este año.
Bruselas ha recordado que el sector vitivinícola ha sido uno de los más afectados por la crisis generada por la epidemia de coronavirus debido a los rápidos cambios en la demanda y al cierre de restaurantes y bares en toda la UE, que no se ha visto compensado por el consumo interno.
Agropopular.
 
 

-Motril tendrá su tractorada. Pese a que la reivindicación quedó en stand by por culpa del coronavirus -estaba prevista que se celebrase a finales del pasado mes de marzo-, la marcha del sector agrícola se va a llevar a cabo en la Costa de Granada. Eso sí, aún queda pendiente conocer cuándo será la fecha fijada en el calendario para que la movilización para reclamar precios justos, la eliminación de aranceles y la regulación de las importaciones de la Unión Europea se celebre, como estaba previsto, en el Puerto de Motril.
La organización Asaja ha anunciado que retomará las movilizaciones en Motril, así como también en Algeciras, tras analizar las últimas propuestas planteadas por las administraciones. Si bien, y aunque la fecha aún se desconoce, ambas movilizaciones -tendrían que haberse celebrado el 19 de marzo en la Costa granadina y el 12 de marzo en la gaditana- se llevarán a cabo cuando "haya las suficientes garantías sanitarias para su celebración".
Según Asaja, la situación insostenible que el sector venía soportando por la baja rentabilidad de sus productos en nada ha mejorado y solo "viene de cara" la mayor conciencia social de la problemática que arrastra, con desequilibrios en la cadena del valor de los productos, especulación de la gran distribución, constantes incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios de la UE con terceros países y aranceles que gravan las producciones.
También rechaza los recortes presupuestarios de la Política Agraria Común, el incremento de las exigencias burocráticas y unas políticas regresivas que ponen en peligro la independencia agroalimentaria de la UE. Algo que llevan reclamando desde hace meses, como se vio a finales de febrero con la masiva tractorada que se llevó a cabo en Granada y que puso en jaque la movilidad de una ciudad enjaulada con cortes en la A-44 en ambos sentidos que alargaron el enorme caos de tráfico desde el amanecer hasta la noche.
GranadaHoy.
 

-Un grupo de 60 eurodiputados, entre los que se encuentran los españoles Juan Ignacio Zoido (PP), Adrían Vázquez (Cs) e Izaskun Bilbao (PN), criticaron este martes 7 que la estrategia europea para una agricultura sostenible de la Comisión Europea vaya a aplazar las ayudas al sector «hasta 2023».
En una carta enviada al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, los eurodiputados critican que las ayudas destinadas al desarrollo rural del fondo de recuperación tras la crisis del coronavirus estén «condicionadas» a la entrada en vigor de los planes estratégicos acordes a los compromisos medioambientales del Pacto Verde, con el que Bruselas quiere lograr una economía neutra en emisiones de CO2 en 2050.
Esto, según los europarlamentarios, hará que las ayudas al sector agrícola no se inyecten hasta el ejercicio de 2023.
Entre los objetivos medioambientales más ambiciosos de la Comisión está la estrategia «De la granja a la mesa«, que plantea que para 2030 el 25% de la superficie agraria total de la Unión Europea sea ecológica y que el uso de fertilizantes se reduzca al menos en un 20% y el de fitosanitarios en un 50%, entre otras cuestiones.
Todos los Estados miembros apoyan el objetivo de avanzar hacia una producción agrícola más sostenible, pero alertan sobre el riesgo de que esa transición perjudique la competitividad del sector europeo.
En este sentido, el eurodiputado Adrián Vázquez subrayó en un comunicado emitido este martes por Ciudadanos que «la UE está perdiendo la oportunidad de ayudar a los agricultores cuanto antes y evitar muchas posibles quiebras al aplazar las ayudas».
Vázquez opinó que los acuerdos de la PAC ahora vigentes «ya contienen herramientas suficientes para comenzar a preparar a los agricultores para la transición ecológica a partir de 2021», por lo que, a su parecer, «no es necesario esperar hasta la adopción de los nuevos planes estratégicos».
Por ello, los eurodiputados firmantes de la carta han solicitado al comisario Wojciechowski que haga «todo lo posible» para encontrar una solución en las negociaciones del próximo presupuesto plurianual 2021-2027, ya que creen que, aunque las disposiciones financieras propuestas son «más ambiciosas que las anunciadas en 2018, no compensan la reducción del apoyo en comparación con el período actual».
Agroinformación.
 
-El año 2020 comenzó con protestas y tractoradas de los productores españoles, que exigían, por enésima vez, precios justos para el campo en un sector clave y calificado de “esencial” por el Gobierno durante el estado de alarma por la crisis de la COVID-19.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, se comprometió a cambiar las reglas de juego comerciales para conseguir de una vez por todas “una cadena alimentaria más justa, más equilibrada y que forme valor en cada uno de sus elementos”.
Y es que esta normativa española, que fue una de las principales inspiraciones de la directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales agroalimentarias, no ha corregido las asimetrías existentes en el poder de negociación de los distintos eslabones de la cadena, sobre todo del primario.
El pasado 26 de febrero el MAPA publicó el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia agrícola y alimentaria que reformaba de forma puntual la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013 por la entonces ministra Isabel García Tejerina. En su preámbulo, Agricultura reconoce que en los últimos meses de 2019 y los primeros de este año había una “caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos”, tensiones comerciales en los mercados internacionales y una “volatilidad de las cotizaciones de las materias primas”.
Según el MAPA, “la Renta Agraria de 2019 descendió un 8,4 % tras un año de estancamiento en 2018” en un periodo con un “incremento de los costes de los insumos agropecuarios, como la energía”, y una “mayor frecuencia de daños por los efectos del cambio climático”. Una de sus aportaciones ha sido que, a partir del 26 de agosto, será de obligado cumplimiento la inclusión de un cálculo del “coste efectivo de producción” de cada alimento fresco o transformado en los contratos, en cualquier eslabón de la cadena, para que el precio final de compraventa nunca se sitúe por debajo de él.
“No es una opción, es una obligación legal”, afirmaba Planas a finales de junio al defender en el Pleno del Congreso que los costes de producción sean a partir de ahora la base para la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario.
                    Opiniones dispares en la producción.
Asaja, UPA y COAG, convocantes de las movilizaciones de enero y febrero, han valorado en líneas generales la respuesta legislativa del Ejecutivo a su demanda de precios justos, que sin embargo no ha sido tan bien acogida por otras organizaciones de sectores como el hortofrutícola, el aceite de oliva o la aceituna.
Fuentes de los servicios técnicos de Asaja han considerado “de justicia” que los precios estén siempre por encima de los costes de producción; en COAG creen que “sin esta nueva norma, el comprador impone su precio de compra”, y en UPA, que la reforma permitirá la fijación de precios de “de abajo a arriba” y no como hasta ahora.
Cooperativas Agro-alimentarias de España no ha querido hacer una valoración de la reforma de febrero -que también regula las promociones comerciales de alimentos- pero sus representantes en Andalucía consideran que obligar a vender por encima de costes de producción puede conllevar “más perjuicios que beneficios”.
“Puede ser el fin de las explotaciones menos rentables o el remplazo de los productos españoles por otros más competitivos en los mercados interiores y exteriores, como ocurre en España con el tomate marroquí”, han puesto como ejemplo.
En Asemesa han asegurado que el Gobierno no ha calculado “el impacto de ese precio de referencia” en sectores con alta vocación exportadora como el de la aceituna de mesa, que vende fuera de España el 80 % de su producción.
El director de la federación de frutas y hortalizas Fepex, José María Pozancos, no ve problemas siempre que el precio de mercado esté por encima del coste efectivo de producción, pero opina que en situaciones de crisis y con una demanda de mercado exterior donde no existe ese requisito, la ley será “inaplicable”.
En Almería, el gerente de la asociación de productores-exportadores hortofrutícolas Coexphal, Luis Miguel Hernández, no rechaza la ley, pero sí pone en duda su aplicabilidad ya que desde su punto de vista necesita un “desarrollo normativo más completo”.
Tanto Fepex como Coexphal prefieren un modelo como el de Francia, donde no se imponen precios, si no que se recomiendan, y hay un régimen de precio post-venta por si los de mercado son inferiores a los resultantes de marcar el coste de cada eslabón en determinados momentos.
El MAPA quiere finalizar en octubre la segunda y última fase de la reforma de la Ley de la Cadena 12/2013 con la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, que ampliará el abanico de infracciones y protegerá a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales.
Valencia Fruits.
 
 
-La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, ha mostrado su decepción tras la reunión mantenida a través de videoconferencia con el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero y con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), representada por su directora Gema Hernández e inspectores de la misma, sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, al considerar que es inaplicable y aprovecho para pedir una moratoria sobre la aplicación de la nueva ley,
Su gerente, Luis Miguel Fernández, agradeció su disposición y talante para aclarar todas las cuestiones planteadas, sin embargo, “a pesar de haber reconocido las dificultades y los posibles errores cometidos, se sigue manteniendo una ley que es inaplicable, ha afirmado. A su juicio “el establecimiento de precios mínimos ligados a los costes de producción de productores y empresas de comercialización conduce a la indefensión y a la pérdida de competitividad, beneficiando a los competidores exteriores”.
COEXPHAL cree, al igual que Hortiespaña, como consecuencia del traslado de la directiva europea de “prácticas abusivas comerciales” a la normativa nacional de la ley de la cadena española, que existe una buena oportunidad para conseguir un consenso para la aplicación de dicha ley, como ocurre en otros países europeos como Francia.
Actualmente, COEXPHAL está preparando las oportunas alegaciones a la propuesta de modificación que se encuentra en trámite de audiencia hasta el 22 de julio. Por lo tanto, se espera un periodo de negociaciones con las diferentes asociaciones y organizaciones agrarias nacionales para consensuar esta reforma de ley para llevar al Congreso de los Diputados el próximo otoño.
PIDEN UNA MORATORIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY PARA ABRIR UN DEBATE SOSEGADO
Advierte Fernández que “la ley en cuestión aún no ha sido consultada a la Comisión Nacional de la Competencia”, el organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional. La consulta a este organismo puede ser importante para determinar el cumplimiento de la legalidad en los intercambios comerciales en un mercado abierto.
Por otro lado, COEXPHAL, apoya la propuesta realizada por el presidente de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora, en la reunión de ayer, de aplicar una moratoria sobre la aplicación de la nueva ley, lo que propiciaría un escenario de normalidad, que atajaría la indefensión actual y permitiría el debate sosegado entre todos los agentes implicados en busca de una ley efectiva para el sector más importante en estos momentos para la economía de España.
El responsable de la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas ha advertido sobre la inseguridad jurídica que invade a los agentes de la cadena en este momento. Por eso considera que dejar sin efecto transitoriamente el Decreto Ley aprobado en febrero puede ayudar a arrojar luz sobre un asunto clave para el futuro de un sector estratégico para España y Europa.
Desde la AICA se ha reconocido que la crisis provocada por el coronavirus ha dificultado las relaciones con el sector, impidiendo dar los pasos necesarios para comunicar requisitos y criterios de la ley como les hubiera gustado hacerlo. De hecho, se cancelaron las comunicaciones aclaratorias por parte de la AICA en Almería el pasado día 17 de marzo para este fin.
Según han comunicado a los participantes en el encuentro virtual, el objetivo principal será escuchar a todas las partes afectadas, de forma que la nueva regulación sea de utilidad para todos los protagonistas del sector. Por lo tanto, es una oportunidad para consensuar una ley que afecta a toda la cadena alimentaria española y que necesita de consenso para mantener la competitividad de la horticultura española en lo más alto.
Agroinformación.
 
-El mes de junio de 2020 fue en conjunto normal, con una temperatura media sobre España de 21,0ºC, según el balance climático elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta cifra se sitúa 0,1ºC por debajo de la media de este mes y se ha tratado del vigesimonoveno junio más frío desde el comienzo de la serie en 1965 y el quinto más frío del siglo XXI.
Aemet.
 

-El Ministerio de Agricultura acaba de ultimar su proyecto de Real Decreto acerca de la Norma de Calidad de los aceites de oliva. Tras haber realizado dos procesos de alegaciones en el conjunto del sector, el documento final recoge dos modificaciones importantes y que han sido muy demandadas por parte de algunos operadores:
• Queda prohibida la comercialización de los aceites de oliva virgen extra en recipientes de plástico en el canal de comercio minorista. Un matiz que abre la puerta a que las almazaras, tanto industriales como cooperativas, puedan comercializar sus AOVE en garrafas y botellas de litro en PET.
Respecto a las obligaciones específicas de las instalaciones el proyecto final del RD recoge que:
* Las almazaras, las refinerías y las extractoras de aceite de orujo de nueva creación deberán estar ubicadas de manera independiente. En ningún caso, podrán estar conectadas por conducción alguna.
* Las almazaras, las refinerías y las extractoras de aceite de orujo de nueva creación deberán estar debidamente aisladas o separadas de cualquier otra industria o local ajeno a sus cometidos específicos y, en particular, de los dedicados a la producción, transformación, almacenamiento a granel y envasado de grasas animales o vegetales y de grasas y aceites industriales o minerales.
* Estarán exceptuadas de las obligaciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las almazaras, las refinerías y extractoras de aceite de orujo que ya estuvieran en funcionamiento a la entrada en vigor de esta norma.
Con estas excepciones se facilita a un buen número de empresas nacionales que engloban en una misma estructura su actividad de extracción, refinación y envasado de aceites.
A partir de ahora el gobierno de España trasladará a Bruselas, a través de un procedimiento de consulta, dicho documento que deberá de ser evaluado por los distintos estados miembros; un proceso que puede durar unos tres meses. Finalmente regresará a España y tendrá que ser aprobado por el Consejo de Estados. La idea del Ministerio es que dicho reglamento entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Olimerca.

¬-Crisis climática: el tiempo se agota para frenar el calentamiento del planeta
Un estudio señala que una reducción significativa de ciertos gases, como el CO2, tardaría décadas en producir efectos en la temperatura del planeta.
Una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero podría tardar decenios en producir efectos detectables en la temperatura global, según advierte un estudio publicado este martes la revista Nature.
Este trabajo, desarrollado por el Centro Internacional de Investigación del Clima de Oslo, en Noruega (CICERO, sus siglas en inglés), insta a "gestionar las expectativas" en este área, pues sus resultados sugieren que cualquier medida encaminada a mitigar la crisis climática exige compromisos a largo plazo.
Aunque existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de reducir las emisiones antropogénicas para frenar el calentamiento global, no se puede detallar la escala de tiempo durante la que ocurrirán los cambios atmosféricos deseados, exponen los autores del estudio.
En ocasiones, observan, los debates públicos están marcados por asunciones sobre la inmediatez de las medidas de mitigación, pero el propio sistema climático se encarga de "ocultar" cualquier reacción a cambios abruptos a corto plazo. Estudios anteriores han analizado esta cuestión en relación con la emisión de dióxido de carbono (CO2), pero se conoce menos la respuesta de la naturaleza a otros gases de efecto invernadero.
Temperatura global
En este sentido, los expertos del CICERO, liderados por el científico Bjørn Samset, analizaron los efectos que provocaron en un modelo climático las reducciones abruptas de emisiones de varios gases, como CO2, metano y carbono negro. Al examinar los diferentes escenarios imaginarios, comprobaron que los tiempos resultantes no pueden interpretarse como predicciones, pero ofrecen una aproximación a las escalas temporales sobre las que los cambios serán detectables.
En este sentido, constataron que una reducción significativa de ciertos gases, como el CO2, el óxido nitroso o algunos aerosoles, tardaría décadas en producir datos estadísticos computables sobre su efecto en la Temperatura Superficial Global Media (GMST, sus siglas en inglés). A pesar de que no detectaron respuestas medibles a corto plazo, los autores destacan que la mitigación de las emisiones de los citados gases contribuye a rebajar el calentamiento en escalas temporales más largas.
En consecuencia, subrayan que la ausencia de efectos visibles a corto plazo en la GMST no debe servir como excusa para no acometer cambios inmediatos, pues recuerdan que estos necesitan tiempo para ser eficaces.
Agencias.
 
-El Gobierno de España planteará una serie de líneas rojas en la negociación que los 27 líderes de la Unión Europea mantendrán el próximo viernes y sábado en Bruselas para intentar cerrar el fondo de reconstrucción tras las modificaciones propuestas este viernes por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La gobernanza de las ayudas vinculadas al coronavirus y que las partidas de la PAC no se vean rebajadas son, entre otros, algunos puntos sobre los que peleará el presidente Pedro Sánchez.
El fondo de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión en mayo fue validado este viernes por el Consejo con algunas modificaciones en la letra pequeña. Se mantiene su tamaño, pero cambian detalles de la gobernanza, la condicionalidad y los criterios de asignación y reparto. El presupuesto comunitario, cifrado en un primer momento en 1,1 billones de euros, se reduce de forma simbólica hasta los 1,074 billones, un 2% menos.
Según la última propuesta de Michel, el acceso al dinero, vinculado desde el primer momento a reformas de tinte verde y digital, estará supeditado ahora a la mayoría cualificada del organismo, es decir, de los propios Estados miembro. Habrá, por lo tanto, mayor fiscalización de unas capitales a otras, para así controlar que los presupuestos se gastan en lo que decidan la mayoría. Esta medida ya existía en el primer diseño, pero ahora los socios tienen algo más de poder que en un primer momento, cuando el grueso de la decisión recaía en Bruselas.
En relación a la gobernanza, han explicado este viernes fuentes del Gobierno en un encuentro con los medios, "buscamos un equilibrio entre la consulta y participación de los Estados miembro, porque es legítimo que los socios quieran saber en qué quieren gastar el dinero las capitales, y la efectividad y eficiencia en todo el proceso".
El Ejecutivo aún tiene que estudiar a fondo los detalles del nuevo plan lanzado este viernes por Michel, pero lo que está claro, recalcan estas fuentes, es que "España no va a aceptar una Troika en el proceso de aprobación de los planes ni en su gobernanza". "Sí nos sentimos cómodos con que la asignación de los fondos esté vinculada al Semestre Europeo. No nos preocupa una participación del Consejo siempre que se garantice que una vez que se aprueben los planes haya agilidad. Lo que no aceptaremos es que un país pueda vetar".
Las decisiones en el Consejo se toman por unanimidad, han recordado estas fuentes, pero hay que tener en cuenta que en una situación tan crítica como la actual "ningún país debería vetar los planes de ningún socio". Para el Gobierno, por lo tanto, “no es aceptable” que se exija una unanimidad con la que las capitales traten de imponer reformas que no tengan que ver con los objetivos marcados. Esa unanimidad, además, implica en la práctica la capacidad de veto por parte de uno solo de los socios.
Otro de los puntos vitales es la cantidad del fondo de reconstrucción, de 750.000 millones (500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en préstamos). En esta línea, las mismas fuentes han dejado claro que España no va a aceptar ninguna rebaja. En un principio, "pedíamos la movilización de 1,5 billones. Los 750.000 millones de euros ya nos parecen una cifra que no puede reducirse".
España también va a defender que no haya recortes en la PAC o la cohesión, dos políticas, como tantas otras, que dependen de las asignaciones del presupuesto comunitario para 2021-2027 (1,074 billones de euros según la última propuesta de Michel). En concreto, España mira a la Política Agrícola Común (PAC), un "pilar esencial para la transición ecológica y un punto muy importante de la negociación", han señalado estas fuentes. El Gobierno no quiere hablar de líneas rojas, pero sí considera la política agrícola "un pilar vital" de la negociación.
Pinchazo del Eurogrupo
El pinchazo de ayer de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, para presidir el Eurogrupo, el órgano informal que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Zona euro, no afectará a la negociación del fondo de reconstrucción ni al equilibrio de fuerzas entre los países, sostienen las fuentes gubernamentales, que han recalcado que el trabajo de Calviño fue "impecable", y que se quedó a solo un voto de obtener la mayoría tanto en la primera como en la segunda ronda. Estas fuentes han recalcado, además, que el fondo lo tendrán que sacar adelante los 27 países de la UE, mientras que en el Eurogrupo solo jugaban los 19 socios que comparten la moneda única.
Batería de visitas
La semana que viene, días antes de la reunión presencial en Bruselas, el presidente del Gobierno se reunirá con las voces cantantes del grupo de los cuatro frugales (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria) para intentar allanar el camino de la negociación.
El lunes, Sánchez se reunirá en La Haya con el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien lleva la voz cantante en el grupo de los austeros, y uno de los líderes más críticos con las cantidades del fondo de reconstrucción y el peso de las transferencias directas (500.000 millones de euros, dos tercios del paquete). Rutte, además de bajar las partidas totales, propone que las ayudas se destinen en forma de créditos a devolver.
El martes, después de reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, quien se ha convertido en estas semanas en una importante aliada del Gobierno de España y sus intereses, Sánchez se reunirá con el primer ministro sueco, Stefan Löfven. "Vamos a ver a Países Bajos y Suecia para intentar convencerles de que la recuperación es vital para la supervivencia del mercado interior. El fondo es necesario para garantizar la estabilidad financiera de la unión monetaria y del mercado único. El fondo es bueno para nosotros, pero también para ellos", recalcan estas fuentes.
Cinco Días.