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Semana del 15 al 24 de noviembre de 2020.

No saben lo que dicen y encima tratan de legislar

Seguimos en la "nube", en esta ocasión en una nube generada por la Comunidad Castellano Manchega y su proyecto de "Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento". "Hace ahora un año, el Gobierno de Castilla-La Mancha sometía a consulta pública la que entonces venía a denominarse Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento.
Actualizado 26 noviembre 2020
Redacción Agrolibre
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La razón es que más del 90% de la geografía regional es rural, más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo nueve sobrepasan los 30.000 habitantes.
Frenar la despoblación en una de las regiones de España donde más se ha vaciado el medio rural era y sigue siendo el objetivo de la que ahora se denomina Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. De la norma ya hay un borrador y hasta el próximo 4 de diciembre se podrán presentar observaciones, sugerencias o alegaciones a un texto normativo que se encuentra en fase de anteproyecto”.
Y decimos que seguimos en la “nube” porque pocas veces habíamos leído un Proyecto de Ley más hipotético e inasumible. Lean por favor la Nota adjunta de El Diario.es y vean lo quimérico de las propuestas contenidas en el Proyecto.   
Lo único que queda meridianamente claro es que de salir adelante el proyecto se incrementará la acción pública, se crearán nuevos chiringuitos oficiales para los afiliados y por supuesto se intentará saquear al ciudadano castellano-manchego.
Porque vean ustedes lo que nos dicen cuando comentan la financiación del Proyecto. 
“La norma también recoge expresamente cómo será la financiación de las medidas para el desarrollo del medio rural y contra la despoblación. No solo se espera hacerlo con fondos propios o nacionales sino con los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros instrumentos de financiación de la Unión Europea. Y no solo eso, también se recogen medidas tributarias especiales para quienes vivan en las zonas rurales. Es una de las “novedades” de esta norma, según los propios redactores del texto y afectarán tanto a los tributos propios de la comunidad autónoma como a los cedidos. En el caso de estos últimos, la intención es establecer deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas además de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Para la gobernanza de toda la planificación en torno a la despoblación está previsto crear el Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación al que se incorporarán los actores económicos y sociales más representativos”.
Qué se va a poder sacar de municipios de menos de 500 ciudadanos… … ¡Ustedes mismos!

Los cultivadores de tabaco han pedido este lunes 16 el apoyo de toda la sociedad extremeña para intentar que la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) “no acabe” con un sector estratégico en la región del que viven más de 4.000 familias y para el que, aseguran, no hay alternativa real.
Los tabaqueros han explicado que, si este cultivo no se incluye en el Plan Estratégico de España para la aplicación de la nueva PAC, el sector podría perder el 50% de las ayudas, unos 14 millones de euros, y estaría en riesgo de desaparecer. Ante esta situación y como medida de presión, los agricultores han decidido que esta semana no entregarán tabaco a las industrias transformadoras.
Y… … ¿les parece según nos dicen en la NOTA publicada que, cada familia tabaquera extremeña, tenga aún una ayuda anual de 7000 euros? A nosotros no, seguimos sin entender las ayudas a la producción de tabaco y la permanente prohibición a fumar por parte de los gobiernos europeos. ¡Una cosa u otra!

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han mostrado este lunes su malestar por los comentarios hechos recientemente por el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, que abrió la puerta a retirar propuesta legislativa para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) por considerar que no es lo suficientemente 'verde'. Los titulares del ramo se han mostrado "bastante irritados" por las palabras del holandés en la reunión por videoconferencia que han mantenido este lunes, según ha expresado en una rueda de prensa la ministra alemana Julia Klöckner, que ha presidido el encuentro porque Berlín ostenta la presidencia de turno de la UE hasta que finalice el año.
"No lo podemos aceptar sin más, desde el punto de vista intelectual ni siquiera es correcto", ha subrayado Klöckner durante la rueda de prensa, en la que también ha reivindicado que la posición negociadora de los Veintisiete con el Parlamento Europeo es incluso más ambiciosa desde el punto de vista medioambiental que la propuesta original de Bruselas. "La calificaba como un paso atrás y, si comparamos con el statu quo (con la PAC vigente), eso es erróneo", ha continuado la alemana, quien además ha señalado que todos los Estados miembros han sido "muy claros" al respecto.
Nos parece muy bien el cabreo que se ha generado, pero nos tememos que, con el Pacto Verde, el sector agrario, se pongan sus dirigentes como se pongan, tiene todas las de perder. Vamos hacia un bucolismo horaciano, impropio del siglo XXI.

“Los fondos europeos que recibirá España para salir de la crisis del coronavirus podrían crear cerca de 859.000 empleos directos e indirectos en un año con inversiones verdes en ámbitos como la energía, el transporte sostenible o la rehabilitación energética. Así se recoge en el informe “Reconstruyendo el futuro: Un Green New Deal para España”
A España le corresponden cerca de 140.000 millones del paquete de recuperación de la UE. El informe propone invertir 42.818 millones de euros públicos y privados en ámbitos relacionados con la transición ecológica, que supondrían crear 859.185 empleos. Muchos de esos puestos de trabajo serían en rehabilitación energética de edificios (114.280), promoción de energías renovables (114.741) e infraestructuras de depuración de agua (114.280).
"Para que los españoles podamos tener una buena vida que a la vez respete los límites ecológicos de nuestro planeta es necesario que empecemos a hacer ya todas las inversiones en los ámbitos de las renovables, el transporte, la rehabilitación energética o la agricultura que puedan hacer posible esa buena vida".
O sea que los 140.000 millones de euros procedentes de la UE que, al parecer, nos corresponden a los españoles los vamos a dedicar fundamentalmente a la rehabilitación energética de edificios y a la promoción de nuevas energías renovables… … pues que bien verdad. Y todo con la falacia, con el nuevo subterfugio de que así, crearemos exactamente 895.000 nuevos empleos y si luego no es así… … ¿Recuerdan ustedes que con el fomento de los bioetanoles se iban a crear más de 1.000.000 millones de empleos… y luego todo quedó en que se tiraron más de 8.000 millones de euros y que nadie respondió de nada? Pues apliquémonos el cuento, objetivos así ya los hemos sufrido recientemente.
Los ecologetas vuelven a tomar las primeras posiciones de salida.

Noticias.
-Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha: blindar el acceso a los servicios públicos, ayudas para retornar al pueblo o tributos especiales.
Hace ahora un año, el Gobierno de Castilla-La Mancha sometía a consulta pública la que entonces venía a denominarse Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento.
La razón es que más del 90% de la geografía regional es rural, más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo nueve sobrepasan los 30.000 habitantes.
Frenar la despoblación en una de las regiones de España donde más se ha vaciado el medio rural era y sigue siendo el objetivo de la que ahora se denomina Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
De la norma ya hay un borrador y hasta el próximo 4 de diciembre se podrán presentar observaciones, sugerencias o alegaciones a un texto normativo que se encuentra en fase de anteproyecto.
Entre los primeros esbozos del texto normativo del otoño de 2019 y el actual han pasado muchas cosas y no solo nos referimos a la irrupción de una pandemia global.
De hecho, durante los meses del confinamiento hay quien apuntaba que lo rural saldría reforzado tras la crisis sanitaria como “referente de lo perdido". Otras voces sacaban los colores a la realidad de vivir un confinamiento e intentar teletrabajar en el medio rural con un sistema de “internet a pedales”.
Más allá de estas cuestiones, en las Cortes regionales se ha celebrado durante todo este tiempo una Comisión no permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación. Por ella han pasado 46 ponentes en 12 sesiones y se espera que a finales de este mes de noviembre se publiquen las conclusiones.
Se clasifican los tipos de zonas rurales.
Entre tanto, la norma regional avanza y más allá de las claves iniciales del proyecto legislativo ahora se vienen a concretar algunos de sus aspectos. Se le ha cambiado hasta el nombre.
Por ejemplo, la ley definirá cuáles son los criterios y cómo queda delimitado lo que podemos definir como medio rural.
Además, se establece una clasificación de los tipos de zonas rurales de la región: las escasamente pobladas, las que están en riesgo de despoblación, las zonas rurales intermedias y las zonas rurales periurbanas.
‘Perspectiva de impacto demográfico’ que se reflejará en la memoria de los Presupuestos anuales.
En la norma también se quiere dejar claro cuáles son las competencias del Gobierno regional. No solo marcar las pautas de la política, sino su papel de “sensibilización social”.
Y sobre todo introduce lo que podríamos definir como ‘perspectiva de impacto demográfico’. Es decir, una vez aprobada la ley, los planes y actuaciones del Gobierno regional deberán incorporar “un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación”.
Eso incluye considerar esta cuestión en los presupuestos regionales que deberán llevar en su memoria el detalle del gasto individualizado sobre políticas activas de lucha contra la despoblación.
Esas políticas activas, se traducen tanto en dos instrumentos de planificación, que son en realidad dos estrategias diferenciadas. Por un lado, la Estrategia Regional frente a la despoblación (ERD) y por otro la Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR).
¿Qué principios regirán las políticas públicas para lograr estos objetivos? La norma dedica todo un capítulo a este aspecto.
Se potenciará tanto la colaboración Institucional como la contratación pública, habrá ayudas y subvenciones públicas específicas, se apostará por el empleo público, la simplificación normativa y administrativa, la administración digital, la seguridad ciudadana y la colaboración público-privada entre otros.
Una “ordenación territorial del servicio público educativo”
La norma aspira a favorecer un “carácter transversal” en las actuaciones y a ser garantista para la ciudadanía del medio rural.
Una de las características más notables de la norma es su intención de garantizar el acceso a los servicios públicos en las zonas rurales. ¿A qué se refiere? La ley habla de blindar el acceso a la Educación Pública incluyendo una “ordenación territorial del servicio público educativo”, sin especificar cómo. También recoge la necesidad de estabilizar y mejorar las plantillas docentes de forma que se atraiga a nuevos habitantes.
Por otro lado “se garantizará la apertura de colegios rurales, donde se imparten clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos y alumnas”. De forma excepcional se podrán mantener abiertos colegios con menos alumnado para fijar población.
También se fija el compromiso de una red de comedores escolares y aulas matutinas adaptados a la realidad de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
Además, se implementará la figura del contrato programa de formación, para el alumnado con estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria. Será compatible con otras becas de ayuda al estudio. También se adecuará la oferta de Formación Profesional en las zonas rurales.
La sanidad en el medio rural: puntos de atención continuada y helicópteros sanitarios.
Uno de los debates durante este año 2020 debido a la pandemia se ha centrado en el acceso a la Sanidad en el medio rural. La Plataforma nacional ‘La España Vaciada’ ha venido reclamando un nuevo modelo sanitario en este ámbito sin restar ni derechos ni servicios.
La futura norma castellano-manchega recoge la “garantía” de la Atención Primaria y de unos servicios sanitarios adecuados al medio rural, así como el acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias.
Dice garantizar las citas y la coordinación de horarios, el acceso a los medicamentos y la incorporación de un programa de avances tecnológicos en la atención médica en el ámbito rural.
Una de las novedades será crear una red de puntos de atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se encuentre a menos de 30 minutos de aquellos durante las 24 horas del día. O garantizar un servicio de helicópteros sanitarios “las 24 horas del día” que alcance a todos los núcleos de población de la región.
Y si hablamos de servicios socio-sanitarios, pocas novedades al menos en la formulación inicial de la norma. De no introducirse modificaciones habría que esperar a su desarrollo reglamentario para saber en qué se traduce.
El transporte público en el medio rural será “sensible a la demanda”.
En este apartado la ley contempla establecer un “un sistema de transporte sensible a la demanda que tenga la máxima cobertura para la población a un precio asequible”, más allá de que pueda existir transporte regular de viajeros.
En las zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación y zonas rurales intermedias, la idea, una vez implantado el transporte sensible a la demanda, se adaptarán “los contratos de concesión de servicio público regular de uso general de personas viajeras en cuanto a las rutas, calendarios y horarios”.
Además, la Junta promoverá la implantación de un sistema tecnológico y telefónico de pre-contratación que garantice la reserva de las plazas, así como la gestión y control de incidencias, y de información a tiempo real de los servicios.
Un programa de Retorno del Talento Interno o lo que es lo mismo ‘volver al pueblo’.
La norma contempla muchas medidas orientadas a la cohesión social, económica y territorial de la región.
Una de ellas es el desarrollo del Programa de Retorno del Talento Interno. La idea es facilitar a las personas con titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad, que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en nuestra región, el retorno a las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional
Otros de los aspectos novedosos tienen que ver con el apoyo a la comercialización de los productos forestales de la región, a la bioeconomía o el acceso a Servicios Bancarios en el Medio Rural.
En este último aspecto, la norma indica que las administraciones públicas de Castilla-La Mancha “podrán suscribir acuerdos con las entidades financieras para facilitar el acceso a los servicios financieros de las personas que viven en el medio rural”.
También se habla de fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en el medio rural y de crear “un centro que coordine la investigación sobre despoblación, los retos demográficos y las oportunidades en el medio rural”.
Además, recoge el impulso a las energías renovables en la agricultura, ganadería y el sector forestal. La ley llega a hablar de fomentar la participación de los agricultores y las agricultoras en la cadena de valor, aunque sin más detalles.
Para los emprendedores, se quiere crear un sistema de complemento a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la Administración General del Estado, si se implantan en zonas despobladas.
Se creará una Oficina de Fomento de la Vivienda rural.
Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas que viven en el medio rural, se creará una Oficina de Fomento de este tipo de viviendas y también habrá una nueva tipología: la Vivienda Rural Protegida.
La norma recoge además instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En este aspecto, una curiosidad: “La prevención y minimización de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo”.
Medios de comunicación: la norma dice que se facilitará el acceso a “información veraz”.
El proyecto de ley también contempla que la Junta impulse medidas para que los ciudadanos accedan a “información veraz” y se propone habilitar mecanismos que impulsen la radiodifusión, televisión y cualquier otro medio de comunicación social en el medio rural. Para eso señala que se colaborará “con los diferentes medios de comunicación social con presencia en el territorio regional”.
También hay un apartado dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo será “garantizar una conectividad digital fiable y de calidad para el 100% de localidades, de banda ancha y móvil” y mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en los diversos sectores de actividad económica en el medio rural o favorecer el acceso telemático.
¿Cómo se financiarán todas las medidas que quiere implementar esta ley?
La norma también recoge expresamente cómo será la financiación de las medidas para el desarrollo del medio rural y contra la despoblación. No solo se espera hacerlo con fondos propios o nacionales sino con los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros instrumentos de financiación de la Unión Europea.
Y no solo eso, también se recogen medidas tributarias especiales para quienes vivan en las zonas rurales. Es una de las “novedades” de esta norma, según los propios redactores del texto y afectarán tanto a los tributos propios de la comunidad autónoma como a los cedidos.
En el caso de estos últimos, la intención es establecer deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas además de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Para la gobernanza de toda la planificación en torno a la despoblación está previsto crear el Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación al que se incorporarán los actores económicos y sociales más representativos.
Cinco disposiciones adicionales de calado y cuatro cambios en leyes regionales vigentes.
Otra de las cuestiones es el hecho de que el anteproyecto de ley incluya cinco disposiciones adicionales de calado.
Entre ellas, la que creará un Fondo de Inversión para el Apoyo a Proyectos Empresariales en Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación
O las que permitirán adaptar los pliegos de condiciones en la contratación de los servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la adscripción de Montes públicos de la Junta castellano-manchega.
Y por cierto, cuatro de sus siete disposiciones finales van a afectar a otras normas actualmente en vigor, para modificarlas. Se trata la Ley de fomento de las Energías Renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha, la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible, la Ley de Educación y la reciente Ley del pasado año 2019 del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.
La nueva norma modificará otras cuatro: las leyes regionales relativas a energías renovables y eficiencia energética, a montes y gestión forestal, a educación y la norma que regula el Estatuto de Mujeres Rurales.
C.Bachiller. El Diario.es





-Los cultivadores de tabaco han pedido este lunes 16 el apoyo de toda la sociedad extremeña para intentar que la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) “no acabe” con un sector estratégico en la región del que viven más de 4.000 familias y para el que, aseguran, no hay alternativa real.
Los tabaqueros han explicado que, si este cultivo no se incluye en el Plan Estratégico de España para la aplicación de la nueva PAC, el sector podría perder el 50% de las ayudas, unos 14 millones de euros, y estaría en riesgo de desaparecer. Ante esta situación y como medida de presión, los agricultores han decidido que esta semana no entregarán tabaco a las industrias transformadoras.
De esta forma, representantes de UPA-UCE y Asaja Extremadura así como Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, se han concentrado este lunes a las puertas de la planta de Cetarsa en Talayuela (Cáceres) para «concienciar» a toda la sociedad extremeña y pedir su apoyo «ya que sin el tabaco, la economía de toda la zona será inviable», ha apuntado Julián Monforte, de Asaja.
«NO HAY NINGÚN SECTOR EN LA REGIÓN DEL QUE VIVAN 4.000 FAMILIAS Y TODO ESTO SE PUEDE PERDER DE UN PLUMAZO”
Monforte ha afirmado que la música que escuchan sobre la reforma de la PAC «no nos gusta absolutamente nada, porque puede suponer la desaparición del cultivo del tabaco y de las industrias transformadores y auxiliares en esta zona tan importante para Extremadura y para la provincia de Cáceres».
«Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar», ha asegurado antes de añadir que la única solución viable es mantener el nivel de renta que hasta ahora tiene el sector y esto, ha afirmado, pasa por mantener los apoyos que de forma directa cobran los cultivadores de tabaco.
Por su parte, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha detallado que la Unión Europea quiere que en la nueva PAC se reduzcan las regiones agrícolas «y si el tabaco no está entre las que se mantienen sería una catástrofe social».
Huertas ha asegurado que la paralización de la entrega del tabaco programada para esta semana como medida de presión «está siendo un éxito, lo que muestra la preocupación que tienen los agricultores tabaqueros ante el hecho de que una decisión técnica pueda acabar con el sector en la región».
«No hay ningún sector en la región, como el de los cultivadores de tabaco, del que vivan 4.000 familias y todo esto se puede perder de un plumazo y esto es lo que nosotros queremos trasladar al conjunto de la sociedad de Extremadura», ha aseverado el responsable de UPA-UCE.
NO SE DESCARTA RETOMAR LAS MOVILIZACIONES SERIAS SI NO SE DA UNA SOLUCIÓN
Ignacio Huertas ha reconocido que el Ejecutivo extremeño «está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero de momento no tenemos ninguna solución encima de la mesa por eso es necesario que todo el mundo entienda que hacer desaparecer la región tabaquera y quitar el 50% del apoyo a los tabaqueros significa la desaparición del sector».
«Las industrias están pagando precios por debajo del coste de producción, por lo tanto, difícilmente vamos a ser capaces de recuperar eso 14 millones de euros que le van a quitar al sector por la vía del precio», ha lamentado Huertas.
Asimismo, ha manifestado que a día de hoy no existen alternativas reales al tabaco y ha insistido en que “la única es que se siga produciendo para que 4.000 familias puedan seguir viviendo del tabaco”.
Además, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha afirmado que «necesitamos el apoyo de toda la sociedad porque si el cultivo del tabaco no tiene futuro, todos los pueblos de este territorio tampoco lo tendrán».
Los responsables de las organizaciones agrarias han advertido de que si no obtienen respuesta a sus demandas, irán a movilizaciones serias, que hoy no hacen por la pandemia de covid-19, pero que no descartan si no hay una respuesta clara que de verdad garantice el futuro del sector del tabaco.
Agroinformación.




- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han mostrado este lunes su malestar por los comentarios hechos recientemente por el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, que abrió la puerta a retirar propuesta legislativa para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) por considerar que no es lo suficientemente 'verde'.
Los titulares del ramo se han mostrado "bastante irritados" por las palabras del holandés en la reunión por videoconferencia que han mantenido este lunes, según ha expresado en una rueda de prensa la ministra alemana Julia Klöckner, que ha presidido el encuentro porque Berlín ostenta la presidencia de turno de la UE hasta que finalice el año.
"No lo podemos aceptar sin más, desde el punto de vista intelectual ni siquiera es correcto", ha subrayado Klöckner durante la rueda de prensa, en la que también ha reivindicado que la posición negociadora de los Veintisiete con el Parlamento Europeo es incluso más ambiciosa desde el punto de vista medioambiental que la propuesta original de Bruselas."La calificaba como un paso atrás y, si comparamos con el statu quo (con la PAC vigente), eso es erróneo", ha continuado la alemana, quien además ha señalado que todos los Estados miembros han sido "muy claros" al respecto.
Por su parte, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya aclaró al grupo de Los Verdes en la Eurocámara que Bruselas no retiraría la propuesta, al tiempo que ha afirmado que la primera ronda de negociación entre gobiernos y eurodiputados fue "un buen comienzo". "Nuestro objetivo es adoptar una buena reforma para el futuro de nuestros agricultores, para la seguridad alimentaria, para tener una renta decente y para cumplir los objetivos climáticos. Queremos finalizar esta cuestión y no consideramos otras alternativas", ha zanjado, desmintiendo así al vicepresidente Timmermans.
Según ha señalado la ministra alemana, los Veintisiete han pedido al comisario que siga "muy de cerca" la evolución de los distintos sectores, y algunos de ellos han instado a adoptar "medidas de urgencia".
En este sentido, el ministro español Luis Planas ha puesto el acento sobre el sector del vacuno, "especialmente afectado por la escasa demanda de piezas de valor añadido", y el sector del vino, que presenta "precios significativamente inferiores a los de las cinco campañas previas", según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.
El comisario polaco ha explicado de manera general que la segunda ola de la pandemia también está teniendo efectos sobre el sector agrícola y ganadero europeo, pero sin ser tan "dramáticos" como los observados en la primera ola, cuando se cerraron fronteras entre socios europeos y se dificultó el comercio de productos agroalimentarios en el bloque.
"Ahora no estamos experimentando esos problemas tan dramáticos, la escala es más pequeña y más manejable", ha expresado el responsable de Agricultura y Desarrollo Rural del Ejecutivo comunitario.
ECD Confidencial.



-… …No obstante, ha apuntado que hay un "camino avanzado" ya que algunos criterios de estas formaciones ya se han incorporado al proyecto fruto de conversaciones previas, si bien, en todo caso, ha afirmado que "la realidad de los números y las cifras marca que en este proyecto de PGE tendremos que ceder en algunas cuestiones a cambio de sumar esfuerzos y apoyos".
Así lo ha señalado al ser preguntada por la posible supresión o modificación de la subida de la fiscalidad del diésel y el alza del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas recogido en el proyecto de Presupuestos, tal y como reclaman algunas formaciones, como el PNV.
En todo caso, ha defendido que la subida del diésel propuesta por el Gobierno plantea la necesidad de avanzar en fiscalidad medioambiental, ya que España es el quinto país de la UE en fiscalidad medioambiental y el tercer país con el precio del gasóleo más barato, solo por delante de Lituania y de Luxemburgo.
"No es una medida recaudatoria, persigue disuadir conductas agresivas contra el medio ambiente y empezar a estimular otros hábitos de consumo", ha apostillado.
La ministra de Hacienda, quien ha defendido que los PGE son "imprescindibles", ha dicho que el Ejecutivo aspira a consolidar la mayoría "lo más amplia posible" y espera repetir el respaldo al último decreto del estado de alarma y del rechazo a las enmiendas de totalidad.
ECD.




-Los fondos europeos que recibirá España para salir de la crisis del coronavirus podrían crear cerca de 859.000 empleos directos e indirectos en un año con inversiones verdes en ámbitos como la energía, el transporte sostenible o la rehabilitación energética.
Así se recoge en el informe 'Reconstruyendo el futuro: Un Green New Deal para España', elaborado por Álvaro Gaertner, ingeniero físico de la Universidad de Oldenburgo (Alemania) y personal del Observatorio de la Sostenibilidad (OS), y difundido este lunes.
A España le corresponden cerca de 140.000 millones del paquete de recuperación de la UE. El informe propone invertir 42.818 millones de euros públicos y privados en ámbitos relacionados con la transición ecológica, que supondrían crear 859.185 empleos. Muchos de esos puestos de trabajo serían en rehabilitación energética de edificios (114.280), promoción de energías renovables (114.741) e infraestructuras de depuración de agua (114.280).
"Para que los españoles podamos tener una buena vida que a la vez respete los límites ecológicos de nuestro planeta es necesario que empecemos a hacer ya todas las inversiones en los ámbitos de las renovables, el transporte, la rehabilitación energética o la agricultura que puedan hacer posible esa buena vida", apuntó Gaertner.
Por su parte, Carlos Alfonso, señaló "la importancia de crear empleo en el medio rural para fijar población en temas como las infraestructuras verdes y el sector forestal, proteger la biodiversidad, minimizar las inundaciones con soluciones basadas en la naturaleza y combatir la erosión y desertificación", por lo que propuso “el Cinturón Verde Mediterráneo como ejemplo de infraestructura verde creadora de empleo”.
Fernando Prieto, también del OS, consideró “una magnífica oportunidad para que la salida de la crisis se haga de una forma verde y sostenible”, y subrayó “la especial importancia del sector del agua en un escenario de cambio climático, donde sigue habiendo importantes problemas en calidad del agua, por la carencia de depuradoras y de soluciones basadas en la naturaleza".
MEDIDAS
El OS propone que el Parlamento apruebe "cuanto antes" la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Gobierno dé luz verde a decretos que regularán las subastas para la instalación de energías renovables, así como medidas para facilitar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo.
Los expertos abogan también por incrementar la inversión en las redes eléctricas en 1.067 millones de euros y acelerar la implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con 4.000 millones de euros de dinero para acelerar las obras relativas a zonas de bajas emisiones, carriles bici, carriles bus o peatonalizaciones.
También apuestan por más inversión pública en infraestructuras ferroviarias a 6.000 millones para llevar las mercancías por tren en vez de por carretera, como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca, y por reducir el uso del coche y del avión para fomentar los viajes por tren.
Más rehabilitación energética de edificios (con 650.000 viviendas en 2021), que las políticas relacionadas con la Política Agrícola Común (PAC) no bajen de presupuesto, destinar 3.152 millones de euros en infraestructuras de depuración y saneamiento de agua y elevar a 2.500 millones de euros el gasto en mantenimiento de las infraestructuras existentes son otras medidas.
El informe propone modificar la fiscalidad verde con un impuesto creciente al CO2 emitido por el transporte privado de pasajeros en coche y avión y por el sector residencial de 30 euros por tonelada, e invertir 6.076 millones de euros en el tratamiento del territorio y la ejecución de infraestructuras verdes para que los ecosistemas sean resilientes ante los impactos del cambio climático.
Además, podrían generarse casi 600.000 empleos adicionales en 10 años si se aprovecha el potencial de sectores como la economía circular, la adaptación al cambio climático, la agricultura y la ganadería extensiva y la gestión forestal sostenible.
Diario Siglo XXI.




-Unión de Uniones, siguiendo su misión de mejorar las condiciones del sector agrario y ganadero, ha elaborado un documento con sus propuestas al proyecto de presupuestos de Agricultura para 2021, cuyo plazo de enmiendas parciales se cierra este martes.
Unión de Uniones ha hecho llegar a las diferentes formaciones políticas en el Congreso un detallado análisis de los presupuestos de la Sección de Agricultura para 2021, junto con sus propuestas de mejora.
La organización resalta en su informe que el proyecto de cuentas para el MAPA aprovecha en mucha menor medida el escenario expansivo de los Presupuestos Generales del Estado, que crecen un 22,4%, al aumentar en un 10,47%, por debajo también de lo que suben el resto de secciones Ministeriales, que lo hacen en un 16,48%.
“Incluso cuando parece que hay dinero, Agricultura es el pato más feo”, critican desde la organización que considera aún más incomprensible el tratamiento dado al MAPA teniendo en cuenta que, de sus gastos operativos, el 91,57% lo sufragan los Fondos Europeos y que solo 704 millones de euros son recursos propios del Estado. “Dirán que todo es Estado, pero al final el Gobierno es quien decide en qué cesta pone los huevos y la realidad es que aquí pone menos”, añaden.
Unión de Uniones señala también que, de los fondos de recuperación y resiliencia, de los que el Gobierno ha integrado en su proyecto 26.364 millones de euros, a Agricultura solo le ha llegado un 1,5%
Recuperación de ayuda a frutos secos, aumento de recursos para la AICA y seguros agrarios o reducción del IVA de inputs agrarios, entre las propuestas de la organización
El proyecto para agricultura contempla incrementos significativos en algunas partidas hacia las que la organización ha reclamado siempre mayor dotación, como seguros agrarios o la AICA. No obstante, Unión de Uniones las considera positivas y ha pedido que se refuercen más, hasta llegar a los 270 millones de euros para ayudas a la contratación de seguros y hasta los 9 millones en el caso de la AICA, para contemplar también una mayor dotación de personal.
La organización suma a las cuentas 4 millones de euros para recuperar la ayuda nacional a los frutos secos, y otros 18 millones de euros adicionales de aportación de la administración del Estado a la financiación de los programas de desarrollo rural. “No parece razonable que se prevea que vayan a venir del FEADER un 24% más para los PDR y, sin embargo, no se acompañe de la parte correspondientes de cofinanciación nacional”, explican.
Igualmente, Unión de Uniones ha preparado también enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos, reclamando la aplicación del IVA reducido para los inputs agrarios, la corrección de las cotizaciones sociales en las contrataciones realizadas por los agricultores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) y las valoraciones catastrales inadecuadas. Asimismo, solicita la eliminación del aumento del IVA a las bebidas edulcoradas que perjudica a los remolacheros y mayor atención a otros asuntos que siguen preocupando en el campo, como los robos o los daños por fauna salvaje, la creación del gasóleo profesional con la menor fiscalidad posible o contratos eléctricos con doble tarifa para los usos agrarios de temporada como el regadío.
En total se trata de 22 propuestas de enmiendas en algunas de ellas insistiendo en cuestiones que siguen sin resolverse. Entre ellas, Unión de Uniones plantea nuevamente la modificación de la Ley de Representatividad Agraria para que la democracia llegue al campo y una partida para los primeros trabajos con ese objetivo. “Las OPAs deberíamos ser las más interesadas en dar transparencia al tema de la representatividad. Unión de Uniones sí que está en esa línea, por eso hemos pedido que lo que haga falta gastar para ello que se saque de las mismas subvenciones a las OPAs”, concluyen.
Unión de Uniones. 



-La Comisión Europea ha publicado una nota con el título “Trabajando con el Parlamento y el Consejo para hacer que la reforma de la PAC cumpla con el Pacto Verde europeo”, en la que ofrece su apoyo a los colegisladores para garantizar un acuerdo rápido sobre una nueva PAC bastante más verde.
Esta nota se publica después de la polémica generada por el vicepresidente de la Comisión Europea, y comisario encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, que ha amenazado con retirar las propuestas si ve que las negociaciones entre Consejo y Parlamento terminan diluyendo mucho la orientación verde de la futura PAC.
La CE considera que las posiciones del Consejo Agrícola y del Parlamento Europeo sobre la futura Política Agraria Común incluyen elementos clave de sus propuestas, pero también modifican de forma significativa aspectos importantes de la nueva arquitectura verde que ha planteado.
La Comisión apunta que sus propuestas cumplen con el Pacto Verde siempre y cuando el Parlamento y el Consejo mantengan su ambición y refuercen algunos elementos clave de las mismas para alinearlos con lo previsto en las estrategias “de la granja a la mesa” y “biodiversidad”. Y añade que esto incluye, en particular, que se fije un porcentaje mínimo de gasto para los eco-esquemas.
Respecto a estos últimos, recuerda que el Consejo y el Parlamento quieren que sean obligatorios y que cuenten con un presupuesto mínimo del sobre de ayudas (30% en el caso del Parlamento y 20% en el caso del Consejo). Además, piden flexibilidad a la hora de cumplir con esos porcentajes. La Comisión afirma que apoyará un presupuesto “suficientemente alto” para los eco-esquemas, pero no medidas de flexibilidad que puedan minar los objetivos del Pacto Verde.
Por otro lado, Bruselas considera que las posiciones de los co-legisladores rebajan los requisitos de la condicionalidad, con lo que ponen en peligro la capacidad de la PAC para afrontar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Apunta, por tanto, que seguirá defendiendo la ambición de la condicionalidad y el objetivo de que el 10% de las tierras agrarias se dedique a elementos del paisaje, como recoge la estrategia de “biodiversidad”.
AgroCLM.