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¿Cuántas empresas han aplicado un ERTE y cuántas ajustarán salarios?

El número de empresas que se ven abocadas al cierre en España aumenta cada día y se cuentan por miles, y muchas se plantean congelar o reducir salarios ante el riesgo de que los más de cinco millones de trabajadores afectados por despidos temporales pierdan definitivamente su empleo.

Actualizado 29 junio 2020  
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Redacción y Agencias
  
Los estragos que está provocando la crisis del coronavirus ya son patentes en el tejido empresarial, y podrían perpetuarse durante, al menos, medio año más. El 58% de las compañías españolas han aplicado algún tipo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en los últimos meses, según un informe elaborado por la consultora KPMG sobre los efectos del Covid-19 sobre empleo y remuneraciones en empresas españolas.
 
El parón de actividad provocado por las medidas de confinamiento ha abierto un agujero de pérdidas en muchas empresas, y algo menos del 50% ha podido preservar el empleo de sus compañías. Según el informe, que realizó encuestas a más de 130 compañías, un 20% del total se han visto obligadas a aplicar ERTE por causas económicas, técnicas u operativas, un 19% por razones de fuerza mayor, y otro 19% comunicó ERTE de reducción de jornada. El recurso a esta fórmula es precisamente uno de los legados de la flexibilización introducida por la reforma laboral de 2012, que ahora está permitiendo que las empresas que no pueden hacer frente al pago de los salarios puedan optar por un despido temporal. De ese 58% que aplicó ERTE, sólo un 27% decidió complementar el salario de sus colaboradores. Por el momento, el mecanismo de los ERTE (ahora prorrogado hasta septiembre, pudiendo aliviar tensiones en el tejido empresarial), las medidas de garantía de liquidez y de rebajas en las cotizaciones parecen permitir a la mayoría de empresas aguantar, aunque con ajustes. Sólo un 2% de las encuestadas ha aplicado ERE.
 
La gran incógnita continúa siendo qué ocurrirá durante los próximos meses. La elevada incertidumbre, el temor ante nuevos rebrotes y medidas restrictivas para controlarlos y el escaso margen de ajuste en empresas que ya han realizado ajustes en la plantilla hace que un 60% de las compañías españolas se plantee congelar o reducir salarios en los próximos seis meses.
"Los encuestados piensan mayoritariamente (un 24%) que todas las remuneraciones se verán reducidas desde el Consejo hasta el último empleado", apunta el informe de la consultora. Para otro 17%, el sueldo de los empleados se verá congelado en todos los niveles, mientras que el 14% prevé que las retribuciones muy probablemente se verán reducidas pero sólo en algunos niveles. Por ejemplo, un 21% de las empresas ha optado por recortes en las remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos. En los últimos meses, de hecho, uno de los ejemplos más sonados ha sido el de la presidenta del Banco Santander, que anunció en marzo una reducción de su sueldo del 50%, ajuste que también se aplicará el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez. La reducción será del 20% para el resto de miembros del Consejo de Administración.

Santander también anunció una revisión de la política de retribución variable. De hecho, la mayoría de compañías (34%) prevé que se reducirá la retribución variable anual devengada para 2020 para empleados y consejeros, debido a la dificultad para conseguir los objetivos de negocio.
Sin embargo, en ese sentido la mayoría de las compañías, un 70%, reporta que su política retributiva, tanto de consejeros como a nivel general, no contempla ningún plan de excepciones, y sólo un 17% afirma tener posibilidad de adaptarla.  Otra de las fórmulas aplicadas por las empresas para ajustarse el cinturón han sido anticipar las vacaciones, a lo que ha recurrido un 27% de las encuestadas, la cancelación de contratos temporales o en periodo de prueba (15%) o diferir los bonos/variables de 2019 (10%).
Por el contrario, tan solo el 4% de las compañías considera que las remuneraciones se verán incrementadas en algunos niveles en los próximos seis meses a un año. Según el estudio, se trata posiblemente de aquellas que han visto incrementada su actividad debido a la pandemia.

Según se desprende del informe, "las empresas en general, confían más en sus propias capacidades para remontar la situación que en las ayudas públicas". Esta razón explica que la incertidumbre ante la caída de volumen de facturación derivada de la crisis sanitaria y la consecuente reducción de beneficios (42%) sea la principal preocupación de las compañías a nivel de negocio, remuneraciones y gestión de personas. Y aunque un 17% remarca la necesidad de una adecuada gestión por parte del Gobierno, en general confían más en sus propias capacidades para remontar, sólo un 6% menciona la necesidad de que se impulsen ayudas públicas
 
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