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 Semana del 2 al 9 de mayo de 2021.

CyL se posiciona ante la PAC

En la celebración del 20 aniversario de su constitución, la Cooperativa Salmantina, Dehesa Grande, ha celebrado recientemente un encuentro digital dirigido por Juan Pedro Medina, Director General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, repasando los avances y las últimas novedades que se han producido en las negociaciones de la nueva reforma de la PAC

Actualizado 13 mayo 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Y lo que alli se dijo ha sido, al menos para nosotros,  muy revelador de la posición de la Comunidad de C y L ante la nueva reforma que se avecina para el Sector Agrario.
Para Castilla León, al menos hasta este momento:

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- que la reforma es un cambio total de modelo, “pues se pasa de una política claramente dirigista, con reglamentos que llegaban hasta el detalle más pequeño a una PAC de grandes objetivos que los define cada Estados Miembro a través de los respectivos Planes Estratégicos, aunque eso sí, sus grandes líneas de actuación son poco novedosas”. 
- que la ayuda básica a la renta que viene a sustituir al actual pago básico aparece el llamado Pago redistributivo, que ya lo tienen activado Alemania y Francia junto a otros cinco países de la UE y que aquí desde Castilla y León hemos pedido que tengan en cuenta los valores medios regionales de tal forma que en nuestra comunidad autónoma se abone a las 70 primeras hectáreas, en Francia se hace a las 63…pero no podemos olvidar que otras regiones en España tienen medias que no llegan a las 16 hectáreas…No tiene sentido que busquemos apostar por las explotaciones que son más rentables, que a los jóvenes les exijamos la incorporación con explotaciones bien dimensionadas…y ahora los vayamos a dejar fuera de estas ayudas. 
- que los eco-esquemas, son preocupantes por el choque que pueden tener con las ayudas agroambientales del segundo pilar, mostrando la apuesta que la Junta de Castilla y León va a realizar por las Indemnizaciones Compensatorias. “La figura de los eco-esquemas debe ser incentivadora, para el agricultor y el ganadero, no compensatoria, no podemos obligarle a hacer algunas actividades para percibir los mismos. Desde Castilla y León han lanzado una propuesta para que esta medida tenga un carácter universal, que todos los solicitantes de la PAC se puedan beneficiar, de tal forma que sólo por sumarse percibirían una ayuda, que podrían ser el 20%, mientras que tendrían una serie de apoyos adicionales en virtud de las medidas, a mayores a las que se acojan” y
- que, dado que las ayudas asociadas elevarían el presupuesto del 12% al 18%, en gran medida porque se incluyen ahí unos pluses sectoriales de apoyo a sectores concretos CyL ha propuesto incluir al ovino.
Cada Autonomía parece que ha decidido, dada la parquedad del MAPA empezar a moverse presentando sus propias necesidades como posibles objetivos de la renovación de la PAC.  

Una vez más el Parlamento Europeo ha decidido inmiscuirse en temas que no le son propios, presentado una nueva propuesta diseñada para vincular los pagos de la Política Agrícola Común (PAC) a las condiciones laborales y sociales de trabajo de una «manera fácil y no burocrática» en un intento por alcanzar un compromiso sobre lo que se ha convertido en un punto controvertido de la PAC en las negociaciones a tres partes en Europa. Se quiere realizar mejoras sociales a través una vez más del Sector Agrario. 
 “Bajo este enfoque, los estados miembros simplemente garantizarán el cumplimiento de las reglas sobre condicionalidad social a través de controles realizados por sus sistemas de control existentes” a través de las autoridades de aplicación competentes.
Un capítulo social sólido en la PAC ayudaría a establecer igualdad de condiciones en toda la UE en materia de derechos de los trabajadores, lo que, según los eurodiputados, también beneficiaría a los empleadores. “Actualmente, los agricultores que cumplen con las normas laborales aplicables están en desventaja en comparación con aquellos que violan la ley o los convenios colectivos de trabajo y esta competencia desleal debe ser detenida”, enfatiza la carta.
El Parlamento apoya la inclusión de la condicionalidad social, votando a través de una serie de enmiendas en octubre sobre la forma de la PAC posterior a 2020 que incluía referencias obligatorias a la «condicionalidad social«. Sin embargo, los ministros de agricultura de la UE se muestran reacios a incluir la condicionalidad social en la reforma de la PAC por temor a que genere burocracia adicional para los agricultores. 
La asociación de agricultores de la UE, el COPA-COGECA también ha expresado su preocupación por la idea de imponer el cumplimiento de las condiciones laborales, argumentando que queda fuera del ámbito de competencia de la PAC.
Todo son complicaciones para el sector y eso si se quiere hacer debe pagarse. 

Al fin tenemos respuesta. Recordemos que en julio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la UE dictó una sentencia afirmando que los organismos obtenidos con nuevas técnicas de edición genómica debían considerarse transgénicos y la autorización de su cultivo y comercialización quedaba bajo la Directiva 2001/18 que regula los organismos genéticamente modificados (OGM´s).
Esta Directiva ha dificultado tanto la autorización de nuevos OGM´s para su cultivo en Europa que, en la práctica, el único evento genéticamente modificado disponible para su producción comercial en la Unión Europea es el MON810, un maíz modificado para resistir las plagas de taladro (Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides) añadiendo a la información genética del maíz un gen nuevo (denominado Bt, porque codifica una toxina de la bacteria Bacillus Thurigensis) para producir una proteína que actúa como insecticida.
Dentro de las nuevas técnicas de edición genómica posiblemente la más conocida sea CRISPR (por la que Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna han recibido el Premio Nobel de Química 2020) que podríamos definir como de unas «tijeras moleculares» capaces de cortar cualquier molécula de ADN para eliminar, corregir o insertar nuevo ADN de manera controlada y precisa. La principal ventaja frente a un transgénico es que puede modificar el ADN sin necesidad de insertar ADN extraño (de otro organismo), y sin efectos indeseados y en mucho menos tiempo que en el caso de la mutagénesis convencional.
El estudio de la Comisión sobre nuevas técnicas genómicas es el resultado de una amplia consulta con diferentes partes interesadas y Estados miembros. 
Estados Unidos por ejemplo está en el grupo de países que no considera que la inactivación de un gen de lugar a un organismo genéticamente modificado, de modo que se están autorizando para su comercialización productos obtenidos con estas nuevas técnicas de edición genómica como un champiñón que no se oxida o un aceite de soja alto oleico, etiquetados como libres de OGMs (OMG Free).
«Consideramos que la publicación del estudio de la Comisión es un paso clave para permitir que Europa adapte su legislación que tiene más de 20 años de antigüedad al progreso científico. Este estudio no debe convertirse en una oportunidad perdida. La Comisión y los Estados miembros deben actuar ahora y evitar largos procesos innecesarios que impliquen dejar a Europa fuera de la innovación agrícola», subrayan desde ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales.
Desde la confederación de cooperativas y organizaciones agrarias europeas Copa-Cogeca celebran el resultado de este estudio e instan a la Comisión a actuar cuanto antes para ponerse al día con sus competidores a nivel mundial y poder cumplir con los objetivos del Pacto Verde europeo, si bien reconocen que deben ser realistas: «este estudio es solo el primer paso después de años de debates. 
Estaremos por fin ante la apertura que se nos cerró hace ya demasiado tiempo por la negativa francesa a que se le perjudicara, entre otras muchas razones a su maíz… …y que de ser la UE la pionera en los OMG, estemos ahora en la cola del desarrollo de los transgénicos. 

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética enfrenta el segundo trimestre del año superando los cauces parlamentarios que la sitúan a las puertas de convertirse en la primera norma nacional que dota a España de las pautas para afrontar la pelea contra el calentamiento global, de la que deberíamos salir y que coloca a nuestro país en la línea de los compromisos adquiridos (y también exigidos) por la Unión Europea y defendidos igualmente por la ONU.
Sin embargo, el agua, es un recurso no transversal de la Ley a pesar de que su preámbulo se apunta como ineludible la gestión, de forma responsable, “de nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad”, todos ellos definidos como recursos “escasos y frágiles”. Esta alusión al agua apenas se replica una veintena de veces a lo largo de todo el texto, que se fija en los recursos hídricos en, únicamente, dos artículos (el 6 y el 17) y una disposición final (la cuarta). 
Es decir que una vez más, el agua como recurso básico vuelve a perderse ante otras exigencias medioambientalistas. ¡Qué pena!

Ya se ha publicado en el BOE y hoy la adjuntamos como Documento, la Resolución de 27 de abril de 2021 de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos, que fija que el índice general habría subido un 0,19%. Y como siempre viene ocurriendo en este gobierno contiene temas que no se entienden.
A todos nos ha llamado la atención el hecho de que, los porcentajes difieren de los que el Ministerio reflejó en su segunda estimación sobre la renta agraria de 2020, publicada en el mes de enero pasado. En aquel estudio, el aumento que se había producido en los precios, según se consideraba para el cálculo de la renta agraria, fue del 0,5% (frente a un 0,19% que da ahora en la evolución de los índices). De igual forma, la estimación de renta databa el aumento de precios de la producción vegetal en un 1,8% (y ahora cifra el crecimiento del índice de productos agrícolas en un 1,35%), mientras que para la rama de producción animal se daba un recorte del -1,2% (en contraste con el -1,.3, del índice de precios que se acaba de publicar).
Tendremos alguna aclaración sobre el tema… …

Señalemos finalmente que, según la COAG, la UE prepara una brutal reconversión en bienestar animal, empujada por los animalistas, pocos años después de otra similar que arruinó a 4000 granjas, al advertir que «las estrictas exigencias de los activistas pueden echar del mercado a los pequeños ganaderos, vaciando España, fomentan la ganadería industrial, la única con recursos para afrontar las reconversiones, mientras encarecen el precio de la carne al consumidor y multiplican el uso de antibióticos».
La organización nos recuerda que el sector ganadero intensivo hizo una bestial reconversión en 2013 y 2018 impuesta por directivas comunitarias inspiradas a su vez en exigencias de grupos animalistas. Las granjas invirtieron en todo tipo de estructuras para mejorar la calidad de vida de los animales. En el sector porcino, los costes fueron de entre 245 y 420 euros por reproductora: hay más de 2 millones y medio de cerdas reproductoras en España. La cifra media estaría en 700 millones de euros, aproximadamente. En la avicultura, la reconversión de 2018 supuso más de 200 millones solo en las granjas productoras de huevo, no de avicultura de carne. Y cifras igualmente significativas tuvieron que afrontar los productores cunícolas y de bovino en producción intensiva.
Y… … Planas no tienes nada que decir… …

Noticias
-La Asociación Europea del Cáñamo Industrial (EIHA) está trabajando para conseguir que la Unión Europea armonice la legislación para que todos los Estados miembros «actúen al unísono» en el cultivo de esta planta, que puede ser «extremadamente rentable».
La cuestión es que la planta del cáñamo es la «Cannabis sativa L.», una herbácea que se caracteriza por tener compuestos cannabinoides, entre los cuales los más relevantes son el tetrahidrocannabinol (THC) de efecto psicoactivo y el cannabidiol (CBD).
No obstante, la subespecie con uso agrícola tiene un bajo contenido en THC por lo que «no es psicotrópico» y «no tiene propiedades estupefacientes». De ahí que «no necesitaríamos una licencia de narcóticos porque la variedad no tiene niveles estupefacientes». La esperanza en que haya una armonización próxima la alberga esta asociación porque ya hay una sentencia europea, de noviembre pasado, en la que el tribunal reconoció que el CBD «no se considera narcótico estupefaciente» e «incluso podría ser un nuevo alimento».
La Comisión Europea, a raíz de esa sentencia, «cambió sus conclusiones preliminares» sobre el CBD y ha «vuelto a poner en marcha la solicitud de nuevo alimento». Actualmente, la Comisión está «finalizando» su «posición final» pero esta asociación tiene esperanzas en que finalmente se confirme la tendencia de la justicia.
Francia es actualmente el mayor productor europeo del cáñamo, pero el cultivo cada vez es más atractivo en el resto de los países y, de hecho, en España «se ha multiplicado por ocho en cuatro años».
EN ESPAÑA, ESPECIALMENTE EN LA PROVINCIA DE GRANADA Y EN EXTREMADURA HAN DETECTADO INTERÉS POR EL CÁÑAMO
Además, se suele utilizar como cultivo de rotación porque «mejora los rendimientos» de los cultivos posteriores, «captura más dióxido de carbono del que emana» e incluso sirve a los polinizadores como las abejas en época de escasez de floración. «Son múltiples los beneficios para el medio ambiente».
En España, especialmente en la provincia de Granada y en Extremadura han detectado interés por el cáñamo. Normalmente son agricultores con otras producciones que quieren compaginarlo: «se interesan por el cáñamo porque le ven potencial» y «quieren cultivarlo de manera legal». «Al final sabemos que el cáñamo tiene mucho potencial, sobre todo la parte baja de la planta» y es necesario avanzar en la normativa y conocimiento del mismo para que el «cultivo sea rentable».
El interés por el cáñamo y su expansión en España ha llevado recientemente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a publicar una nota informativa relativa a los principales condicionantes de esta actividad agraria en el país.
El Departamento presidido por Luis Planas pretende con ello informar a agricultores y técnicos sobre las finalidades permitidas, la normativa aplicable y las obligaciones existentes para los cultivadores. Es un texto que ha elaborado en colaboración con las administraciones agrarias de las comunidades autónomas, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y con la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Agroinformación.
-Con el objetivo de celebrar el 20 aniversario de su constitución, la Cooperativa Salmantina, Dehesa Grande, ha celebrado recientemente un encuentro digital en el que ha contado con Juan Pedro Medina, Director General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León que ha repasado los avances y las últimas novedades que se han producido en las negociaciones de la nueva reforma de la PAC que entrará en vigor en enero de 2023.
Tras repasar el acuerdo sobre el marco financiero hasta 2027 alcanzado en julio de 2020 que se ha traducido en la llegada a España, hasta ese año, de 47.724 millones de euros, con una bajada de las ayudas directas, 34.124,2 millones de euros es la cuantía total, que ya se ha apreciado en el año en curso y un suave incremento de las ayudas al Desarrollo Rural en gran medida por la inclusión en ellos de la partida, “ridícula” según Medina, destinada a la agricultura de los Fondos New Generation, el Director General de la PAC quiso subrayar que la reforma es un cambio total de modelo, “pues se pasa de una política claramente dirigista, con reglamentos que llegaban hasta el detalle más pequeño a una PAC de grandes objetivos que los define cada Estados Miembro a través de los respectivos Planes Estratégicos, aunque las grandes líneas de actuación son poco novedosas”. “En mayo habrá un gran encuentro del Ministerio y las Comunidades Autónomas para tratar de aprobar ese borrador de Plan estratégico, que se remitirá a Bruselas a finales de año para que pueda ser aprobada en abril de 2022 y se puedan desarrollar los Reales Decretos y la normativa autonómica para que la nueva PAC ya este activa en enero de 2023”, asegura Medina.
Sobre las novedades de la PAC, en primer lugar, el máximo responsable de esta política en Castilla y León quiso hablar de la figura del “agricultor genuino” que sustituye a la de “agricultor activo”, aunque señaló que la aplicación de la misma es potestad de cada Estado Miembro. “Se va a definir sobre la base de la ratio ingresos agrarios/ingresos totales, valorándose que se califique como tal el que supere el 20/30%... aunque hay discrepancias entre las comunidades autónomas. Además, hay debate sobre la figura de los pequeños agricultores e incluso se está barajando que todos aquellos que perciban menos de 5.000 euros en su solicitud de ayudas tengan esta calificación”, concluía Pedro Medina durante su intervención en la jornada organizada por la cooperativa salmantina, Dehesa Grande.
Otro elemento clave de esta nueva PAC, es la ayuda básica a la renta que viene a sustituir al actual pago básico. “Aquí hay un profundo debate entre regiones que optan por eliminar los derechos históricos como Castilla La Mancha y Aragón o las que apoyan el mantenimiento como Extremadura o Andalucía”. Junto a ellos aparece el llamado Pago redistributivo, “ya lo tienen activado Alemania y Francia junto a otros cinco países de la UE. Aquí desde Castilla y León hemos pedido que tengan en cuenta los valores medios regionales de tal forma que en nuestra comunidad autónoma se abone a las 70 primeras hectáreas, en Francia se hace a las 63…pero no podemos olvidar que otras regiones en España tienen medias que no llegan a las 16 hectáreas…No tiene sentido que busquemos apostar por las explotaciones que son más rentables, que a los jóvenes les exijamos la incorporación con explotaciones bien dimensionadas…y ahora los vayamos a dejar fuera de estas ayudas”. Subrayar aquí que la ayuda básica a la renta junto a la Ayuda redistributiva va a suponer el 60% de las ayudas directas, “aunque conviene señalar, destaca Medina, las declaraciones de Luis Planas sobre el deseo de ser muy ambicioso en el pago redistributivo hasta alcanzar un 20%, con lo que la primera se quedará en un 40% con lo que no va a llegar a los valores actuales de los derechos de pago básico”
ECO-ESQUEMAS Y CONVERGENCIA
En relación a los eco-esquemas, Pedro Medina mostró la preocupación por el choque que pueden tener con las ayudas agroambientales del segundo pilar, mostrando la apuesta que la Junta de Castilla y León va a realizar por las Indemnizaciones Compensatorias. “La figura de los eco-esquemas debe ser incentivadora, para el agricultor y el ganadero, no compensatoria, no podemos obligarle a hacer algunas actividades para percibir los mismos. Desde Castilla y León hemos lanzado una propuesta para que esta medida tenga un carácter universal, que todos los solicitantes de la PAC se puedan beneficiar, de tal forma que sólo por sumarse percibirían una ayuda, que podrían ser el 20%, mientras que tendrían una serie de apoyos adicionales en virtud de las medidas, a mayores a las que se acojan” aseguraba Medina.
Finalmente, en relación a las ayudas asociadas, la propuesta del Ministerio de Agricultura es mantenerlo en la línea actual apoyando, por ejemplo, a los sectores ganaderos con menor base territorial que son los grandes perjudicados de la convergencia, como podrían ser el vacuno de leche, el ovino – caprino y el vacuno de carne de cebo…”Las ayudas asociadas elevarían su presupuesto del 12% al 18%, en gran medida porque se incluyen ahí unos plus sectoriales de apoyo a sectores concretos en los que el Ministerio de Agricultura ha propuesto incluir al olivar u desde Castilla y León al ovino”. “La convergencia ha generado mucho debate ya en 2021, afectando especialmente a los ganaderos con poca base territorial, el objetivo es completarla de forma total en 2025, aunque ahora el Ministerio parece dispuesto a no hacerlo de forma tan acelerada, pero es evidente que no se pueden mantener las 50 regiones con pagos que van desde los 60 a los 1.400 euros”, concluye Juan Pedro Medina, Director General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León durante su intervención en la jornada online organizada por la cooperativa Dehesa Grande para celebrar el 20 aniversario de su constitución.
Agronews CyL.
-El Parlamento Europeo ha presentado una nueva propuesta diseñada para vincular los pagos de la Política Agrícola Común (PAC) a las condiciones laborales y sociales de trabajo de una «manera fácil y no burocrática» en un intento por alcanzar un compromiso sobre lo que se ha convertido en un punto controvertido de la PAC en las negociaciones a tres partes en Europa.
La propuesta, que fue enviada a la presidencia portuguesa el viernes (23 de abril), describe un enfoque para garantizar que los agricultores que no cumplan con las condiciones laborales y de empleo aplicables sean penalizados.
“Bajo este enfoque, los estados miembros simplemente garantizarán el cumplimiento de las reglas sobre condicionalidad social a través de controles realizados por sus sistemas de control existentes” a través de las autoridades de aplicación competentes, se lee en la carta.
De esta manera, la condicionalidad social no crearía “ninguna carga administrativa adicional” sino un “fuerte efecto disuasorio”, argumenta la carta, ya que no habrá requisitos de control adicionales ni para la Comisión ni para los organismos pagadores nacionales. Esto traería, según esta propuesta, “beneficios reales para los trabajadores del sector, abordando el trabajo no declarado, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales, garantizando la igualdad de trato para todos los trabajadores de la agricultura, así como previniendo la competencia desleal en nuestro mercado común”, dice la carta.
Un capítulo social sólido en la PAC ayudaría a establecer igualdad de condiciones en toda la UE en materia de derechos de los trabajadores, lo que, según los eurodiputados, también beneficiaría a los empleadores. “Actualmente, los agricultores que cumplen con las normas laborales aplicables están en desventaja en comparación con aquellos que violan la ley o los convenios colectivos de trabajo y esta competencia desleal debe ser detenida”, enfatiza la carta.
LOS AGRICULTORES DE LA COPA-COGECA MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN POR LA IDEA, ARGUMENTANDO QUE QUEDA FUERA DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA PAC
En medio de los crecientes pedidos para su inclusión en la reforma de la PAC, la condicionalidad social está demostrando ser un tema espinoso en las negociaciones de la PAC en curso entre los países de la UE y el Parlamento Europeo. El Parlamento apoya la inclusión de la condicionalidad social, votando a través de una serie de enmiendas en octubre sobre la forma de la PAC posterior a 2020 que incluía referencias obligatorias a la «condicionalidad social«.
Sin embargo, los ministros de agricultura de la UE se muestran reacios a incluir la condicionalidad social en la reforma de la PAC por temor a que genere burocracia adicional para los agricultores. La asociación de agricultores de la UE COPA-COGECA también ha expresado su preocupación por la idea de imponer el cumplimiento de las condiciones laborales, argumentando que queda fuera del ámbito de competencia de la PAC.
Sin embargo, hablando durante una conferencia de prensa el lunes (26 de abril), la ministra de agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, actual titular de la presidencia rotatoria de seis meses, se mostró positiva sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema.
Confirmando que los ministros de Agricultura han recibido la propuesta, pero aún no la han debatido, aseguró estar “segura de que nos será un aporte útil para que podamos cerrar también la dimensión social”.
Agroinformación.
-En julio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la UE dictó una sentencia afirmando que los organismos obtenidos con nuevas técnicas de edición genómica debían considerarse transgénicos y la autorización de su cultivo y comercialización quedaba bajo la Directiva 2001/18 que regula los organismos genéticamente modificados (OGM´s).
Esta Directiva ha dificultado tanto la autorización de nuevos OGM´s para su cultivo en Europa que, en la práctica, el único evento genéticamente modificado disponible para su producción comercial en la Unión Europea es el MON810, un maíz modificado para resistir las plagas de taladro (Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides) añadiendo a la información genética del maíz un gen nuevo (denominado Bt, porque codifica una toxina de la bacteria Bacillus Thurigensis) para producir una proteína que actúa como insecticida.
El estudio que ha presentado hoy la Comisión Europea muestra que la legislación actual aplicada a las nuevas técnicas de edición genómica (NGT´s), la Directiva 2001/18, no es apta para estas nuevas tecnologías (que se han desarrollado bastante después de esta Directiva) y abre un proceso de consulta para discutir el diseño de un nuevo marco legal para estas biotecnologías, que llevará al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de mayo, y que debatirá con el Parlamento Europeo y con los agentes implicados.
Entre otras cuestiones el informe considera que los productos NGT pueden contribuir a crear un sistema alimentario más sostenible con plantas más resistentes a enfermedades, condiciones ambientales y efectos del cambio climático, pueden beneficiarse de mayores cualidades nutricionales y reducir la necesidad de inputs agrícolas como los fitosanitarios. El estudio también analiza las preocupaciones asociadas a los productos NGT y sus futuras aplicaciones, relativas a seguridad e impacto medioambiental, por ejemplo, en biodiversidad, la coexistencia con una agricultura ecológica y libre de OGMS y su etiquetado.
Por qué es necesario un nuevo marco regulador
Dentro de las nuevas técnicas de edición genómica posiblemente la más conocida sea CRISPR (por la que Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna han recibido el Premio Nobel de Química 2020) que podríamos definir como de unas «tijeras moleculares» capaces de cortar cualquier molécula de ADN para eliminar, corregir o insertar nuevo ADN de manera controlada y precisa. La principal ventaja frente a un transgénico es que puede modificar el ADN sin necesidad de insertar ADN extraño (de otro organismo), y sin efectos indeseados y en mucho menos tiempo que en el caso de la mutagénesis convencional.
En noviembre de 2018 el Grupo de Asesores Científicos de la Comisión Europea emitió una declaración sobre las implicaciones de dejar los productos derivados de la edición genómica al amparo de la Directiva sobre los OMG´s, la cual no consideraban apta para legislar este nuevo conocimiento científico y entre sus motivos incidían en la idea de que mientras un transgénico se puede detectar (se ha modificado un organismo introduciendo un gen de otro organismo), en algunos casos no es posible diferenciar una mutación que se haya producido de manera espontánea en una planta de la mutación realizada con nuevas técnicas de edición genómica (mutagénesis dirigida in vitro).
El estudio de la Comisión sobre nuevas técnicas genómicas es el resultado de una amplia consulta con diferentes partes interesadas y Estados miembros. La industria de semillas, encabezada por Euroseeds, aportó información detallada a la consulta de la Comisión, subrayando la opinión del sector de que se necesita un cambio del marco regulador de la UE para permitir un enfoque legal y práctico diferenciado de los productos derivados de métodos innovadores de mejora genética, similar a la que en el resto del mundo han implementado.
Y es que, aunque cada país está legislando a su manera, Europa ha sido hasta ahora la más restrictiva. Así, Canadá ha decidido que los productos obtenidos con estas nuevas técnicas no tienen que estar regulados a no ser que el producto se identifique como una novedad, mientras otros países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Noruega o Japón han decidido evaluar caso por caso, considerando como un OGM, de manera más o menos general, solo los casos en los que se introduce ADN extraño (procedente de otro organismo distinto).
Estados Unidos por ejemplo está en el grupo de países que no considera que la inactivación de un gen de lugar a un organismo genéticamente modificado, de modo que se están autorizando para su comercialización productos obtenidos con estas nuevas técnicas de edición genómica como un champiñón que no se oxida o un aceite de soja alto oleico, etiquetados como libres de OGMs (OMG Free).
«Consideramos que la publicación del estudio de la Comisión es un paso clave para permitir que Europa adapte su legislación que tiene más de 20 años de antigüedad al progreso científico. Este estudio no debe convertirse en una oportunidad perdida. La Comisión y los Estados miembros deben actuar ahora y evitar largos procesos innecesarios que impliquen dejar a Europa fuera de la innovación agrícola», subrayan desde ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales.
Desde la confederación de cooperativas y organizaciones agrarias europeas Copa-Cogeca celebran el resultado de este estudio e instan a la Comisión a actuar cuanto antes para ponerse al día con sus competidores a nivel mundial y poder cumplir con los objetivos del Pacto Verde europeo, si bien reconocen que deben ser realistas: «este estudio es solo el primer paso después de años de debates. La Comisión tiene ahora la intención de iniciar un proceso de consulta y una evaluación de impacto sobre el tema. Esto llevará tiempo. Al mismo tiempo que no podremos ponernos al día si consideramos la competencia internacional o el progreso del Pacto Verde europeo. Al final, serán los agricultores los que pagarán el precio de la vacilación», concluye Gunnar Kofoed, presidente del grupo de Trabajo de Semillas del Copa-Cogeca.
Agronegocios.
-SEO/BirdLife y WWF han reclamado que la nueva Política Agrícola Común (PAC) garantice la viabilidad a las explotaciones con mayor valor socioambiental, que sea justa y verde y que no renuncie a la ambición ambiental y climática.
Así, consideran que la futura PAC no puede dar la espalda al Pacto Verde Europeo y, en ese sentido, piden que sus objetivos se alineen con las estrategias De la granja a la mesa y Biodiversidad para 2030.
Este mes de mayo los Veintisiete debatirán sobre la PAC para los próximos siete años y por ello SEO/BirdLife y WWF proponen al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que la nueva política agrícola permita una transición agroecológica y una recuperación verde y justa en el mundo rural.
Para el director de conservación de WWF España, Enrique Segovia, es necesaria una nueva PAC con un "pago básico" que garantice el apoyo a la renta a las explotaciones de mayor valor socio ambiental, como las situadas en Natura 2000, en producción ecológica y las dedicadas a la agricultura y ganadería de alto valor natural.
Eliminar los derechos históricos
"Necesitamos un modelo justo que reconozca la labor de todos los rebaños que pastan en nuestros campos, o de los elementos del paisaje que sirven de refugio a la fauna que, como aliada natural, nos ayuda a controlar plagas. Para ello, es requisito imprescindible eliminar los derechos históricos y seguir avanzando en la aplicación de la convergencia interna real de las ayudas", ha defendido.
Por su parte, la coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo estima necesario que, en la nueva PAC, se programen medidas agroambientales para retos ambientales transversales, como la coexistencia con grandes carnívoros y el apoyo a la trashumancia, y se garantice que se aplican las medidas de gestión agraria necesarias para alcanzar los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 en todas las comunidades autónomas.
Beneficios para la biodiversidad y la salud
Asimismo, señala la importancia de identificar y eliminar los efectos perversos de algunos subsidios que suponen intensificar el modelo productivo más allá de la capacidad de la naturaleza, como las inversiones destinadas a la modernización agraria, que con demasiada frecuencia generan impactos negativos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua, elementos esenciales para el futuro de la agricultura, además de para la salud de las personas.
Por último, estiman que los ecoesquemas deberán fomentar también las cubiertas vegetales vivas en leñosos para frenar la erosión y desertificación del suelo y apoyar las prácticas que benefician la biodiversidad y el paisaje.
Al mismo tiempo, incide en que no se debe olvidar el mantenimiento de las fincas certificadas en producción ecológica, que sería una nueva medida a programar. Por último, alertan de que "en ningún caso" la nueva PAC podrá financiar prácticas que abusan de los recursos naturales y contaminan, de forma que ponen en riesgo la capacidad para producir alimentos sanos y de calidad.
Ecoavant.
-La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética enfrenta el segundo trimestre del año superando los cauces parlamentarios que la sitúan a las puertas de convertirse en la primera norma nacional que dota a España de las pautas para afrontar la pelea contra el calentamiento global y que coloca a nuestro país en la línea de los compromisos adquiridos (y también exigidos) por la Unión Europea y defendidos igualmente por la ONU. 
Así, tras declarar primero en enero de 2020 el Consejo de Ministros la emergencia climática en España, soportar retrasos derivados de la situación sanitaria y superar, también, los primeros exámenes del Parlamento, la Ley acaricia su entrada en vigor y la obligatoriedad, entonces, de observar los preceptos que establece. 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990, así como alcanzar una penetración de energías renovables de, al menos, un 42% en el consumo de energía final y de un 74% en la generación de la electricidad son las metas fijadas para esta década. 
Más allá, el horizonte se sitúa en el 2050, cuando el parque de turismos no deberá generar emisiones directas de CO2, el 100% de la generación eléctrica tendrá que ser renovable y, por último, España estará obligada a ser climáticamente neutra. 
El agua, recurso no transversal de la Ley A pesar de que el preámbulo de la Ley apunta como ineludible la gestión, de forma responsable, “de nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad”, todos ellos definidos como recursos “escasos y frágiles”, esta alusión al agua apenas se replica una veintena de veces a lo largo de todo el texto, que se fija en los recursos hídricos en, únicamente, dos artículos (el 6 y el 17) y una disposición final (la cuarta). 
El documento reconoce que la región mediterránea es una de las zonas del planeta más sensible a los envites del cambio climático y conmina al Gobierno a evaluar estos efectos y trazar planes que los amortigüen. 
En este sentido, incluye la variable climática en las políticas sectoriales y recoge, por primera vez en una Ley, la necesidad de activar políticas de adaptación que permitan anticiparnos a los efectos del cambio climático, así como medidas para favorecer la recuperación tras los daños provocados por este fenómeno en los ecosistemas y también en los diferentes sectores socioeconómicos. 
En este punto se refiere, por ejemplo, a las construcciones e infraestructuras que se han vuelto extremadamente vulnerables a los temporales que, cada vez con más frecuencia y virulencia, se producen en la costa española, obligando a incluir los efectos del cambio climático en su proyección. En cuanto a la planificación y la gestión hidráulica, el documento únicamente menciona que se deberá incluir un análisis de los riesgos derivados de los previsibles impactos que el calentamiento global tendrá sobre el volumen de los caudales hidrológicos. 
Esto implica establecer nuevos sistemas de previsión y análisis que permitan reevaluar los periodos de retorno ante el incremento de los fenómenos climáticos extremos, en forma de torrencialidad o sequía intensa, con el objetivo de garantizar la disponibilidad real del agua frente a la tradicional gestión de los recursos hídricos a partir de la demanda. 
“La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socio-económicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia”, señala el texto. 
Sin embargo, ese carácter preventivo que marca la Ley no es ninguna novedad, ya que se encuentra recogido también en la Directiva Marco del Agua y en los Planes Hidrológicos de Segundo Ciclo, que incorporan planes de inundación y sequía, marcando incluso pautas distintas para gestionar una situación de sequía y una de escasez. 
Por otro lado, el articulado también recalca que “deberán adecuarse a las directrices y medidas que se desarrollen en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica”, un plan que, según se dispone en el mismo documento, tendrá que ser aprobado en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la Ley.
El agua también se queda sin PERTE A finales del pasado mes de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un programa compuesto por 110 inversiones y 102 reformas con el que aspira a captar unos 140.000 millones de euros en ayudas y créditos blandos europeos para iniciar la recuperación post Covid. La digitalización de la economía, su transición hacia un modelo más ecológico, la capacitación del capital humano, la cohesión territorial y la igualdad de género son los ejes transversales de este programa, que deberá ser validado por el ejecutivo comunitario en los dos próximos meses. 
Para garantizar la efectiva ejecución de los proyectos recogidos en el Plan de Recuperación, España ha decidido apoyarse en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una nueva figura de colaboración público-privada a través de la cual todos los sectores económicos trasladaron al Gobierno aquellos proyectos susceptibles de ser ejecutados en línea con las convocatorias de interés marcadas por los Ministerios. 
En ninguna de ellas, sin embargo, parece haber encontrado su sitio el agua, que se ha quedado sin convocatoria específica para que sus planes opten a recibir los fondos europeos, a pesar de que el sector, en coordinación con la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), identificó unos 500 proyectos susceptibles de recibir las ayudas comunitarias, con una inversión prevista de 13.750 millones. 
Tras analizar con detalle todas las iniciativas detectadas, AGA seleccionó los 50 proyectos más necesarios, que mejor se ajustaban a los requisitos de Bruselas y que podían licitarse y ejecutarse en el período 2021-2023 contribuyendo, por tanto, a la recuperación de la crisis provocada por el coronavirus. Entre todos sumaban una inversión total de 7.950 millones de euros. “Los proyectos propuestos sirven para solucionar los problemas actuales del país -obsolescencia de instalaciones y problemas en depuración, principalmente- y están pensados con visión de medio y largo plazo. Sólo de esta manera se podrá dejar un sistema de agua a las generaciones futuras aún mejor del que disfrutamos hoy en día”, señalan desde la patronal. 
Gran parte de los proyectos presentados se centran en la renovación de infraestructuras, ya que según los cálculos que manejan las empresas del ciclo integral del agua, el sistema completo de agua urbana español, necesita una inversión de 50.000 millones de euros en la próxima década si quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 
Es decir, para mantener y renovar la infraestructura existente y construir la nueva necesaria, se necesitan 5.000 millones al año de aquí a 2030, una cifra que se encuentra muy lejos de la inversión real, ya que el déficit calculado se fija en hasta un 50%. 
Además de las ventajas directamente asociadas a esta actividad, un estudio elaborado por PwC para Aga y Aeas señala que cubrir el déficit de inversión permitiría generar 43.000 empleos, aumentaría el PIB en más de 1.800 millones, acabaría con las sanciones europeas por la mala depuración -cuyo importe desde 2018 supera ya los 40 millones-, mejoraría la calidad del suministro y aumentaría la disponibilidad de recurso hídrico, entre otros muchos beneficios.
El Economista.es.
-Unión de Uniones informa de que se ha publicado hoy en el BOE la Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos, que fija que el índice general habría subido un 0,19%.
La actual legislación sobre arrendamientos rústicos prevé que las partes podrán acordar en un contrato que la actualización de las rentas a pagar podrá ligarse a la evolución del índice de precios percibidos por el agricultor que calcula el Ministerio de Agricultura; aunque no necesariamente tiene que utilizarse este factor y arrendador y arrendatario pueden pactar cualquier otro sistema de actualización.
Para aquellos contratos de arrendamiento que vinculan la renta a pagar anualmente con el índice de precios percibidos, el Ministerio de Agricultura publica cada año, la tabla correspondiente, tanto para el conjunto de producciones agrícolas y ganaderas, como separadamente por cultivo o aprovechamiento.
Para el año 2020, el índice general habría subido, con los datos del Ministerio en la mano, un 0,19%, diferenciando en un 1,35% para los productos agrícolas y un -1,30% para los productos animales. Además, se da publicidad también a cómo han evolucionado los índices de precios producto por producto.
Son especialmente llamativos las subidas que se reflejan para los cítricos (29,81%) y frutas (16,67%), mientras que las mayores bajadas se dan en lana (-39,01%) y tubérculos (-21,44%) y vino (-16,18%).
Estos porcentajes resultan comparando los precios de 2020 con los precios de 2015 y dándoles a estos últimos un valor 100.
Llama la atención que los porcentajes difieren de los que el Ministerio reflejo en su segunda estimación sobre la renta agraria de 2020, publicada en el mes de enero pasado. En aquel estudio, el aumento que se había producido en los precios, según se consideraba para el cálculo de la renta agraria, fue del 0,5% (frente a un 0,19% que da ahora en la evolución de los índices). De igual forma, la estimación de renta databa el aumento de precios de la producción vegetal en un 1,8% (y ahora cifra el crecimiento del índice de productos agrícolas en un 1,35%), mientras que para la rama de producción animal se daba un recorte del -1,2% (en contraste con el -1,.3, del índice de precios que se acaba de publicar)
En cualquier caso, insistimos, este mecanismo de actualización solo es aplicable a aquellos arrendamientos que así lo tengan pactado. El resto se regirán por las propias estipulaciones acordadas en el contrato.
Unión de Uniones.
-Olimerca. El pasado 1 de mayo finalizó el plazo para que los países miembros de la Unión Europea incorporasen a su legislación la normativa comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que se aprobó en abril de 2019 y ahora tienen 6 meses para comenzar a aplicarla.
El objetivo de esta norma es lograr una cadena de suministro de alimentos más eficiente y más justa, y que también incluye la cooperación de los productores y medidas para mejorar la transparencia del mercado. 
Para mejorar la posición de los agricultores y las pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro de alimentos, la UE ha adoptado una legislación que prohíbe 16 prácticas comerciales desleales. La Directiva distingue entre prácticas "negras" y "grises". Mientras que las prácticas comerciales desleales negras están prohibidas, sean cuales sean las circunstancias, las prácticas grises están permitidas si el proveedor y el comprador las acuerdan de antemano de manera clara e inequívoca.
Prácticas comerciales desleales negras.
Pagos posteriores a 30 días para productos agrícolas y alimenticios perecederos.
Pago posterior a 60 días para otros productos agroalimentarios.
Cancelaciones a corto plazo de productos agroalimentarios perecederos.
Cambios unilaterales de contrato por parte del comprador.
Pagos no relacionados con una transacción específica.
Riesgo de pérdida y deterioro transferido al proveedor.
Rechazo de una confirmación por escrito de un contrato de suministro por parte del comprador, a pesar de la solicitud del proveedor.
Uso indebido de secretos comerciales por parte del comprador.
Represalias comerciales por parte del comprador.
Transferir los costes de examinar las quejas de los clientes al proveedor.
Prácticas comerciales desleales grises.
Estos están permitidos solo si se acuerda de antemano de una manera clara e inequívoca.
Devolución de productos no vendidos.    
Pago del proveedor por almacenamiento, exhibición y listado.
Pago del proveedor por promoción.
Pago del proveedor por marketing.
Pago del proveedor por publicidad.
Pago del proveedor por el personal del comprador, acondicionamiento del local.
La Directiva proporciona una armonización mínima sobre las prácticas comerciales desleales en todos los países de la UE. Esto garantizará la igualdad de condiciones en esas prácticas, que el legislador identificó como las más problemáticas.
-COAG ha alertado de que la UE prepara una brutal reconversión en bienestar animal, empujada por los animalistas, pocos años después de otra similar que arruinó a 4000 granjas, al advertir que «las estrictas exigencias de los activistas pueden echar del mercado a los pequeños ganaderos, vaciando España, fomentan la ganadería industrial, la única con recursos para afrontar las reconversiones, mientras encarecen el precio de la carne al consumidor y multiplican el uso de antibióticos».
La organización recuerda que el sector ganadero intensivo hizo una bestial reconversión en 2013 y 2018 impuesta por directivas comunitarias inspiradas a su vez en exigencias de grupos animalistas. Las granjas invirtieron en todo tipo de estructuras para mejorar la calidad de vida de los animales. En el sector porcino, los costes fueron de entre 245 y 420 euros por reproductora: hay más de 2 millones y medio de cerdas reproductoras en España. La cifra media estaría en 700 millones de euros, aproximadamente. En la avicultura, la reconversión de 2018 supuso más de 200 millones solo en las granjas productoras de huevo, no de avicultura de carne. Y cifras igualmente significativas tuvieron que afrontar los productores cunícolas y de bovino en producción intensiva.
Además, en algunos casos, especialmente en el del porcino, las inversiones que se hicieron contaban con periodos de amortización que van hasta los 21 años. Por todo ello, en solo un año el número de granjas en este sector se desplomó en 2.200. El 1 de enero de 2013, cuando entra en vigor la norma, hay en España 71.700 granjas de porcino. Al final de ese año, el número de granjas es ya de 69.564. Tienen que cerrar casi 2.200 granjas. Y a finales de 2020, el total es ya de 68.027 granjas, según el MAPA. Casi 4.000 granjas se han quedado en el camino.
“AL ACTIVISMO VEGANO NO LE SERVIRÁ NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN. NI SIQUIERA EL CAMPERO”. EN CUANTO SE AVANCE EN UNO “PONDRÁ SOBRE LA MESA OTRA CAMPAÑA”
Para COAG, «toda esa ingente masa de capital utilizado para garantizar la calidad de vida de los animales ya no vale para nada. Estamos como al principio». Los animalistas han presentado más de un millón de firmas al Paramento Europeo pidiendo a las autoridades comunitarias que se vaya más lejos todavía (que se eliminen completamente las jaulas) y que se profundice en el bienestar animal. Y las autoridades comunitarias han comprado rápidamente la idea, conocedores de lo enormemente populista que es y lo bien que penetra en los públicos, principalmente urbanos, más desconocedores de los intestinos del problema.
Para la organización agraria, ésta es la clave ante esta brutal reconversión en bienestar animal: Nunca se llegará a la meta. La línea de llegada está en manos de los activistas que la van alejando a medida en que el granjero se va acercando a costa de invertir en la calidad de vida de los animales. 
El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, también se ha mostrado partidario de «usar todos los instrumentos de la UE» para «mejorar el bienestar animal» y brinda su apoyo a las organizaciones «para convertir estas ambiciones en legislación». Después, sin rubor, dijo: «Nosotros somos el faro en el contexto del bienestar animal e insistimos en que nuestros socios comerciales acepten las mismas normas o normas equivalentes», agregó.
A UN SECTOR COMO EL CUNÍCOLA, ESTA RECONVERSIÓN CAERÍA SIN RED DE EXIGIRSE NUEVAS INVERSIONES EN BIENESTAR ANIMAL
Los ganaderos ven con enorme preocupación toda esta película que trascurre frente a sus narices sin que nadie les consulte. Muchos de ellos que salieron a trompicones de la anterior reconversión se plantarían su hubiera otra. En Castilla y León la ganadería intensiva mueve 1.500 millones de euros al año. Y si bien hay subsectores más resistentes, a los que una nueva inversión en equipos podría noquear, pero no tumbar, otros.
Por ejemplo, el cunícola, caería sin red de exigirse nuevas inversiones en esta brutal reconversión en bienestar animal. Según el sector, este cambio drástico en el sistema supondría un desastre. El sistema de cría en parques colectivos (sin jaulas) no favorece la sostenibilidad de las explotaciones. Puede generar agresividad, acelerar la difusión de las enfermedades, aumentar del uso de medicamentos, etcétera. Cambiar el modelo de cría es inviable para los productores que no podrían asumir los costes. La carne de conejo se quedaría como una carne tipo gourmet. Este sistema no permite producir carne de conejo en condiciones económicamente viables para los productores.
En general, el sector cárnico, asaeteado desde todos los frentes, atraviesa época de vacas flacas. Según Eurocarne, con datos nacionales, entre los años 2018 y 2019, los ganaderos de vacuno cayeron a 13.288 desde 14.128, los de ovino descendieron a 3.710 desde 4.113, los de caprino pasaron a 5.088 ganaderos cuando el año anterior había 5.655 y el subsector lácteo sufrió un desplome general de un 8,2% entre los citados años.
Por todo ello, este movimiento sangra más en España, porque los países que exportan estas ideas ecologistas y animalistas, “un viento del norte”, las llaman, son los ricos y cultos países del norte cuyas estructuras económicas boyantes pueden asumir los costes. Los países del sur europeo no pueden, como se ha visto en anteriores reconversiones.
Además, la retahíla de efectos perversos que pueden surgir como consecuencia de estas exigencias de los animalistas son de diferente plumaje. Los hay socioeconómicos. Las estrictas exigencias de los animalistas fomentan la ganadería industrial, la única que tiene recursos para afrontar las reconversiones, echan del mercado a los pequeños ganaderos, por tanto, vacían España, encarecen enormemente el precio de la carne al consumidor y multiplican el uso de antibióticos por la mayor facilidad de los animales para enfermar.
Por ejemplo, de 2012 a 2020 el número de granjas en España cae en 4.000 pero el censo medio por granja sube de 319 a 427 animales. Las granjas son más grandes, más industriales.
De momento, todo apunta a que habrá nueva reconversión. Y que, la ganadería, una vez más está amenaza: los animalistas han encontrado en ella un filón por la buena venta que tiene su evangelio en las sociedades urbanas. Tanto, que las propias empresas productoras están a favor de las nuevas reconversiones porque están poniendo sus ojos en los nuevos gustos de los consumidores. Sin ir más lejos, Macdonals ya vende carne vegetal en sus tiendas de Suecia.
Agroinformación.
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