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5Semana del 4 al 11 de octubre de 2020.

El acuerdo es imposible

La semana que hoy comentamos es semana de contenidos ciertamente variopintos. Empezamos señalando el rechazo que los andaluces, fundamentalmente sus dirigentes políticos y alguna que otra organización profesional siguen mostrando su desacuerdo con el llamado Decreto de Convergencia, disposición prevista para hacer la transición, a la nueva PAC, durante los ejercicios 2021 y 2022.

Actualizado 15 octubre 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Y llevan toda la razón del mundo porque, tal como argumentan, no parece, ni es razonable “cambiar las reglas de juego a mitad del partido” y eso es concretamente lo que desde el MAPA se está pretendiendo con el aplauso de los que hasta ahora están percibiendo menos ayudas directas. 
La PAC no debe ser un cheque autonómico, debe ser un incentivo individual, por lo que  es necesario un sistema de convergencia de ayudas moderado y progresivo que permita a los agricultores y ganaderos, de forma individual y concreta, hacer sus previsiones y tomar sus legítimas decisiones empresariales. El Decreto de Convergencia propuesto, que plantea en un plazo de dos años, “una reducción considerable en la renta de agricultores profesionales que han realizado inversiones en tecnología, riegos localizados, etc… … que les ha permitido incrementar la producción y el empleo en su territorio, en favor de aquellos otros titulares de explotaciones, más extensivas con menos mano de obra, y en las que el peso de la superficie conformará, en mayor medida, el importe de la ayuda a su renta”, supone un gran paso atrás para el desarrollo agrario andaluz,

Comentarios.
Según AEMO, (Asociación Española de Municipios del olivo), los costes de producción de un Kg de aceite de oliva van desde 1,49 euros en un olivar super-intensivo en seto de regadío, hasta 3,52 euros en un olivar tradicional no mecanizable de secano. Es decir que los precios en origen de un kg de aceite en nuestro país oscilan de 1 a 3 y así ¿dónde se pondría el demandado, por todas las Organizaciones Profesionales, precio mínimo en origen de la aceituna? ¡Ustedes mismos! 

¿A qué nos dedicamos? 
¿Se puede entender que nuestros regantes, con la callada del MAPA, según denuncia la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), solo hayan recibido el 19% de las ayudas para inversión previstas en los planes hidrológicos?
Los regantes ponen el acento en las cifras: casi un millón de hectáreas están, todavía, pendientes de modernizar, y un importante porcentaje de las obras en infraestructuras hidráulicas consideradas de interés general aún no ha comenzado a ser ejecutado, a pesar de aparecer recogidas en los sucesivos planes hidrológicos ya en vigor. ¿Dónde está la señora Ribera? Un auténtico fiasco la señora. 

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders han presentado sendos escritos ante la Denominación de Origen ‘Arroz de Valencia’, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) –órgano dependiente del Ministerio de Agricultura– y la Conselleria de Agricultura instándoles a investigar las presuntas irregularidades en relación al origen, la calidad y el precio que estaría cometiendo la promoción de arroz ‘Vive Valencia’ puesta en marcha esta primera semana de octubre por la cadena de distribución alimentaria Lidl y que, en caso de confirmarse, supondría un grave perjuicio para los productores y un engaño a los consumidores.
Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana advierten de que la campaña promocional hace referencia al origen valenciano del arroz, pero carece de la correspondiente certificación que, en este caso, únicamente puede certificar la figura de calidad DO Arroz de Valencia. Tanto en la cartelería como en el folleto informativo, LIDL resalta una bandera de la senyera valenciana en forma de corazón, acompañada del lema ‘De la nostra terra / De nuestra tierra’. Sin embargo, el arroz redondo de la marca ‘Campo Largo’ objeto de la oferta está envasado en la localidad murciana de Lorquí, en la etiqueta lateral consta que su procedencia es de España y en el envase de plástico cita ‘Origen España 100%’.
¿Tampoco existe control en la comercialización del arroz? 
Estamos y estaremos siempre en contra de los controles de precios, pero, lo que nunca aceptaremos es que, en el etiquetado de los productos alimentarios, se nos de gato por liebre. ¡Eso no!

Era absolutamente esperable desde ya hace décadas. Nunca estuvimos de acuerdo es la utilización generalizada, por los poderes públicos-políticos de las empresas TRAGSA y TRAGATEC. La complementación de tareas inasumibles por los empleados públicos, ha sido en ocasiones una total necesidad, pero, la utilización de empresas para superar las limitaciones funcionariales es de cárcel y eso es lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones. De todas formas, es tema ya viejo, muy conocido y quizás participado por muchos de los actuales dirigentes políticos.
… …“¿Qué va a pasar con todas las sanciones tramitadas por personal laboral de TRAGSA o de cualquier otro ente público? Se abre, a mi juicio, una situación similar a la que se dio cuando el Tribunal Constitucional anuló la transferencia del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía (STC 30/2011), que supuso la nulidad de todas las sanciones impuestas por la Junta y cuya revisión fue instada por los perjudicados. El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2012 (recurso núm. 5571/2011), entre otras, declaró que la nulidad era radical y no quiso atender a las demandas de la Abogacía del Estado de pedir que se interpretara que la declaración de inconstitucionalidad sólo tenía efectos prospectivos o hacia el futuro.
Exactamente esto mismo es lo que debería pasar con las sanciones de TRAGSA, ya que el Tribunal Supremo, en su sentencia de septiembre, también ha encontrado en esta “atípica tramitación” una demoledora causa de nulidad radical. Ahora bien, como en derecho y en la práctica judicial, dos y dos no siempre son cuatro, si todas las sanciones tramitadas por esta empresa mercantil con vocación de servicio público (valga la paradoja) se anulan es algo que sólo sabremos con el paso del tiempo.
En TRAGSA, sin duda, y como siempre han hecho, estarán buscando soluciones inteligentes que les permitan mantener el estatus quo. No sé si en este caso las hay. Lo suyo sería que hubiera alguien en el Gobierno que estuviera planteándose la imprescindible reforma de la Administración hidráulica del Estado, incluida la de las Confederaciones hidrográficas. Pero, claro, estamos en tiempos de pandemia”. (I. Caro Patón).
 
Según el Confidencial “España va camino de perder 10.000 millones de fondos estructurales de Europa en un momento crítico para la economía como consecuencia del impacto de la pandemia. El Gobierno asume la “incapacidad” para ejecutar proyectos con todo el dinero europeo justo cuando está a punto de recibir los 140.000 millones del fondo Covid de la UE. Moncloa ha anunciado que Pedro Sánchez presentará este miércoles las “líneas maestras” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá “la transformación digital, la igualdad y la cohesión territorial” como ejes principales de los proyectos a desarrollar con las ayudas europeas.
Todos los ministros, agentes sociales, embajadores de la Unión Europea y sociedad civil participarán en un evento organizado por La Moncloa. El presidente desgranará delante de este auditorio seleccionado para la ocasión el documento donde figuran los proyectos para los que pedirá financiación del Fondo de Recuperación de la UE.
El propio Sánchez avanzó también la semana pasada que el Consejo de Ministros aprobará en breve un decreto ley que terminará con “las barreras” que tienen que afrontar las administraciones para la gestión de fondos extraordinarios de cara a conseguir “una gestión más transparente, ágil y eficaz”. Con todo, el presidente no ha entrado en más detalles de en qué consistirá esta modificación normativa vía decreto ley.
“Para nosotros Sánchez vuelve a mentir porque, como ya demostramos hace semanas, la verdad es que, la actual administración es absolutamente incapaz para ejecutar cualquier proyecto”.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar las “extensiones de norma” llevadas a cabo por las trece principales interprofesionales agroalimentarias en España, cifra en 260.200.000 € la recaudación de estas organizaciones hasta hoy en día. Unión de Uniones, que ya ha denunciado en Bruselas el modo en que se han creado estas organizaciones y su funcionamiento, critica que la cifra recaudada desde la creación de la primera interprofesional es más que elevada como para haberse obtenido mejores resultados, mientras que aún muchos de los sectores representados están atravesando una crisis sin precedentes. La organización, que ha elaborado un informe al respecto, explica que para 2026, año en el que expiraría la “extensión de norma” que de momento más se alarga, la de porcino ibérico, la aportación obligatoria por parte del sector ya habría alcanzado la friolera de 371.400.000 €, según las estimaciones basadas en los propios criterios de las interprofesionales a la hora de calcular sus ingresos en las Órdenes de aprobación de las extensiones de norma. La mitad aproximadamente de dicha cantidad la habrían aportado los agricultores y ganaderos. Asimismo, los 371 millones de euros previstos hasta 2026 en base a las extensiones aprobadas o solicitadas, podrían engrosarse hasta los 443, si todas las interprofesionales cuyas extensiones de norma expiran en dicho período, deciden mantenerlas en vigor en cuantías similares a las actuales, lo que, a juicio de la organización, es muy probable por la experiencia de estos años de atrás.
Por sectores, 120 millones son recaudados por la interprofesional del aceite de oliva, seguida de lejos por la interprofesional del vino de España, 46,9 millones; la del sector porcino de capa blanca, 44,7 millones y la de aceituna de mesa, 38,2 millones. A estas cifras, a su vez, habría que sumar las subvenciones adicionales recibidas. Según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sólo entre junio de 2016 y enero de 2019, siete interprofesionales recibieron más de 31 millones € para promoción de los productos, de los que 48% fueron a la interprofesional del aceite de oliva (15 millones), 19% para INTERACEITUNA (6 millones) y 14% a e INTERPORC respectivamente (4,4, millones).
Tras este, para nosotros despilfarro, a pesar de que cerca del 80 % de la recaudación va destinado a promoción, este gasto haya sido claramente ineficaz. Así, desde 2010, el consumo per cápita de estos productos ha descendido en muchos casos: el aceite de oliva un 20%, el vino casi un 18%, el porcino un 8,3%, la leche un 4% o la carne de ovino un 36%.
Y como siempre ocurre, nadie responde nunca de nada….


Cuidado con la posible renacionalización de la PAC futura. 
“Pese a las duras negociaciones de los Estados europeos para cerrar el Marco Financiero Plurianual, que conllevaría que España recibiría 47.724 millones de fondos agrarios, las diferencias existentes en el seno de la UE no deja nada claro aún cómo va a acabar la negociación presupuestaria. Esto ha provocado que el fantasma de la renacionalización de la PAC vuelva a aflorar como una eterna amenaza que el campo no quiere. Sin embargo, esa sombra está ahí y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconocía esta semana que «mi punto de vista es que no existe ese riesgo», aunque también matizaba que no sucedería «en la medida de que seamos capaces de mantener unas reglas comunes dentro de la UE».
¡Cuidado con las dos velocidades apuntadas ya desde hace tiempo!



Noticias.
-Nuevo rechazo al Decreto de Convergencia de la PAC: «No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido»
 
El pulso de Andalucía contra el Gobierno y su propuesta de la PAC, así como el nuevo Decreto de Convergencia que debe hacer la transición durante los ejercicios 2021 y 2022, sigue más que latente, ya que no solo se les acusa de que «no se pueden "», sino que se insiste en que se basa en «una falsa solidaridad que perjudicará a muchos profesionales productivos en favor de los latifundistas».
Desde ES Andalucía han lamentado la posición adoptada por el Ministerio en cuanto a la propuesta de Decreto de Convergencia de la PAC que «perjudicará a muchos profesionales productivos en favor de productores latifundistas, excediendo innecesariamente las propuestas de convergencia de la UE, en plazo e importes de reducción, y sin la elaboración de un estudio de impacto previo que muestre su efecto en la renta de los agricultores y ganaderos de nuestro país».
En este sentido, ES Andalucía se opone a un cambio de las reglas de juego a mitad del partido. Es decir, esta organización entiende que «la PAC no es un cheque autonómico y que es necesario un sistema de convergencia de ayudas moderado y progresivo que permita a los agricultores y ganaderos hacer sus previsiones y tomar sus legítimas decisiones empresariales».
“UN HECHO QUE NO SE PUEDE DEFINIR COMO SOLIDARIDAD SINO MEJOR CON TÉRMINOS COMO DESMANTELAMIENTO”
Sin embargo, para esta organización el Decreto de Convergencia plantea en un plazo de dos años, «una reducción considerable en la renta de agricultores profesionales que han realizado inversiones en tecnología, riegos localizados, etc… … que les ha permitido incrementar la producción y el empleo en su territorio, en favor de aquellos otros titulares de explotaciones, más extensivas con menos mano de obra, y en las que el peso de la superficie conformará, en mayor medida, el importe de la ayuda a su renta».
Precisamente Andalucía cuenta con más de 274.000 explotaciones agrarias (casi el 30% del total nacional), una superficie media de 15,64 hectáreas (un 30% menor que la media nacional) y una dimensión económica de 23.700 euros anuales (un 44% menos de la media nacional). Una estructura agraria que hace que, a pesar de contar con unos Derechos de Pago Básicos medios más elevado (227,7€/ha), el importe medio por beneficiario coloca a nuestra región en séptimo lugar con 3.692 € de ayuda al año. «De ahí que, en la puesta en marcha de la nueva PAC de 2023, esta drástica aplicación de la convergencia sacará del sistema, hacia el régimen de pequeños perceptores o directamente al abandono de las explotaciones, a un número considerable de productores andaluces, sin despeinar siquiera, al 0,6% de los grandes perceptores que cobran el 17% del presupuesto de la PAC».
De manera que, según explican, este trasvase de apoyo de rentas hacia explotaciones que precisamente requieren de menos mano de obra, menos empleo y menos incidencia en la fijación de población al territorio generará un descontento que, si bien el sector lo está pasando mal, lo induce a una situación peor. «Un hecho que no se puede definir como solidaridad sino mejor con términos como desmantelamiento».
Agroinformación.

- Estudio de AEMO, (Asociación Española de Municipios del olivo), sobre los costes de producción de 1 kg de aceite.
Este Estudio fue el primero que clasificó los sistemas de cultivo en una tipología que fue adoptada después por diferentes organismos y centros de investigación, entre ellos el Consejo Oleícola Internacional (COI). Se trata de Olivar Tradicional No Mecanizable (O.T.N.M.), Olivar Tradicional Mecanizable (O.T.M), Olivar Intensivo (O.I) y Olivar en Seto o Superintensivo (O..S), diferenciando a su vez entre secano y regadío.
Según cada sistema de cultivo se establecieron las mediciones de las 6 tareas consideradas que son poda, mantenimiento del suelo, fertilización, plagas y enfermedades, riego y recolección. Luego cruzando con los precios unitarios se obtiene el precio de obtención de un kilo de aceite en cada sistema.
Ahora AEMO ha actualizado tanto los precios unitarios como ciertas tareas de cultivo que han tenido progresos tecnológicos en los últimos años, resultando unos costes de cultivo nuevos para cada sistema.
Los costes de obtención de un kg de aceite resultantes (2020) son los siguientes:
Sistema de Cultivo    Coste por kg aceite
Olivar Tradicional No Mecanizable. Secano    3,52 €
Olivar Tradicional Mecanizable. Secano    2,64 €
Olivar Tradicional Mecanizable. Regadío    2,18 €
Olivar Intensivo. Secano    1,90 €
Olivar Intensivo. Regadío    1,60 €
Olivar en Seto. Regadío    1,49 €
Si consideramos la distribución de la superficie del olivar español en cada tipología y hacemos una media ponderada del coste resulta que, de media, producir un kilo de aceite de oliva en España tiene un coste de 2.49 €. Pero este dato es de poca relevancia porque en realidad la variabilidad es muy grande, yendo desde 3.52 € en un olivar de montaña (O.T.N.M) hasta 1.49 € en un olivar en seto de regadío (O.S).

- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, ha hecho pública su protesta contra el Gobierno denunciando que apenas han recibido el 19% de las ayudas para inversión previstas en los planes hidrológicos. En la segunda alegación a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes referentes al Tercer Ciclo de Planificación, presentada recientemente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como el resto de organismos de cuenca de España, reprocha al Ejecutivo el incumplimiento de sus promesas.
Los regantes ponen el acento en las cifras: casi un millón de hectáreas están, todavía, pendientes de modernizar, y un importante porcentaje de las obras en infraestructuras hidráulicas consideradas de interés general aún no ha comenzado a ser ejecutado, a pesar de aparecer recogidas en los sucesivos planes hidrológicos ya en vigor.
De forma específica, la Federación apunta que los 25 Planes Hidrológicos revisados ya en el segundo ciclo, correspondiente a los años 2015/2021, contemplan 11.224 medidas concretas y una inversión de 22.332 millones de euros para implementarlas. A pesar de ello, según los últimos datos condensados por Fenacore, hasta diciembre de 2018 apenas se habían finalizado el 7% de estas medidas, habiéndose invertido para ellas 3.650 millones de euros, apenas el 16% de lo comprometido, aun habiendo ya superado el ecuador temporal de la planificación.
Así las cosas, los regantes subrayan que, a su juicio y a la luz de los datos, la planificación hidrológica carece de credibilidad; denuncian el incumplimiento reiterado, y por las sucesivas administraciones a lo largo de varias legislaturas, de los acuerdos que el Gobierno ha suscrito con las Comunidades de regantes.
Por ello también, insisten de nuevo en el necesario cumplimiento de los planes vigentes y la atención, ahora sí específica, a los programas de medidas pactados, con el fin de poder recuperar la confianza en la planificación hidrológica y en las administraciones que deben acometerlos.
Una crítica reiterada
En la alegación que antecede a la recién presentada, Fenacore ya dejó patente su oposición a los nuevos Planes Hidrológicos motivada por la desconfianza hacia las administraciones que, según entienden, presentan de un tiempo a esta parte posiciones contrarias a los regadíos y un desapego hacia las ideas que defienden la importancia de disponer de agua garantizada en todas las cuencas hidrográficas, puesto que así se garantiza y asegura la alimentación, el suministro y, a la postre también, la correcta pelea contra el cambio climático y la despoblación de la España rural.
No obstante, Fenacore sigue manteniendo la mano tendida y muestra su predisposición a colaborar activamente en el nuevo ciclo de planificaciones, procurando así alcanzar nuevamente acuerdos tan significativos como los ya firmados. Recuerdan, por ejemplo, la relevancia de la Ley de Aguas consensuada en 1985 y sus reglamentos de 1986 y 1987, así como los ciclos de planificación hidrológica de 1998, 2014 y 2016.
Según Andrés del Campo, presidente de la federación, se solicitará que el conjunto de las Administraciones Públicas y, de manera especial, el Ministerio para la Transición Ecológica y los Organismos de cuenca que tienen las competencias en materia de agua en España “den un impulso al cumplimiento de los programas de medidas comprometidas con los regadíos para fomentar el ahorro de este recurso y facilitar el acuerdo del regadío español al nuevo ciclo de planificación”.
Reivindica así del Campo el papel de sus representados, usuarios de, aproximadamente, el 70% del agua en España, y que abogan por el consenso para garantizar unas condiciones mínimas para así apoyar los nuevos Planes Hidrológicos, sabedores de que las decisiones que se tomen hoy marcarán de forma definitiva la gestión del agua en los próximos años y décadas.
El Economista.es

-El precio medio de la tierra para uso agrario en España ha disminuido en 30 €/ha, desde los 10.209 €/h en 2018, hasta los 10.178 €/h en 2019. 
El precio medio asciende en 14 de las 21 tipologías de cultivos y aprovechamientos consideradas, aun así, conduce a una ligera evolución negativa en los Cultivos (-0,7%) y una evolución positiva en los Aprovechamientos (+2,4%). 
El índice general experimenta un mayor ascenso en términos nominales (+3,0%) que en reales (+1,3%), debido al deflactor implícito del Producto Interior Bruto (PIB) (+1,7 %). 
MAPA
El precio medio de la hectárea agrícola en España se situó en el año 2019 en 10.178 euros, lo que supone una disminución de 30 euros por hectárea con respecto a 2018 (10.209 €/ha). Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Precios de la Tierra publicada este martes -6 de octubre- por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
La estadística, que toma como base el año 2016, es la primera vez que registra un retroceso anual en el precio de la hectárea agrícola: en 2016 se situaba en 9.882 €/h y que en 2017 alcanzó los 10.082 €/ha.
En 2019, el precio medio ascendió en 14 de las 21 tipologías de cultivos y aprovechamientos para pastos consideradas por el MAPA, con un máximo de 189.346 euros para la hectárea de terreno en regadío de hortalizas de invernadero (+8,9 % respecto a 2018) y un mínimo de 4.546 €/h para las tierras de aprovechamiento (+2,4 %).
En general, el precio de una hectárea agrícola de secano costaba el año pasado de media 9.352 euros (-1 %) y una de regadío 28.607 euros (-0,4 %).
El precio de la tierra de los cultivos de secano osciló entre los 20.995 €/h para la aceituna de almazara (-3 %) y los 7.079 euros de herbáceos y barbechos (0 %); entre los de regadío, la horquilla se situó entre los 189.346 €/ha de hortalizas de invernadero y los 17.552 €/ha de los herbáceos.
Precio por Comunidades Autónomas
El precio medio aumentó en 12 de las 17 Comunidades Autónomas, sobre todo en Baleares (+4,7 %), Asturias (+4,2 %), Extremadura (+3,6 %), La Rioja (+3,1 %) y Comunidad Valenciana (+2,5 %); las únicas que registraron descensos fueron Aragón (-4,5 %), Galicia (-2,1 %) y Andalucía (-1,8 %).
En herbáceos, el precio de la hectárea en regadío aumentó un 3,6 % tanto en Andalucía (29.010,8 €/h) como en Castilla-La Mancha (15.666,43 €/ha) y descendió únicamente en Aragón (14.348,43 €/ha, -4,9 %), que también anotó la única bajada en secano (4.136,18 €/ha, -3,6 %).
Agropopular.
Adjuntamos la publicación del MAPA como Documento semanal.

-La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders han presentado sendos escritos ante la Denominación de Origen ‘Arroz de Valencia’, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) –órgano dependiente del Ministerio de Agricultura– y la Conselleria de Agricultura instándoles a investigar las presuntas irregularidades en relación al origen, la calidad y el precio que estaría cometiendo la promoción de arroz ‘Vive Valencia’ puesta en marcha esta primera semana de octubre por la cadena de distribución alimentaria Lidl y que, en caso de confirmarse, supondría un grave perjuicio para los productores y un engaño a los consumidores.
Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana advierten de que la campaña promocional hace referencia al origen valenciano del arroz, pero carece de la correspondiente certificación que, en este caso, únicamente puede certificar la figura de calidad DO Arroz de Valencia. Tanto en la cartelería como en el folleto informativo, LIDL resalta una bandera de la senyera valenciana en forma de corazón, acompañada del lema ‘De la nostra terra / De nuestra tierra’. Sin embargo, el arroz redondo de la marca ‘Campo Largo’ objeto de la oferta está envasado en la localidad murciana de Lorquí, en la etiqueta lateral consta que su procedencia es de España y en el envase de plástico cita ‘Origen España 100%’.
AVA-ASAJA y LA UNIÓ se han dirigido al director general de Desarrollo Rural, David Torres, para solicitarle que la Generalitat compruebe también si la calificación de ‘Categoría Extra’ que figura en la etiqueta del arroz cumple efectivamente dichos parámetros de calidad. En cuanto al precio, ambas asociaciones advierten de que la promoción de 0,59 euros por kilo, tras ser rebajado en un 25%, puede incurrir en una supuesta venta a pérdidas puesto que dicha cotización no permitiría cubrir los costes de todos los agentes que intervienen desde el campo hasta la superficie comercial. Una de las novedades que incluyó el Real Decreto Ley impulsado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, para mejorar la posición negociadora del productor en la formación de los precios fue, precisamente, la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena alimentaria.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señalan que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras LIDL o cualquier otra empresa de la gran distribución alimentaria trata de perjudicar a los agricultores y, al mismo tiempo, de confundir e incluso engañar a los consumidores en temas tan sensibles como es el origen, la trazabilidad y la calidad del producto”.
 Ambos dirigentes agrarios apuntan que “esta estrategia comercial se produce además en un momento crítico porque las cosechadoras todavía están segando los campos en el parque natural de La Albufera y empiezan a cerrarse las primeras operaciones de compraventa del arroz. La actual campaña se presenta con un 15% menos de producción y un equilibrio de oferta-demanda que puede permitir a los arroceros coger aire tras años de bajas cotizaciones en campo. Debido al Covid-19, muchos países asiáticos han decidido asegurarse el abastecimiento de este cereal para las necesidades internas de su población y van reducir sus exportaciones con destino a la Unión Europea. No podemos consentir que empresas como Lidl traten de amenazar ese clima favorable mediante prácticas abusivas y por ello pedimos a las administraciones competentes que actúen con rapidez y, en su caso, con contundencia”. 
AVA-ASAJA.

-ASAJA CLM plantea en la Mesa del Agua un acuerdo político para poder alcanzar una posición firme y sin fisuras en la región.
 El secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, explica que, “la sociedad de Castilla-La Mancha se merece que los partidos políticos lleguen a Madrid con un acuerdo sin fisuras".
El secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha pedido a la Consejería de Agricultura durante la segunda reunión de la Mesa del Agua celebrada ayer, que favorezca un acuerdo político “para poder plantear al Gobierno de la nación una posición firme y sin fisuras de Castilla-La Mancha”.
El secretario general ha explicado que “la participación social es necesaria, pero para poder negociar en las reuniones y foros del agua y alcanzar objetivos, en Madrid o en Bruselas, es imprescindible un pacto político inquebrantable”.
Además del político, Fresneda ha planteado a la Consejería de Agricultura que fomente el desarrollo de la capacidad productiva de esta región propiciando un acuerdo entre ASAJA de Castilla-La Mancha y la Federación de Comunidades de Usuarios y Aguas Subterráneas (CUAS) en materia de agua.
En este sentido, ASAJA Castilla-La Mancha ha presentado también sus observaciones al último borrador propuesto por la Consejería de Agricultura del "Documento de posición común en materia de agua de Castilla-La Mancha”.
La organización agraria defiende que cualquier acción o planificación en materia de agua debe basarse en conocimientos técnicos y actualizados, así como en investigación e innovación, y no permitir que influyan otro tipo de intereses de carácter político a la hora de tomar decisiones sobre el agua.
En relación a la transferencia entre cuencas hidrográficas, la organización plantea garantizar las necesidades de Castilla-La Mancha y solucionar primeramente los déficits en materia de agua que sufre esta región. Por ello, entiende esta medida como una herramienta más de gestión, pero ha pedido que no se generen expectativas para la obra de la tubería manchega sin tener garantizado el recurso hídrico de los trasvases.
Sobre las infraestructuras, ASAJA CLM plantea que la Ley de Agua de CLM debe garantizar la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo de los regadíos de Castilla-La Mancha. Del mismo modo, se debe fomentar estas infraestructuras con la declaración de regadíos de interés regional, así como contar con un presupuesto garantizado.
Por último, la organización agraria ha pedido a la Consejería de Agricultura que aporten alternativas a los usuarios de Castilla-La Mancha ante cualquier nueva restricción en materia de agua.

-Es bien sabido para los profesionales del sector que la Administración hidráulica estatal se apoya en los medios materiales y personales del grupo TRAGSA, de capital íntegramente público. Este grupo, según dice su página web, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, que son “algo más que una empresa” pues realizan funciones de “Servicio Público”.
La trayectoria de TRAGSA es larga y exitosa; lleva más de cuatro décadas prestando servicios a las Administraciones Públicas a través de encargos directos, no sin controversias previas. En la década de los 90, la Asociación Nacional de Empresas Forestales presentó una denuncia a las autoridades de la competencia para pedir que los encargos que hacían a TRAGSA las distintas Administraciones se sujetaran a los procedimientos de adjudicación de la legislación de contratación pública. Esta denuncia se resolvió definitivamente el 19 de abril de 2007. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia (asunto C 295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales, Asemfo) en la que declaró que TRAGSA, en cuanto empresa pública podía lícitamente actuar como medio propio instrumental y servicio técnico de varias autoridades públicas y, por tanto, mediante encomiendas sin licitación (“in house”).
En lo que respecta a las Confederaciones Hidrográficas su relación es estrecha desde hace muchos años. 
Incluso en algunos Organismos de cuenca se decía que existía una Confederación paralela o una Confederación “en B” que se encargaba de parte de la tramitación de procedimientos administrativos. Entre estos expedientes, se incluían los de la regularización de derechos sobre aguas subterráneas y también los de imposición de sanciones.
La justificación de esta encomienda se apoyaba en la conocida falta de medios de los Organismos de cuenca, ahogados por restricciones presupuestarias, que también impedían la contratación del personal funcionario. Es decir, aunque TRAGSA nació para encargarse de la ejecución de obras públicas o en general para realizar de servicios de ingeniería, también se le encomendaron “tareas auxiliares” a funciones o potestades públicas; como digo, comprobar la legalidad de usos de aguas privadas, intervenir en procedimientos expropiatorios o, incluso, imponer sanciones.
Pues bien, el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 14 de septiembre de 2020 (rec. núm. 5442/2019) acaba de prohibir su intervención en procedimientos sancionadores porque su personal es laboral y no está sujeto al régimen de la función pública.
La sentencia se apoya en el art. 9 del Estatuto Básico del Empleado Público (su texto refundido está aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) que dispone “que preceptivamente “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas […] corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”.  El TS recuerda que la justificación de esta exigencia está en que los funcionarios garantizan que los poderes públicos actúen “con la objetividad, imparcialidad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho […]. No se trata pues de un mero capricho de las autoridades […] de realizar la actividad administrativa por la vía funcionarial, […] sino que es aquella la que da garantía al sistema y, lo que es más importante, impone nuestra legislación. […] Los procedimientos administrativos han de tramitarse por funcionarios públicos, lo cual constituye la regla básica”.
El Tribunal Supremo declara probado que el personal laboral de TRAGSA no se limitaba a realizar “tareas auxiliares” a las de los propios funcionarios de la Confederación (en el caso, se trataba de la del Tajo), sino que, en realidad, realizaban la completa tramitación de los procedimientos o, en definitiva, el ejercicio de funciones públicas. La sentencia puntualiza que “no cabe desmerecer la capacidad y formación del personal laboral […] se trata simplemente que no cabe presumir en ese personal la capacidad técnica especializada, la objetividad, la imparcialidad y la responsabilidad que cabe presumir en los empleados públicos”.
Lo que ha señalado el TS era algo obvio para los juristas y, muy seguramente, para los asesores jurídicos de TRAGSA.
¿Qué va a pasar con todas las sanciones tramitadas por personal laboral de TRAGSA o de cualquier otro ente público? Se abre, a mi juicio, una situación similar a la que se dio cuando el Tribunal Constitucional anuló la transferencia del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía (STC 30/2011), que supuso la nulidad de todas las sanciones impuestas por la Junta y cuya revisión fue instada por los perjudicados. El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2012 (recurso núm. 5571/2011), entre otras, declaró que la nulidad era radical y no quiso atender a las demandas de la Abogacía del Estado de pedir que se interpretara que la declaración de inconstitucionalidad sólo tenía efectos prospectivos o hacia el futuro.
Exactamente esto mismo es lo que debería pasar con las sanciones de TRAGSA, ya que el Tribunal Supremo, en su sentencia de septiembre, también ha encontrado en esta “atípica tramitación” una demoledora causa de nulidad radical. Ahora bien, como en derecho y en la práctica judicial, dos y dos no siempre son cuatro, si todas las sanciones tramitadas por esta empresa mercantil con vocación de servicio público (valga la paradoja) se anulan es algo que sólo sabremos con el paso del tiempo.
En TRAGSA, sin duda, y como siempre han hecho, estarán buscando soluciones inteligentes que les permitan mantener el estatus quo. No sé si en este caso las hay. Lo suyo sería que hubiera alguien en el Gobierno que estuviera planteándose la imprescindible reforma de la Administración hidráulica del Estado, incluida la de las Confederaciones hidrográficas. Pero, claro, estamos en tiempos de pandemia.
Isabel Caro Patón.


Respuesta-Interpretación de TRAGSA:
Con fecha 14 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo ha dictado sentencia no admitiendo la casación formulada por la Abogacía del Estado en relación con la sentencia nº 77/19 de 13 de marzo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acerca del procedimiento sancionador 137/17 en su día resuelto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana el 23 de junio de 2016. La sentencia de 2017, ahora ratificada por el Tribunal Supremo, anulaba el referido procedimiento al entender que la intervención de la filial tecnológica de Tragsa (Tragsatec) habría suplantado funciones y actos administrativos propios de los funcionarios.
A raíz del referido fallo se han producido diversas manifestaciones sobre las que el Grupo Tragsa no ha querido hasta ahora pronunciarse. En primer lugar, por el obligado respeto al Poder Judicial. En segundo lugar, por compartir plenamente los argumentos desarrollados en el fallo inicial y ahora ratificados. En tercer lugar, por tratarse de una cuestión que, desde la sentencia inicial del año 2017, está interiorizada y normalizada en toda la actividad del Grupo. En cuarto lugar, porque afortunadamente por fin, la actual Ley 9/2017 de contratos del sector público, ha transpuesto al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria en materia de contratación pública, regulando de manera extensa el régimen jurídico de los medios propios, con lo que el ámbito de actuación de estos entes jurídicos públicos, en tanto que instrumento de las administraciones en el marco de su capacidad de auto organización, ha quedado jurídicamente acotado. Todo ello no quita para que cuestiones que puedan estar aún pendientes, anteriores al actual marco jurídico, puedan ser objeto de ajuste o de sentencia, y no impide que, como este caso, pudiera parecer que la sentencia aboca a un cambio en la forma de obrar o en el alcance de la actividad. Y nada más lejos, porque los cambios ya se han producido y están interiorizados en el hacer diario del medio propio. Por todo ello parece razonable hacer una reflexión general, más allá del alcance del reciente fallo, sobre el alcance de los medios propios y la capacidad que da la ley para actuar como medios instrumentales de las administraciones públicas.
El actual marco jurídico español consagra que el proceso de declaración de una entidad pública como medio propio esté revestido del mayor rigor y de la mayor exigencia, que las condiciones sean muy rigurosas, rayando lo excepcional, pero que, una vez declarado éste, su utilización forma parte de la capacidad ordinaria y de la potestad de autoorganización de las administraciones, en el ámbito de su objeto social y, obviamente, sin que en ningún momento pueda suponer el ejercicio de potestades públicas. La existencia del medio propio se confiere de los rigores de la excepción, pero superados estos, su utilización reviste el carácter de ordinario, desde la voluntariedad de los poderes públicos para su utilización. Los medios propios instrumentales no son autónomos, no deciden que hacen ni como lo hacen. Reciben encargos, esto es, órdenes de ejecución obligatoria; de tal modo que existe una unidad de decisión entre quien realiza el encargo y el medio propio, de acuerdo con unas instrucciones fijadas unilateralmente por aquel. Esto es lo que ha fijado la Ley, sobre ese marco trabajamos, y eso es lo que, como no podía ser de otra forma, ha consagrado el Tribunal Supremo.
En el caso que sirve de soporte a esta disquisición, ni la ley, ni por supuesto el referido fallo, pone en tela de juicio la capacidad de Tragsatec para recibir y ejecutar encargos de apoyo técnico. Por el contrario, se reconoce la capacidad técnica de Tragsatec y la posibilidad incardinada en su objeto social para apoyar técnicamente en las distintas fases de los procedimientos seguidos por las administraciones, en particular el procedimiento sancionador. Un apoyo que, obviamente, no puede tener carácter continuo a lo largo de todo el procedimiento, sino que debe centrarse en aspectos técnicos puntuales (independientemente de su alcance o importancia) del mismo. El medio propio no puede mantener capacidad directa de interlocución con los implicados que, siempre, deben relacionarse con la Administración.
Ni la ley, ni la sentencia comentada determinan reparo alguno al hecho de que las Administraciones Públicas acudan a sus medios propios instrumentales así declarados cuando lo estimen conveniente para la adquisición de bienes o realización de obras o servicios. Lo que no se puede pretender de un medio propio es que este “suplante” las potestades propias de la Administración. Lo que no se puede pretender es que el medio propio, en última instancia una entidad jurídica diferenciada, intervenga de manera íntegra y permanente en un procedimiento administrativo sancionador, desde la formulación de la denuncia hasta la resolución imponiendo la sanción, obviando, en todo momento, la presencia y la acción de los funcionarios, funcionarios que son los únicos que pueden rubricar actos administrativos, que son los únicos que pueden relacionarse con los ciudadanos. Eso, con sentencia o sin sentencia, es así. Y ese ha sido la primera premisa en la actuación del actual equipo directivo del Grupo en los últimos años, dar rigor, seguridad jurídica y transparencia al ejercicio de nuestro cometido. En este sentido, la sentencia nos confirma el andar en el buen camino en los últimos años, como  queda demostrado en el propio Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) en cuyo artículo 3.2 establece que “en ningún caso podrán realizarse encargos que supongan una traslación del ejercicio de potestades públicas”.
Es preciso recordar que Tragsa no está habilitada por ley para recibir encomiendas de gestión, tal y como estas han quedado configuradas en el artículo 11 de la actual Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El ejercicio de potestades funciones públicas por entidad diferente de la que tiene asignada la competencia puede ser objeto de encomienda de gestión a otros órganos o entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, pero no de encargo a un medio propio instrumental como es Tragsa. Y las encomiendas, a “sensu contrario” de los encargos, que es para lo que está habilitada Tragsa, no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Solo puede encargarse a Tragsa prestaciones de carácter material o técnico propias de un contrato de obras, servicios, o suministros. Nunca una acción para que la Administración no pudiera, alternativamente, licitar a empresa privada. Lo que sea licitable puede ser objeto de encargo, lo que la Administración no puede licitar (en tanto que conlleva el ejercicio de potestades administrativas) tampoco puede ser encargado a un medio propio.
Por eso la legislación habilita, y la sentencia reconoce, la capacidad de Tragsatec para recibir y ejecutar encargos de apoyo técnico de las distintas Administraciones Públicas, enmarcados dentro de su objeto social. Además, determina que no cabe reparo al hecho de que una Administración utilice, a través del encargo, personal ajeno a sus propios funcionarios, cuando así se necesite para la ejecución de obras y servicios. Es por tanto posible, que los profesionales de Tragsatec presten apoyo técnico durante las distintas fases de los procedimientos que ejecutan las Administraciones. Un apoyo que no puede ser sustitutorio en la responsabilidad, y que debe centrarse en los aspectos requeridos, sin abarcar el proceso de inicio a fin. En resumen, la sentencia simplemente ratifica algo que creemos debe quedar claramente explicitado en los encargos que recibimos, y es que la tramitación formal de procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones Públicas debe ser llevada a cabo por funcionarios sin perjuicio de que actuaciones materiales concretas a lo largo del procedimiento sancionador puedan ser encargadas a Trasgatec.
Tomando en cuenta estas determinaciones, ya consolidadas en la forma de hacer del Grupo, la decisión de la Administración de realizar un encargo para el apoyo y la colaboración en la tramitación y resolución de expedientes sancionadores se encuentra firmemente sustentada en el ordenamiento jurídico. No hay limitación para recibir los referidos encargos. No tendría soporte ni recorrido legal un potencial recurso sobre encargos así formulados. Es algo ratificado, además de por otras sentencias incluida la comentada, por el posicionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, por la Abogacía del Estado, y por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Por todo ello, y sin pretender generar mayor controversia en algo que el legislador y sus superiores interpretes ya han dejado meridianamente claro, ha parecido razonable dar información sobre estos extremos en el objetivo de contribuir a la mayor nitidez y seguridad jurídica respecto de la ejecución de este tipo de encargos.
TRAGSA.

-España va camino de perder 10.000 millones de fondos estructurales de Europa en un momento crítico para la economía como consecuencia del impacto de la pandemia. El Gobierno asume la “incapacidad” para ejecutar proyectos con todo el dinero europeo justo cuando está a punto de recibir los 140.000 millones del fondo Covid de la UE.
Moncloa ha anunciado que Pedro Sánchez presentará este miércoles las “líneas maestras” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá “la transformación digital, la igualdad y la cohesión territorial” como ejes principales de los proyectos a desarrollar con las ayudas europeas.
Todos los ministros, agentes sociales, embajadores de la Unión Europea y sociedad civil participarán en un evento organizado por La Moncloa. El presidente desgranará delante de este auditorio seleccionado para la ocasión el documento donde figuran los proyectos para los que pedirá financiación del Fondo de Recuperación de la UE.
El propio Sánchez avanzó también la semana pasada que el Consejo de Ministros aprobará en breve un decreto ley que terminará con “las barreras” que tienen que afrontar las administraciones para la gestión de fondos extraordinarios de cara a conseguir “una gestión más transparente, ágil y eficaz”.
Con todo, el presidente no ha entrado en más detalles de en qué consistirá esta modificación normativa vía decreto ley.
Incapacidad para ejecutar los proyectos.
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la cúpula económica del Gobierno, la ejecución de los fondos provenientes de Bruselas para la reconstrucción económica tras la pandemia preocupa enormemente a las administraciones autonómicas y locales que serán receptoras.
Pero aún más al equipo económico de Pedro Sánchez en La Moncloa, donde se reconoce en privado el “enorme desafío” que asume España en los próximos meses por los problemas de la administración del país para ejecutar los proyectos que se puedan financiar con los fondos europeos.
Destacan que España va a ser uno de los países más beneficiados por las ayudas de Europa. Pero admiten que el problema va estar ahora en cómo gestionarlas. Una tarea que Sánchez ha decidido que recaiga casi por completo en la Oficina Económica de La Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha, pero bajo la supervisión de Iván Redondo.
De ahí, explican, la última propuesta del presidente del Gobierno de “eliminar burocracia”, consciente del “cuello de botella que se puede originar porque llegará mucho dinero para ejecutar en poco tiempo”, admiten en Moncloa.
Además de los fondos estructurales, España recibirá también los 140.000 millones del fondo para la reestructuración europea, que se tendrán que invertir en un plazo máximo de seis años.
Sin embargo, el 70% de esta cantidad deberá asignarse a proyectos concretos entre 2021 y 2022. El 30% restante deberá comprometerse en 2023, contando con un plazo de tres años más para alargar los pagos.
España a punto de perder 10.000 millones
Estas dudas en Moncloa surgen conscientes de que, a seis meses del vencimiento del plazo, de los 56.367 millones planificados por Europa en su programa operativo para el periodo 2014-2020, fuentes del Gobierno reconocen a ECD que España solo ha invertido 24.000 millones de euros, 22.000 se encuentran en trámite y unos 10.000 millones ni siquiera se han asignado.
Fuentes comunitarias advierten de que se trata de recursos directos aportados por la UE que “están a punto de perderse”.
Resaltan que podrían jugar un papel clave como inyección complementaria al tejido productivo español, que acaba de entrar en un túnel de recesión de duración incierta y con elevados costes sociales en términos de empleo y renta per cápita.
En el Ejecutivo atribuyen la falta de ejecución de los proyectos a la excesiva burocracia y a las dificultades financieras de muchas comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que, como se trata de proyectos cofinanciados conjuntamente con la UE, muchas autonomías no tienen el suficiente músculo financiero para afrontar los proyectos.
Tasas de ejecución por debajo del 50%
Las cifras más bajas de ejecución se concentran en los fondos Feder (desarrollo regional) y Feader (fondo europeo agrario de desarrollo rural), con tasas de ejecución de menos del 50% en ambos casos.
Son dos instrumentos clave para la convergencia entre territorios comunitarios y como dique para frenar el cada vez mayor fenómeno de la despoblación de municipios del interior en España. También son programados para proyectos relacionados con competitividad de pymes, I+D+i, empleo sostenible, protección del medio ambiente, control de emisiones de carbono, inclusión social y tecnologías de la información.
Un esfuerzo inversor de última hora
Según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno ha realizado algunos esfuerzos de última hora de un tiempo a esta parte para no desperdiciar la posibilidad de incorporar al PIB de España una importante suma de dinero europeo.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda habilitó a las autonomías para que reprogramasen partidas y destinasen 3.200 millones de euros de fondos Feder a gastos de salud y compras relacionadas con el coronavirus.
Hay que recordar que el Parlamento Europeo dio facilidades el pasado mes de abril a los países miembros para que tramitasen los fondos estructurales pendientes de asignación del plan 2014-2020. Estas facilidades se traducen en una mayor flexibilidad y en la posibilidad de destinarlos a financiar gastos para la lucha contra el Covid.
José Antonio Frauca.

-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar las extensiones de norma llevadas a cabo por las trece principales interprofesionales agroalimentarias en España, cifra en 260.200.000 € la recaudación de estas organizaciones hasta hoy en día.
Unión de Uniones, que ya ha denunciado en Bruselas el modo en que se han creado estas organizaciones y su funcionamiento, critica que la cifra recaudada desde la creación de la primera interprofesional es más que elevada como para haberse obtenido mejores resultados, mientras que aún muchos de los sectores representados están atravesando una crisis sin precedentes.
La organización, que ha elaborado un informe al respecto, explica que para 2026, año en el que expiraría la extensión de norma que de momento más se alarga, la de porcino ibérico, la aportación obligatoria por parte del sector ya habría alcanzado la friolera de 371.400.000 €, según las estimaciones basadas en los propios criterios de las interprofesionales a la hora de calcular sus ingresos en las Órdenes de aprobación de las extensiones de norma. La mitad aproximadamente de dicha cantidad la habrían aportado los agricultores y ganaderos.
Se podría llegar hasta 443 millones de euros: la de aceite de oliva la que más recauda.
Asimismo, los 371 millones de euros previstos hasta 2026 en base a las extensiones aprobadas o solicitadas, podrían engrosarse hasta los 443, si todas las interprofesionales cuyas extensiones de norma expiran en dicho período, deciden mantenerlas en vigor en cuantías similares a las actuales, lo que, a juicio de la organización, es muy probable por la experiencia de estos años de atrás.
Por sectores, 120 millones son recaudados por la interprofesional del aceite de oliva, seguida de lejos por la interprofesional del vino de España, 46,9 millones; la del sector porcino de capa blanca, 44,7 millones y la de aceituna de mesa, 38,2 millones.
A estas cifras, a su vez, habría que sumar las subvenciones adicionales recibidas. Según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sólo entre junio de 2016 y enero de 2019, siete interprofesionales recibieron más de 31 millones € para promoción de los productos, de los que 48% fueron a la interprofesional del aceite de oliva (15 millones), 19% para INTERACEITUNA (6 millones) y 14% a e INTERPORC respectivamente (4,4, millones).
Unión de Uniones lamenta que, a pesar de que cerca del 80 % de la recaudación va destinado a promoción, este gasto haya sido claramente ineficaz. Así, desde 2010, el consumo per cápita de estos productos ha descendido en muchos casos: el aceite de oliva un 20%, el vino casi un 18%, el porcino un 8,3%, la leche un 4% o la carne de ovino un 36%.
La aportación positiva de las interprofesionales a amortiguar las crisis de precios de ciertos sectores tampoco se ha evidenciado. De hecho, algunas de ellas han mantenido (INTEROVIC) o incluso han multiplicado por tres (INLAC) la cuota detraída al ganadero, pese a la mala situación de precios en origen.
Interprofesionales sin legitimidad para tomar decisiones de todo un sector.
Unión de Uniones viene denunciando que en la mayoría de las interprofesionales la representación de la rama productora se reparte a partes iguales entre tres organizaciones agrarias, sin que a lo largo de todos estos años de funcionamiento hayan acreditado de forma fehaciente el volumen de producción que representan, tal y como exigen las normas.
En este sentido, la organización considera que esta carencia en el proceso de formación se traslada en una falta de legitimidad para tomar decisiones que afectan al conjunto del sector con, además, poca o ninguna transparencia acerca de la gestión de los fondos recaudados.
Unión de Uniones pide al Ministerio que exija una medición real de la representatividad de estas organizaciones, que declare obligatorio publicar las memorias anuales de las interprofesionales, que las aportaciones económicas tengan en cuenta la situación de los productores y que, si en todos estos años de extensiones las medidas aplicadas no han dado resultado, se busque nuevas fórmulas que realmente contribuyan a mejorar los sectores y la posición de los agricultores y ganaderos.

-El debate sobre el uso de denominaciones de productos cárnicos y lácteos para las imitaciones vegetales es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Si en el próximo mes el Parlamento Europeo decidiera permitir vacíos legales en las denominaciones de alimentos para proteger las ‘salchichas veganas’ o las ‘hamburguesas veganas’, abrirá una caja de Pandora que repercutirá igual en los consumidores y los ganaderos a largo plazo, un hecho que no se entiende bien en la Asamblea Europea. Ante esta situación, el sector ganadero europeo se posiciona sobre la temática e inicia la campaña europea ‘Esto no es un bistec’.
Un grupo de organizaciones europeas representativas del sector ganadero, pertenecientes a la COPA-COGECA, han anunciado una nueva campaña (‘Esto no es un bistec’) y hacen un llamamiento a la movilización de todo el sector después de que el Parlamento Europeo no haya logrado, tampoco esta vez, un acuerdo sobre las disposiciones del Reglamento para las OCM relativas a las denominaciones de la carne.
Los diputados al PE han reanudado el debate del año pasado al objeto de conceder el reconocimiento de nombres 2| 3como ‘hamburguesa vegana’ y ‘salchicha vegana’. El europarlamentario Eric Andrieu propuso dejar la cuestión fundamental de las denominaciones de la carne en manos de la Comisión mediante actos delegados. ¡Pasar la pelota a la Comisión de esta manera es inaceptable para los agricultores y es contrario a la propuesta inicial sometida a votación el año pasado! El grupo insta a los miembros del Parlamento Europeo a estudiar con la mayor atención el impacto y las consecuencias de la generalización de estos términos, lo cual fomentaría prácticas comerciales engañosas e injustas.
LA CAMPAÑA ‘ESTO NO ES UN BISTEC’ PLANTEA CUESTIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y EL PATRIMONIO CULTURAL
Respecto del lanzamiento de la iniciativa, Jean-Pierre Fleury, presidente del grupo de Trabajo sobre carne de vacuno, ha declarado que «el sector ganadero europeo no pretende oponerse a este desarrollo; simplemente pedimos que se reconozca y se respete el trabajo de millones de agricultores y trabajadores del sector ganadero europeos. No tengo miedo de decir que se trata de un caso patente de secuestro cultural. Algunas agencias de marketing están aprovechando esto para confundir deliberadamente a los consumidores, al promover la opinión de que reemplazar un producto por otro no afecta a la ingesta nutricional. Este camino está empedrado de buenas intenciones, pero desembocará inevitablemente en la aparición de otras denominaciones confusas a largo plazo. Estamos a punto de crear un ‘Brave New World’ (Un nuevo mundo valiente) en el que el marketing se encuentra desconectado de la verdadera naturaleza de los productos, con el peligro de que la situación se descontrole».
La campaña de comunicación ‘Esto no es un bistec’ plantea cuestiones fundamentales sobre la información al consumidor, nuestro patrimonio cultural y el poder del marketing moderno, que mezcla alegremente los intereses y valores de las grandes empresas. En el manifiesto de la campaña, las organizaciones europeas destacan el hecho «de que, al considerar los productos veganos, se tiende a olvidar que a los agricultores europeos les interesa tanto producir proteínas vegetales como animales y que no se oponen a la producción de proteínas vegetales para productos veganos. No obstante, las imitaciones vegetales que tienden a copiar las denominaciones y las características de los productos cárnicos y lácteos deberían elaborar su propia estrategia. El sector vegetal debe intensificar su esfuerzo creativo. En lugar de invertir en actividades de lobby, estas empresas deberían desarrollar nuevos conceptos de marketing, con miras a obtener el reconocimiento de los consumidores y a resolver la paradoja fundamental de la industria de las imitaciones vegetales. ¡Ninguna industria que aspire a consolidarse en el mercado necesitaría construir su reputación enfocando sus esfuerzos de marketing en los productos ya existentes y en una lucha contra ellos!».
La campaña incluirá una serie de acciones encaminadas a concienciar acerca de la importancia del debate sobre las denominaciones de la carne que se organizará en los días antes de la votación.
Agroinformación.

-Una nueva noticia negativa para el sector del olivar y del aceite de oliva. 
Según los datos de la Encuesta de Precios de la Tierra publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el precio medio de la hectárea de olivar en España se situó en el año 2019 en 24.277 euros/ha, cuando el año anterior llegaba a los 25.449 euros, lo que supone un descenso del 4,6%.
Pero si atendemos a la distinción entre olivar de secano y regadío, (sin diferenciar entre olivar de mesa o de aceite) este último es el que sufre la mayor caída, un 6,9% entre 2018 y 2019, colocándose en 38.506 euros/h en 2019 frente a los 41.373 euros/h de 2018.
Si segmentamos el olivar se observa que, en regadío, el olivar de aceituna de mesa se situaba en 2019 en 28.140 euros/ha, lo que supone una caída del 3,1% respecto al año anterior; mientras que el olivar de aceituna para almazara a 39.634 euros/h la caída respecto a 2018 es del 7,2%, siendo este tipo de cultivo el que más desciende en precio. De alguna manera se pone de manifiesto el trasvase de hectáreas que se están reconvirtiendo a olivares de alto rendimiento, en detrimento de los cultivos tradicionales.
En cuanto al olivar de secano para aceituna de mesa, en 2018 el precio era de 15.046 euros/ hectárea mientras que en 2019 bajaba a 15.011 lo que supone un descenso del 0,2%; por su parte, el suelo de aceituna de almazara secano en 2018 era de 21.779 euros/h, en 2019 descendía a 20.995 euros/ha, lo que supone una caída del 3,6%. En este sector se consolida cada año que el agricultor no está encontrando los precios justos para su cultivo, y el consiguiente abandono de explotaciones, lo que supone una caída del valor de este tipo de tierras.
Andalucía, CLM y Extremadura
Respecto al olivar de aceituna de almazara de secano, las tres comunidades con más peso son: Andalucía (61,5%), Castilla La Mancha (17,3 %), Extremadura (9,0 %). Destaca el ascenso del precio en Extremadura con un 4,8% y 7.178,84 euros/h debido sobre todo al proceso de transformación que está llevando a cabo este sector en esta comunidad. Sin embargo, en Andalucía, a 28.823,88 euros/h, desciende un 4,1% y en Castilla-La Mancha, a 9.396,33 euros/h, la caída es del 3% respecto a 2018.
Opiniones
Las organizaciones agrarias, COAG, a través de su responsable de Olivar, Juan Luis Ávila, UPA Jaén, a través de su secretario general Cristobal Cano, y fuentes de Asaja, en declaraciones a Olimerca, coinciden en afirmar que este descenso de precios en la tierra viene motivado por la caída del precio del aceite de oliva, que ha hecho que este sector ya no sea atractivo y el productor se desmotive, porque los costes que tiene que soportar son muy elevados y la rentabilidad muy baja. Una situación que preocupa a las organizaciones agrarias porque supone el paso previo al abandono de un sector, el olivar tradicional, cuya producción es imprescindible para abastecer la demanda mundial.
Asimismo, desde Asaja hacen referencia al olivar de aceituna de mesa, que si bien, continúa descendiendo el precio de la tierra, pero en menor nivel que el de aceituna para molino, algo que achacan a que viene arrastrando años de escasa rentabilidad y parece que pueda estabilizarse.


Salto al alza de los precios en el aceite de oliva. Con más demanda y menos oferta en origen
La primera semana del mes de octubre y de inicio de la nueva campaña se va a cerrar en el mercado del aceite de oliva en origen con un nuevo repunte de precios en la categoría de aceite de oliva lampante y virgen. Sorprendentemente para muchos operadores, y sobre todo para aquellos que vendieron a 1,60€ en mayo, se están encontrando ahora que hoy estos mismos aceites no bajan de los 1,95€/kg.
Aquellas posiciones tremendistas de muchas organizaciones que se han pasado meses atrás augurando un inicio de campaña catastrofista a nivel de precios, se han quedado claramente en fuera de juego, y con aquellas alarmas lo único que han provocado es que muchas cooperativas y almazaras vendieran a precios muy distantes de los actuales.
No obstante, es justo reconocer el buen comportamiento que está teniendo la demanda de aceite de oliva que, a pesar de que tienen un buen nivel de existencias, han aceptado este repunte de las cotizaciones y se han mantenido en su ritmo de compras.
Mientras tanto, las almazaras mantienen una posición de cautela, con unas bodegas prácticamente vacías de virgen extra, mientras que para los aceites lampantes ya se piden los 2,00€/kg y sin presión para vender ahora. De hecho, cuesta encontrar productores que te puedan cerrar contratos de más de medio millón de kg de aceite. Todos quieren ir poco a poco.
Olimerca.

-Pese a las duras negociaciones de los Estados europeos para cerrar el Marco Financiero Plurianual, que conllevaría que España recibiría 47.724 millones de fondos agrarios, las diferencias existentes en el seno de la UE no deja nada claro aún cómo va a acabar la negociación presupuestaria. Esto ha provocado que el fantasma de la renacionalización de la PAC vuelva a aflorar como una eterna amenaza que el campo no quiere. Sin embargo, esa sombra está ahí y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconocía esta semana que «mi punto de vista es que no existe ese riesgo», aunque también matizaba que no sucedería «en la medida de que seamos capaces de mantener unas reglas comunes dentro de la UE».
Durante su intervención esta semana en un encuentro telemático de Nueva Economía Fórum, el ministro ha avanzado algún aspecto de cómo se beneficiará el sector agrario y pesquero de esos fondos de recuperación comunitarios aunque sin detallar cuánto presupuesto se destinará a tal fin, pero también reconocía, junto con la europarlamentaria socialista Clara Aguilera, las divisiones existentes en el seno del Parlamento Europeo sobre el futuro de la PAC.
En este sentido, no solo se han suspendido las negociaciones entre la EUROCÁMARA y los estados miembros para cerrar el presupuesto europeo, sino que se ha puesto en evidencia las diferencias que existen para poder cerrar modelo de pago básico en todos los países para evitar diferentes agriculturas, así como determinar qué cantidades se destinarán a los eco-esquemas, donde España defiende que la cantidad sea común para todos, aunque centrada en un 20% de los fondos del primer pilar.
Estas diferencias es lo que llevó al presidente de ASAJA, Pedro Barato a plantear a cuestión del fantasma de la renacionalización de la PAC, y esa respuesta del ministro que rechaza pero asume que podría ser una realidad, al afirmar que «mi punto de vista es sobre  la renacionalización de la PAC es que no existe ese riesgo en la medida de que seamos capaces de mantener unas reglas comunes y un debate político en la aprobación de los Planes Estratégico Nacionales y una aplicación similar entre todos los países»
En este sentido, Planas fue claro al clarificar la postura española y señalar que «defendemos desde el Gobierno que la ayuda básica a la renta se sitúe en torno al 60% del primer pilar, las ayudas a los eco-esquemas, en torno al 20%, un 13% para las ayudas acopladas (con los programas de frutas y hortalizas y el vino incluidos) y un 2% a los jóvenes»
Pero, pese a todo lo dicho hasta el momento, la negociación de la PAC sigue enquistada en Europa y, como explicó Clara Aguilera «en Europa aún no tenemos una posición común en lo que respeta al pago básico, hay bastantes diferencias, no tanto entre grupos políticos sino entre el norte, el sur y el este de Europa».
Pese a esta situación, Planas insistió en su intervención en que el sector agrario «estará en el centro de la recuperación» y será uno de los que «claramente tirará de la economía y del empleo» por lo que se convertirá en un «protagonista fundamental».
El ministro se ha mostrado confiado en que habrá un «futuro muy positivo» para la agricultura que, eso sí, dependerá no sólo de ese fondo de recuperación tras la pandemia sino también de cómo se aplique la futura Política Agrícola Común (PAC) y de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido este viernes al Gobierno que incluya 5.200 millones de euros en el Plan de Recuperación para modernizar el regadío pendiente en un millón de hectáreas.
Los regantes han enviado una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que defienden la labor del regadío en la reconstrucción social y económica de España, puesto que estas obras de modernización «casan perfectamente» con los objetivos marcados por las autoridades comunitarias para conceder los fondos europeos.
Según un comunicado de la federación, el regadío contribuye también a la lucha contra la contaminación y la despoblación de las zonas rurales, ya que mejora la calidad del agua, reduce el uso de abonos y herbicidas, y eleva la productividad y el nivel socioeconómico de los regantes.
LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS HA PERMITIDO AHORRAR UN 16% DEL CONSUMO DE AGUA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
«Las actuaciones previstas para la modernización del regadío cumplen los cuatro objetivos generales marcados por la Comisión Europea: favorecen la cohesión territorial, mejoran la competitividad de la economía, mitigan el impacto de la crisis y facilitan la transición verde y digital», ha afirmado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo.
Fenacore ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a aprobar un Plan de regadíos con el fin de aumentar las dotaciones para modernizar esos sistemas, donde aún queda un millón de hectáreas pendientes, que han permitido ahorrar un 16% del consumo de agua en la última década.
La organización ha denunciado la falta de inversión en regadíos por parte de las Confederaciones Hidrográficas, pese a que estos organismos «ingresan alrededor de 100 millones de euros de los regantes» en concepto de tarifas y cánones anuales. También ha asegurado que las medidas destinadas a la atención de las demandas de agua solo han recibido un 19% de la inversión prevista en los planes hidrológicos.
Más del 76 % de la superficie de riego existente en España, casi 3 millones de hectáreas, se encuentra modernizada y el 53 % de la superficie regada está dotada con sistemas de riego localizado, considerado el más eficiente, según datos del sector.
Agroinformación.

-España ha seguido adelante con su apuesta de aprobar la ‘tasa Google’ pese a la amenaza de aranceles de EEUU a Francia por un tributo similar. Una reafirmación que se ha producido después de que el Gobierno haya constatado el fracaso en las negociaciones con Donald Trump. La alarma se ha apoderado de los sectores del vino y el aceite.
En el Ejecutivo se insiste en que ese impuesto español no discrimina a las empresas en función del país de origen. Pero la realidad es que una tasa sobre determinados servicios digitales proporcionados por las grandes multinacionales tecnológicas golpea especialmente a compañías estadounidenses. Es el caso de Google, Amazon, Facebook y Apple.
El Ministerio de Hacienda sostiene que lo ideal habría sido que se hubiera aprobado una tasa conjuntamente en el ámbito de la UE o de la OCDE. Pero no hay previsiones de que eso ocurra hasta finales del año que viene, como pronto y España acaba de sacar adelante su propia tasa unilateralmente, que entrará en vigor el próximo mes de enero.
También otros países, como Francia, han decidido avanzar en sus propias normativas, lo que ha motivado una respuesta de Washington, con amenazas de aranceles de hasta el 100% sobre los productos franceses destinados a Estados Unidos.
Respuesta de Trump a la ‘tasa Google’
En este contexto, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del sector agroalimentario, las empresas del aceite y el vino dan por hecho ya que Estados Unidos multiplicará por dos los actuales aranceles a España en el primer trimestre del próximo año.
Recuerdan que Washington modifica cada 180 días los productos y países damnificados por estas represalias. 
España se salvó de verse castigada en la última revisión, que tuvo lugar el pasado mes de agosto, pero en el sector del vino y el aceite se preparan para un aumento del gravamen, que se situará ya en el 50% -al nivel de Francia y Alemania-, como respuesta a la aprobación de la ‘tasa Google’ por  el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los aranceles del 25% ya golpean al sector
Destacan que la decisión hace tres meses de conservar el arancel del 25% que pesa sobre el aceite de oliva envasado y a la aceituna verde de origen español, ya deja en una situación de desventaja competitiva a los olivareros españoles frente a otros productores europeos como Italia, Grecia y Portugal.
También se ven gravados con un arancel adicional del 25% los vinos procedentes de España, Francia, Alemania y Reino Unido, excepto los espumosos, con una graduación alcohólica inferior o igual al 14% de volumen y en envases de dos litros o menos. 
Según los últimos datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), Estados Unidos ha reducido notablemente sus importaciones de vino envasado español en valor desde la introducción de los aranceles, y especialmente en marzo (-34,2%), abril (-22,8%) y mayo (-20,8%), coincidiendo con la crisis del coronavirus.
España se resiste a elevar el gasto militar
Las fuentes del sector agroalimentario consultadas por ECD critican que el Ejecutivo español conoce que la Administración norteamericana pone a España como ejemplo de lo que Europa no debe hacer en materia de gasto militar.
Pese a ello, el Gobierno replica a sus interlocutores de Washington que “sólo ocho de los 28 países de la OTAN invierten más de un 2% en Defensa”. Alemania dedica como mucho un 1,3%, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. España se sitúa en el 1%.
Pero Estados Unidos ha respondido a las empresas españolas que los aranceles contra el aceite y el vino se mantienen como respuesta, sobre todo, a la negativa del Ejecutivo de Sánchez a elevar el gasto militar.
2.000 millones cada año en exportaciones
Por el momento, el sector más castigado en España es el agroalimentario, y los productos más perjudicados el aceite de oliva, las aceitunas, los productos porcinos, vinos y licores, quesos, yogures y mantequilla, entre otros.
Actualmente, el mercado nacional exporta cada año a EEUU por valor de 2.000 millones de euros en esta categoría de bienes. En concreto, vino y aceite por más de 700 millones de euros: 405 millones en aceite de oliva y 299 en vino, según el ICEX.
Italia y Grecia, beneficiadas a costa de España
En el caso del aceite de oliva, existe una circunstancia añadida: que los recargos van a beneficiar a otros grandes productores europeos, competidores nuestros, que figuran en la lista de EE.UU.
Grecia e Italia son, por este orden, los otros dos grandes productores de aceite de Europa, junto a España. Y también exportan aceituna. Ninguno de los dos, figuran en la lista de aranceles a estos productos, aunque sí les afecta en otros.
En el caso de Italia, les penalizan las ventas de quesos y licores, por ejemplo, pero no las de aceite. En de Grecia, los aranceles pesan sobre sus quesos, yogures o mermeladas.
Por lo tanto, si los aranceles aumentan y las ventas españolas de aceite y aceituna caen, los productores italianos y griegos se verán directamente beneficiados.
José Antonio Frauca.
 
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